Daniel Papalardo
Por estos días, se busca ubicar en la consideración general del pueblo trabajador, los datos de la violencia física desarrollada sobre la clase trabajadora, y demás sectores oprimidos contenidos en la población económicamente sobrante. Para ese objetivo se utiliza casi en forma unánime las cifras y las identidades de aquellos que perdieron la vida , encontrándose tanto en situación de libertad , en lucha , o incluso privado de libertad en comisarías e institutos carcelarios de los servicios penitenciarios nacional y provinciales.
Si bien las cifras son contundentes y hablan por sí mismas, con lo que permiten comentarios de diverso tenor, es uniforme el repudio del fenómeno y la remisión al Estado de la burguesía como su particular y específico responsable en última instancia, mas allá de los marcos de impunidad generalizados y de los puntuales autores materiales de esas muertes que pudieran haber sido llevados a proceso. También en forma generalizada se acude como conclusión necesaria a la demanda por juicio y castigo de esos hechos.
De esta forma la cuestión deja un espacio abierto a otra perspectiva de análisis, que en ningún modo desconoce lo propagandizado, ni se aparta del discurso de orden moral que se sigue del mismo, en la medida en que es esa la esfera de la intervención, que por su naturaleza no deja otra perspectiva que la queja o acciones específicas frente al poder judicial, que en el mejor de los casos permite arribar, como ya se vio en algunos casos , al “festejo” o celebración efusiva , de “severas condenas” que pudieran haber sido impuestas.
Otra mirada del fenómeno obliga al análisis de la relación entre violencia y derecho, tomando ambos aspectos como elementos componentes de un fenómeno más complejo que es la república, en tanto Estado de la burguesía, con forma democrática según se plantea desde su estructuración con forma jurídica con el dictado de la Constitución Nacional y sus sucesivas reformas.
Aunque desde el espacio de las apariencias la relación violencia y derecho resultaría en plano de extremos antagónicos de una presunta dialéctica , en tanto la norma jurídica estaría llamada a poner freno o resistencia a la primera, lo cierto es que el fenómeno resulta por su complejidad inverso a este paradigma, en tanto la violencia física se desplaza mediante el discurso de derecho, es decir lejos de plantear antagonismos , resultan un todo donde ambos resultas funcionales entre sí.
Dicho de otra manera, la violencia es constituyente del derecho, en tanto las acciones violentas se ligan en última instancia a la reproducción y legitimación de la dominación y construcción de hegemonía capitalista, a partir que toda norma jurídica es tal en tanto habillita la posibilidad de imposición de su mandato por vía de la coerción que ejercita el Estado burgués a partir de las resoluciones judiciales y la intervención del aparato represivo.
La coacción física que ejercen los organismos predispuestos por el Estado y sus satélites fácticos, está ínsita en la coerción que contienen las leyes para quienes no se atienen a sus mandatos o controvierten su vigencia. La violencia física organizada y ejercida por el aparato represivo del Estado , es el elemento que define a la violencia descargada y sufrida por la clase .
Sin embargo, los efectos de esta acción violenta sobre los trabajadores que reflejan en las cifras que se hacen públicas , se vinculan además de manera simbólica con su legitimación social impuesta por la vigencia de la ley , y es ahí , donde emerge el rol de la norma jurídica y el del aparato estatal contenido en el poder judicial.
En ese orden de ideas, debe advertirse que todo orden legalmente vigente tiene primigeniamente una disputa social constitutiva de la que los vencedores en la lucha terminan imponiendo sus intereses sobre los vencidos, que ante su eventual desaparición existencial terminan por admitirlos
En este sentido, se entiende por violencia simbólica aquella que imponen las formas de concebir y entender el mundo , estableciendo lo bueno y permitido y lo que no, cristalizando una forma de dominación por naturalización y oscurecimiento de sus arbitrariedades originales que tienen causa en la violencia física y la imposición.
De esta manera , violencia simbólica no es sino la manera en que se naturaliza y se oscurece el ejercicio de la violencia física, siempre fundamental para la manutención de la dominación capitalista.
Lo señalado precedentemente , es lo que hace que hoy, asistamos a diario y con continuidad a la profusión desde el discurso del derecho a un liberalismo autoritario, que tiene sentido inverso al pregonado por quienes solo propagandizan cifras y acuden al espanto como única conclusión . Leída la cuestión desde el mundo específico e la relación capital-trabajo , es posible apreciar cómo se acude a la norma jurídica para justificar el desacato al derecho colectivo de huelga apelando al derecho individual a trabajar que tiene quien pretenda desconocer la medida de fuerza dispuesta por una organización sindical o como se apela a la libertad de circulación de personas y bienes frente a quien reclama cortando una calle, un puente o una ruta. En ambos casos lo que sigue es la habilitación al uso de la fuerza pública , escenario este donde se desencadenan luego la mayoría de los hechos luctuosos de los que nos ocupamos.
Es el uso del discurso que contiene la forma jurídica (corporizado en leyes, decretos , sentencias) el que da curso a la coacción física organizada por la república burguesa y su división de poderes. La intervención estatal implica la ubicación del aparato burocrático en la lucha de clases en beneficio exclusivo de la burguesía dominante por quien gestiona sus intereses desde la institucionalidad , para que la violencia física sea eficaz en el largo plazo y por consiguiente, para que la forma de dominación capitalista pueda mantenerse en la larga duración histórica, es necesario que el papel de ésta se difumine , tornándola aceptable.
En el discurso propio del derecho se oscurece la centralidad de la violencia física , haciendo aparecer que su papel quede en plano secundario .
Finalmente, para que esto ocurra, se naturaliza y se acepta socialmente por consenso la aparición de un sujeto necesario, el juez, que es el intelectual orgánico a cargo de la judicatura que presenta con sus decisiones, la consolidación de los procesos de jurisdicción constitucional a partir de los cuales se determina, en última instancia, mediante la argumentación jurídica racional, cuáles normas son los criterios de existencia y los empleos de la fuerza física jurídicamente válidas y cuales no .
Esto último moraliza el derecho y hace confundir a quienes acuden a en su demanda aceptando estos términos de la ecuación social. Con esto se olvida que la adopción acrítica de determinaciones constitucionales que impongan los jueces hace que de las mismas se sigan los fundamentos aprobatorios de las acciones estatales bajo el aparato conceptual general de derechos en sentido abstracto . Así ocurrió por ejemplo en Guernica, donde el derecho a vivienda digna cedió lugar a la prevalencia dada por los jueces al derecho de propiedad privada y con ello la habilitación para la represión desatada por quienes habitaban en ese lugar..
La lucha política, no puede derivar la lucha social de clases hacia la demanda a los órganos del estado, por fuera de las pretensiones de la mínima sobrevivencia reproductiva , porque esa deriva solamente conduce a la frustración de la acción militante y permite en ultima instancia la funcionalidad del orden jurídico capitalista y la legitimación de los procederes violentos de las fuerzas represivas. La simple lucha por el castigo a los violentos concretos , encubre por la aplicación del formato jurídico, la impunidad de todos los sectores burgueses cuyos intereses son gestionados siempre a partir de la imposición coactiva del Estado y sus leyes. Así como en el orden económico las demandas estratégicas de los trabajadores se ligan a la abolición de la relación social que impone la venta de fuerza de trabajo y la apropiación de valor creado , en el orden político , la impugnación del Estado de la burguesía, cualquiera fuera su forma , resulta determinante a la hora de terminar con su violencia .