NUEVO CURSO
En las últimas semanas, asistimos dentro del murmullo generado por las incidencias de la primera etapa de la farsa electoral, a la reproducción de un discurso y actitudes que lo acompañan de modo abierto o simbólico y se concentran en la reverencia profética del sistema de “premios y castigos para el conflicto social, exaltados y justificados por los habituales adoradores de “la ley y el orden”, “la mano dura” y “la tolerancia cero”.
Se instala mediáticamente con imágenes a las que se sobredimensiona, asignándole en forma fraudulenta, la condición de prueba irrefutable como ilustrativas y probatorias de “saqueos”. Luego se afirma precisamente sin pruebas, que se está en presencia de delitos, se ensaya la aplicación al caso de una específica figura delictiva, se dice que tiene una pena grave y acto seguido se concluye en que a esto nos ha llevado “el “garantismo” y “el abolicionismo”
No se trepida incluso de lo temerario que implica decir que “el abolicionismo nos está degradando como sociedad”
Se le dicta y se expone a familiares de víctimas para decir ante el micrófono que fuere, que consideran insuficiente condenar a un ser humano a más de veinte años de cárcel bajo la afirmación dogmática que “la culpa de la inseguridad la tienen los jueces garantistas y abolicionistas”
Todo esto exhibe una perversa campaña de desnaturalización y desinformación proyectada hacia la construcción de una ignorancia generalizada bajo una apariencia de saber y realismo que termina con el encierro o la muerte de personas que se ubican en el amplio margen de la pobreza y la miseria.
Buscando desde el propio perfil de esta página que dificultosamente produce Nuevo Curso, exponer otra versión de todo cuanto proponen los cultores de la mala fe con la producción de mercancía ideológica, lo primero que queremos indicar es que el abolicionismo penal no admite por sus premisas constitutivas como relato teórico, su identificación con el llamado “garantismo” que se nutre de otras categorías conceptuales y se ubica como herramienta de un objetivo político ubicado en la reducción de poder punitivo y vigencia de garantías incluidas en la norma constitucional, que nada tienen que ver con las matrices generativas del abolicionismo. En definitiva, la primera jugada ideológica del poder burgués es identificar como iguales a lo diferente y esencialmente diverso, para dar a ambos idénticos tratamientos degradante.
El abolicionismo no parte de la noción de delito buscando reducir los efectos “perniciosos” que devienen en la aplicación del castigo sobre quienes son ubicados como productores de esa acción prefigurada en norma prohibitiva como tal.
El abolicionismo, no justifica la materialización de las conductas catalogadas como “delito”. Tampoco justifica a las personas que llevan adelante estos comportamientos. El abolicionismo penal no busca que se simpatice con las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad.
No obstante, eso no impide plantea como premisa básica el fracaso de la cárcel y cada una de las herramientas del sistema penal (e instituciones afines) a la hora de considerarlo como un instrumento o herramienta para la superación de los conflictos sociales, porque el proceso histórico no exhibe ese resultado es decir no genera desde el sistema pena-cárcel, ninguna consecuencia positiva, y por el contrario genera muchísimas consecuencias negativas.
Por lo demás las instituciones penales y el sistema carcelario no son neutrales, en la medida que constituyen parte y funcionalidad del Estado y este a su vez un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase de la sociedad capitalista, por eso “…la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política…” (Marx, K. (1867). Crítica al Programa de Gotha) y desde esa perspectiva se termina por concluir que el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa” (Marx, K. El Manifiesto Comunista).
Todo esto nos lleva a sostener , que toda perspectiva que implique un posicionamiento político respecto al posicionamiento frente a una modalidad del conflicto social que implique la afectación de bienes considerados necesarios para la reproducción social desde la vida , la salud, la integridad física, a la propiedad de objetos y que señale un qué hacer sobre el particular, necesita partir de esta construcción también política respecto de lo que significa el Estado y la incidencia específica que tiene la ley histórica y social de la lucha de clases en los fenómenos que emergen de las diversas relaciones que se establece entre los sujetos entre sí y de estos con el Estado o viceversa.
De esta manera, el derecho penal, las cárceles, las instituciones de encierro en general, son en sí un fenómeno político y nunca un fenómeno individual reducido a los sujetos que protagonizan tal o cual acción en particular.
En relación con lo antedicho, el abolicionismo penal implica destacar en sentido superador del discurso emergente de la clase burguesa dominante y explotadora desde las normas de su poder estatal que el sistema penal perjudica de igual manera a victimarios y víctimas de aquello que previamente considera como “delitos” en tanto estas últimas desde ese modelo no reciben reparación alguna de aquello que afirman les ha generado un daño. Incluso en la lógica primaria del “ojo por ojo”, el titular del “castigo” es el Estado y sus instituciones y no quien haya perdido “el ojo”
Necesariamente el sistema penal debe interpretarse únicamente como una suerte de organización burocrática de la venganza. Bajo ningún punto de vista cumple con ninguna de las funciones que habitualmente suelen atribuírsele. Desde el sistema penal no se previenen delitos, no se reinserta socialmente a las personas que los cometen ni nada que se le parezca, ni tampoco se repara el daño causado individualmente.
El sistema penal en sentido inverso de la formación de sentido común propuesta por los aparatos de poder de la clase dominante, lejos de dar seguridad genera inseguridad en la medida en que es uno de los principales generadores de violencia de las sociedades contemporáneas al multiplicar en los hechos: desigualdad, exclusión, marginalidad y resentimiento.
La mejor manera de consolidar un paradigma no punitivo, es a través de la elaboración progresiva de alternativas concretas al actual sistema penal, que partan de la impugnación, abolición y superación del Estado desplazando del poder a la burguesía. Otro modelo de ordenamiento social, centrado en la superación de la manera en que se organiza la producción de bienes y servicios, generador de otra construcción subjetiva que hace nacer hombres y mujeres nuevos, son la premisa necesaria para la determinación colectiva y material de terminar con las cárceles y el sistema normativo que les da aparentes fundamentos.
Todo esto implica una acción política, táctica y estratégicamente concentrada en la instalación del poder obrero con programa socialista llamado a futuro a desaparecer como “poder”, que implica una necesaria transición habilitadora de alternativas organizativas frente al conflicto social, donde la víctima sea escuchada y ocupe un rol central y donde el victimario no sea tratado como un residuo cloacal.
Terminar con el poder burgués y su forma jurídica: el Estado es el objetivo estratégico que le da realidad y no abstracción utópica al abolicionismo en su fusión final con el programa socialista. Esto implica no otra cosa que acabar con las jaulas para humanos, a las que habitualmente se las conoce como “penitenciarías”, y a partir de este repudio la elaboración colectiva de métodos superadores y más efectivos, beneficiosos para todos los protagonistas de la controversia en cuestión.
Insistimos en que ese fenómeno no admite realización concreta en el orden social capitalista donde la cárcel es un elemento disciplinador y funcional a la estructura del poder burgués opresivo y su reproducción social cotidiana. Una nueva sociedad elevada sobre la superación del capitalismo es gestada y gesta nuevos hombres, con responsabilidad para la comprensión del sentido de la libertad, y la emancipación de todo poder opresor.
Todo lo dicho señala en el tiempo histórico presente, la necesidad de incorporar dentro del programa socialista el paradigma que llama a descreer absolutamente del sistema penal y en consecuencia lograr su desaparición con la abolición del Estado de la burguesía. Mientras que todas las revoluciones anteriores han “perfeccionado” reforzado la máquina del Estado, “la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines”; en cambio, debe destruirla, quebrarla, arrasar con ella. (Lenin. El Estado y la revolución)