Por estos días, el escenario de la lucha de clases exhibe el esfuerzo de la burguesía de conjunto por limar las contradicciones que se dejan ver en su interior entre distintos grupos de poder que exigen constituir su específico programa y su elenco de operadores políticos, como aquellos que por vía del mecanismo electoral obtengan consenso para consumar un ataque en toda las esferas de la vida social sobre explotados y oprimidos. Sin embargo, en lo referente a la llamada  política criminal existe  acuerdo que despeja todo disenso , respecto de la instalación definitiva de una estructura institucional puramente basada en el concepto de represión violenta, lisa y llana . 
         Ese consenso de los dominadores , se sostiene en los discursos que tratan al delito, con enfoque clínico basadas en disciplinas como la medicina, biología, antropología y psicología, tuvieron el papel cultural de servir de justificación ‘científica para el origen y razón de ser de la criminalidad. Se convirtieron, al igual que la Criminología positivista, en simples herramientas funcionales para la reproducción ideológica, es decir para que la clase hegemónica continuara con sus privilegios mediante la explotación de las clases marginadas. 
       Sin embargo, es posible cuestionar los postulados establecidos como únicos y no sujeto a crítica, por el discurso dominante, rompiendo así con las premisas   que emergen con fundamental relevancia desde los medios de comunicación.          La comprensión de las causas y los factores que se expresan a través de lo que se llama “delito”, exige ir más allá del individuo catalogado como delincuente en su conformación biológica y psicológica.
       Sin embargo,  - el tiempo histórico nos  facilidad  la observación- , esa experiencia de oposición no alcanzo  la síntesis superadora , en tanto al consumarse en las décadas del 80-90 la derrota de las luchas sociales y ulteriormente la globalización capitalista, los espacios para su desarrollo , se vieron acotados en su objetividad y fueron , en sentido contrario, propensos a la imposición de un discurso reformista, que termina por construir un neopositivismo criminal, con apoyatura en los estereotipos impuestos por el discurso mediático, de  lucha contra el delito y exacerbación del discurso atinente a la inseguridad. 
     Una vez más, la falta de visualización del problema del Estado, y con él cuanto atañe a la necesidad política de su transformación con eje en la modificación de las relaciones de producción, hizo mella en lo loable del planteo, para marcar con rigor de tragedia sus carencias.
      Hoy, en condiciones ideológicas y culturales desfavorable, y puestos en el análisis del fenómeno, se hace necesario mostrar el   crimen o la criminalidad como emergentes de una   construcción social basada en la estratificación social, resultante de relaciones de dominación y no como un comportamiento aislado de un individuo.  
                      Podemos observar el problema desde plano diverso, si ubicamos al crimen en la naturaleza del mercado capitalista, en la estructura inequitativa y asimétrica de clases, donde sistemáticamente se frustran los ideales meritocráticos que sirven para legitimar al sistema dentro de los valores centrales del individualismo competitivo que finalmente exhibiendo su verdadero rostro moldean y guían las frustraciones e ira de las personas.
              Desde allí, es posible construir la noción de delito, advirtiendo que ese término gana generalización y se constituye en el discurso del sentido común proyectado mediáticamente hacia la indicación personal del ser humano que realiza la acción reprobada como delincuente. 
              Es así que se puede constatar que aquello que se llama delito emerge como una de las tantas manifestaciones de un sistema de producción y la relación de poder que esta gesta. Es sustancial la pregunta sobre las condiciones que determinan la distribución de riquezas, ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres?  ya que no sólo delinquen los pobres, sino que las personas con alto grado de ingresos económicos igualmente delinquen, pero no son caracterizadas como “delincuentes” ni mucho menos reprimidas. ¿Cómo explicar tantos delitos de cuello blanco?, ¿cómo explicar la corrupción, dentro y fuera del Estado?, ¿cómo entender que el medio ambiente es aniquilado por empresas monopólicas?
       Desde esas preguntas puede verse que dentro del capitalismo el objetivo primordial es la transacción mercantil por medio de la cual, a través de la compraventa y la mediación del dinero se produce la apropiación del valor de cambio que tiene ese producto, generado desde el trabajo humano asalariado. Es la producción y el consumo. En otros términos, el capital organiza la sociedad con base en producir más y en consumir más, con un regulador formal del intercambio que es el dinero, que por su trascendencia debe ser obtenido sin importar los medios. 
          Siendo el dinero, reputado como mercancía, elemento regulador de la existencia del ser humano esa misma objetividad  hace que se produzcan rupturas sociales desde la carencia de ese bien  y su distribución asimétrica  por lo  que, abandonado el valor justicia,  se naturalizan relaciones humanas que permiten la explotación del hombre por el hombre y destruyen  la solidaridad alimentando  un exacerbado individualismo, que perfila una suerte de introducción en lo humano de la “supervivencia del más apto”.
           En este contexto es perfectamente comprensible la posibilidad de la empresa delictiva, en tanto la misma no se diferencia del resto sino en la entidad del producto que elabora, y aún más, que un emprendimiento asuma objetivos legítimos desde los cuales, consumar conductas lesivas. 
