¿EN QUÉ PAIS VIVIMOS?

Daniel Papalardo

Nada de lo que se pueda decir en torno al conflicto social abarcativo del fenómeno “crimen y castigo”, resulta ajeno a la estructura económica de un país, y su institucionalidad. Eso es así, en tanto existe un nexo funcional oculto, entre lo que se da en llamar transgresión criminal y lo que en apariencia sería su consecuencia naturalizada: castigo penal y la reinstalación del orden social previo al acto humano.

 Por eso, previo al abordaje del entramado propio de esa problemática específica, conviene detenernos en una mirada sobre esos grandes espacios contenidos en el conflicto en sí.

Vivimos en Argentina, un estado consolidado en los fines del siglo XIX, que tuvo como correlato la expresión nacional de una cultura que alcanzó apogeo en los fines del primer peronismo allá por los mediados de la década del 50 en el siglo XX. En nuestros días, esa construcción económica e ideológica, con ese específico soporte cultural más cercano a la disciplina miento industrialista, se encuentra en un proceso de objetivo agotamiento que sin embargo no resulta plenamente percibido por el conjunto social, en particular por una fuerte arquitectura ideológica que hizo su base en el relato propio de ese primer peronismo,

En ese contexto al que las mayorías se niegan percibir, el dinero, la tierra, en su expresión en la propiedad inmobiliaria urbana y rural, las fábricas y las máquinas que no se utilizan de forma productiva, están allí pero no son capital a efectos prácticos-

Ese conjunto, con los factores enumerados en términos prácticos, está de huelga, es decir, sale del reproductivo del capital con efecto crítico para el conjunto de los que solo tienen como medio de vida su fuerza de trabajo. En síntesis, en la Argentina de nuestro tiempo una parte significativa del capital ha sido retirada de la circulación.

 De tal forma, si se restringe el suministro de capital a las inversiones nuevas porque esa parte ha sido tomada y ubicada fuera de los límites de la estructura económica nacional, y se busca apelando a la operatoria del Estado, por vía de los operadores políticos de la burguesía, que, con menos capital, se obtenga, sin embargo, igual rendimiento y así sucesivamente. En este mecanismo esta inserto el fenómeno de la corrupción del poder político, en la medida en que es por esa vía que se consigue ese objetivo regresivo.

Esto explica también que la tasa de retorno del capital (no importa cómo se defina o se la mida) siempre supere la tasa de crecimiento de renta.

Ese es el fenómeno que describe la estructura capitalista en nuestro país. La creación de esta escasez artificial no es algo que sólo hagan las compañías petroleras o agrarias, para garantizar sus altas tasas de retorno: es lo que hace todo capital cuando tiene la oportunidad de hacerlo ya que es de esta forma, como el capital garantiza su propia reproducción, sin que le importen las desafortunadas consecuencias que pueda tener para la clase trabajadora. Dicho de otra forma, es así como vive la clase capitalista y como alcanzamos a sobrevivir nosotros.

Pero es por esta misma razón que Argentina siglo XXI expresa sin tapujos toda su decadencia como orden social y se conforme en una sola palabra recurrente en el tiempo: CRISIS

Esa objetividad, sin embargo, produce un efecto deteriorante en la configuración del factor subjetivo. Es decir, gran parte de la población, en particular los sectores medios según lo dejan ver sus determinaciones electorales vive y actúa un imaginario de lo que ya no es, sin percibir o no queriendo ver que lo que solo adquiere el ser, es la tendencia a la caída de las condiciones de existencia que no deja de ceder y amenaza su sobrevida como sector social.

La estructura relacional de la sociedad civil y las relaciones de producción reinantes dan cuenta , de un país pequeño por su baja escala productiva cotejada con el resto de los Estados capitalistas, que sobrevive por un mecanismo de compensación centrado en la renta agraria diferenciada, con base en la ventaja competitiva que otorga la fertilidad de sus tierras y la alta inversión capitalista en agro-industria, aunque también signada por la tendencia de la tasa de retorno antes descripta, basada en seguir haciendo lo mismo sin reinversión de capital en la medida que el valor producido se configura en el mercado en dinero que no regresa a ese circuito sino que por vía financiera se retira del país.

 Sin embargo, nuestra población se concentra en varios centros urbanos y sus contornos, con sobrevida en relación a la producción industrial que solo adquiere precaria existencia en el mercado interno por la expansión del consumo y no por la valorización creciente de la fuerza de trabajo, lo que hace que parte de la renta agraria diferencial, se vuelque en ese mecanismo que hoy agoniza frente a las políticas de globalización capitalista y el alto endeudamiento público del Estado nacional.

Este sucinto análisis de la estructura productiva, sin embargo resulta suficiente como para afirmar que es a partir de allí que se produce el flujo tendencial de vínculos humanos que  lleva a la perdida de inclusión social de amplios sectores poblacionales  y a la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que hace que la institucionalidad en su conjunto abandone el rol amplio y abierto del control social con sustento en ilusiones democráticas  que le era propicio en el ciclo en alza de su desarrollo , para pasar a funcionar en una lógica de control puramente represivo, con alta influencia ideológica con formato propagandístico mediatizado  para su consolidación como cultura hegemónica del castigo penal por sí mismo.

Esto significa no otra cosa que el declive de los principales pilares del sistema republicano  sobre los que se sostuvo la modernidad penal con base en  la preponderancia de la administración burocrática y la racionalización en los mecanismos y agencias de control y ejecución penal; la prevalencia de los discursos re-socializantes y las prácticas correccionalistas; el rechazo a la exhibición ostentosa del castigo y la neutralización de las emociones violentas que suscita en la población medidos en términos abstractos.

El llamado “giro punitivo” de las sociedades contemporáneas, expresa ese abandono. Por oposición al modelo garantista de derecho penal mínimo, la actualidad está signada por el crecimiento generalizado de políticas basadas en estrategias excluyentes, estigmatizantes y selectivas, todas con base en la construcción dogmática, preordenada del “otro” diverso y enemigo contra el que es necesario desatar una guerra con paradigmas de cruzada contra el delito.

 En ese  orden se pueden contabilizar como manifestación expresa  ; la multiplicación de los estereotipos de alteridad mediáticamente producidos, del tipo afín al cabecita negra, el trapito, el piquetero, y desde otros sectores pero con igual resultado final : los  apologistas de  la formación de grupos de vigilancia vecinal con prácticas linchadoras, la apología “izquierdista” de una pretendida “autodefensa” traspolada desde textos de los revolucionarios rusos, que construyeron relatos sobre realidades diversas y objetivos disímiles a los de los apologistas de la analogía mal construida que habitan nuestros suelos.

Todas estas expresiones, sin embargo, marcan como resultante el incremento exponencial de las tasas de encarcelamiento, la elevación en los montos de los castigos aplicados, y la vulneración de los resguardos jurídicos del debido proceso y de las garantías individuales que la revolución burguesa en todas sus formas declaró para la protección del hombre frente a la existencia peligrosa del Estado.

La situación de los jóvenes, (que nos interesa en tanto son ellos la gran mayoría de la población penalizada y carcelaria) refleja  en términos generales  una tasa de desempleo dentro del trabajo formal y regulado por normas de derecho laboral, de significativa envergadura, fenómeno que se suma al dato cierto de que los salarios para esos jóvenes que ocupan las escalas inferiores de las categorías que fijan los convenios colectivos  con suerte llegan al 70% de los ya magros salarios promedio de la economía argentina y por ende resultan insuficientes para cubrir la canasta mínima de satisfacción de necesidades .

 Este dato de la realidad no es obra de una determinante subjetiva, sino de una de las condiciones del aumento de la tasa de explotación que permitió el aumento de la rentabilidad del capital en al menos los últimos diez años, a partir de esa falta de reinversión de gran parte del plusvalor apropiado en la propia producción de mercancías.

La burguesía, en tanto clase social dominante, necesita y se consolida con esos estándares de opresión de los jóvenes y de explotación de los trabajadores. El capitalismo en nuestra sociedad, tiene como condición de supervivencia la generación de empleo de mala calidad que compensa con intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo humana la pretensión de continuar manteniendo índices de utilidad sin reinversión de capital en el proceso productivo de mercancía en sí.

