NUEVO CURSO
El fallecimiento de Carlos Bala , habilito un desarrollo inusitado de comentarios en las redes antisociales, que como tales dieron muestra de aparentes disensos sobre su persona que en realidad dejaron ver un replanteo negacionista de las acciones desenvueltas en contexto de genocidio por la dictadura civico-militar en el período 1976-1983, hasta el punto de cuestionar el conocimiento generalizado que la población pudo tener sobre esas operaciones y alegarse el inmovilismo de la clase obrera frente a ese régimen.
Buscando un orden en este fenómeno y si lo circunscribimos en primer lugar a lo aparente , lo que se observa es una polarización entre quienes agradecen al actor por haber llegado a él en sus primeros años de vida y alegrado sus infancias, despojados de toda consideración sobre los haceres extraños a ese menester que pudiera haber gestado el cómico y los otros, el resto, quienes destacaron con rigor su colaboracionismo en el aparato cultural de la dictadura.
Por fuera de la apariencia,el problema de Bala, fue que atravesó generaciones y en uno de esos recorridos el más impiadoso, formó parte del aparato cultural de la dictadura de manera significativa, para que no nos olvidáramos que la sal tiene gusto salado. Esa etapa oscura de su vida, con péliculas financiadas por milicos asesinos , con horarios centrales en los canales de tv, sin competencia que pudiera presentar otro formato de entretenimiento para los niños , no permite hoy un recuerdo transparente. La muerte es la única certeza en la vida. El silencio hace el resto.
No obstante, buscando claridad sobre el fenómeno en sí ,esto es, en lo referente a las campañas montadas por la dictadura para ocultar sus crímenes , debe recordarse , como lo hace incluso el diario Clarín que
En 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas, en dos tamaños, con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos». El slogan había sido ideado a pedido de la dictadura por la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla. El objetivo era neutralizar o revertir las denuncias realizadas por sobrevivientes de los centros clandestinos de concentración, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó «campaña antiargentina». También para ocultar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado e intentar perpetuar y profundizar la ilusoria sensación de legalidad y normalidad. Además de condicionar las denuncias que las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos planeaban realizar ante la CIDH. Los gobiernos de los EE.UU., bajo la administración de James Carter, y europeos presionaban a la dictadura para que pusiera fin a la violación a los derechos humanos.
Es curioso analizar el expediente secreto 330/79 del Ministerio del Interior. Porque se prueba irrefutablemente que esta campaña fue digitada y planificada por el gobierno militar, y que no surgió espontáneamente de la clase media a la que se culpabilizó de la movida. Y que fue pagada con fondos públicos. El decreto secreto 1695/79 firmado por Harguindeguy aprueba la campaña y autoriza el uso de los fondos del Estado.
La campaña se basó en la impresión de calcomanías de diferentes tamaños (las cuales se encuentran en el expediente) con el famoso lema «Los argentinos somos derechos y humanos» escrito sobre un fondo con la Bandera argentina. Las calcomanías estaban destinadas a ser pegadas en los autos para ser «paseadas» por la ciudad por la gente. Ya funcionaban por entonces las campañas radiales con el mismo objetivo.
A diferencia de la compra de los Falcon, esta operación fue realizada por licitación. Les costó a los argentinos 23.000.000 de pesos (unos 16.117 dólares de la época). La empresa Libson S.A. obtuvo la licitación para la producción de las 250.000 calcomanías. Debían realizarlas en dos medidas de 15×9 cm y 20×20 cm. En la licitación, Libson presentó un presupuesto de 65 pesos y de 200 pesos para cada una de las medidas respectivamente, incluyendo el IVA. Esto represantaba la mitad de la oferta más baja presentada por las demás empresas, las cuales presupuestaron: Bicolor SRL, 129 y 399 pesos c/IVA; Argencalco SRL, 260 y 670 pesos s/IVA; Cal-Pla, 150 y 390 pesos c/IVA, Continental 350 y 980 pesos c/IVA; Impresos Rotativos, 131 y 399 pesos s/IVA. Libson además fue la única que presentó otra oferta alternativa, que era similar a los precios de sus competidoras (145 y 450 pesos). La licitación se llevó a cabo el 28 de agosto de 1979 y la adjudicación estuvo a cargo del subsecretario general, el capitán de navío (re) Ernesto Orbea, el mismo oficial que había comprado los Falcon. La adjudicación de la obra fue casi inmediata: al día siguiente. Nunca se sabrá si había habido filtraciones, producto del juego comercial, de las ofertas de los licitantes.
