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El capitalismo  en su conformación histórica actual, tiene entre muchos caracteres la existencia siempre contradictoria, de  un fenómeno social específico que se visualiza como  una tensión dinámica entre un “orden” pretendidamente consensuado entre las clases sociales y sus grupos internos , que disciplina al conjunto y a la vez  genera  una diversidad sin precedentes en ese mismo conjunto humano con  un fraccionamiento simbólico, que coloca a las agencias institucionales estatales,  frente a la opción política permanente  de intentar recuperar ese orden y disciplinamiento social   en crisis como consecuencia de las dificultades que presenta la reproducción del capital , o decidirse a gestionar el “caos” que representa para el poder burgués  esa misma crisis.

Es decir, estamos constantemente entre la puja por reinstalar sin fisuras  y de manera consensuada por el conjunto social el modelo del  orden social capitalista  que en su momento histórico pretendió  conferir  seguridad a la población, entendiéndolo como protección física de las personas y de la propiedad que detente sobre sus bienes  y dotó desde esa estructura, de  sentido existencial a los sujetos que surgieron con los cambios y racionalidades de la modernidad, siendo ese extremo programático el  que se explica propagandísticamente por la reivindicación de la seguridad como valor  en sí , existente en tanto abstracción y no como efecto de lo real, por vía del señalamiento de su negación pragmática en los comportamientos sociales , por la denuncia y exaltación de su negación que es “la inseguridad”.

El otro extremo de la contradicción, que integra la puja a la que nos referimos ,  lo impone el propio capital alentando las diversidades , también en modo abstracto, es decir , desde la norma jurídica, con supuesta pretensión de protección de intereses específicos que lejos de ampliar las libertades democráticas , emplea como factor resolutivo de conflictos de esos intereses específicos con el conjunto social , a la propia norma penal, es decir, a partir del castigo punitivo como herramienta de consenso, que solo es pensable luego del sometimiento violento de una de las partes de la contienda.

En este contexto, ciertos íconos de la sociedad disciplinaria  capitalista por cuyo regreso se aboga, a partir de acciones propagandísticas  y actos del poder burgués nutridos de la lógica que impone la forma jurídica penal , son exhibidos como pancartas frente a lo que se busca individualizar como los sujetos peligrosos generadores del caos.

En otras palabras , se instaura de modo abstracto la dialéctica entre ley y orden negada presuntamente por un caos impulsado intencionalmente por personas que deliberadamente se orientan a constituirlo en la sociedad para beneficio específico.

        Iconos del orden capitalista según los paradigmas de la modernidad impuesta por la revolución democrática que protagonizó la burguesía para hacerse históricamente del poder institucional y constituir su Estado , tales como “la ciudadanía”, “el pueblo” o “la sociedad”, que remitían a ideas totalizantes y homogéneas fuertemente instaladas en las instituciones sociales, hoy con la crisis de reproducción que evidencia en la estructura productiva el capital, no alcanzan a ubicarse en ese lugar ideológico y naufragan a diario por la trascendencia misma de los hechos que dan cuenta de su negación

Dicho de otro modo , los derechos subjetivos declarados por ese mismo orden jurídico capitalista, por su misma crisis, no se constituyen en sí, por lo que es imposible corporizarlos en personas y eso impide hablar de “ciudadanos” con lo cual el propio sistema a perdido a su sujeto social impulsor.

Los nuevos sujetos no son fácilmente asimilables a las pautas que el imaginario colectivo asignaba, al “ciudadano”, esa persona que trabajaba, producía, ganaba su salario o su renta, pagaba sus impuestos, recibía una instrucción formal y expresaba sus puntos de vista a través del voto, en el marco de un sistema decisorio indirecto.

La nueva estructura social no hace más que poner al descubierto la crisis  generalizada de la sociedad disciplinar y de cada uno de los aparatos ideológicos y represivos del estado moderno. La prisión, la familia nuclear, pero también la escuela y las profesiones agonizan en una sociedad de control que barre con lo clásico, aunque desde el estado se siga intentando prolongar la supervivencia histórica de estas instituciones apelando a innovaciones modélicas de la cárcel, la industria, las fuerzas armadas y de seguridad, la escuela y hasta la familia, leída hoy como “familia extendida”.