El fenómeno muestra aristas preocupantes cuando se advierte que el soporte de los operadores políticos que gestionan los intereses burgueses desde ese poder nace y se desarrolla con el solo propósito de generar dogmas y fetiches que oculten esa realidad de la estructura productiva y el propósito parasitario de los capitales que se ligan directamente con los beneficios obtenibles de esas políticas.

Por otro lado, el prolongado y creciente fenómeno del desempleo y la generación de oferta de empleo informal y precarizado lleva también a la expansión de la población considerada económicamente  sobrante, siendo ese grupo poblacional que en esa precaria condición existencial el que  posibilita la lógica de reproducción y acumulación capitalista local, en tanto permite consolidar el aumento de la tasa de explotación del trabajador activo, por vía de la reducción del salario real y la organización del trabajo productivo o de servicios con mínimas responsabilidades en la producción de riesgos laborales y cargas previsionales.

 Finalmente , una de las tantas manifestaciones de ese agotamiento histórico del modelo de acumulación capitalista contenido en el Estado nacional Argentina, es la decadencia y crisis de su sistema educativo, factor este que transfiere el clásico rol de control social asignado a la escuela,  a otras institucionalidades y dispositivos mediáticos que consolidan la ignorancia generalizada y la decadencia en cuanto a la optimización de las habilidades personales contenidas en la fuerza de trabajo que se ofrece y requiere en el mercado laboral, aspecto que incrementa la vulnerabilidad del joven particularmente frente a la norma penal negativa habilitando la extensión del proceder de  agencias estatales  de seguridad, que actúan en el plano puramente represivo.

 Dicho de otra forma. La relevante disminución de la incorporación escolar masiva, y mejoramiento de la calidad educativa, sumado a la precariedad y súper-explotación laboral de los jóvenes, generan un espacio posible para los comportamientos que se reputan contrarios a las normas positivas, con adecuación en las prohibitiva, y el emergente mayoritario del control social represivo, puesto en funcionamiento por las distintas agencias Estatales.

La tendencia que domina la evolución de los procesos de trabajo en la sociedad capitalista lleva a la creciente simplificación de las tareas y, por ende, a una demanda relativamente creciente de población menos educada. Esta menor educación es uno de los elementos responsables del menor valor de la fuerza de trabajo que pone en cuestión todos los discursos de los políticos que la burguesía cuenta entre sus destacamentos gerenciales, sean estos oficialistas u opositores, nacionales y extranjeros, sobre la capacidad de la educación para asegurar el futuro y luchar vía capacitación del trabajador contra la desocupación. Por el contrario, la evolución de los procesos de trabajo exige y lleva a un embrutecimiento progresivo y la recreación permanente de una masa creciente de desocupados.

   Se señala académicamente con relación a esto último que: “La introducción de maquinaria y tecnología en general suele ser asimilada, en forma simplista, a una supuesta complejidad mayor del trabajo, como si la introducción de computadoras en oficinas, talleres y fábricas requiriera analistas de sistemas y programadores para manejarlas. El resultado más lógico a esperar es exactamente el inverso y, efectivamente es así. Basta ir a cualquier supermercado para observar cómo las cajeras no precisan más capacidad que distinguir los billetes puesto que los códigos de barras, los lectores y las máquinas registradoras harán el resto. Cualquiera puede observar cómo los conocimientos necesarios a cualquier cocinero, aún el más humilde responsable de un puesto de choripán (que debe, por lo menos, desarrollar algún sentido del tiempo de cocción necesario) superan con creces los de los empleados de McDonald’s, Búrguer King o Wendy’s. Es esta la razón por la que, en estos lugares, como en muchos otros, vemos expandirse el trabajo juvenil y por qué las mujeres parecen capear mejor la desocupación. (…) esos requerimientos de mano de obra de menor calificación se extienden a las oficinas, donde una sola persona, computadora, fax, e: mail y fotocopiadora mediante ha desplazado a un montón de empleados de mayores calificaciones con sólo manejar el Office de Windows, (…) Las máquinas pueden ser complejas, el trabajo no, algo que se refleja en la desvalorización del título de educación secundaria. El fenómeno no hace más que acompañar la transformación más general de la sociedad capitalista, donde la guerra permanente que lo trastorna todo, está generando nuevos logros en la productividad del trabajo, de la conquista humana sobre el mundo material, al mismo tiempo que, consecuentemente, degrada relativamente las capacidades de esos mismos hombres y mujeres que consume en la hoguera eterna de la producción de plusvalía. Para un mundo de menor cantidad de trabajos calificados y una vasta masa de trabajadores sin habilidad técnica alguna, una educación de elite, ligada a los requerimientos de las empresas, acompañada por una escolarización elemental, también ligada, como iba a ser de otra manera, a los requerimientos de las empresas” (Eduardo Sartelli El principio de Babbage, la educación y el trabajo. Rev. Razón y Revolución nro.3)

Ponemos entonces el acento en todo lo que se oriente alrededor de la advertencia relativa a que todo el complejo fenómeno de la inseguridad y la riqueza, leído solo y exclusivamente en la dialéctica delito-pena, no emerge de la nada, como en “generación espontánea” sino de la propia lógica de la estructura económica del país, y de las modalidades específicas que la acumulación capitalista tiene en estas tierras.

Las dificultades para resolver la crisis y salir de ella en modo favorable al conjunto de la clase trabajadora en sí, y no en beneficio de los dueños de los medios de producción y el aparato financiero, reconoce en paralelo en el campo de la cultura, un proceso creciente de toma de conciencia por la juventud trabajadora de la necesidad de cambio y no de reproducción acrítica en su condición de vida, haciendo defensa de la fuente de trabajo, las condiciones laborales , como mecanismo fundacional del objetivo más general y necesario de transformarse en clase trabajadora para sí, con su propio poder y la materialización de condiciones materiales de vida ajustadas al programa de nueva sociedad que emerge del socialismo.,

  Aunque resulte distante y no fácilmente vinculable, lo cierto es que, por la particular lógica reproductiva del capital en nuestras tierras, altamente condicionado por la globalización y el imperialismo, coloca en escena al trabajador visto como una mercancía más sometida lisa y llanamente a las proyecciones del mercado. La conciencia sindical, leída como estadio primario con el que emerge la conciencia de clases y la predisposición a la lucha abierta al capital, es el primario momento que exige ver la luz en la realidad como contra educación confrontativa del embrutecimiento generalizado impulsado por las políticas educativas gestadas desde la burguesía en el poder.

Sin embargo, ese desarrollo de conciencia de clase en sí, no se traduce en el plano político, aun cuando se produce el hecho histórico de que ese sector ideológico incorpora bancas parlamentarias en el sistema republicano, puesto que no se hace cuerpo en ese grupo social (la clase trabajadora) y demás sectores oprimidos por el dominio imperialista de nuestra sociedad, la crítica al esquema ley y orden que impone la burguesía en su conjunto de modo culturalmente hegemónico.

Se hace necesario un proceso político de transformación superadora de ese avance en la conciencia de clase, hacia planteos extensivos al sistema de vida social en donde se desenvuelve con incorporación de un discurso contra hegemónico que visualice que la resolución de la crisis constante, requiere también de algo diferente a las recetas habituales, una suerte de basta a lo conocido y ensayado, incorporando otro discurso y otra práctica, básicamente anti represiva que reformule el orden punitivo instalado por la clase dominante y su sentido fundante del castigo.

Lo característico de la cuestión criminal en la estructura social capitalista que asume nuestro país, es su médula simbólica, y la representación ideológica establecida con consenso de las emociones y las creencias colectivas a las que convoca y procura funcional izar, permitiendo que el castigo violento sobre una persona sea visto como una función social e institucional necesaria para la convivencia del conjunto, siendo éste esquema globalizador aquello que en definitiva permiten la reproducción de ese conjunto de relaciones sociales dominado por una clase que debe necesariamente ceder por cuanto significa no otra cosa que barbarie, en tanto explotación, opresión y el sometimiento muchos por unos pocos se encuentran en la propia esencia de la sociedad capitalista.

Ubicándonos en una expresión de saber práctico, despojada de generalizaciones o teorizaciones puramente descriptivas, advertimos con carácter culturalmente hegemónico que los explotados, los oprimidos no pueden formular una respuesta superadora al problema social de la dialéctica crimen-castigo en tanto no dejen de ver al Derecho y específicamente al derecho penal como propio (no otra cosa se hace cuando se anda por el mundo solo pidiendo castigo y asimilando éste al valor justicia), y advertir  su condición de fetiche, vale decir, la de un objeto al que se le rinde culto y se le atribuyen cualidades mágicas.