         Lo dicho puede ser apreciado constatando, el predicamento que tiene en jóvenes que componen los sectores sociales y oprimidos, esas estructuras delictivas empresariales, al punto de constituirlas en una suerte de fuente de trabajo accesible y rentable, confrontando con las puertas cerrada y los salarios menguados de la economía formal. Maravillados por el acceso a bienes que no son de su capacidad económica, los jóvenes ponen de manifiesto el fracaso de políticas públicas, integrando en alto número esas bandas delictivas con estructura empresarial.
          El análisis de la pobreza y no así de la riqueza como factor predisponente de la criminalidad es resultado del discurso ideológico (en el sentido de falsa apreciación de la realidad) capitalista con base en la necesidad de la dominación de la clase hegemónica sobre las masas. 
          Desde ese plano se gesta socialmente y se naturaliza por reiteración mediática y penetración ideológica, una asociación entre la falta de desarrollo psicosocial (inferioridad), la pobreza y la consecuente inadaptación a las normas sociales y por otro lado en forma paralela, una disociación entre la empresa capitalista y sus delitos con sustento en la acción legitimadora del Estado.
         En el mismo orden de ideas, se observa a los jóvenes oprimidos y explotados, como únicos responsables de los delitos eliminando de facto, la influencia de la dialéctica estructura superestructura y con ello la relación de esos explotados y oprimidos, culturalmente dominados, con la burguesía en el poder y su Estado. 
           El punto de partida de una práctica, militante superadora de ese orden capitalista , con base en el abordaje del fenómeno social del delito y el castigo, es  deslegitimar  el discurso criminológico mediático denunciando su función de  aparato ideológico, justificativo de las necesidades represivas y disciplinarias de la sociedad capitalista; ligándolo con el planteo de conjunto de crítica política a la sociedad burguesa  en tanto la criminalización es tan sólo una manifestación más de la dominación.

Es preciso un “no” para construir un “si” diverso. Un “no”, a la estrategia dominante de pensar y abordar el crimen como algo que se dice del hombre o se atribuye a algunos hombres, en tanto individuos desviados, inferiores, con deficiencias psicológicas y fisiológicas que los predisponen al delito, confrontándola con un abordaje de las causas del crimen en el hecho social, con base en la sociedad de clases y la naturaleza patriarcal de estas.
Lo dicho significa sostener que la construcción de las leyes, del sistema de justicia, del control social, la concepción del delincuente e incluso el Estado mismo, son medios empleados por la burguesía de conjunto para mantener su condición de explotadores.

Hoy es posible ubicar en el plano de lo objetivo traspasando lo ideológico subjetivo, que todo sistema político que gestiona relaciones de explotación y opresión sobre el conjunto social, existe con un mínimo consenso, en tanto impone y naturaliza mecanismos de control social, con múltiples y variadas formas de manifestación, por lo que, en ese contexto lo que se conoce como “delito” es en gran parte, la resultante de las contradicciones y de la violencia estructural que el mismo sistema propicia. En otras palabras, son las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales las que determinan de manera arbitraria y funcional, la caracterización de una conducta como delito y de una persona como delincuente.
Es preciso incorporar a todo programa de acción política un factor conceptual que debe ser asumido como estandarte por la clase trabajadora, señalando que la sociedad donde nos desenvolvemos es una sociedad de clases que estructura institucionalmente organizaciones estatales y para estatales buscando hacer funcional la dominación culturalmente opresiva sobre trabajadores y el conjunto de la creciente población en situación de grupo económicamente sobrante.
En igual medida corresponde transmitir y propagandizar el concepto de que los intereses de esta clase dominante son plasmados en el derecho penal, informando y aclarando sobre el sentido común represivo instalado, que las leyes penales defienden los intereses de la clase dominante y no los de la población y que por ello los órganos represivos del Estado protegen los intereses de esta clase, y no los de la sociedad en su conjunto.
Finalmente, la propaganda de ideas transformadoras del orden social no puede eludir aclarar frente a la sobredimensionada construcción mediática de la “inseguridad”, que no hay una noción abstracta de seguridad que se ubica por encima de las clases sociales como valor que debe ser defendido por todos por igual, lo que existe, en el plano de lo real y concreto es la “seguridad” de los dominadores que se traduce en la continuidad pacífica y reproductiva de esa dominación de clase.
Debe propagandizarse que el Estado gestiona y gerencia los intereses de la burguesía en su conjunto y para ello se hace del monopolio de la violencia, legitimando por las leyes. Su protección no se basa en la legitimidad de los intereses defendidos sino en la coerción, o en la difusión de una «falsa conciencia” que oculta la emergencia de la propiedad privada y la estructura capital-salario en los cimientos de esta sociedad decadente en la que intentamos sobrevivir.
El Estado de la burguesía, cualquiera fuera la forma que asuma, se encuentra sumergido en deplorables y lacerantes injusticias sociales, en donde la violación a los derechos humanos, entre muchas cosas más, es una constante que no merece reproche.
Estas premisas afirmadas en miras a la superación de lo dado, exigen ser vehiculizadas por la clase trabajadora conscientemente posicionada en el programa político socialista, en tanto coincide con el objetivo estratégico de destrucción del Estado de la burguesía. Las premisas fundadoras de la política criminal de la clase obrera, no admite una reiteración puramente académica que las condene al fracaso porque ello implicaría la prevalencia de lo contrario, es decir, la supervivencia de la sociedad de clases, el control estatal, la vigencia de lo represivo sobre la libertad.