 Frente a ese fenómeno, la reacción del elenco político burgués que gerencian los intelectuales orgánicos de la burguesía no ha dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la producción , las prestaciones de salud , las fuerzas de represión-“seguridad”, el ejército, la prisión: pero todos saben que estas instituciones están agotadas en sí por la mutación del entramado social, las particularidades que impone la lucha de clases  y específicamente por el cambio de objetivos de la burguesía centrado en imponer una nueva etapa de acumulación originaria a costo de la expulsión masiva a población económicamente sobrante de amplios contingentes de la clase trabajadora .

La coyuntura se concentra desde las acciones del poder estatal burgués. Sólo se trata de administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando a la puerta. En esos nuevos destacamentos se cuentan los políticos candidatos que, como único eje de campaña, apelan al discurso de ley y orden y señalan culpables según los territorios geográficos donde se desenvuelvan. Son las sociedades de control social punitivo explícito las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias.

En rigor de verdad, lo que los datos de la experiencia dan, y toman evidencian en el voto probablemente mayoritario hacia estas gestiones y políticas estatales, es que no aparece tan claro que los sectores medios de la sociedad perciban este estado terminal del orden capitalista tal como les fue conocido en otros tiempos.

Prisioneros de un fetichismo y un sistema de creencias hegemónico en los discursos sociológicos y jurídicos en nuestro país, esos sectores medios de la sociedad, más bien parecen seriamente esperanzados en que algunas de estas cosméticas “soluciones” puedan detener al monstruo del cambio social burgués hacia un consenso construido sobre las bases de una sociedad puramente represiva con restricción significativa de libertades democráticas.

La percepción estática de una realidad inéditamente dialéctica, en la que “nada dura para siempre”, y la recurrencia a utilizar racionalidades propias de la sociedad disciplinaria en el marco de las sociedades de control, encuentra su expresión emblemática, por lo brutal, en la actitud institucional que se asume ante las conductas que se dicen “desviadas”, tanto en el plano individual como de los grupos sociales.

El fracaso de estas políticas se pone de manifiesto a poco que se observe, cómo las mismas corren detrás de distintos clamores por “seguridad”, construidos de manera episódica y oportunista frente a circunstancias casi siempre graves, que dan la pauta de la entidad y las urgencias que plantean las nuevas “inseguridades”. se observan.

En este contexto y en forma contemporánea, el reformismo político de todo pelaje en el que se inscriben quienes se dicen poseedores de la condición de “izquierda” en la sociedad, se asoció a la militancia por el desarrollo de políticas públicas, desde el Estado, a quien hizo objeto de sus demandas y “movilizaciones”, olvidando de modo ideológico lo que implica el Estado en el orden burgués y en particular que este, es en sí, ese propio orden jurídico-social y el causante de las situaciones injustas que presuntamente requieren de esas “políticas”

Esa visión reformista oculta su complicidad estratégica con el objetivo burgués de, restaurar la disciplina y el orden sobre la base de la articulación de medidas puntuales, que muchas veces no resisten su confrontación con el paradigma sustancial de igualdad, libertad y fraternidad que es estructural a la sociedad capitalista, pero que tampoco terminan de conformar a los colectivos de víctimas.

Se inscriben paradójicamente en esta lógica de dominación cultural de la burguesía, las nuevas formaciones del retribucionismo extremo que marchan a diario en demanda de mayor rigor punitivo y “seguridad” que se lee exclusivamente como protección policial o de cualquier agencia represiva estatal.

De todo este fenómeno contradictorio en el que se debate nuestra existencia social es posible inferir no sin una cierta dosis de asombro por el triunfo ideológico que la clase dominante nos impone con rostro “sonriente y humano “, que la intervención punitiva ha fracasado en lo que hace a sus funciones formales y legales, pero ha sido, al menos transitoriamente, exitosa en el cumplimiento de sus finalidades simbólicas y políticas.

