NUEVO CURSO
Fue un 6 de marzo de 2023, mientras en la víspera la municipalidad exhibía por una de sus avenidas principales un “festejo” de carnaval , lo cual no es arbitrario ni casual, sino simplemente patético, si se tiene en cuenta que por mucho tiempo, las políticas culturales de los socialdemócratas sostenían aparatos rentados en base a los cuales se auspiciaban escuelas de murga, para sacar a los jóvenes de los problemas callejeros.
La cuestión puede describirse siguiendo la intervención periodística a la que intentamos ajustarnos. Vecinos y familiares del niño asesinado en medio de un tiroteo entre bandas narco en ese mismo fin de semana , atacaron la casa de un hombre a quien acusan de vender drogas en el barrio Los Pumitas y ser el responsable del crimen en Empalme Graneros, Rosario. Momentos más tarde, la Policía asistió luego que el sospechoso, fuera apedreado y lastimado cuando salió a la terraza del inmueble objeto inicial del ataque.
La agencia de noticias Télam, informa que el sindicado, fue detenido por personal de la Policía de Santa Fe. También fueron apresados dos de sus hijos y a dos mujeres integrantes de la familia. Además, los uniformados dispararon postas de goma para dispersar a los vecinos enardecidos que querían ingresar a la vivienda, uno de los alcanzados por los proyectiles fue el propio padre del niño fallecido recientemente.
La triste y preocupante situación que deja ver el fenómeno narrado desde los medios de comunicación, en particular en cuanto se refiere a las circunstancias de la muerte del niño deja ver desde la aproximación sobre sus apariencias, un contexto violencia social y estatal.
Sin embargo si el dato centra en la cantidad, o los matices específicos del caso y la situación no avanza en la necesidad de establecer una relación entre estos hechos y otros tantos derivados de muertes violentas en nuestro país en la medida en que en la reproducción mecánica de la información se oculta un factor común relevante que es el papel que asume el Estado como estructura institucional que organiza el orden social
Si se aborda la cuestión desde este último sentido, se advierte que existe en la intervención mediática una construcción determinante de sentido común basada en la referencia a un enemigo al cual corresponde dar batalla desde el lugar de los “dignos” y la demanda para con el Estado , del empleo en la cuestión de sus agencias represivas, dejando traducir esta vez, por evidencia de la realidad objetiva, que el mismo debe depurar de esas agencias a elementos que han transado con el narcotráfico (léase “el enemigo”), para lo cual se desencadena el instrumento atávico del ojo por ojo , al que se lo justifica acudiendo a la perdida de una vida humana, extremo al que se suman algunos bien intencionados desde un pretendido discurso de izquierda, invocando la validez de la autodefensa de los trabajadores y los pobladores de las barriadas.
Puestos en el análisis de esta suma de elementos , recordamos que esta tarea no es una aspiración meramente especulativa, ya que no se llega a la verdad por mera cuestión intelectual, sino que es la verdad objetiva y materializada en los hechos y las relaciones sociales existentes la que nos abre la condición de intervención práctica sobre el fenómeno en sí , y sus consecuencias sociales , en particular en lo que tiene que ver por sus efectos sobre la clase trabajadora.
En primer término debe decirse que, la marcada tensión social en la que nos desenvolvemos, reconoce causa fuente en el agotamiento del orden social capitalista, que supo otrora conferir seguridad a la población ,en el marco de un modelo cultural de sociedad disciplinada y fabril. Jaime Dávalos refiriéndose a Rosario, supo decir por referencia a Rosario que la ciudad era una “Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en que amanece la conciencia del país, llevan los barcos en su entraña la pradera en la sonrisa proletaria del maíz.” Bastan sus palabras para constatar el ayer y el hoy.
Este agotamiento de las estructuras sociales que gobiernan la existencia de los trabajadores , exhiben sin tapujos , la caída de del contrato social, propia de la modernidad .Hoy categorías conceptuales y sus reflejos normativos-institucionales como “ciudadanía”, “representación política parlamentaria”, iglesia, sindicatos, etc., se revelan incapaces frente a la constatable tensión dialéctica entre ese caduco orden pretendidamente consensual y el fraccionamiento simbólico de lo social, que coloca a quienes gobiernan en gestores institucionales del “caos” por ellos mismos viabilizado frente a las dificultades que presenta la reproducción del capital .