 El derecho positivo, generado por una determinada forma de Estado, bajo una conformación de gobierno parlamentario, incluido el derecho penal, no es algo propio de la condición humana y mucho menos de la clase trabajadora empleada o desempleada, sino por el contrario, un producto ideológico extraño y hostil al trabajador, que el Estado garantiza en base a consenso electoral periódico o por la fuerza en última instancia.

Lejos de esa función simbólica de fetiche, el derecho constituye una relación social de la cual el trabajador es parte, no en tanto trabajador sino como propietario de su fuerza de trabajo, que recibe una “personalidad” atribuida jurídicamente bajo la forma jurídica de “capacidad “y una “voluntad” presunta para ir al mercado a vender esa fuerza de trabajo.

 En otras palabras, desde la igualdad formal en el tratamiento legal que se espera por el sujeto desde el Estado, se consagra la desigualdad real, que en el campo específico de la jurisdicción penal no es solamente una encarnación de la forma jurídica abstracta, sino también un arma inmediata en la lucha de clases que despliega explotadores sobre explotados, con mediación de la violencia legal encarnada en el Estado de la burguesía.

La existencia o no del sujeto, constituye uno de los problemas básicos de nuestro tiempo, pero habremos de entender, de una vez, que el sujeto nunca preexiste, sino que se construye en ese mismo proceso histórico. Al conocer los dobles planos generalizados en el discurso fundante de la sociedad capitalista, los trabajadores se conocen a sí mismos. Es una de las vías ligadas a la existencia misma por la que se apreciarán como el sujeto esencial de esta fase de la historia, que no es otra que la historia de la lucha de clases.

Toda revolución rompe con el orden y la regularidad de los fenómenos. l cambio, no es un resultado sino el contenido

específico de un proceso social con base material y contenido que debe ser concretizado en cada experiencia de lucha. Revolucionar significa cambiar algo de raíz y abrir un arco múltiple de posibilidades para la acción del hombre que no obedece a ningún comportamiento establecido de antemano.

Ya alguien dijo con mejor fundamento, no por citas bibliográficas sino por la entrega de su propia humanidad que: “……supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino (…) Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite”. (Ernesto Guevara. Carta de despedida)

INTRODUCCIÓN

La palabra “delito” hace referencia a un concepto que tiene necesario correlato en lo que se da en llamar “seguridad”, como si el uno fuera la manera específica de afectar ese estado de situación social y del individuo en su vida relacional.

Ambos términos (delito-seguridad) son usualmente exhibidos, analizados y reproducidos, de manera antagónica, es decir, contraponiendo al primero como desequilibrante del otro, con lo cual se oculta que integran una formulación lógico-, dialéctica que trasciende la experiencia y que permite dotar al segundo de los términos (la seguridad) de existencia como valor en sí mismo y no como resultante de una determinada organización social de la convivencia.

Frente a la dialéctica delito-seguridad, entendida desde una construcción ideológica, estamos ante una falsa representación de la realidad, es por ello que no existe otra posibilidad, que trazar un abordaje que nos permita metodológicamente alguna certeza superadora de esa situación aparente. Es decir, salir del mundo de las imágenes y penetrar en las estructuras de lo objetivo que yace en los elementos constitutivos de ambos extremos de esta pretendida oposición.

Los avances en este campo de puja con la ideología dominante introducidos por los desarrollos de la llamada criminología crítica y las experiencias ligadas al llamado derecho penal mínimo, con base garantista en el proceso de enjuiciamiento y la reducción de poder punitivo al que se añaden finalmente las tesis del abolicionismo de la cultura represiva, pueden ser vistos de conjunto pese a sus diversos postulados como las herramientas teórico-metodológicas para cuestionar y hacer una ruptura con los esquemas estereotipados de dogmatismo que se inscriben en esta alternancia entre delito y seguridad según la cultura dominante .

Sin embargo y como esos mismos derroteros intelectuales lo demuestran en su historia, es posible ver que esos intentos, se esterilizan por su aislamiento en la conciencia social de la clase trabajadora, para ceder espacio por impotencia política, al discurso represivo liso y llano, que se exhibe funcional a la dominación de clases y la reproducción del orden social capitalista.

Es por en ese contexto que nos habilitamos a decir que cualquier planteo de orden científico que no logre hacerse carne dentro de un proyecto de trasformación social más generalizado con mediación de lo político, por vía de la incorporación al programa de acción que encarnen en sus demandas los sectores explotados y oprimidos en una sociedad de estructura capitalista está destinado a transformarse con el tiempo en letra muerta.

Lo dicho, deja ver la necesidad de introducir en la experiencia concreta, planteos y actividades, que supere esas expresiones puramente teóricas a las que aludimos anteriormente, para retomar y reformular, desde la filosofía de la praxis la opción de dejar de “interpretar de diversos modos el mundo, para intentar transformarlo en el plano de la realidad” buscando una ruptura de lo dado, con contenido superador, en términos de reafirmación de lo humano y su vitalidad intrínseca.

La relación que proponemos entre teoría y práctica desenvuelta sobre la confrontación dialéctica entre delito y seguridad, toma ambos extremos como elementos irreductibles uno del otro admitiendo siempre y en todos los casos, que su relación dialéctica se cumple por medición de la política, en tanto, el producto de la práctica social fecundada por el conocimiento encuentra su razón de ser y su verdadera dimensión en los problemas planteados por la cotidianidad social materializada en la sociedad , fuertemente atravesada por el Estado, que con su institucionalidad no se ubica por sobre ella sino como regulador de ella en función de la burguesía dominante-.

La política, atravesada por la filosofía de la praxis no tiende a mantener a los sectores sociales explotados y oprimidos del pueblo en su filosofía primitiva de sentido común, sino a llevarlos a una superior concepción de la vida para construir un bloque moral e intelectual que haga políticamente posible un proceso colectivo y superador de la secuencia, delito, seguridad, castigo propio del orden capitalista.

La pretendida relación necesaria entre delito-seguridad, debe buscar construir su superación, con relevancia de lo político y las determinantes de la estructura económico productiva de las que el derecho no es otra cosa que su expresión instrumental y supraestructural.

Dicho en otros términos, todo cuanto se intente decir y hacer sobre el fenómeno que nos convoca, bajo el amparo de la ideología del poder , debe necesariamente enraizarse y formar parte constitutiva de un proyecto político visto como proceso social, en el que están involucradas las clases sociales en pugna que deben superar la fragmentación ideológica que le impone el modelo, para disputar con contenido específico en sus intereses objetivos, la relación mando-obediencia, en diversos niveles que presenta, tanto lo gubernamental como en el universo de las instituciones de la sociedad civil.

En esto reside uno de los aportes de Antonio Gramsci, sobre cuyos textos debemos necesariamente abrevar, en tanto, de sus textos se construye una noción certera: el producto de la práctica social fecundada por el conocimiento encuentra su razón de ser y su verdadera dimensión en los problemas planteados por la cotidianidad social.

La política, en cuanto actividad humana, entendida en su sentido amplio, requiere de la intervención social consciente en sus actores, de la realidad en la que el elemento espontáneo es educado, orientado, depurado para hacerlo homogéneo, y vivo en un discurso que narra la necesidad del cambio.

Dicho, en otros términos. Cuanto proponemos apunta a que los trabajadores superen su acercamiento al fenómeno que describe el delito y su castigo desde el sentido común que le impone ideológicamente la clase dominante , y construyan en su propio proceso de emancipación , como parte integrante del mismo, una superior concepción de la vida para construir un bloque moral e intelectual que haga políticamente posible un proceso colectivo y superador de la secuencia, delito, seguridad, castigo propia del orden capitalista.

Sólo por obra de ese movimiento cultural y político, el saber se transforma en certeza proletaria y se depura de los elementos contaminantes de un falso acercamiento a lo verdadero.