Hoy es difícil sostener discursos que nieguen la derrota de los míticos paradigmas de resocialización y reinserción social con lo que se oculta la violencia que implica para el hombre el sistema carcelario. Sin embargo es necesario no quedarse en la contemplación vacía y abstracta de  ese resultado frente a la supervivencia sin fundamento de la cárcel en sí  y en cambio avanzar hacia la comprensión sobre la forma o  manera en que a pesar de la crisis del capital,  se han cumplido históricamente los objetivos simbólicos del encierro, profundamente ligados a la reproducción de la gobernabilidad, facilitando la identificación y cooptación de los “delincuentes” que el sistema persigue ,  “demostrando” la eficiencia del mismo para la población de conjunto que lejos de cuestionarlo exige se prodigue en mayor desenvolvimiento de esas características potenciales . 

Los discursos políticos que tienen preferencia en el electorado atravesando clases sociales en sí, acuden a diseñar sociedades que han puesto en práctica una verdadera cultura de la emergencia y la expansión de sus sistemas punitivos, lo que se verifica con dramática incidencia en la Argentina, particularmente con relación a jóvenes ubicados existencialmente en el amplio espectro congregado dentro de lo que se conoce como población económicamente sobrante , atravesado por los escenarios culturales de la pobreza y miseria que el sistema solamente mide pero a la vez se revela incapacitado para su superación objetiva, pues estructuralmente es la causa eficiente de ese estar en el mundo de amplios contingentes de seres humanos.

  La farsa electoral no hace otra cosa que exhibir modos de acción de la política burguesa que permiten constatar como han penetrado en los espacios de la vida cotidiana actitudes de reproches y censuras contra todo aquello que no se adecua a un determinado comportamiento social que se juzga “normal” al que se idolatra y se promete volver a sabiendas que es la propia lógica reproductiva del capital la que lo ha dejado atrás.

Se hacen visibles entonces, buscando nueva aprobación por consenso electoral y voto en urna de un día domingo, unas formas alentadas desde la burguesía con poder suficiente para liderar empresas morales que quieren fabricar modelos concretos de comportamiento. Es así como una creciente cultura punitiva se manifiesta de forma vigorosa y quienes la reclaman desde la clase trabajadora y los sectores medios empobrecidos son partícipes inadvertidos de sus futuras y actuales consecuencias, expresadas a través del defensismo social que no hace otra cosa que reafirmar en plano de consenso esa tendencia hacia la construcción de una nueva hegemonía burguesa con eje en el castigo.

En otros términos, sosteniendo, apoyando, concurriendo a convalidar con el voto ese discurso de campaña orientado al modelo de orden y ley con sustento en el castigo punitivo y la acción represiva de las agencias del estado burgués predispuestas para tal fin, se caen bajo la disciplina de un único modelo de desarrollo y organización social. Un modelo promulgado desde la creencia de que cuanto más se desregule, menos se controle, más se liberé a las fuerzas sociales, entonces habrá más posibilidades de satisfacer los deseos y las aspiraciones individuales. Pero, la realidad de esta idea ultra liberal es contradictoria con sus postulados, ya que olvida intencionadamente que en ese supuesto mercado de libre intercambio se imponen los más potentes, aquellos con la fuerza suficiente para concentrar poder y dominar, amedrentar, acobardar, o aterrorizar con la desocupación laboral, las incertezas en el sistema sanitario, el deterioro de la educación pública o las dificultades para acceder a una vivienda digna. Un panorama que se podría resumir en pocas palabras: una mayor exclusión social. Son los rasgos dominantes de la desaparición de una cultura del Befare y de la expansión de la globalización capitalista criminal con sustento en la lógica de guerra social al “delito”.

No otra cosa exhibe Morales desde Jujuy , llamando a conferencia de prensa a días de una acción de protesta difusa pero significativa  de la clase trabajadora y otros sectores oprimidos de la población , por mejoras de salarios y protección de derechos sobre tierras frente a las consecuencias que se infieren de la reforma constitucional impuesta con votos de los partidarios de Morales, el peronismo local- con referentes del Massimo-  y la fuga del recinto de debate de los congresales electos por la clase trabajadora para que defendieran sus intereses a través de la boleta del FITU, quienes lejos de tomar esa labor para la que se postularon decidieron retirarse sin usar esa asamblea para dar voz a los sin voz sobre aquello que estaba ocurriendo .