Libson S.A. fue creada en 1971 con el objetivo de comercializar y fabricar calcomanías y publicidad, y actualmente se decica a la comercialización y producción de merchandising y publicidad de importantes marcas. En 1978 ganó la licitación para producir y comercializar el merchandising del Mundial de Futbol. En esa fecha, según el expediente Nø A 41267 de la Inspección General de Justicia (IGJ), pasa de ser una pequeña empresa a incrementar de forma considerable su capital social, pasando de 4.000 a 30.000.000 de pesos en junio de 1978, como consecuencia lógica de haber ganado comercializar el merchandising del Mundial. A partir de ese momento, no aparecen más registros de la empresa en la IGJ hasta 1983. Sin embargo, el pago por la campaña publicitaria se liquidó en setiembre de 1979, mientras se encontraban en el país los miembros de la CIDH.
Más allá de los aspectos comerciales, el expediente 330/79 secreto prueba la utilización de fondos públicos para ocultar lo que ya era inocultable: los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Sin embargo, el lema «los argentinos somos derechos y humanos» quedó como una marca indeleble en la cabeza de los argentinos. Un lema que muchos años después comenzó a avergonzarlos. ( Clarín 23/3/2006 “Somos derechos y humanos”: cómo se armó la campaña El gobierno pagó 16.117 dólares por 250 mil calcomanías con el lema en 1979.
En definitiva y a modo de síntesis sobre este extremo de la cuestión. Pretextar ignorancia de los sucesos , cuando desde el propio gobierno se gesta una operación cultural para ocultarlos, no parece un argumento de peso frente a lo acontecido. Hablar de Bala una vez fallecido, sin ocuparse de este episodio de su vida de colaboración con el régimen genocida, no deja de ser una omisión significativa. Acudir a la eventual ignorancia no resulta fundamento.
No obstante resta acudir a una argumentación que escapa a lo idiológico. El carácter de régimen dictatorial, con quiebre del orden constitucional previsto para ese mismo Estado, no podía ser ignorado por nadie, lo que impide pensar como correlato que se desconociera que por el gobierno se avanzaba y vulneraba las libertades individuales y sus garantías.
Asimismo, la circunstancia de la polémica en torno a Carlitos Bala , dio curso al retorno de expresiones negacionistas del carácter relativas al carácter de clase que implicó el desarrollo de la dictadura genocida en Argentina, al punto de derivar en la afirmación según la cual la clase obrera, como tal, no luchó contra la dictadura”.
Sin embargo ,esta imagen de completa inmovilidad y derrota no es nueva, en tanto ya fue formulada de diversas maneras, siendo Francisco Delich desde el lugar que le otorgaba su condición de miembro del gobierno de Raúl Alfonsín.
El historiador Pablo Pozzi cuestionó esa mirada en un libro publicado a fines de la década del ´80, en el cual sostuvo que, por el contrario, existió una amplia gama de actividades de resistencia y oposición. Pozzi no solamente cuestionó las apreciaciones de Delich respecto a la ausencia de conflictos sindicales frontales y de tipo “clásico” (en términos de las formas históricas de lucha de los trabajadores argentinos), en especial la huelga general de 1979, sino que además enfatizó la importancia de las acciones “subterráneas” de resistencia- Siguen este derrotero en el plano de publicaciones académicas entre otros, Gonzalo Leónidas Chaves, Las luchas sindicales contra el Proceso. 1976-1980. Cinco años de resistencia. Buenos Aires: Ediciones de La Causa, 1983, 17-9. 28 Chaves, Las luchas sindicales contra el Proceso, Falcón Ricardo, “La resistencia obrera,” 125-6. En este caso el autor analiza un universo de 291 conflictos, utilizando como fuentes la prensa diaria de Buenos Aires y otras ciudades importantes del país, información estadística provista por el INDEC y por FIEL, así como un conjunto de publicaciones clandestinas o semi-clandestinas editadas por distintos sectores sindicales y políticos. El trabajo es relevante porque fue originalmente publicado en Holanda en 1982.