Dicho de otra manera: el primer dato constatable del fenómeno es que nos encontramos ante una crisis generalizada del modelo de sociedad disciplinada . La prisión, la familia nuclear, la escuela , los sindicatos, el parlamento, agonizan frente a la emergencia de una marcada y específica sociedad de control autoritario que convive con la economía criminal .
Frente a esa situación la política de la burguesía y los bien intencionados del pensamiento atávico, cultores del ojo por ojo, buscan en última instancia restaurar con el imperio del Estado y la relación desobediencia-castigo penal.
La disciplina sobre la base de un mayor control social marcado por el incremento del rigor punitivo, y la penetración del aparato represivo en todos los órdenes de la vida, instalando a la vez, en la población la creencia sobre la necesidad ineludible de castigar incluso por mano propia, al sujeto peligroso al que previamente se le facilitó su existencia y desarrollo, permitiendo que se constituyera como tal.
Nótese en este sentido que la información periodística y los hechos en sí, dan cuenta de un sujeto que aparentemente menudea droga en un barrio, por lo que en ningún caso estamos en presencia de una reacción violenta del pueblo frente a los empresarios de la producción y comercialización de droga en la región. En igual medida, la facilitación del saqueo del lugar por los “vengadores” que actúan desde el bien, da cuenta que es la propia fuerza represiva la que busca ese resultado, que en definitiva pretende remediar un daño haciendo otro, pero con autorización. Las acciones represivas ulteriores cierran la escena para la tribuna expectante tras los televisores o los videos en internet.
La crisis hace que la actividad política buscando salvar los intereses generales de la burguesía, y la propia ropa, busque imponer por la significación de los hechos que el sentido común se construya sobre la base del esquema bélico “guerra al delito” y se concentre en la “batalla” contra el narco criminalidad.,
La imposición de un castigo dentro del marco de la ley significa causar dolor deliberado. Bajo esta premisa se hacen intentos por esconder el carácter básico del castigo; y en los casos en que no es posible ocultarlo, se da toda clase de razones para la justificación ideológica de la concreción intencional del dolor.
Se constata entonces, la presencia contradictoria y paradójica de esquemas de justificación social del castigo, agotados en la experiencia histórica, que adquieren sobrevida, por las urgencias que imponen las tensiones y contradicciones de la actual sociedad capitalista en crisis. Esto toma cuerpo y mensaje ideológico, en la premisa según la cual, hay que defender a la sociedad de los ciudadanos que ajustan sus acciones al cumplimiento de las normas , de lo que puede generar el narcotráfico. Esta lógica de las cosas, deja abierta la instancia coactiva contra los eventuales agresores, y justifica el despliegue de la violencia estatal sobre ellos.
Es allí donde es posible encontrar un factor común a esta creciente cantidad de muertes que nos laceran el alma, en tanto todas y cada una de las víctimas, son emergentes de esta sociedad sumida en la barbarie, disfrazada de civilización, y terminan siendo exhibidos como iconos señaladores de sus contradicciones más profundas.
Todas y cada una de estas muertes , pasarán irremediablemente al olvido, porque así lo impone esta sociedad de máximo control social represivo y “gran hermano”, plagada de cámaras, escuchas telefónicas e intromisión en la esfera de la intimidad. La vida seguirá siendo injusta, la escuela cada vez más vigilada y reproductiva y las cárceles cada vez más cárceles.