En esa conferencia de prensa Gerardo Morales anunció (según informa hoy el sitio “el cohete a la luna”) que ya tiene 150 detenidos, y que les caerá con penas que llegan hasta los 25 años de prisión y multas de hasta dos millones y medio de pesos- Para esto dijeron que se trató de un golpe institucional, de «delitos practicados con una virulencia majestuosa» contra la Constitución que prohíbe las protestas y que estaba en vigencia, suplida por los artículos del Código Penal, pertinente por su falta de reglamentación en esa fecha.

• Hasta 25 años de prisión y reclusión por el ataque a la legislatura, «el recinto más sagrado que tiene la democracia».
• Hasta 25 años, el secuestro de tres efectivos policiales en el acceso a Purmamarca.
• Hasta 20 años por el ataque al Concejo Deliberante de Humahuaca.
• Hasta 20 años por instigación e impedimento de la libre circulación,
• de 10 a 25 la privación ilegítima de la libertad.
• de 1 a 6, la sedición,
• de 2 a 8 años la tentativa de homicidio,
• de 3 a 15 el estrago doloso,
• 3 a 4 años los daños a bienes de uso público,
• de 6 meses a 2 años el atentado contra la autoridad,
• de 15 días a 1 año, la resistencia a la autoridad,
• de 6 meses a 2 años, las lesiones leves,
• hasta 5 años por el impedimento y estorbo de los servicios de salud, impidiendo el paso de ambulancias,
• de 15 días a 6 meses el estorbo funcional.

Por fuera de este ejemplo de como aborda el orden social capitalista en crisis con su modelo represivo -que primero violenta los cuerpos físicamente y luego los somete con la norma penal- ,  los efectos de una protesta social necesaria, en una situación en que el propio estado provincial Jujuy admite un cierto estado deliberativo en sus fundamentos al llamar a una reforma de su norma constitucional superior,  se puede ejemplificar lo dicho incluso desde situaciones individuales de la vida cotidiana, donde se interviene con igual formato.

En ese sentido, no hace mucho tiempo atrás, un juez, dictó la prisión preventiva a dos “trapitos”, de 24 y 27 años, explicando a la prensa el fiscal actuante, “que las denuncias de los vecinos fueron clave para avanzar con este “caso”.

 Siguiendo el mismo modelo y con fuerte tendencia según indican encuestas de ser electo, el precandidato a concejal por el frente “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Federico Lifschitz se refirió de manera contundente sobre la actividad realizada por trapitos o cuidacoches en la ciudad de Rosario. “Los trapitos que utilizan la extorsión como presión para obtener dinero de quienes dejan su auto en la vía pública deben estar presos”,

      Por fuera de estos ejemplos, esta en plano de evidencia que esta situación se agrava con las sanciones que se aplican a los desobedientes, a los insumisos, o simplemente los rebeldes. Y quienes no se someten a las leyes del mercado que penetran en todos los ámbitos de la vida, resultan rechazados, excluidos y marginados. Una actitud que afecta con mayor dureza a aquellos sujetos o grupos pertenecientes a sectores étnicos o religiosos diferentes al dominante. De la misma manera se actúa respecto de quienes no participan en las opciones de vida del modelo heterosexual, o simplemente no se identifican con los viejos esquemas de lo masculino y lo femenino.

De esta manera, las pautas sobre las que se sustenta el orden social se fundamentan en la exclusión social generadas por el desarrollo objetivo de la reproducción del capital en países de capitalismo tardío y dependiente como lo es Argentina. Están cargadas de una ideología discriminatoria repleta de prohibiciones y castigos. Y la reproducción de estas pautas se apoyan en el desinterés y la inhibición que muestra gran parte de la población que, desde la simple complacencia, pasa ahora a avalar con el voto dentro de la farsa electoral montada en gran parte con ese objetivo, las herramientas represivas del poder burgués. Se conforma una suerte de consenso implícito de similares alcances, aunque en diverso escenario, con el comportamiento que asumieron los sectores medios frente a la represión descargada en formato de práctica genocida por la última dictadura cívico-militar, encubierta bajo el paradigma “algo habrán hecho”.

