NUEVO CURSO
Se inscribe en el discurso social, asentándose en la cultura, por su uso cotidiano y extensivo, el concepto delincuencia juvenil, al que se lo ubica con carácter selectivo-peyorativo, y se lo centra con rasgos antropológicos racistas como la corporeización del enemigo. En el fenómeno social que se vive en el plano relacional en la ciudad de Rosario, al que se lo inscribe como una isla del panorama general del resto del país, también se opera mediáticamente para instalar en sentido común esa secuencia.
Hace ya un tiempo en curioso presagio, El Observatorio de Política Criminal, en abril de 2022 publicó “un estudio sobre la expansión del narcotráfico y sus derivaciones violentas en Rosario”, donde con espíritu de meteorólogos casualmente se avizora meses de alta complejidad, a caballo de un ritmo récord de homicidios . Como “propuesta “ requieren aplicar la Ley de Seguridad Interior para asignarle la calle rosarina a fuerzas federales, y entre otras medidas a la reducción de la edad de imputabilidad penal.
La cuestión se deja ver además, a partir de la acción concreta de los medios comunicacionales del más diverso tenor tecnológico de la zona , con inmediato rebote en medios nacionales, encubriendo en sí una maniobra política. La cuestión es señalar el fenómeno real y proyectarlo en formato catástrofe, apelando al drama social que implica para la “otra gente” esa que se ubica dentro de la racionalidad dominante, aceptando y acordando con la reproducción social del capital por vía de la aceptación de sus formas jurídicas.
Sin embargo, el tema adquiere mayor envergadura si se advierte que en el frente opositor al gobierno Perotti se perfila como candidato un sujeto que fue ministro de seguridad del último gobierno socialdemócrata que piloteo la gestión provincial por varios períodos consecutivos.
Esa misma persona, si se hace justo recuerdo, tuvo relevancia en la trasnochada parodia propia de las comedias italianas del tipo “brancaleone en las cruzadas” que se armó y operó con la pretendida fuga de los detenidos Lannata y cía de un penal de la provincia de Bs. As, para derivar sus secuencias circenses en Santa Fe, donde el sujeto ganó cámaras haciendo de ladero de Bullrich.
De tal forma, la secuencia concreta del fenómeno criminal en Rosario y la zona, se exhibe a partir de los intereses particulares de las víctimas y demás damnificados directos ampliándolos como propios de toda la sociedad tomada en abstracto, a la cual se la coloca en demanda de soluciones de ley y orden, con acentuación en mano dura punitiva. Esa base cultural casi construida como sentido común, es el soporte de una operación política electoral presentando a la oposición conformada por socialdemócratas y los sectores políticos que se ligan a intereses de los productores agropecuarios, y las versiones más punitivitas del Pro, que en este plano actúa de conjunto.
La posición del gobierno provincial ligado a los intereses históricos y concentrados de los propietarios industriales y de la burocracia estatal santafecina, no diverge en la sustancia de estos planteos, lo hace en matices y formas de intervención en particular por su falta de control de la empresa policial en el territorio y con los grandes exportadores que gestionan los numerosos puertos privados que existen en el espacio santafecino.
La unidad de criterio de todo el activismo político de la burguesía coloca su punto de encuentro en ubicar el problema en el sujeto delictivo, tomado en su individualidad , en la medida que a partir de ello se facilita la descarga punitiva sobre su persona, generalmente vulnerable en términos sociales y se consolida una modalidad de dominación cultural que legitima más allá de la ficción legal la aplicación de la violencia estatal sobre las personas , con restricción gravitantes de las libertades individuales en la sociedad civil y sus respectivas garantías.
La cuestión denuncia, por lo demás, el agotamiento de la república burguesa tanto en su sistema federal como en la forma de gobierno democracia y deja abierta la tendencia significativa, para perfiles de construcción social con fundamento de dominación de clase con materialidad puramente violenta, en particular contra los jóvenes de las barriadas en situación social de población sobrante estructuralmente desalojada del proceso productivo.
En síntesis, el discurso criminológico introduce la definición del crimen como hecho político de control social. Asimismo, resalta la definición selectiva del criminal como hecho político y social; destacando finalmente la legitimación consensuada de la violencia del sistema, por vía del uso discrecional del poder punitivo desde el aparato jurídico burocrático del Estado.
En este plano, se torna necesario propagandizar en la clase trabajadora aspectos significativos del fenómeno social ideológicamente encorsetado en la dualidad delito-castigo, con el objetivo de defensa del programa socialista y su aceptación.
En ese orden de ideas, se hace necesario dejar en evidencia que cuando se habla de delincuencia juvenil se alude a cierta corporeización de la infracción en el niño adolescente de tal suerte que el delito lo atraviesa, un poco se vuelve él y un poco él se vuelve el delito, su personalidad se reduce a él en modo tal que el sujeto
resulta visualizado fragmentariamente, estereotipado
La onticidad dada al Delito, en tanto concepto. Es decir, la gestión por asignarle el carácter de un ente al delito es algo incorporado al orden social por la modernidad capitalista, construyendo esa esencia con carácter de sentido común.
Esta situación, es algo que no pertenece al orden de lo natural, sino que en sentido inverso, implica una construcción histórica, en tanto creación ideológica del hombre en un determinado contexto social.
Con todo ello, decimos claramente que en realidad el pretendido “ser” del delito no tiene base material que le sustente. Lo único que le da entidad al delito, es la circunstancia abstracta, de ser la resultante de conductas descritas por la ley penal, que en sí misma es también un concepto y no una realidad.
De esta predicada inexistencia óntica sustantiva del delito se sigue la inexistencia del delincuente juvenil, por cuanto tampoco nada hay en común entre quienes cometen las infracciones y las infracciones que cometen.
Sin embargo, como ocurre con la noción de delito, es el derecho penal el que opera como factor aglutinante de esa complejidad que se pretende abarcar con este instrumento ideológico, que opera funcionalmente a la reproducción de la cultura dominante.
Desde esta perspectiva, la llamada delincuencia juvenil, reconoce anclaje y sentido justificatorio en el contexto de un modelo de relato o discurso que excediendo incluso lo estrictamente jurídico, promueve, articula y orienta la intervención punitiva sobre los jóvenes ocultando tras de sí, la violación de libertades democráticas y garantías haciéndole perder eficacia en su proclamada función de contención y limitación del poder punitivo estatal.
En este relato, y desde estas premisas, el sistema penal no defiende a la sociedad ni previene el crimen, sino que selecciona crímenes y criminales y reproduce criminalidad.
Estos aspectos no pueden ser omitidos a los trabajadores en la medida en que se torna imprescindible que la clase en sí, tenga la posibilidad de producir su propia comprensión de un fenómeno social que la atraviesa existencialmente. Ese objetivo no se desliga de la propaganda del programa socialista y el objetivo estratégico de poder obrero, en la medida en que la denuncia crítica de esa materialidad social posibilita la búsqueda de salidas superadoras a la lógica del castigo penal estatal y sus secuelas.