En segundo orden, es necesario advertir que lo que en ningún caso se tiene presente es la variable económica de la cuestión y la significación que tiene el procedimiento policial de incautación de drogas en el mercado de estupefacientes, tan reclamado desde la idea de lograr seguridad para la población. Si se lo viera la cuestión desde ese parámetro se advertirá sin mayor esfuerzo que, la incidencia de estas acciones policiales para el tráfico de drogas, entendido como actividad económica ilícita, deviene de notoria insignificancia y nula incidencia en miras de obstaculizar el desarrollo de esa actividad humana. Usando una figura, y desde lo cuantitativo, podría decirse que lo recolectado por la agencia policial equivale a desagotar un estanque con un balde, con el agravante de que al espejo de agua continua ingresando líquido por otro sitio.
Siempre desde la misma perspectiva, y por la misma objetividad de la cuestión, que no requiere mayor explicación, es necesario decir que lo que genéricamente se denomina droga es básicamente desde la perspectiva de su significación material una mercancía, es decir, un objeto con valor de uso y cambio ponderado en un precio que se define monetariamente.
Este último señalamiento, nos obliga a tener presente el consumo, en tanto acto económico concreto, cuya demostración se produce por la sola existencia del vendedor y comercializador del objeto requerido, extremo que no aparece periodísticamente cuando se acude a las cámaras para exhibir acciones violentas de pretendida justicia por propia mano.
Así las cosas, si cuando se alude al tráfico de narcóticos, estamos aludiendo a la acción elemental de comprar y vender, de oferentes y demandantes, la incidencia de un extremo de la relación social en cuestión tiene una incidencia que la lógica represiva oculta para el fortalecimiento del lugar que ocupa el Estado como institucionalización del poder de la burguesía dominante. Cabe la pregunta ¿cuándo se anuncia que se dio «un golpe al narcotráfico» ¿estamos diciendo a la vez que hemos terminado con el equivalente humano de consumidores? ¿El encarcelamiento de una banda de sujetos que se dedican a vender drogas prohibidas significa en paralelo que se terminó con el consumo de quienes eran sus clientes? Y en todo caso, ¿los guerreros policiales enfrascados en esta lucha de alto costo y escasa eficiencia, terminarán con la dialéctica vendedor-consumidor? ¿Alguien piensa que volteando un «kiosco» se le permite a quien demanda droga salir de ese problema?
La exaltación de la pretendida respuesta vindicativa de quienes estaban en situación de proximidad vecinal con el lugar atacado y del ulterior operativo policial, como medio y fin en sí mismo, con base en el esquema de guerra contra la droga, oculta que en paralelo y no visible por las apariencias están los arquetipos culturales del capitalismo, esto es, individualismo, sálvese quien pueda, plata fácil, mercantilización y objetivación del sujeto, todos los cuales se compadecen con la compra y venta de droga en el mercado , en tanto en su objetividad este último representa industria (producción y tráfico) y actividad financiera de alta rentabilidad de importante incidencia en la reproducción social del capital.
En la medida en que no reconozcamos que esa actividad económica primaria (producción, compra y venta de drogas) está en la base del fenómeno criminal y que ambos extremos del vínculo mercantil deben ser analizados, desplazando al consumidor de la faz penal pero asumiéndolo como un problema de salud pública y de anomia social, no se podrá evitar que importantes sectores juveniles ingresen en esa dialéctica vendedor-comprador con alternancia, constituidos en sujetos socialmente estereotipados por el conjunto con sentido negativo.
Un criterio exclusivo de tutela jurídica, encorsetado en el modelo orden y represión revestido con impronta de «combate» y la exaltación del temple y valor de sus «guerreros», sólo sirve para juguetear con alto costo económico con un «tabú» deliberadamente fabricado, so pretexto de disuasión y seguridad pública.
Estamos necesitados de advertir que el problema no reside en las drogas sino en las adicciones, y más precisamente en las razones y motivos que conducen a ese fenómeno de dependencia. Lo que el traficante logra mediante los mecanismos económicos y comerciales montados en su organización no es venderles drogas a seres humanos, sino venderles seres humanos a la droga.
La pregunta será entonces, ¿pueden los procedimientos policiales acabar con esta demanda creciente?, ¿ puede bloquearse la oferta por vía del aparato represivo? Se nos dice y hemos crecido durante décadas con el latiguillo de la economía liberal en lo concerniente a la inviabilidad de los controles de precios y precios máximos, pues la economía no puede ser contenida en tanto proliferan en el mercado actividades diversas que vulneran esos controles. Sin embargo, parece que esas premisas ricardianas no se trasladan a una oferta y demanda inelástica como la que supone una población creciente de consumidores de drogas.