En ese contexto, de nada valen las luchas antirepresivas contra el aparato punitivo del Estado burgués, si las mismas se inscriben solo en una lógica contestaría de ese orden y no alcanzan a construir un discurso culturalmente superador, que pueda ser procesado dialécticamente por la clase trabajadora , con la construcción de un poder específico de los trabajadores, con sus organismos de determinación , propios de la democracia Por eso, sobre los sectores mayoritarios que conforman el conjunto de explotados y oprimidos del pueblo debe construirse culturalmente como necesidad, la reformulación de un discurso crítico y superador de lo dado, quitando sentido y fundamentación a la tesis represiva con base en la devolución de dolor, como contenido del castigo.

En el desarrollo de este libro, necesariamente fragmentado y elaborado en el plano del ensayo, solamente buscamos incorporar un aporte para esa tarea estratégica, buscando ejemplificar el método que propugnamos. Para ello, fijamos en el inicio, marcos teóricos de análisis, que traducimos de alguna u otra manera buscando su divulgación, y luego en un segundo momento, introducimos, miradas y discursos elaborados a partir de episodios concretos de la vida cotidiana que en todos los casos convocan a la llamada “opinión pública”, buscando confrontar con el relato clasista enraizado en un sentido común altamente influenciado por la ideología de los sectores dominantes en tanto expresión del nuevo positivismo neopunitivista y su manifestación cultural más relevante en la criminología mediática.

Estas páginas tienen solamente un propósito militante, en tanto nacen con el fin de ser herramienta para el cambio social. Es por eso que no traducen erudición, en primer lugar porque carecemos de ella en su sentido clásico, y en segundo término, porque lo aquí señalado solo pretende ser una suerte de puntapié inicial de un partido a jugarse en la cancha del enemigo de clase, que como es por todos conocido, cuenta con un equipo de ilustres contendientes y la invalorable colaboración del árbitro estatal,

No ocultamos y confesamos el deseo de poder llegar a manos y lectura de todos aquellos que son capaces de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, porque en eso seguramente somos compañeros y tenemos una tarea común que emprender.

Ernesto Guevara, repensando en su tiempo, viejos desarrollos filosóficos, introdujo nuevamente como praxis necesaria la construcción del Hombre Nuevo. Habló , de un sujeto diseñado y construido, como una transformación radical del hombre, cuya misión permanente y consciente, es el sacrificio por concebir una sociedad con estructuras sociales y económicas justas, pero además con valores y hábitos distintos.

La tarea es, quitarse de encima los prejuicios, el egoísmo, la ambición, todas las miserias humanas potenciadas por la sociedad capitalista y su hasta ahora peor cara: la posmodernidad.

Es cierto que en cierto sentido que esa labor es prometeica, y como tal se presenta dificultosa, pero el resultado, posible y no quimérico, es la posibilidad de concreción real del sentido de lo humano por encima de todo lo dado.

Capítulo 1

El uso ideológico de la Sociedad civil y su remisión en el castigo penal

En su momento, la burguesía a través de sus intelectuales orgánicos comenzó a pregonar la necesidad de reducir el papel del Estado necesitando ideologizar la noción de sociedad civil, como una estructura superior por sobre la sociedad civil, indicando que la presión estatal ahogaba la iniciativa privada.

Sin embargo, también desde el pensamiento político de lo que se autodefinió como nueva izquierda, se elaboró otro concepto que igualmente tiene por eje a la sociedad civil. En ese sentido llamó a desconocer la estructura institucional del Estado, y construir desde los espacios específicos de los oprimidos un poder en un orden social que lo desconozca

 En ese espacio de pensamiento, más allá de sus mejores intenciones, y tal como lo demostró el transcurso del tiempo, la experiencia naufrago desde el inicio y por su propia estructura, bloqueo la tendencia a impugnar la propia noción de Estado y sus implicancias relativas a la funcionalidad del orden capitalista, y por consecuencia todo discurso crítico relativo al   problema del castigo y la legitimación del ejercicio de la violencia estatal.

Sin embargo, hay dentro de este último relato la posibilidad de advertir que al hablar recurrentemente como se hace desde el poder sobre la sociedad civil contribuye a mantener y profundizar una falsa imagen dentro de las clases y capas sociales oprimidas y explotadas con respecto a los fundamentos de la sociedad capitalista.  

De tal manera está claro que  cuando se hace referencia genérica a la  sociedad civil,  se está aludiendo una construcción política e ideológica que  no es neutra ,sino que tiene un marcado contenido de clase según se acepte o no que el Estado no es una estructura superior al entrelazado convivencial de relaciones intersubjetivas ligadas al encadenado productivo en la economía capitalista de conjunto, sino el elemento que facilita su reproducción por vía de la forma jurídica que da fundamento a la aplicación de sanción ante lo que se reconoce como incumplimiento individual de la norma jurídica que refleja la ley superior corporizada en la Constitución Nacional..

 La utilización de la sociedad civil como estructura diversa del Estado que se pone por fuera de las relaciones sociales materialmente considerada surge de la búsqueda por la clase dominante de evitar la confrontación de clases realmente existente por dispositivos arbitrariamente colocados con efecto sancionatorios legitimados por la estructura jurídica positiva.

En definitiva, la categoría sociedad civil es ideológicamente funcional a la intención desarrollada desde el poder burgués, de  crear la percepción  en la población relativa a  que, la convivencia intersubjetiva y relacional implica un entramado que solamente remite a individuos  acumulados y no a clases sociales en pugna por asumir intereses objetivamente antagónicos .

El concepto de la sociedad civil se coloca dentro de un discurso que elimina la noción de clase social y el conflicto entre ellas, como unidad para el análisis del desarrollo de la sociedad capitalista y clave para su superación

Desde la ideología, se genera este falso concepto por el que toma autoridad de saber afirmar, que existe una espacio diverso y distante entre el Estado y la sociedad, que permite otorgar autonomía al primero de estos extremos y concebir lo política y la economía como dos esferas de acción diferentes en la que se involucran diversos actores.

El Estado capitalista representa directamente los intereses económicos de las clases dominantes que son políticamente gestionados por los operadores emergentes del juego partidario legalizado por la democracia representativa. Por esa vía se instaura una forma particular de regulación, que es precisamente, la forma jurídica”

El uso ideológico de la idea de sociedad civil es omisivo del registro de clase, de la constatación objetiva de la desigualdad y la pobreza. Implica abordar un problema complejo como es el castigo penal, se desde sus simples apariencias erradicando toda posibilidad de ubicar razones materiales en los conflictos sociales acudiendo al uso de abstracciones despojadas de toda realidad.

La “eliminación” en la descripción del entramado social y político  del conflicto de clases desenvuelto en la sociedad civil por vía de acudir a una referencia ideologizada de ese entramado de relaciones humanas , hace que la lógica totalizadora  que deviene del Estado puesto por fuera de esa conflictividad y el poder coercitivo  que se da como su  necesaria y natural consecuencia  termine por desencadenar sobre los individuos una intervención violenta que no requiere de otra fundamentación que la intervención legitimada por la norma jurídica del Estado y sus agencias represivas.

Capítulo 2

Las formas en que opera la ideología jurídica, en torno al CASTIGO en la era del post-fordismo y la globalización

El discurso neoliberal con el que se hace visible el capitalismo, adquiere hegemonía cultural por todos los medios que el desarrollo de la técnica y aparatos comunicacionales lo  permite. Como manifestación de esa relación cultural dominante, emerge la prevalencia de las construcciones intelectuales y sus transferencias a las formas legales  centradas en la  instalación y consolidación del discurso punitivo, con  centralidad en  el castigo como contenido específico del control social estatal sobre la población, en particular sobre la clase trabajadora  y el desarrollo exponencial de áreas de políticas criminales  y carcelarias que allanan las estrategias de los grupos de poder, para facilitar, la reproducción de la lógica de acumulación del capital y el intento de obstaculizar la explosión de movimientos marginales y contestatarios forzados por ese imperialismo cultural.

Desde la apoyatura del discurso sociológico , Garland, dice constatar que se ha producido un viraje de los sistemas punitivos basados en una cultura ‘penal asistencial’, propia de los estados del welfare, a unos sistemas punitivos que enfatizan objetivos como castigo, incapacitación del delincuente, y protección del público, basados en una cultura del control propia de estados neoliberales.

