NUEVO CURSO
En abril fueron 5 las muertes en las cárceles de Córdoba y más de 70 en los últimos cinco años del Gobierno Schiarettista
Presentamos esta nota, con el fin de que nuestro reclamo por el cumplimiento de leyes que ustedes dicen garantizar sean respetadas y que los derechos primarios sean garantizados porque es su responsabilidad como funcionarios de la justicia.
En primer lugar, urge que se garantice la vida a las personas que ustedes mantienen en las cárceles, solo en lo que va del año en Bouwer ha habido cuatro muertes, sumando ocho en la lista de las cárceles de toda la provincia.
Exigimos que ingresen a verificar cómo funciona el sistema de salud, educación, trabajo y las condiciones edilicias. Queremos que verifiquen y constaten con qué especialistas y aparatología cuentan, quevean cuántxs médicxs quedan de guardia los fines de semana. Que pregunten qué es necesario para que las personas sean atendidas, y saber por qué causa no lo son.
Que ingresen a la farmacia y abran caja por caja para hacer un recuento de los medicamentos faltantes, no puede ser que los únicos que no falten sean los psicofármacos.
Porque es tan difícil acceder a un psicólogo y sostener terapia.
La situación es paupérrima, el Servicio Penitenciario de Córdoba viene dando muestras de que no es capaz ni eficiente el tratamiento en cuanto al derecho y accesibilidad a la salud. Por esto entendemos que es el ministerio de salud es quien debería hacerse cargo.
Exigimos también:-Que las personas que están encerradas para su «reeducación», puedan acceder al área de educación. Tenemos conocimiento acerca de lo imposible que es terminar el primario o el secundario, ni hablar de hacer una carrera universitaria.-
Que las bacantes no la marquen la cantidad de bancos en un aula. Si es necesario, que se construyan más aulas, porque nadie que quiera estudiar debería quedarse afuera. Estudiar es un derecho, no un privilegio. Sólo alrededor del cinco por ciento de la población carcelaria puede acceder a estudiar.
Que se vuelvan abrir los talleres recreativos, y deportivos ya que los únicos que se están dando son los que tienen un fin laboral.-Que las personas que trabajan cobren lo que corresponde; no importa si sólo es fajineria, que ganen lo que marca la ley 24660. No pueden continuar cobrando una limosna mensual que no alcanza ni para un paquete de yerba. En muchos casos trabajan más de ocho horas diarias.-
También es necesario que cuenten con un seguro por accidente laboral. En abril, Esteban, que trabajaba en la panadería, perdió una mano, y no cuenta con ninguna cobertura. También hay personas que se accidentaron en la carnicería, ya hace años, y todavía esperan una respuesta del poder judicial.-
Recordemos que son personas, no pueden permitirles salir al patio sólo una hora, semana de por medio, o sea dos horas al mes. Se termina atrofiando su cuerpo, sus músculos, su vista, su salud mental, etc.
Que se respete el derecho a la visita, que puedan ingresar familiares no directos, y allegados. Y que éstos no tengan que esperar tanto tiempo para poder ingresar, sufriendo las inclemencias del clima y los maltratos del personal de requisa.
Se debe terminar de una buena vez con las requisas vejatorias!!!-
Que las pericias técnicas no se realicen a último momento. Esto ayudaría a facilitar el acceso a la libertad condicional, y otros beneficios que contribuyen a descomprimir las cárceles.
Liberar a las personas en tiempo y forma ayudaría a descomprimir algunos sectores.
Que se evite el desarraigo. El acercamiento familiar es prioritario. Que no se utilice el traslado como sanción o castigo.-Si la excusa para que sus derechos no se respeten es que existe un alto grado de hacinamiento, será hora de exigirles a lxs fiscales que paren con tanta prisión preventiva.
No pueden enviar a las personas a vivir en un centro clandestino de detención (porque allí no se cumple con ninguna ley).
Son urgentes las estrategias de reducción del hacinamiento para que ayuden a mejorar el proceso de justicia penal y la calidad de vida de lxs privadxs de su libertad.
Mejorar la administración judicial es prioritario. Esto no se soluciona ampliando la cárcel o las plazas. Se debe garantizar una vida digna dentro del encierro.
Sólo en lo que va del año han habido ocho muertes en las cárceles de Córdoba esto tendría que haber despertado una alarma en las diferentes instituciones provinciales que les compete la vida y funcionamiento de un establecimiento carcelario.
Las muertes y torturas dentro de las cárceles son crímenes de Estado deben responder por ello.
Son personas y su trabajo es velar por su vida y sus derechos!!¡¡
No estamos dispuestos a dejar pasar estas atrocidades!¡!
Firman:
Familiares y amigxs de detenidxs y de víctimas de la violencia estatal.
Activistas por los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad
Frente antirrepresivo en lucha.
Cátedra de psicología social de la facultad de psicología.
Solidaridad anticarcelaria.
Centro de profesionales por los Derechos Humanos,