NUEVO CURSO
La expresión «cultura del miedo» era relativamente novedosa en los años noventa; con todo, consiguió poner en palabras un sentimiento generalizado de ansiedad e incerteza que hoy es utilizado en el formato político de la farsa electoral a la que nos obliga el orden legal constructor del modelo capitalista y la dominación de la burguesía de conjunto como clase social.
El miedo y la cultura han pasado a estar fuertemente entrelazados por vía de un hilo conductor que es la incrustación ideológica de la noción de delito y su correlato en “inseguridad “, y castigo punitivo.
El esquema conceptual es básicamente la afirmación en abstracto y generalizada de una sensación expandida sobre el conjunto social. Así es factor dominante y premisa sobre la que no se permite discusión, que “la sociedad tiene miedo”- Pero no es toda la sociedad sino la sociedad de los probos, a los que se les oponen los sujetos peligrosos construidos bajo diversos estereotipos todos reunidos para conformar una población cautiva sobre la cual desencadenar la “guerra contra el delito”
Sin embargo, la comprensión de las causas y los factores que motivan el crimen, exige ir más allá, del individuo catalogado como delincuente en su conformación biológica y psicológica. Esta visión del problema la impuso el juego combinado de instrumentos políticos y mediáticos tomados ambos, como elemento de la cultura dominante.
Los discursos relativos al delito, partiendo de la premisa fundante de esta categoría conceptual y legal diseñada por sobre el fenómeno social en sí, que no es otro que “un conflicto” en la vida relacional de las personas.
A partir de la aceptación generalizada de dar forma jurídica al conflicto generando una categoría que da nacimiento al derecho penal desde la modernidad capitalista , se acude luego , con enfoque clínico basado en disciplinas como la medicina, biología, antropología y psicología, todos esos vectores conceptuales con sus categorías y métodos específicos, tuvieron el papel cultural de servir de justificación o pretendida fundamentación “científica” para dar cuenta ideologizada según el interés burgués dominante del origen y razón de ser de la criminalidad.
Todos esos espacios de “saber” religiosamente ponderados asistieron, auxiliaron al esquema represivo punitivo que se estructuro desde la forma jurídica específica del derecho penal a partir de la instalación de normas prohibitivas y la institución en ese caso de la amenaza de pena, luego concretada a través del proceso penal.
Se convirtieron, al igual que la Criminología positivista, en simples herramientas funcionales para la reproducción ideológica, es decir para que la clase hegemónica continuara con sus privilegios mediante la explotación de las clases marginadas.
En estas, como en tantas otras cosas, el objetivo de un orden social justo, con base antropológica, sustentado en relaciones sociales libres, impone superar la ideología reproductiva del modelo económico capitalista. Es que si abandonamos ese aparato ideológico y su visión reduccionista es posible cuestionar postulados establecidos como únicos y no sujeto a crítica por ese discurso dominante, rompiendo así con las premisas que emergen con fundamental relevancia desde los medios de comunicación.
Así visto, el problema relativo a la construcción y captación de una realidad social, dentro de la categoría conceptual delito, sus definiciones normativas en “tipos penales”, y su traducción mediática por la noción de inseguridad, admite un desarrollo dialéctico, en tanto el discurso positivista antes enunciado, ha venido siendo contrariado por otras concepciones que lo niegan en su esencia, pero que no alcanzan a superarlo, con lo que la pervivencia de las tesis primigenias elaboradas por esa corriente de pensamiento perduran bajo distintos paraguas, que aún le otorgan sobrevida.
Es por todos conocido que, hacia fines de los años 60, y principios de los 70, en el siglo pasado y con desarrollo mundial se gestaron movimientos sociales de protesta y de rechazo al régimen capitalista. Estas expresiones en el plano de la lucha político-social tuvieron su correlato la crítica criminológica al paradigma positivista, circunscribiendo la cuestión en el plano del conflicto social ínsito en el fenómeno delictivo.
Se gesta así, en ese polo antitético, una suerte de unanimidad en el “no”, a la estrategia dominante de pensar y abordar el crimen como algo que se dice del hombre o se atribuye a algunos hombres, en tanto individuos desviados, inferiores, con deficiencias psicológicas y fisiológicas que los predisponen al delito, confrontándola con un abordaje de las causas del crimen en el hecho social, con base en la sociedad de clases y la naturaleza patriarcal de estas.