Este escenario obliga a contraponer con sentido dialéctico y  desde un posicionamiento intelectualmente orgánico con los intereses objetivos de la clase trabajadora, otra visión del fenómeno en sí ,  tomando como base su complejidad de elementos  tal como se verifican en la realidad, que consolide la validez ética y política de la lucha contra esa construcción esencialmente ideológica  del orden social, , para lo cual toma trascendencia el pensamiento de Marx, aun cuando debe dejarse en claro que éste, no desarrolló un estudio sistemático referido al problema del castigo, su génesis y justificación.

Sin embargo, debe advertirse que las ideas que Marx vuelca sobre lo que hoy podría llamarse el ámbito específico del derecho penal, no responden a un tratamiento sistemático  y se encuentran dispersas en varios trabajos en donde la centralidad del texto no gira en torno a esa cuestión.

No obstante , esa influencia metodológica sobre el fenómeno criminal, en este aspecto de la crítica de lo existente, es incuestionable, , en particular, en lo concerniente a, la noción de trabajo alienado , el fetiche de la mercancía y  la lucha de clases.

La proposición materialista que constituye el punto de partida de la teoría de Marx, denuncia el carácter materialista del orden social predominante en el que una economía incontrolada por su productores reales de los bienes que satisfacen necesidades rige en última instancia las relaciones humanas en la vida social que constituye concretamente la sociedad civil.

Desde ese plano , el trabajo es la actividad existencial del hombre, su fuerza de trabajo hecha realidad lo constituye y lo sitúa en relación directa con las condiciones en que esa materialidad se hace realidad. Por eso y en ese sentido somos lo que las condiciones de existencia en plano de satisfacción de las necesidades vitales hacen de nosotros.

Si se parte de esta premisa estructural, es posible ubicar a la acción que se juzga ideológicamente desde el poder burgués  como una manifestación de ese mismo orden de  producción y de las relaciones intersubjetivas que lo constituyen a través de la realización de la mercancía en dinero por vía del mercado. Con ese propósito Marx escribe un texto  entre 1860 y 1862 que  se editó póstumamente, a modo de apéndice en Teorías de las plusvalías, bajo el título «Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones»

 En ese sentido Marx apunta que: EI filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. EI delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de producción y el conjunto de la sociedad y ello nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios. El delincuente no produce solamente delitos: produce: además, el derecho penal y, con ello, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia y, además, el inevitable compendio en que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una «mercancía». Lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte de la fruición privada que, según nos hace ver, un testigo competente, el señor profesor Roscher, el manuscrito del compendio produce a su propio autor.

EI delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc., y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo; desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa, en la producción de sus instrumentos, a gran número de honrados artesanos.

El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, prestando con ello un «servicio» al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público. No sólo produce manuales de derecho penal, códigos penales y, por tanto, legisladores que se ocupan de los delitos y las penas; produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias, como lo demuestran, no sólo La culpa de Müllner o Los bandidos de Schiller, sino incluso el Edipo [de Sófocles] y el Ricardo III [de Shakespeare]! EI delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y, provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas.

 EI crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas «compensaciones» naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas «útiles» de trabajo.

Podríamos poner de relieve hasta en sus últimos detalles el modo como el delincuente influye en el desarrollo de la productividad. Loscerrajeros jamás habrían podido alcanzar su actual perfección, si no hubiese ladrones. Y la fabricación de billetes de banco no habría llegado nunca a su actual refinamiento a no ser por los falsificadores de moneda. EI microscopio no habría encontrado acceso a los negocioscomerciales corrientes (véase Babbage) si no le hubiera abierto el camino el fraude comercial. Y la química práctica, debiera estarle tan

agradecida a las adulteraciones de mercancías y al intento de descubrirlas como al honrado celo por aumentar la productividad.

EI delito, con los nuevos recursos que cada día se descubren para atentar contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos medios de defensa y se revela, así, tan productivo como las huelgas, en lo tocante a la invención de máquinas. […]

“Ha de haber algo putrefacto en la médula misma de un sistema social que aumenta su opulencia sin reducir su miseria, y aumenta en crímenes aún más rápidamente que en números.”

“Crimen y paupe forismo”

Siguiendo en lo sustancial ese desarrollo puede inferirse en síntesis dialéctica emergente del fenómeno en sí , que es aún en la propia condición progresiva de la sociedad capitalista donde se desarrolla la destrucción y el empobrecimiento de la existencia del trabajador y con el propio fenómeno que nos ocupa como una expresión más de ese orden social  . En otras palabras, es el crimen o lo que se juzga por fuera de la sociedad civil en sí, no una categoría abstracta sino un elemento de particular emergencia y formas de ese modo de existir . La destrucción de bienes y valores, conjuntamente con el empobrecimiento del trabajador es el producto de su propio trabajo y de la riqueza que el mismo ha producido . La miseria y con ella las conductas que se reputan socialmente dañosas de la forma de trabajo predominante y está enraizada en la esencia misma del orden social capitalismo . En definitiva, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él las  condiciones materiales donde pudo materializar el despliegue de su fuerza de trabajo de la que solo es portador activo en forma abstracta.

Vista la cuestión desde esa perspectiva general y con esa reservas, puede inferirse que el fenómeno social del castigo tiene un sentido funcional necesariamente vinculado con el entramado de lo que se considera como una conducta delictiva en el orden social   y  con la lógica reproductiva de la sociedad construida sobre la base del modo de producción capitalista.

En definitiva, lo que constatamos de la simple profundización por sobre las apariencias del fenómeno es, una sociedad  supraindividual, externa y coactiva, sobre sus miembros ,englobando a  individuos que interactúan en una esfera de producción material y concreta signada por  un escenario de venta y materialización de fuerza de trabajo en condiciones o medios de producción ajenos al trabajador en sí, que llevan a que el producto que este desarrolla con esa actividad le sea absolutamente extraño y condicionante a la vez desde la perspectiva de su necesaria reproducción vital. En esa lógica-dialéctica se inscribe como una manifestación más del fenómeno en sí, la acción humana que determina daño para otros.

Desde esa materialidad del fenómeno queda en evidencia que  el hombre es desde sus raíces el resultado de condicionamientos históricos y sociales, que lo ubican, para la reproducción social de su existencia en necesarias e ineludibles relaciones de producción concretas y preexistentes, Por ello, no es en modo alguno un ser aislado o una abstracción filosófico-ideológica que libremente y sin sujeciones construye sus determinantes y sobre la cual puedan gestarse generalizaciones abstractas que le indiquen los alcances del ejercicio de su espacio de libertad y marquen su responsabilidad ante los demás. .

Otro aspecto esencial del fenómeno viene dado por la advertencia de  una realidad esencialmente conflictiva y caracterizada por la presencia de desigualdades sociales, que se desenvuelve en una sociedad dividida en clases contrapuestas y lacerada por conflictos profundos en los que el triunfo de una lleva a la subordinación y opresión de la otra, el hombre no se constituye en tanto  ser libre, sino en un espacio más restringido constreñido a lo que se conoce como libertad negativa, es decir un hacer u omisión que tiene validez en tanto otro sujeto con idéntica situación lo acote como límite o barrera. Desde ese lugar , el delito deja de ser en su entidad, tal como se le presenta a la población , en tanto  resultado  socialmente negativo del ejercicio del libre despliegue de su voluntad .

De esta forma , en el mundo capitalista el delito  es presentado como una construcción inmutable colocada por sobre el individuo como obstáculo al ejercicio negativo de su libertad .En tanto fenómeno complejo , el delito  es entonces  una manifestación aislada del ser humano tomado en abstracto,  en pugna con el orden social existente.

Por lo demás y en relación a esa ubicación conceptual de cuanto se entiende por delito desde la clase dominante, surge como consecuencia naturalizada y necesaria la presencia dominante de la pena y su función   materializadora del castigo con justificación legal en el factor criminal de un hacer humano.

A partir de este último extremo del fenómeno “criminal “, buscando salir de ese entramado que se sostiene en la presencia constada de una conducta que plasma el ejercicio de la libertad en sentido negativo trascendiendo las barreras legales que esta impone,   Rusche y Kirchheimer y más cercanos a nuestros tiempos, Melossi y Pavarini han resaltado que el castigo emerge en la sociedad como fenómeno histórico-social supeditado a los dictados del mercado en la medida en que es el mercado donde se construyen las realidades que contiene la realización del valor en dinero y a el concurre incluso lo que se da en llamar delito. En ese sentido , la pena sería el precio que una persona paga por haber producido en la realidad un resultado , violentando los limites que le impone el sentido negativo de su libertad.