Manteniendo la lógica publicista de apología de lo insignificante y sobrevaloración de lo diminuto, eludiendo advertir la real incidencia en un problema social y económico, no encontraremos la ruta pertinente para llegar a destino, eso siempre y cuando busquemos llegar a alguna parte y no distraernos en el camino, buscando desagotar estanques con baldes.
En la medida en que no reconozcamos que esa actividad económica primaria (producción, compra y venta de drogas) está en la base del fenómeno criminal y que ambos extremos del vínculo mercantil deben ser analizados, desplazando al consumidor de la faz penal pero asumiéndolo como un problema de salud pública y de anomia social, no se podrá evitar que importantes sectores juveniles ingresen en esa dialéctica vendedor-comprador con alternancia, constituidos en sujetos socialmente estereotipados por el conjunto con sentido negativo.
Un criterio exclusivo de tutela jurídica, encorsetado en el modelo orden y represión revestido con impronta de «combate» y la exaltación del temple y valor de sus «guerreros», sólo sirve para juguetear con alto costo económico con un «tabú» deliberadamente fabricado, so pretexto de disuasión y seguridad pública.
Estamos necesitados de advertir que el problema no reside en las drogas sino en las adicciones, y más precisamente en las razones y motivos que conducen a ese fenómeno de dependencia. Lo que el traficante logra mediante los mecanismos económicos y comerciales montados en su organización no es venderles drogas a seres humanos, sino venderles seres humanos a la droga.
La pregunta será entonces, ¿pueden los procedimientos policiales acabar con esta demanda creciente?, ¿puede bloquearse la oferta por vía del aparato represivo? Se nos dice y hemos crecido durante décadas con el latiguillo de la economía liberal en lo concerniente a la inviabilidad de los controles de precios y precios máximos, pues la economía no puede ser contenida en tanto proliferan en el mercado actividades diversas que vulneran esos controles. Sin embargo, parece que esas premisas ricardianas no se trasladan a una oferta y demanda inelástica como la que supone una población creciente de consumidores de drogas.
Manteniendo la lógica publicista de apología de lo insignificante y sobrevaloración de lo diminuto, eludiendo advertir la real incidencia en un problema social y económico, no encontraremos la ruta pertinente para llegar a destino, eso siempre y cuando busquemos llegar a alguna parte y no distraernos en el camino, buscando desagotar estanques con baldes.
En la medida en que no reconozcamos que esa actividad económica primaria (producción, compra y venta de drogas) está en la base del fenómeno criminal y que ambos extremos del vínculo mercantil deben ser analizados, desplazando al consumidor de la faz penal pero asumiéndolo como un problema de salud pública y de anomia social, no se podrá evitar que importantes sectores juveniles ingresen en esa dialéctica vendedor-comprador con alternancia, constituidos en sujetos socialmente estereotipados por el conjunto con sentido negativo.
Un criterio exclusivo de tutela jurídica, encorsetado en el modelo orden y represión revestido con impronta de «combate» y la exaltación del temple y valor de sus «guerreros», sólo sirve para juguetear con alto costo económico con un «tabú» deliberadamente fabricado, so pretexto de disuasión y seguridad pública.
Estamos necesitados de advertir que el problema no reside en las drogas sino en las adicciones, y más precisamente en las razones y motivos que conducen a ese fenómeno de dependencia. Lo que el traficante logra mediante los mecanismos económicos y comerciales montados en su organización no es venderles drogas a seres humanos, sino venderles seres humanos a la droga.
La pregunta será entonces, ¿pueden los procedimientos policiales acabar con esta demanda creciente?, ¿ puede bloquearse la oferta por vía del aparato represivo? Se nos dice y hemos crecido durante décadas con el latiguillo de la economía liberal en lo concerniente a la inviabilidad de los controles de precios y precios máximos, pues la economía no puede ser contenida en tanto proliferan en el mercado actividades diversas que vulneran esos controles. Sin embargo, parece que esas premisas ricardianas no se trasladan a una oferta y demanda inelástica como la que supone una población creciente de consumidores de drogas.
