En estos días se intensifican las acciones de los medios de comunicación para instalar el contexto de inseguridad social creciente. Nuevamente se mediatizan episodios individuales donde, de una manera u otra, se ven afectados valores y bienes considerados relevantes para una existencia social pacífica.
La comprensión de las causas y los factores que motivan el crimen exige ir más allá del individuo catalogado como delincuente, en su conformación biológica y psicológica. Esta visión del problema la impuso el juego combinado de instrumentos políticos y mediáticos como elementos de la cultura dominante.
Los discursos relativos al delito, con enfoque clínico basados en disciplinas como la medicina, la biología, la antropología y la psicología, tuvieron el papel cultural de servir de justificación “científica para el origen y razón de ser de la criminalidad». Se convirtieron, al igual que la criminología positivista, en simples herramientas funcionales para la reproducción ideológica, es decir, para que la clase hegemónica continuara con sus privilegios mediante la explotación de las clases marginadas.
Si abandonamos esa visión reduccionista, es posible cuestionar postulados establecidos como únicos y no estar sujetos al sentido del discurso dominante, rompiendo así con las premisas que reproducen los medios y que circulan con un impacto de relevancia urgente y crucial en las palabras de sus portavoces.
En estas, como en tantas otras cosas, el objetivo de un orden social justo, con base antropológica y sustentado en relaciones sociales libres, obliga a superar la ideología reproductiva en el modelo económico capitalista. Así visto, el problema relativo a la construcción de la categoría conceptual de delito, y su traducción mediática por la noción de inseguridad, admite un desarrollo dialéctico. El discurso positivista antes enunciado, ha venido siendo contrariado por otras concepciones que lo niegan en su esencia, pero que no han alcanzado para dejarlo en el pasado, y la supervivencia de las primeras tesis elaboradas por esa corriente de pensamiento perduran bajo distintos paraguas que aún le otorgan sobrevida.
Es conocido por todos que hacia fines de los años 60 y principios de los 70 en el siglo pasado se gestaron movimientos sociales de protesta y de rechazo al régimen capitalista. Estas expresiones en el plano de la lucha político-social tuvieron su correlato en la crítica criminológica al paradigma positivista, circunscribiendo la cuestión del fenómeno delictivo al plano del conflicto social. Se gesta así, en ese polo antitético, una suerte de unanimidad en el “no” a la estrategia dominante de pensar y abordar el crimen como algo que se dice del hombre o se atribuye a algunos hombres, en tanto individuos desviados, inferiores, con deficiencias psicológicas y fisiológicas que los predisponen al delito. De este modo, se oponen al viejo paradigma positivista con un abordaje de las causas del crimen en el contexto social, sobre la base de la sociedad de clases y la naturaleza patriarcal de estas.
Sin embargo, ‒el tiempo histórico nos facilita la observación‒, esa experiencia de oposición no alcanzo una síntesis superadora, en tanto al consumarse en las décadas del 80-90, la derrota de las luchas sociales y la posterior globalización capitalista, hicieron que los espacios para su desarrollo se vieron acotados en su objetividad y fueran propensos a la imposición de un discurso reformista, que terminó por volver a reconstruir un neopositivismo criminal. Este nueva versión del positivismo se apoyó en los estereotipos establecidos por los medios de comunicación, en su lucha contra el delito a partir de un discurso exacerbado contra a la inseguridad. Una vez más, la falta de visualización en relación al problema del Estado y a la necesidad política de su transformación, con eje en la modificación de las relaciones de producción, hizo mella en lo meritorio del planteo crítico, para marcar con un rigor trágico todas sus carencias. Es así que hoy tenemos nuevamente que insistir en premisas que pudieron ser aceptadas culturalmente por los sectores explotados y oprimidos, sumándolas a su programa de lucha social para transformar sus condiciones de existencia, y que políticamente no fueron debidamente viabilizadas por sus gestores intelectuales.
Hoy, teniendo en cuenta estos aspectos que se inscriben en un contexto cultural adverso, se hace necesario mostrar el crimen o la criminalidad como emergentes de una construcción social basada en la estratificación social, que es una resultante de relaciones de dominación, y no el comportamiento aislado de un individuo. “El Estado capitalista es el producto natural de una sociedad dividida por clases sociales. La necesidad del Estado sólo surgió con la aparición de una división del trabajo basada en la explotación de una clase por otra y con la desintegración de la sociedad comunal. La nueva clase dominante creó el Estado como un medio para mantener al resto de la población en una sumisión económica y política» (Young, Taylor y Walton, p. 250 Criminología Crítica. Edit. Siglo XXI)
Hoy es posible reconocer en el plano objetivo a todo un sistema político que gestiona relaciones de explotación y opresión sobre el conjunto social. Un sistema sostenido por un mínimo consenso, en tanto impone y naturaliza mecanismos de control social, con múltiples y variadas formas de manifestación, por lo que, en ese contexto lo que se conoce como “delito” es en gran parte la resultante de las contradicciones y la violencia estructural que el mismo sistema propicia. En otras palabras, son las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales las que determinan de manera arbitraria y funcional la caracterización de una conducta como delito y a una persona como delincuente.