 En paralelo, sin desconocer ese factor Pashukanis, Hay, Ignatieff y Rothman, destacan respecto del fenómeno delictivo la presencia del poder de la clase dominante por vía concreta a través de  instituciones que cumplen una función política de aparato represor e ideológico que se descarga sobre un individuo por vía de un acto orgánico del poder judicial que es la sentencia condenatoria.

Lo cierto es que, en el contexto de nuestras sociedades, el delito es un hecho social que denota la manifestación aislada del individuo en pugna con las condiciones de opresión. La imposición de una pena sobre su persona lo convierte en delincuente, y como tal, en irremediablemente esclavo, de una justicia de clase que emerge del Estado al que previamente el conjunto social le ha constituido en depositario y ejecutor de la violencia.

Por eso, el Derecho penal debe ser visto y comprendido en tanto expresión de las relaciones de poder, y como crucial mecanismo de formalización y regulación de tales relaciones. Así entendido, reviste el carácter de medio a través del cual la clase social que ha impuesto al conjunto de la sociedad su modo de producción económico se asegura el papel histórico preponderante.

El jurista ruso Evgeni Pashukanis, ahonda en esas funciones represivas e ideológicas del Derecho penal, y los efectos del poder respecto del castigo sosteniendo que en realidad, “La idea de sociedad en su conjunto no existe más que en la imaginación de los juristas: no existen de hecho, más que clases con intereses contradictorios. Todo sistema histórico determinado de política penal lleva la marca de los intereses de la clase que lo ha realizado.

En ese contexto, las formas legales cumplen un papel relevante en todo cuanto signifique el mantenimiento y conservación del sistema ya que atañe al Derecho, conferir legalidad a relaciones económicas desiguales a través de un discurso legal que esconde especulaciones sectoriales bajo la apariencia de intereses generales y universales.

Esta función de naturaleza ideológica tiene lugar, a través de la construcción ficcional de un sujeto jurídico universal, artilugio que, cuando asevera la igualdad de todos los individuos ante la ley, decide ignorar y ocultar las diferencias reales entre los mismos. Al contemplar a todos los hombres como iguales y proteger sin distinción su derecho de propiedad, el ordenamiento jurídico silencia las reales desigualdades y las asimetrías que se derivan de esa forma social capitalista.

Dentro de esa percepción de lo jurídico, el Derecho penal emerge como instrumento político-ideológico del Estado. La clase social dominante, asegura y mantiene su dominación de clase con su sistema de leyes prohibitivas a las que adiciona una sanción penal básicamente fundada en la privación de libertad, el encarcelamiento, el castigo físico-psíquico, oprimiendo así a las clases explotadas. Sus jueces y organizaciones represivas, persiguen ese un único y mismo fin que debe ser entendido como un producto, que como tal no escapa del fetichismo del que se inviste toda mercancía. En definitiva esa relación social que subyace tras la norma penal y el aparato estatal punitivo que ella consolida, es la que dota contenido y moldea todo el sistema institucional abarcado por el Derecho Penal.

El derecho penal, emerge como herramienta ideológica a poco que podamos advertir la enorme distancia existente entre los preceptos legales y las realidades del delito y el castigo, y constatar que esa apariencia o falsa conciencia, se sustenta no sólo en las mismas normas, sino también en el despliegue que efectúan los operadores institucionales del sistema jurídico. En los hechos, norma prohibitiva, tipo penal y pena constituyen un instrumento de dominación que protege el derecho de propiedad de las clases dominantes, en contra de quienes carecen de una posición estructurada sobre esa relación de dominio en la sociedad y por tanto constituyen, en el plano objetivo, una amenaza a sus intereses.

La función ideológica, se filtra y hace posible, en un primer momento a través de las reglas de igualdad, libertad, para luego consolidarse con la instauración de formas procedimentales, que de manera constante e ininterrumpida adjetivan la norma sustantiva prohibitiva, a la que acompañan lo largo de su vigencia.

Aunque igualmente trascendente, existe  un segundo momento de la función ideológica del derecho penal, que adquiere matices marcadamente represivos.

Esto último sólo tiene cabida ante el fracaso del anterior momento ideológico. Así, resulta claro que, en casos de desobediencia, las formas culturales y legales que rodean al sistema penal darán paso a un despliegue más directo de violencia penal. Por eso, La penalidad es, en última instancia, un instrumento político de represión, aunque regularmente se ve limitada por intereses ideológicos y procedimientos legales.

La llamada teoría retributiva de la pena, las teorías de la prevención general (positiva y negativa), las teorías de la prevención especial (positiva y negativa) e incluso la teoría agnóstica de la pena buscan una función social de la misma con base en el contexto que marca el propio discurso punitivo, sea negándolo o reafirmándolo. Esto significa que el análisis del problema relativo a la fundamentación de la pena se hace, siempre y en todos los casos, en un contexto puramente ideológico, (en el sentido de falsa conciencia) y desprovisto de toda consideración o referencia a la influencia que en la cuestión pueda llegar a tener la conformación de una determinada estructura económico- social. En otras palabras, se tiene a la noción de pena como un elemento en sí mismo, abstracto, carente de datos contingentes y realidades, por fuera de la estructura económico social que en última instancia la determina.

Por esto, si nos alejamos del juego de esos discursos ideológicos, observaremos desde lo concreto, que la pena reviste también forma mercantil ya que consiste, en definitiva, en una transacción que, a partir de la comisión de la infracción, se celebra entre el Estado y el delincuente para el pago de la «deuda» contraída. Este acuerdo, a través de las estrictas formas y modalidades de los procedimientos penales y de los derechos y garantías procesales que atañen al acusado, es, como cualquier otro contrato desplegado en el mundo de los negocios, producto de la buena fe y el libre acuerdo de voluntades. La versión más agotada de este desarrollo y a la vez visiblemente ejemplificadora de su acierto es el proceso penal abreviado, donde actor público e imputado, ponen en acto esta desarrollo ideológico.

«La justicia burguesa vigila cuidadosamente que el contrato con el delincuente sea concluido con todas las reglas del arte, es decir, que cada uno pueda convencerse y creer que el pago ha sido equitativamente determinado (publicidad del procedimiento penal o judicial), que el delincuente ha podido libremente negociar (proceso en forma de debate) y que ha podido utilizar los servicios de un experto (derecho a la defensa), etc. En una palabra, el Estado plantea su relación con el delincuente como un cambio comercial de buena fe: en esto consiste precisamente el significado de las garantías del procedimiento penal. (Larrauri, Elena (2000): La herencia de la criminología crítica, Madrid, Siglo XXI, 3.ª ed.)

En el mismo orden de interpretación, la transacción que, a partir de la comisión de lo que se reputa infracción por el orden normativo positivo, se celebra entre el Estado y el delincuente para el pago de la «deuda» contraída., reconoce además proyección necesaria en el plano psicológico, en tanto la pena viene a castigar la represión humana que no tuvo lugar. Por esta circunstancia, el criminal debe ser convertido en juez de su propio crimen a través del remordimiento y el arrepentimiento forzado

Desde las usinas ideológicas se construye en las calles y en los medios de comunicación un discurso donde la pena se visualiza como la venganza de la sociedad sobre la persona ubicada en la categoría criminal, una suerte de castigo corporal y moral, que incluye en todos los casos el planteo del arrepentimiento. La venganza de la sociedad, cae sobre el criminal, acompañada por la penitenciaría y la búsqueda necesaria de los remordimientos, que precedería al arrepentimiento.

Asimismo y profundizando sobre estos conceptos, se ha podido advertir que el Derecho penal, a través de sus formas de persuasión física y simbólica, cumple un papel crucial de apoyo a la estructura económica reproductiva del capital, especialmente para el mantenimiento de vínculos de obediencia y sumisión, la legitimación del status quo, y en la perpetuación de la estructura de autoridad, nociones estas, marcadamente vinculadas al plano de la superestructura tal como fuera concebida por Marx y desarrollada por Gramsci.