Sin embargo, – el tiempo histórico nos facilita la observación- , esa experiencia de oposición no alcanzo la síntesis superadora , en tanto al consumarse en las décadas del 80-90 la derrota de las luchas emprendida por toda una generación de jóvenes de la clase trabajadora y ulteriormente la globalización capitalista, los espacios para su desarrollo , se vieron acotados en su objetividad y fueron , en sentido contrario, propensos a la imposición de un discurso reformista, que termina por construir un neopositivismo criminal, con apoyatura en los estereotipos impuestos por el discurso mediático, de lucha contra el delito y exacerbación del discurso atinente a la inseguridad, al que solo se le opone la posibilidad de buscar de manera táctica la reducción del poder punitivo por vía de las garantías que puede ofrecer un método de construcción analítica de la figura delictiva y la participación criminal por vía de los jueces al que de modo al menos intrépido se le denomina “garantismo” .
Una vez más, la falta de visualización del problema del Estado, y con él cuanto atañe a la necesidad política de su transformación con eje en la modificación de las relaciones de producción, hizo mella en lo loable del planteo, para marcar con rigor de tragedia sus carencias y su reducción en la demanda de adecuación del conflicto social como tal, por fuera de la norma punitiva.
Es así que hoy tenemos nuevamente que insistir en premisas que pudieron ser aceptadas culturalmente por los sectores explotados y oprimidos en otros tiempos históricos incorporándolas a su programa de lucha social transformadora de la realidad, pero que hoy no aparecen en las demandas de la clase trabajadora. Se trata de hacer nuevamente visible el problema en el plano político a partir de que necesariamente es el poder burgués estatal uno de los elementos necesarios del fenómeno.
Hoy teniendo presente estos aspectos, y retomando lo andado, en condiciones ideológicas y culturales desfavorables, se hace necesario mostrar el crimen o la criminalidad como emergentes de una construcción social basada en la sociedad de clases y la consecuente estratificación social, resultante de relaciones de dominación y no como un comportamiento aislado de un individuo.
Hoy es posible ubicar en el plano de lo objetivo traspasando lo ideológico subjetivo, que todo sistema político que gestiona relaciones de explotación y opresión sobre el conjunto social, existe con un mínimo consenso, en tanto impone y naturaliza mecanismos de control social, con múltiples y variadas formas de manifestación, por lo que, en ese contexto lo que se conoce como “delito” es en gran parte, la resultante de las contradicciones y de la violencia estructural que el mismo sistema propicia.
“El Estado capitalista es el producto natural de una sociedad dividida por clases sociales. La necesidad del Estado sólo surgió con la aparición de una división del trabajo basada en la explotación de una clase por otra y con la desintegración de la sociedad comunal. La nueva clase dominante creó el Estado como un medio para mantener al resto de la población a una sumisión económica y política» (Young, Taylor y Walton, p. 250 Criminología Crítica. Edit. Siglo XXI)
En otras palabras, son las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales las que determinan de manera arbitraria y funcional, la caracterización de una conducta como delito y de una persona como delincuente.
Podemos observar el problema desde plano diverso, si apelamos a un análisis que construye la noción de delito, como una de las tantas manifestaciones de un sistema de producción y la relación de poder intersubjetivas que esta gesta. Si ubicamos al crimen en la naturaleza del mercado capitalista, en la estructura de clases donde sistemáticamente se frustran los ideales meritocráticos que sirven para legitimar al sistema, y dentro de los valores centrales del individualismo competitivo que moldean y guían las frustraciones e ira de las personas, podemos encontrar una vía de intervención clasista y socialista.
Desde allí, es sustancial la pregunta sobre las condiciones que determinan la distribución de riquezas, ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres? ya que no sólo delinquen los pobres, sino que las personas con alto grado de ingresos económicos igualmente delinquen, pero no son reprimidas. ¿Cómo explicar tantos delitos de cuello blanco?, ¿cómo explicar la corrupción, dentro y fuera del Estado?, ¿cómo entender que el medio ambiente es aniquilado por empresas monopólicas?
Dentro del capitalismo el objetivo primordial es el consumo por lo tanto la producción está orientada a la generación de mercancías. El capital organiza la sociedad con base en producir más y en consumir más, con un regulador formal del intercambio que es el dinero, que por su trascendencia debe ser obtenido sin importar los medios.