Podemos observar el problema desde una óptica distinta, si ubicamos al crimen en la naturaleza del mercado capitalista, en la estructura inequitativa de clases donde sistemáticamente se frustran los ideales meritocráticos que sirven para legitimar al sistema, y tergiversarlos con la lógica del individualismo competitivo que moldean sujetos dóciles, obedientes, pero cargados de ira y resentimiento.
Apelamos a un análisis que problematice y cuestione la noción de delito, como una de las tantas manifestaciones que un sistema de relaciones de poder construye a su medida. Es sustancial la pregunta sobre las condiciones que determinan la distribución de riquezas. Preguntas simples, ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres? Ya que no sólo delinquen los pobres, sino que las personas con alto grado de ingresos económicos también lo hacen pero nunca son reprimidas. ¿Cómo explicar tantos delitos de cuello blanco?, ¿cómo explicar la corrupción dentro y fuera del Estado?, ¿cómo entender que el medio ambiente es aniquilado por empresas monopólicas?
Dentro del capitalismo el objetivo primordial es el consumo y, por lo tanto, la producción. El capital organiza la sociedad sobre la base de producir más y consumir más, con un regulador formal de intercambio que es el dinero, que por su trascendencia debe ser obtenido sin importar los medios. Siendo el dinero una mercancía que da inicio y fin de la existencia del ser humano, su modo de circulación y de acumulación produce rupturas sociales, diversos modos de explotación junto con la naturalización de un individualismo exacerbado que destruye el tejido social. En consecuencia, este contexto es perfectamente comprensible para entrar en una empresa delictiva, en tanto la misma no se diferencia del resto, sino en el tipo y la forma de producto que elabora, aunque un emprendimiento puede asumir objetivos legítimos para terminar consumando conductas lesivas. Basta apreciar el predicamento en jóvenes de clases bajas que integran las estructuras delictivas empresariales. Maravillados por el acceso a bienes que no son de su capacidad económica, los jóvenes ponen de manifiesto el fracaso de las políticas públicas, ingresando años tras año a esas bandas.
El análisis de la pobreza, y no así de la riqueza como el factor que predispone a la criminalidad, es resultado del discurso ideológico (en el sentido de falsa apreciación de la realidad) capitalista que se sostiene en la necesidad de dominación de la clase hegemónica sobre las masas.
Desde ese plano se gesta socialmente y se naturaliza por reiteración mediática y penetración ideológica una asociación de elementos que hacen a la construcción del delincuente. Estos son la falta de desarrollo psicosocial (inferioridad), la pobreza, y la consecuente inadaptación a las normas sociales. Por otro lado, se crea una disociación entre la empresa capitalista y sus delitos, con sustento en la acción legitimadora del Estado. En el mismo orden de ideas, se observa a los individuos como únicos responsables de los delitos, eliminando de facto la influencia de las contradicciones del sistema, la dialéctica entre la estructura y la superestructura, con ello se suprime la relación entre explotados y explotadores que hacen funcionar al modelo capitalista.
El punto de partida de una práctica ‒militante y modificadora del orden social dado‒, con base en el abordaje del fenómeno social del delito y el castigo, es deslegitimar el discurso criminológico mediático, denunciando su función de aparato ideológico para justificar las necesidades represivas y disciplinarias de la sociedad capitalista, en donde la criminalización es tan sólo una manifestación más de la dominación. Lo dicho significa sostener que la construcción de las leyes, del sistema de justicia, del control social, junto con la concepción del delincuente e incluso del mismo Estado, son medios empleados por las clases burguesas para mantener su condición de explotadores.
Es preciso incorporar a todo programa de acción política un factor conceptual que debe ser asumido como estandarte por la clase trabajadora, señalando que la sociedad donde nos desenvolvemos es una sociedad de clases, estructurada institucionalmente por organizaciones estatales y para-estatales, cómplices de reforzar y administrar la dominación de una clase sobre otra. En igual medida, debe poder transmitirse y divulgarse que los intereses de esta clase dominante son plasmados en el derecho penal, en tanto las leyes penales defienden los intereses de la clase dominante y no los de la población, y por ello los órganos represivos del Estado protegen los intereses de esta clase por sobre los de la sociedad en su conjunto.
No hay una noción abstracta de seguridad que se ubica por encima de las clases sociales como valor que debe ser defendido igualmente por todos. Lo que existe en el plano de lo real y concreto es la “seguridad” de los dominadores, que se traduce en la continuidad pacífica y reproductiva de esa dominación de clase.
Debe romperse el mito de que el Estado gestiona y gerencia los intereses de la sociedad en su conjunto, y que para ello se hace del monopolio de la violencia, legitimando su proceder mediante las leyes. Su protección no se basa en la legitimidad de los intereses defendidos sino en la coerción, o en la difusión de una «falsa conciencia”. Todo Estado de la burguesía, cualquiera fuera la forma que asuma, se encuentra sumergido en deplorables y lacerantes injusticias sociales, en donde la violación a los derechos humanos, entre muchas cosas más, es una constante que está a la vista de cualquiera.
Estas premisas deben formar parte del programa político de la clase trabajadora y del conjunto de los oprimidos. No debe admitirse un análisis encerrado en algo puramente académico, porque ello implicaría la prevalencia del mismo orden de cosas, es decir, la supervivencia de la sociedad de clases, el control estatal, la vigencia de lo represivo sobre el consenso y la libertad.
Daniel Papalardo
