NUEVO CURSO
“Con ‘Ciudades sin Miedo’ buscamos convertir el miedo en esperanza”. Juan Monteverde.
“Estamos a tiempo de llevar adelante un plan de seguridad que nos permita tener progresivamente mayores niveles de seguridad” aseguró Pullaro, y enumeró una serie de acciones concretas: “En primer lugar coordinar con el gobierno nacional un comando operativo conjunto con las fuerzas federales para bajar los índices de violencia de Rosario, también llevar adelante los procesos de reforma de la Policía de Santa Fe para ganar eficiencia en la prevención y las investigaciones, y también sentar en la mesa a la Justicia para frenar a la criminalidad organizada con todos los poderes del Estado”, concluyó Pullaro”.
Hemos acudido a estas citas textuales de dos candidatos santafecinos, para exhibir una muestra concreta de como en el desarrollo del proceso social que se contiene en la farsa electoral a la que asistimos los trabajadores , por fuera del discurso economicista y como si le fuera ajeno a todas las relaciones discursivas que se hacen en torno de la deuda , la devaluación y la inflación consiguiente, se populariza bajo el nombre de “problema de la inseguridad” en combinación con la exaltación de la sensación de miedo como tema central de las dificultades que se deben afrontar en la vida cotidiana, generalizándola y extendiéndolo a todos sin determinación de como el fenómeno opera en la clase social en la que se sitúa cada ser humano en esta sociedad argentina..
Un ejemplo claro de la forma en que se plantea a los trabajadores el pretendido encadenamiento inseguridad-miedo, se ve por ejemplo en el pretendido proyecto colectivo de una “sociedad sin miedo” o “un país seguro”. La propaganda en cuestión no está sola en el escenario proselitista farsesco. Todas las expresiones electorales,se definen claramente por dar centralidad a la cuestión del tándem inseguridad-miedo, incluyendo al abundante menú de “progresistas”, quienes la ubican como, una de las más acuciantes demandas sociales de la época.
Desde este contexto, la presentación por apariencias desde lo mediático del fenómeno en sí, se ha convertido en uno de los ordenadores de la política nacional, cobijando confusamente, bajo ese rótulo, un amplio conjunto de cuestiones, como delincuencia, policía, espacios públicos, prostitución, justicia, legislación penal y contravencional, políticas migratorias, asistencia social, escuela, familia, y un larguísimo y heterogéneo etcétera.
Y, al impulso de esos debates, se genera y propagandiza una “soluciones” madre, que es la respuesta represiva y la naturalización como lógica consecuencia de los efectos de esa acción política, del castigo carcelario. Se pide incluso que ese castigo tenga el estándar común de que sea en cárcel común, admitiendo tácitamente con ello que a la privación de libertad que se reclama se le sume el castigo adicional de condiciones inhumanas e indignas de existencia en el encierro objetivamente desubjetivizante, para el interno de esos centros del infierno en la tierra.
Sin embargo, a la reproducción ampliada de esa cultura represiva con eje en la punitividad, también subyace bajo el discurso político que introduce el encadenamiento inseguridad – miedo, la ideología centrada en el modelo según el cual las relaciones intersubjetivas de la sociedad civil deben estar presididas por un formato de vinculo que debe ser imperiosamente seguro. Se habla entonces de un “vivir más seguros”. Para ese objetivo, se adiciona a la respuesta represiva con fundamento puramente en la venganza, la necesidad de modificar conductas que otorguen seguridad frente al “otro” que es exhibido como sujeto peligroso, buscando que ese defensismo social genere a la vez cambios en el espacio urbano y en la vida cotidiana.
Esto explica el “asombro” y el uso mediático, por la muerte de una persona en una “zona segura de CABA”. ¿cómo puede ser que, en ese lugar, un espacio territorial de “gente bien”, se dé semejante agresión? ¿dónde estaba el secretario de seguridad de la CABA? ¿Cómo no llegó la ambulancia a tiempo? ¿Y las cámaras de seguridad? Es que toda esa mercancía ideológica pierde ante la realidad toda su necesaria condición fetichista y se muestra impotente frente a un fenómeno expresión del conflicto social que excede a toda esa parafernalia de falsa conciencia, que vende la sociedad de control y vigilancia funcional a la sociedad de clases que engendra y reproduce el orden social capitalista, institucionalizado en el poder burgués estatal y su uso legitimado de la violencia, sea esta física, institucional o simbólica.
Este modelo cultural que lo único que finalmente resuelve es como se hace el conteo de víctimas pero nunca supera el conflicto social que en definitiva deviene funcional a sus intereses , tiene un fundamento filosófico que no es otro que la promoción del el individualismo encubierto bajo un formato de pretendida libertad que estaría imponiendo por sobre todas las cosas la autopreservación, que termina fomentando el aislamiento y el encierro a “lo pandemia” con altos muros con alambres electrificados y la personal de seguridad privada .