En sus conclusiones, el autor señala que las actividades de resistencia obrera tuvieron una magnitud importante, sino que, además, habrían adquirido un papel protagónico en el debilitamiento del régimen militar: La resistencia de la clase obrera, frente al tremendo poder que desató la ofensiva de la gran burguesía financiera a través del partido militar, se convirtió en un escollo fundamental frente al cual relativos éxitos en otros campos se revelarían secundarios.21 (…) Los conflictos obreros tienen un profundo significado político que va a imposibilitar la resolución de la crisis orgánica determinando, por ende, el fracaso del Proceso de Reorganización Nacional. (Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura (1976-1982). Buenos Aires, Contrapunto, 1988, 23.
De casi 300 conflictos sindicales entre el 24 de marzo de 1976 y octubre de 1981 que tuvieron lugar en el Gran Buenos Aires, la Capital Federal, Córdoba y Rosario, y que se llevaron a cabo en actividades industriales, mayoritariamente en fábricas metalúrgicas, automotrices, textiles y otros, de más de cincuenta obreros (en su mayoría, superiores a 100), confirma que la mayor cantidad de medidas de fuerza se debió a demandas salariales, mientras que una minoría se debió a protestas por las condiciones de trabajo, falta o disminución del trabajo, defensa de la organización sindical, o rechazo a las represalias patronales o a la represión estatal o paraestatal.29 De la totalidad de las medidas de fuerza analizadas, casi un 33% fueron huelgas, otro tanto fueron quites de colaboración y trabajo a reglamento, mientras que otro 10% consistió en medidas diversas como boicots al comedor de planta, concentraciones internas y escasas ocupaciones de planta. El resto, alrededor de un 23% se plasmó en petitorios, reclamos y negociaciones. Ricardo Falcón destaca la práctica de elección de delegados provisorios o representantes de base, al margen de los procedimientos legales, que en muchos casos terminaban siendo reconocidos por las empresas como interlocutores legítimos.( Datos extraidos del trabajo de Victoria Basualdo, con la colaboración de Ivonne Barragán y Florencia Rodríguez Apuntes para una discusión sobre la resistencia obrera)
Las políticas instrumentadas en el período tuvieron un efecto claramente perjudicial sobre la clase obrera industrial y marcaron un quiebre profundo en su historia. Sin embargo, como sostiene Pozzi, a pesar de este impacto claramente negativo y regresivo, es posible no sólo detectar la presencia de formas nuevas de organización y protesta, sino también cierta progresiva recuperación, en especial a partir de 1979, de formas de lucha tradicionales de la clase obrera argentina, aún en un contexto de profunda desarticulación y represión de la actividad sindical. Por lo tanto, aunque las políticas represivas, laborales y económicas de la dictadura tuvieron un impacto decisivo en las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, existieron respuestas de los trabajadores frente a éstas que se desarrollaron, debido a las características particulares del proceso represivo, tanto en el territorio argentino como en el extranjero
Sobre las acciones desarrolladas en el territorio nacional, resulta necesario introducir una serie de diferenciaciones: por un lado, entre la acción de las bases y la de la dirigencia obrera, y por otro, entre formas tradicionales de protesta y nuevas estrategias, adaptadas al contexto de extrema represión bajo la dictadura. El trabajo de Pozzi tiene el mérito de llamar la atención acerca de la existencia prácticas “subterráneas” a nivel de planta que habían sido subestimadas o directamente omitidas por la mayoría de las contribuciones previas. Estas medidas de protesta encubiertas llevadas adelante por grupos de trabajadores con reducida coordinación e impacto, incluían el “trabajo a tristeza,” el “trabajo a desgano” (reducciones del ritmo de trabajo), interrupciones parciales de tareas, sabotajes, y una multiplicidad de iniciativas tendientes a la organización de los trabajadores y al perjuicio de la patronal. Este autor considera a estas nuevas formas de protesta como producto de un aprendizaje previo, desarrollado en el contexto de la “resistencia peronista” contra los gobiernos militares (o producto de elecciones en las que el peronismo estaba proscripto), posteriores al derrocamiento del gobierno constitucional de Perón en 1955. En todos los casos se trata de formas de protesta que aunque respetaban la letra de la ley y las reglas impuestas, subvirtieron en realidad el espíritu de las mismas, convirtiéndose en un desafío al régimen que se volvió crecientemente evidente.