Manteniendo la lógica publicista de apología de lo insignificante y sobrevaloración de lo diminuto, eludiendo advertir la real incidencia en un problema social y económico, no encontraremos la ruta pertinente para llegar a destino, eso siempre y cuando busquemos llegar a alguna parte y no distraernos en el camino, buscando desagotar estanques con baldes.
Más paradójico resulta apelar a la construcción de la llamada “autodefensa”. Tomada en abstracto, y no en correlación con la lucha de clases en su real estado de desarrollo, la consigna luce simplemente como una apelación a estadios más primitivos a los de la organización social burguesa. Se propugna que los trabajadores tomen por mano propia el problema de la seguridad en su propio territorio. Sin embargo, esto supone una dificultad porque se afirma a la vez que la gran mayoría de los obreros son partidarios de la cárcel, porque en definitiva y de resultar exitosa toda acción represiva de ese tenor no supera el orden burgués actuales y sus instituciones sino que las consolida, porque el castigo sobre los reprimidos será impuesto por Estado de la burguesía, los sujetos alojados en las mismas cárceles a donde van a parar los trabajadores y la pretendida “seguridad “ obtenida solo le evitara un problema a la represión que de esta forma será más eficaz pero no solucionará el problema de fondo ligado al consumo adictivo que se expresará nuevamente comprando la misma mercancía en otra parte. En definitiva, los trabajadores pondrían el cuerpo en la represión del fenómeno individual pero no dominarían las vertientes de los efectos en la globalidad del problema. En definitiva lo que estaría fisgoneando con estos planteos apresurados, no es una defensa obrera, sino una defensa de un interés superior y poli clasista encarnado en ese Estado de control punitivo – una aspiración máxima de todo gobierno burgués – con los trabajadores actuando en defensa de los intereses generales de los explotadores.
Finalmente resaltamos un último aspecto del fenómeno que analizamos. Frente a episodios de violencia, luce bajo el común denominador la mirada criminalizaste y su consabido corolario de un discurso moralizador. Su retórica se resume en un nosotros y ellos, como base y justificación del sentido de odio hacia el otro.
El aspecto problemático de este posicionamiento viene dado por su matriz ideológica. Detrás de esta manera de ver, los sucesos avanzan. Las motos de alta cilindrada con tipos de negro, cascos, chalecos y armas largas, todos bajo el anonimato y con habilitación normativa se convierten en una suerte de caballería de la decencia. También están las combis de la “policía científica”, las cintas que marcan los espacios vitales del horror y el atropello generalizado de barriadas enteras, desde donde nacen también presurosos los “vengadores privatizados”; los posmodernos cultivadores del ojo por ojo, siempre que el ojo no sea el nuestro, y mucho menos el de los sujetos sociales que se valen del poder del Estado para llevarnos a la miseria y luego aporrearnos.
Sin embargo, lo central es el discurso moral que aumenta su adhesión generalizada en un sentido común de clase, que define el bien y el mal con matrices de dominación subjetiva, a partir de una estructura de libertad negativa basada en la tesis según la cual: mi derecho termina donde empieza el del otro, o el famoso respeto mutuo, donde como una operación comercial, se respeta al otro y se recibe de vuelta el mismo respeto.
Lo cierto es que no puede haber respeto mutuo si cada uno visualiza su libertad como una suerte de espacio apropiado, una actitud territorial en donde el otro no tiene ingreso sino bajo la amenaza del castigo por intromisión, en tanto desde esa lógica, el diferente es un objeto sobre el cual actúo y me interrelaciono solo en base a la satisfacción utilitaria de mis necesidades.