Sin una resistencia fuerte planteada desde la vanguardia de la clase trabajadora organizada en torno a la construcción del poder obrero y el despliegue revolucionario del programa socialista, esa ideología tiene una inmensa capacidad de penetración, sobre todo si se ve aumentada por el actual sistema de medios de comunicación. Estos instrumentos o aparatos estatales simbólicamente predispuestos para la solución de conflictos, como se dice del sistema penal, son pertinentes a semejante expansión ideológica. Aparatos surgidos de la Modernidad para alcanzar fines muy concretos y que, ahora en estos tiempos de crisis de reproducción del capital, se aplican para intervenir sobre conductas o situaciones problemáticas, sin entidad punible por sí, pero que se construyen socialmente como verdaderos delitos.

Así las cosas, la vida cotidiana se ha transformado en un contraste continuo entre una lluvia de incitaciones «positivas» a ciertas actividades que implican un autocontrol -como la práctica del deporte, la adquisición de bienes, el consumo de drogas legales…- y que conllevan una cadena de mensajes represivos que la sociedad reproduce y amplifica. Con ello se explica que amplios sectores sociales reclamen más dureza para aquellos sujetos que, precisamente por no comportarse ni expresarse dentro de los límites del consenso social hegemónico, ya están inmersos en una serie continuada de exclusiones.

La demanda de penas más graves -incluida la de muerte-, de una mayor dureza policial, de mayor severidad jurisdiccional, de más cárcel, son muestras de esa cultura punitiva con la que toma cuerpo la construcción de nueva hegemonía cultural por parte de la burguesía y su poder estatal que cada vez invade más todos los rincones de la sociedad. Mientras tanto, se instala como naturalización el carácter selectivo de la aplicación de la norma penal, haciendo que por todas las vías procesales y políticas se entorpece la aplicación de esas mismas normas para aquellos comportamientos que desde estamentos estatales afectan las libertades democráticas individuales de las personas.

Prueba dramática de esto último lo da el hecho de que los funcionarios de la provincia de Jujuy ligados a la investigación de la acción de las fuerzas represiva en ese territorio, hayan usado las denuncias de personas que resultaron lesionadas, para imputarles a su vez a la denunciante participación en los hechos ocurridos en la legislatura, diciendo que sus propias lesiones prueban su presencia en ese lugar sin explicación razonable.

Las formas de la construcción de una inseguridad limitada a la posibilidad de ser víctima de un ataque, ha exacerbado a su vez una lógica binaria a la que se recurre invariablemente para resolver los problemas derivados de la conflictividad. La lógica de la enemistad frente al “peligro” que representa el “otro”.

El prejuicio y el antejuicio como construcciones ideológicas necesarias e imprescindibles para esta herramienta de dominación clasista, se construye así, a partir de dos elementos: la presuposición del acometimiento y la convalidación de la existencia en la sociedad de sujetos “distintos”.

“El otro”, el que puede atacarnos, pasa así a formar parte de las intuiciones colectivas como la síntesis de un proceso de degradación social estructural y se representa como el origen de todos los males. El  poder burgués por vía entre otros mecanismos del discurso de los intelectuales que son funcionales a esa clase busca naturalizar con nueva hegemonía cultural que la atención  a la siempre difícil convivencia entre el miedo y las libertades se resuelva por vía de la represión punitiva , la exacerbación de la lógica punitivista y  la utilización de los medios de comunicación de masas fomentando la creación de  una opinión pública mayoritaria que favorece decisivamente la asunción de la realidad en términos de enemistad sociológica.

El poder burgués estatal, poseedor en sí por justificación legal de la posibilidad exclusiva del uso de la violencia, se retroalimenta y legitima en la búsqueda pertinaz de consensos a través de miedos colectivos que faciliten la obtención de proyectivos sociales en las instituciones más visibles del sistema.

Estamos frente a la necesidad de contrarrestar en los hechos político criminal de “hacer algo”, incluso “antes de que pase nada”, afirmado en la convicción de que el infractor, el distinto, el otro, el marginal, “seguramente atacará” que busca naturalizar la política burguesa por todos sus mecanismos.  A esto se recurre linealmente no solamente en las instancias propositivas de política criminal, sino también en el proceso de construcción de las decisiones judiciales que deben “resolver” estos conflictos.