Por sus características, la difusión e impacto de estas protestas han resultado difíciles de detectar y cuantificar. La propia legislación dictatorial se encargó, sin embargo, de reconocer su extensión e importancia durante los primeros meses de la dictadura: La ley 21.400, ya mencionada, de septiembre de 1976, prohibió cualquier medida concertada de acción directa, entre las que se incluía el trabajo a desgano y la baja de producción, estableciendo penas de 1 a 6 años para quienes participaran en la medida de fuerza o instigaran a su realización, y penas de 3 a 10 años para los casos en los que la instigación fuera pública. La reiteración de formas de organización y lucha “subterráneas”, que tuvieron un carácter en general fragmentario y disperso evidencia una movilización de las bases lo suficientemente fuerte como para ponerse de manifiesto aún en la etapa de mayor intensidad represiva.
Un ejemplo posible es el recurso a la protesta individual, en un contexto de absoluta prohibición del reclamo colectivo: se detectaron casos en los que los trabajadores solicitaban entrevistas individuales con la gerencia de personal, generando congestionamiento en las oficinas y planteando la misma queja o demanda una y otra vez. Se respetaba, por un lado, la prohibición de peticionar en conjunto al realizar peticiones individuales, pero se convertía a éstas en colectivas, al repetir una y otra vez las mismas consignas. Lo mismo sucede con los casos de trabajo a desgano, o a tristeza. Dado que les estaba prohibido parar, los trabajadores respetaban la letra de la ley, aunque disminuyendo el ritmo de producción de forma tal que se replicaba (o al menos se aproximaba a) los efectos de un paro.
Otro ejemplo fueron las formas de comunicación entre trabajadores, en un marco en el que el silenciamiento y disciplinamiento eran extremos en el contexto de la fábrica. Al estar prohibida toda forma de reunión, los obreros establecían formas de información alternativas, como la pegatina de un volante o documento en los baños, que los trabajadores iban leyendo en forma sucesiva en sus momentos de descanso.
Otra modalidad , que según los documentos sobre la resistencia obrera que circularon clandestinamente en el país y en exterior, fue muy generalizado, fueron los sabotajes, el “olvido” de camisas en los motores de las unidades fabricadas, la “pérdida” de llaves de un automóvil herméticamente cerrado al final del proceso de ensamblaje, la aparición de fallas en un 80% de la producción diaria, etc son algunas de las numerosas acciones que lograron paralizar la producción:
Esta oposición obrera, en un comienzo acallada, logró concretarse, de manera creciente, en formas de lucha más convencionales y características de la historia del movimiento obrero argentino. En contraste con la premisa que inaugura nuestro texto , fueron numerosas las instancias de protesta de los trabajadores desde los primeros días del régimen militar, y aumentaron en las coyunturas que posibilitaban mayor éxito, siendo factor gravitante en definitiva con la caída del mismo .
El 30 de marzo de 1982, el movimiento obrero organizado, convocado por la CGT Brasil, realizó una manifestación a Plaza de Mayo con la consigna Pan Paz y Trabajo. Esa marcha, que se replicó en todo el país, fue encabezada por Saúl Ubaldini,
Las circunstancias posteriores llevaron a invisibilizar la demostración de los trabajadores, pero la clase trabajadora el 30 de marzo no es un día más, sino un hito que ha profundizado nuestras convicciones, y un ejemplo de lucha, no solo por los trabajadores, sino por una sociedad toda.
Las consecuencia de esa manifestación, y la desmedida reacción del gobierno militar, se pueden contar, lamentablemente, en la muerte del compañero Benedicto Ortiz, en Mendoza, el encarcelamiento de todos los dirigentes de la CGT, en los más de 1000 detenidos, y en la salvaje represión que instrumentaron, tanto el Plaza de Mayo, como en todas las plazas del país, donde los trabajadores concurrieron.
Pero también, vale recordar, que desde esa marcha con una consigna básica y pacifista, el régimen no volvió a ser igual. Los trabajadores habían puesto ya en contradicción su legitimidad, ya que nunca tuvieron dudas de su carácter explotador , y de dominación terrorista de clases.
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