Siendo el dinero, reputado como mercancía que da inicio y fin de la existencia del ser humano esta premisa produce rupturas sociales que abandonado el valor justicia, permiten la explotación del hombre por el hombre, destruye la solidaridad y alimenta un exacerbado individualismo
En este contexto es perfectamente comprensible la posibilidad de la empresa cuyo objeto de emprendimiento es la afectación de bienes sociales, en tanto la misma no se diferencia del resto de las empresas capitalistas, sino en la entidad del producto que elabora-
Dicho de otra manera, esta base material de mercantilización de la vida social y la constitución fáctica de la relación humana que implica la venta de fuerza de trabajo y su compra por el pago de un salario permite incluso un emprendimiento que exhiba objetivos sociales legítimos desde los cuales, consumar conductas lesivas de bienes sociales.
Basta apreciar en este sentido, el predicamento en jóvenes de clase trabajadora proyectados por el mercado y su dialéctica a la franja de desocupados y consecuentemente engrosando la población sobrante incorporarse a las estructuras delictiva empresariales. Maravillados por el acceso a bienes que no son de su capacidad económica, corporizan esas conductas que son mucho mejor pagas por la economía informal y criminal.
Todo esto exhibe un fallo ideológico en el proceso de conocimiento del fenómeno del conflicto social analizándolo exclusivamente sobre la pobreza y no así desde la riqueza como factor predisponente de la criminalidad.
La realidad muestra lo inverso, es decir, que esa segmentación del fenómeno es resultado del discurso ideológico capitalista (en el sentido de falsa apreciación de la realidad) con base en la necesidad de dominación de la clase hegemónica sobre las masas conglobadas en la clase trabajadora en sí.
Desde ese plano se gesta socialmente y se naturaliza por reiteración mediática y penetración ideológica, una asociación entre la falta de desarrollo psicosocial (inferioridad), la pobreza y la consecuente inadaptación a las normas sociales y por otro lado de forma paralela, se crea una disociación entre la empresa capitalista y sus delitos con sustento en la acción legitimadora del Estado.
En el mismo orden de ideas, se observa a los individuos como únicos responsables de los llamados delitos y con ello se elimina de facto la influencia de la dialéctica estructura superestructura y con ello la relación de los explotados y oprimidos con la burguesía dominante y su poder.
El punto de partida de una práctica, militante modificadora del orden social capitalista, con base en el abordaje del fenómeno social del “delito y el castigo”, es deslegitimar el discurso criminológico mediático denunciando su función de aparato ideológico, justificativo de las necesidades represivas y disciplinarias de la sociedad capitalista
Esa intervención específica. exige además que, al fenómeno del conflicto social en sí, se lo ligue con el planteo de conjunto de crítica política a la sociedad burguesa en tanto la criminalización es tan sólo una manifestación más de la dominación explotadora y opresora.
Lo dicho significa sostener que las leyes penales y su sistema de justicia y control social con la introducción de la categoría jurídica delito, son medios empleados por la burguesía para mantener su condición de explotadores y materializar sus intereses.
Es preciso incorporar a todo programa de acción política un factor conceptual que debe ser asumido como estandarte por la clase trabajadora, señalando que la sociedad donde nos desenvolvemos es una sociedad de clases que estructura institucionalmente organizaciones estatales y para estatales para hacer funcional la dominación de una clase sobre otra.
En igual medida debe poder transmitirse y propagandizarse que los intereses de esta clase dominante son plasmados en el derecho penal en tanto, las leyes penales defienden los intereses de la clase dominante y no los de la clase trabajadora en sí y que por ello los órganos represivos del Estado protegen los intereses de esta clase, y no los de la sociedad en su conjunto.
Corresponde propagandizar de modo efectivo, que no hay una noción abstracta de seguridad que se ubica por encima de las clases sociales como valor que debe ser defendido por todos por igual, lo que existe, en el plano de lo real y concreto es la “seguridad” de los dominadores que se traduce en la continuidad pacífica y reproductiva de esa dominación de clase.
Hoy es un imperativo categórico, propagandizarse que el Estado gestiona y gerencia los intereses de la burguesía en su conjunto y para ello se hace del monopolio de la violencia, legitimando por las leyes su proceder.
Su protección no se basa en la legitimidad de los intereses defendidos sino en la coerción, o en la difusión de una «falsa conciencia”. » Todo Estado de la burguesía, cualquiera fuera la forma que asuma, se encuentra sumergido en deplorables y lacerantes injusticias sociales, en donde la violación de garantías y libertades individuales, entre muchas cosas más, es una constante.
Estas premisas, deben formar parte del programa político de la clase trabajadora y el conjunto de los oprimidos. No admiten una reiteración puramente académica que las condene al fracaso porque ello implicaría la prevalencia de lo contrario, es decir, la supervivencia de la sociedad de clases, el control estatal, la vigencia de lo represivo sobre el consenso y la libertad.