Los cambios sobrevenidos de la mano de la “inseguridad”- “el miedo” y la incapacidad de la ideología dominante y su economía criminal para superar el fenómeno en sí es un hecho que en realidad no interesa al poder burgués que se nutre de ese escenario y justifica con ello su reproducción y existencia violenta. Esa continuidad del fenómeno y su expansión en el tiempo deja ver que no está planteado en la realidad en términos de guerra al “sujeto peligroso” previamente estereotipado o predefinido.
En paralelo, se también se deja ver el fenómeno económico, pero no se lo destaca dentro del discurso burgués dominante, centrado en el encadenamiento inseguridad-miedo, ya que, en el marco de la crisis mundial, sobreviven incólumes las empresas de vigilancia, las proveedoras de cámaras de seguridad, los fabricantes de puertas blindadas las armerías, y fundamentalmente la mercantilización de objetos robados o ventas de sustancias estupefacientes.
Estamos frente al desarrollo de una sistemática campaña de ley y orden que ocupa el discurso y el debate político argentino, partiendo de su aceptación y su naturalización con lo que todas las respuestas que se insinúan giran en torno a la recepción naturalizada de la cadena inseguridad-miedo artificiosamente trasladada como relato de verdad.
Esa planificada campaña se asienta sobre la necesidad de erigir un nuevo enemigo interno de indefinición móvil en el otro socialmente distinto y carenciado, que permite
conseguir consenso en las capas medias, brindando la necesaria legitimidad a la inevitable represión que debía
neutralizar las luchas que se visibilizaban, o que se pudieran oponer a esa ideológica naturalización.
Apuntes diversos dan cuenta La burguesía lanzó la estrategia de mostrar al conflicto social como delito y a indicar como sus protagonistas a personas cada vez más jóvenes
La “amenaza de la delincuencia” es hoy aceptada y naturalizada como fundamento para generalizar un hipotético enemigo social y debilitar los procesos incipientes de oposición, o, en todo caso, para forzarlos al interior de un más restringido encapsulamiento. El argumento del crecimiento de los delitos, y la amenaza que se agita en torno a ese crecimiento, tienen su punto de localización estratégica en la naturalización y aceptación por consenso social mayoritario expresado en el voto, de la cultura represiva y el ejercicio por la fuerza o violencia del poder burgués sobre la población.
Dicho, en otros términos, cuando políticos, policías y comunicadores hablan de “delincuencia” (y piden castigo, mano dura, cárcel y facultades extendidas a la policía), están señalando además que el estereotipo del. “Delincuentes” contra el que hay que desenvolver una guerra, son, exclusivamente, los grupos sociales que producto de la reproducción capitalista en crisis han caído en la pobreza y la miseria con su correlato de marginalidad y acceso imposible a la economía formal.
La construcción de la idea de “delincuencia” no se agota en su localización clasista. La policía, y la mayoría de la
prensa, difunden, además, una imagen que nos convoca a pensar la “delincuencia” como un grupo perfectamente organizado, cuyos miembros se reconocen entre sí, y que actúa homogéneamente con cierta habilidad logística
Sin embargo, las poblaciones carcelarias dejan ver objetivamente que el gran conjunto de sujetos perseguidos, acusados o condenados por el sistema
penal son miles de marginados por la sociedad capitalista, dotados de bajo nivel de instrucción, jóvenes en mayoría, con severas dificultades para actuar colectiva y eficazmente aun en grupos pequeños, que fracasa reiteradamente en sus ataques a la propiedad ajena y suele terminar purgando largas condenas.
El fenómeno del “gatillo fácil” –como el saldo más negro de una política de control y disciplina miento violento de las masas, diseñada desde el poder y ejecutada por las policías– es, una necesidad fundante de todo
Estado que administre una sociedad dividida en clases, y que, por ello, necesita reprimir para garantizar la
explotación.
También es necesario destacar que a medida que se modifican los escenarios en los que se desarrolla la lucha de clases, también son diferentes los dispositivos de control social a que apela el poder, y varía la forma de articulación de los mismos entre sí. Es que, junto a la coerción directa, hay etapas en las que los gobiernos priorizan el uso de métodos que sean más sutiles, menos cuestionables por su brutalidad, o, mejor aún, que, además de no ser cuestionados, sean aplaudidos y reclamados.
Lo concreto es que la campaña electoral se asienta en la acción del sistema penal y su naturalización tanto por sus efectos como por la explicación ideológica de sus fundamentos, cualquiera fuera la versión de los candidatos que ocupan cada uno un tercio de quienes han ido a vota en las PASO. Hay en última instancia un mensaje discursivo congruente para instalar un comportamiento social basado en el “defensismo social” orientado a que el modelo de vida de los sectores medios y los grupos concentrados de la burguesía viva a partir del tándem inseguridad-miedo, enrejada y encerrada simbólica y materialmente montando un escenario clasista que sienta la necesidad de una fuerte y permanente presencia policial, y acepte la solución judicial-punitiva para el enfrentamiento de problemas de inocultable origen social. En otras palabras, la campaña electoral no solo llama obligatoriamente a elegir al personal político que gestiona los intereses de la burguesía, busca además por esta vía, obtener los votos que dan un presunto consenso para imponer ideas y valores, difundir mitos, ocultar problemas, frente al conflicto social.