Dicho en otros términos, si el discurso moralista binario propio de la definición contingente de lo bueno y lo malo, se consolida sobre la premisa: bueno es lo que me hace bien como sujeto y malo lo que perjudica mis intereses, entraremos irremediablemente en el terreno de que lo bueno para mi es necesariamente malo para alguien, y así terminar cayendo en una relativización absoluta de los valores sociales.
Al tratar los asuntos de la moral, la discusión ha puesto de manifiesto que si se rebaja el movimiento social a una simple manipulación de las masas con vistas a alcanzar tales o cuales objetivos de poder, y la política se convierte en una técnica social que se apoya en la ciencia de las fuerzas económicas, el sentido humano se aparta de la esencia misma del movimiento para establecerse en otra esfera que trasciende a este movimiento: el campo de la ética.
Desde el momento en que se considera a la realidad histórica como el campo de una estricta causalidad y determinismo unívoco, en el que los productos de la práctica humana, en forma de factor económico, poseen más razón que los propios hombres, e impulsan la historia por una necesidad fatal o una ley de hierro hacia un avance ciego, de inmediato chocamos con el problema de saber cómo debe armonizarse esa lógica de lo ineluctable con las actividades humanas.
La dialéctica materialista postula la unidad de lo que le pertenece a las clases trabajadoras y a toda la humanidad a través de su marco teórico, sobre todo, por la práctica concreta del marxismo. Pero en el proceso histórico real se cumple de manera que esta unidad está en vías de constitución mediante la totalización de las antinomias o, por el contrario, en vías de disgregación en polos aislados y opuestos.
Si se aísla lo que les pertenece a las clases trabajadoras, y se las abstrae de una percepción de totalidad integrada, se cae en el sectarismo y en una deformación burocrática del socialismo, que puede desembocar en el oportunismo, o en una interpretación reformista de los conflictos sociales.
En algunos casos, la desunión produce un amoralismo brutal, en otros, un moralismo impotente. En el primero implica una distorsión simplificada de la realidad, en el segundo, la capitulación frente a una realidad incomprensible.
Naturalmente, existe una diferencia entre la realización de la totalidad dialéctica que incluye a las clases, los procesos productivos y la humanidad-social en el marco del pensamiento teórico, que interaccionan con la realización de la vida concreta. Pero la relación entre la teoría y la práctica es, en este caso, una relación entre las tareas reconocidas como posibilidades del progreso humano y su capacidad de resolver conflictos.
En este sentido, la dialéctica no revela las contradicciones de la realidad humana para capitular frente a ellas y considerarlas como antinomias, en las que el individuo termina eternamente aplastado. Tampoco es una falsa totalización que deja al porvenir la solución de las contradicciones. El problema central que se plantea es el de la conexión entre la conciencia de las contradicciones y la posibilidad de resolverlas. Pero mientras la práctica sea considerada como un practicismo, como una manipulación de los hombres, o una simple relación técnica con la naturaleza, el problema seguirá siendo insoluble. Una práctica alienada y divinizada no es una unidad de la vida concreta, ni tampoco la posibilidad de crear una bella totalidad histórica en el porvenir, más bien es una atomización y una pasividad contemplativa, sometida por antinomias fijadas en la utilidad de los medios y los fines. El problema de la moral se convierte así en un asunto de discernimiento entre la práctica divinizada y fetichista, y la praxis revolucionaria, donde ésta última conoce las cosas como resultado de su acción, en la medida en que también las crea y las transformaa través del movimiento de su interacción dialéctica.
La construcción de un hombre nuevo, en una sociedad superadora de la relación dialéctica capital-trabajo, es la luz que aparece en el fondo de esta oscuridad mercantilista. La destrucción del Estado de los poderosos y los grupos económicos y su sustitución por una sociedad democrática y participativa es la línea estratégica de esta batalla contra la deshumanización del sujeto. No parece un camino fácil.
No obstante recordar también desde la filosofía, que un problema complejo no acepta por definición una solución simplista.
Ladrando a la luna desde pacatas definiciones dictadas por una moral vacía de todo contenido y apelaciones a la seguridad individual, será muy útil para llenar espacios mediáticos pero únicamente nos conducirá al punto de inicio, como un burro en la noria.