Dando por cierto, la existencia objetiva de una sociedad escindida en clases sociales, con una base económica condicionante, configurativa de un aparato estatal custodio de ese orden social desigual, el discurso de lucha con base fundante en las categorías analíticas del marxismo debe operar en lo relativo a la función social de la pena y el derecho que la regula, con el convencimiento de que este discurso jurídico es el resultado de un amplio conjunto de fuerzas construido en el marco de estrategias políticas, religiosas o ideológicas, que buscan dar respuesta a los problemas sociales que signan la época, desde la reproducción del sistema de dominación social y política de la burguesía sobre el resto del conjunto poblacional.

 No debe ser otra la base para contraponer a esas expresiones del capitalismo culturalmente hegemónico, un discurso superador, que haga carne en la clase trabajadora y el conjunto de los socialmente oprimidos.

En Argentina, se ha producido un ‘viraje punitivo’, que se visualiza de las más diversas maneras, sea en la faz mediática de fijación de imágenes del accionar de las fuerzas represivas sobre vastos sectores de la población, en particular los territorial y socialmente ubicados en los márgenes, buscando su naturalización por vía de consenso, sea por la imposición de paradigmas punitivos en la legislación sustantiva y procesal, con abandono de abordajes tutelares y de políticas sociales sobre la juventud, ligados a la baja de edad de la punibilidad, sea por la inflación de figuras delictivas y las penalidades, etc.

Los propios legisladores y operadores políticos día a día dan cuenta que han perdido el control en tanto toman decisiones buscando no despegarse de lo que presumen que es la opinión pública, abandonando la dialéctica relacional con la población, en torno de la cual es posible esperar desde el presunto representante un discurso configurador de otros paradigmas socialmente “menos disvaliosos”.

Si algo caracteriza al populismo punitivo es la creciente alusión a lo que “la gente dice” para introducir ese factor como razón fundante de sus actos de gobierno sin ponderar con suficiencia el impacto que la privación de libertad opera sobre las personas, en particular en cuanto refiere a su desocialización. Sin embargo, no es la opinión pública la que marca la dirección de las preocupaciones o respuestas, sino más bien son los políticos quienes como gestores de los intereses de los grupos sociales concentrados del poder econó- mico, focalizan la agenda política en la dialéctica delito-seguridad y apartir de ese momento se reproduce esa preocupación focalizada en el grueso de la población incorporada económicamente al sistema

El viraje punitivo trae consigo miedo, recelo hacia los otros, desconfianza al gobierno, actitudes punitivas, decisiones políticas de urgencia que no tiene necesariamente que ver con un incremento real y objetivo del número de delitos sino más bien, con el crear una base de sustento ideológico consensuada en una decisión política de reaccionar por el incremento de la acción represiva de violencia directa frente a ese fenómeno.

• Pashukanis, Evgeni (1976): Teoría general del Derecho y marxismo, Barcelona, Labor.

• Conde Salgado, Remigio (1989): Pashukanis y la teoría marxista

del Derecho, Madrid, Centros de Estudios Constitucionales

• Garland, David (1999 [1990]): Castigo y sociedad moderna.

Un estudio de teoría social (trad. B. Ruiz de la Concha), México,

Siglo XXI, 1.ª ed.

• Giddens, Anthony (1992): El capitalismo y la moderna teoría

social (trad. A. Box Duch), España, Labor, 3.ª ed.

• Larrauri, Elena (2000): La herencia de la criminología crítica,

Madrid, Siglo XXI, 3.ª ed.

• Marx, Karl, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. —— El capital (trad. M. Sacristán), Barcelona, Grijalbo. —— Manifiesto comunista.

• Taylor, Ian (2001): «Crimen y crítica social». Delito y Sociedad.

Revista de Ciencias Sociales (Buenos Aires, UBA), año 10, n.º 10.

• Wacquant, LOIC (2000): Las cárceles de la miseria (trad. H. Pons), Madrid

Capítulo 3
“La inseguridad”: una herramienta conceptual de la ideología dominante

La comprensión de las causas y los factores que motivan el delito, exige ir más allá del individuo catalogado como delincuente en su conformación biológica y psicológica.
Esta, es la primera respuesta que se debe contraponer a la exhibición del fenómeno delictual, impuesta por el juego combinado de instrumentos políticos y mediáticos que se integran como vectores de la cultura dominante.
Los discursos relativos al delito, con enfoque clínico, basados en disciplinas como medicina, biología, antropología y psicología, tuvieron en el plano de la cultura un papel específico: servir de justificación pretendidamente ‘científica para construir la respuesta a la pregunta por el origen y el ser de la criminalidad.
Estas narraciones, se convirtieron, al igual que la Criminología positivista, en simples herramientas funcionales para la reproducción ideológica de la dominación capitalista, es decir, para permitir que la clase hegemónica continuara con sus privilegios mediante la explotación de explotados y oprimidos.
Si sobre el fenómeno criminal abandonamos esa visión reduccionista, racista, e individualista, con base biologista y neopositivista que impone el modelo dominante es posible cuestionar sus postulados para desbaratar los dogmas que imponen esos relatos a través de la criminología mediática.
En estas, como en tantas otras facetas del orden social capitalista donde nos toca en suerte sobrevivir , la construcción y captación de una realidad social, dentro de una categoría conceptual específica y su traducción mediática por vía de la categoría negativa “inseguridad”, admite un desarrollo dialéctico, en tanto el discurso positivista antes enunciado, ha venido siendo contrariado por otras concepciones que lo niegan en su esencia, pero no alcanzan a superarlo, con lo que la pervivencia de las tesis primigenias elaboradas por esa corriente de pensamiento y ese pretendido “saber”, perduran bajo distintos paraguas, que aún le otorgan sobrevida.
Ese discurso hoy reproducido por la llamada criminología mediática y las políticas sobre “seguridad “ que se postulan desde el poder burgués estatal con la fachada de la forma de gobierno encarnada por la democracia representativa , “usa” una específica teorización ideológica del delito como herramienta política para demostrar las bondades de la “paz social” como valor fundamental para una sociedad y lo hace de modo activo, criminalizando a los sujetos de derecho, resolviendo por esa vía en el plano simbólico y no en el instrumental, todo aquello que con efecto social negativo para la clase trabajadora en particular implica la criminalidad que el modo de producción capitalista genera desde sus entrañas.
Sin duda, que siendo el fenómeno de las acciones sociales que se juzgan negativas para otro individuo o grupo social de carácter complejo esa misma situación abre , la posibilidad teórica y abstracta de formular otras enunciaciones sobre su naturaleza, efectos y “soluciones” , diversas de aquellas que agrupamos como criminología mediática.
Como esta cuestión no es nueva, sino que remonta a la propia génesis del modo de producción capitalista, con sentido histórico es conocido que hacia fines de los años 60, y principios de los 70, del siglo XX con alcance mundial, se gestaron movimientos sociales de protesta y de rechazo al régimen capitalista.
Estas expresiones en el plano de la lucha político-social tuvieron su correlato en la crítica al paradigma positivista sobre el delito. Se gestó así, un pretendido polo antagónico, una suerte de unanimidad en el “no”, a la estrategia dominante de pensar y abordar el crimen como algo que se dice del hombre o se atribuye a algunos hombres, en tanto individuos desviados, inferiores, con deficiencias psicológicas y fisiológicas que los predisponen a su realización , confrontándole un abordaje que busca encontrar las causas del crimen entendido como hecho social, con base en la sociedad de clases y la naturaleza específica del trabajo en la producción de mercancías.
Sin embargo esa experiencia de oposición no alcanzo la síntesis superadora que exigía su desarrollo dialéctico, que quedó estancado al consumarse en las décadas del 80-90 la derrota de las luchas políticas contra los regímenes autoritarios y ulteriormente la globalización capitalista neoliberal, los espacios para su desarrollo, se vieron acotados en su objetividad y fueron, en sentido contrario, propensos a la imposición de un discurso reformista, que termina por construir un neopositivismo criminal, con apoyatura en los estereotipos impuestos por el discurso mediático, de lucha contra el delito y exacerbación del discurso atinente a la inseguridad.
Las herramientas teórico-metodológicas para cuestionar y hacer una ruptura con los esquemas estereotipados de dogmatismo y la criminología dominante, resultan útiles para la confrontación ideológica, como lo han demostrado los avances que introdujo la llamada criminología crítica y las experiencias ligadas al llamado derecho penal mínimo, con base garantista y de reducción de poder punitivo y finalmente los desarrollos del abolicionismo.
Sin embargo, como esos mismos derroteros intelectuales lo demuestran en el terreno de la existencia social, sus planteos se esterilizan, para ceder espacio, por su simple negación al discurso represivo liso y llano, funcional a la dominación de clases.
Una vez más, la falta de visualización del problema del Estado, y con él cuanto atañe a la necesidad política de su transformación con eje en la modificación de las relaciones de producción, hizo mella en lo loable del planteo, para marcar con rigor de tragedia sus carencias.
Las enseñanzas de la historia reciente, revela así, que cualquier planteo de orden científico que no logre hacerse carne en un proyecto de trasformación social más generalizado con mediación de lo político, por vía de la incorporación al programa de acción que encarnen en sus demandas los sectores explotados y oprimidos en una sociedad de estructura socialista, está destinado a transformarse en letra muerta.
Las tentativas de limitar el poder represivo del Estado, mediante criterios “normativos” localizados “en un plano legal-infraconstitucional” (funcionalismo); o fuera de aquél marco legal pero dentro del plexo constitucional (garantismo e iluminismo) resultan infructuosas en todos los casos en tanto, provienen de un poder ya constituido e ingenuamente demandan que éste, limite sus propias facultades represivas, mediante su propia voluntad cuando es el ejercicio de la violencia punitiva la propia encarnadura de su ser y existir.
La actualidad nos ubica nuevamente, enfrentando condiciones ideológicas y culturales desfavorables al interés objetivo de la clase trabajadora , por la presencia relevante del discurso mediático sobre la cuestión criminal con fuerte alcance represivo, por lo que se hace prioritariamente necesario exhibir y difundir a la criminalidad, como emergentes de una construcción social basada en la estratificación social, resultante de relaciones de dominación y no como un comportamiento aislado de un individuo.
Debe asumirse como tarea intelectualmente orgánica con los intereses objetivos de los sectores sociales explotados y oprimidos, aquella que signifique mostrar de las más variadas formas, lo significativo dentro del entramado del fenómeno en si, que no es otra cosa que la advertencia respecto a que detrás de aquello que se da en llamar delito se oculta una premisa : “El Estado capitalista es el producto natural de una sociedad dividida por clases sociales.
En ese sentido hay que recordar desde el dato histórico que “La necesidad del Estado sólo surgió con la aparición de una división del trabajo basada en la explotación de una clase por otra y con la desintegración de la sociedad comunal. La nueva clase dominante creó el Estado como un medio para mantener al resto de la población en una sumisión económica y política” (Young, Taylor y Walton, p. 250 Criminología Crítica. Edit. Siglo XXI)
En otras palabras, debe quedar inscripto en la conciencia del cambio, que son las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales las que determinan de manera arbitraria y funcional, la tipificación de una conducta como delito y de una persona como “delincuente”.
Si ubicamos al crimen como un emergente del propio mercado capitalista, en la estructura desigual de clases, donde sistemáticamente se frustran los ideales meritocráticos que sirven para legitimar al sistema, y dentro de los valores centrales del individualismo competitivo que moldean y guían las frustraciones e ira de las personas, podremos ubicar el problema en sus raíces y abordar su superación dialéctica desde el plano político que es el espacio relacional desde donde debe abordarse el fenómeno en sí.
El capital organiza la sociedad con base en producir más y en consumir más, con un regulador formal del intercambio que es el dinero, que por su trascendencia debe ser obtenido sin importar los medios. Siendo el dinero, reputado como mercancía que da inicio y fin a la existencia del ser humano, esta premisa produce rupturas sociales que abandonado el valor justicia, permiten la explotación del hombre por el hombre, destruye la solidaridad y alimenta un exacerbado individualismo Desde allí, es sustancial la pregunta sobre las condiciones que determinan la distribución de riquezas, ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres?, ¿Cómo explicar tantos delitos de cuello blanco y su escaza o nula represión?, ¿cómo explicar la corrupción, dentro y fuera del Estado?, ¿cómo entender que el medio ambiente es aniquilado por empresas monopólicas?
En este contexto es perfectamente comprensible la posibilidad de la empresa delictiva, en tanto la misma no se diferencia del resto sino en la entidad del producto que elabora, y aún más, que un emprendimiento asuma objetivos legítimos desde los cuales consumar conductas lesivas.
Basta apreciar en este sentido, el predicamento que en jóvenes con posicionamiento en la clase trabajadora o desempleados, de las estructuras delictivas empresariales, En ese sentido es generalizado que maravillados por el acceso a bienes que no son de su capacidad económica, los jóvenes ponen de manifiesto el fracaso de políticas públicas, integrando en alto número esas bandas incluso en condición de explotados y oprimidos.
El análisis de la pobreza y no así de la riqueza como factor predisponente de la criminalidad es resultado del discurso ideológico capitalista (en el sentido de falsa apreciación de la realidad) con base en la necesidad de la dominación de la clase hegemónica sobre las masas.
Desde ese plano se gesta socialmente y se naturaliza por reiteración mediática y penetración en la conciencia, una asociación entre la falta de desarrollo psicosocial (inferioridad), pobreza y la consecuente inadaptación a las normas sociales y por otro lado de forma paralela, se crea una disociación entre la empresa capitalista y sus delitos, con sustento en la acción legitimadora del Estado.
En el mismo orden de ideas, es que se apela desde el discurso discriminante , a los individuos , a los sujetos de derecho individuales en termino abstracto, como únicos responsables de los delitos, eliminando de facto, la relación de los explotados y oprimidos con las clases en el poder y las consecuencias necesarias de ese conflicto social.
En definitiva, el punto de partida de una práctica militante orientada con sentido estratégico a abolir el orden social capitalista , es el abordaje del fenómeno social delito-castigo, deslegitimando la entidad material del discurso criminológico mediático, denunciando su función de aparato ideológico, justificador de las necesidades represivas y disciplinarias de la sociedad capitalista; ligándolo con el planteo de conjunto de crítica política a la sociedad burguesa, en tanto la criminalización es tan sólo una manifestación más de la dominación y la explotación.
Lo dicho significa sostener que la construcción de las leyes, el sistema de justicia, el control social, la concepción del delincuente e incluso el Estado mismo, son medios empleados por las clases dominantes para mantener su condición de explotadores. Por esto, es preciso incorporar a todo programa de acción política un factor conceptual que debe ser asumido como estandarte por la clase trabajadora, señalando que la sociedad donde nos desenvolvemos es una sociedad de clases que estructura institucionalmente organizaciones estatales y para-estatales con el fin de hacer funcional la dominación de una clase sobre otra.
En igual medida , se torna imperioso poder transmitir y propagandizar que los intereses de la clase dominante son plasmados en el derecho penal en tanto, las leyes defienden los propósitos de los poderosos y no los de la población y por ello los órganos represivos del Estado no protegen los intereses de la sociedad en su conjunto, de forma tal que la demanda social no gire paradójicamente en la eficiencia de los mismos y los reproches a su corruptela.
No hay una noción abstracta de seguridad y su negación lógica, la inseguridad, que se ubique por encima de las clases sociales como valor que debe ser defendido por todos por igual, tal como lo pregona el poder burgués. Lo que existe, en el plano de lo real y concreto es la “seguridad” de los dominadores que se traduce en la continuidad pacífica y reproductiva de esa dominación de clase.
Todo Estado de la burguesía, cualquiera fuera la forma que asuma, se encuentra sumergido en deplorables y lacerantes injusticias sociales, en donde la violación a los derechos humanos, entre muchas cosas más, es una constante que merece reproche.
El Estado gestiona y gerencia los intereses de la burguesía en su conjunto y para ello hace suyo el monopolio de la violencia, legitimando su proceder con leyes. La aparente protección que el Estado brinda no se basa en la legitimidad de los intereses defendidos sino en la coerción, o en la difusión de una “falsa conciencia”.
Estas premisas, deben formar parte del programa político de la clase trabajadora y el conjunto de los oprimidos, No admiten , ni basta, una reiteración puramente académica que las condene al fracaso porque ello implicaría la prevalencia de lo contrario, es decir, la supervivencia de la sociedad de clases, el control estatal, la vigencia de lo represivo sobre el consenso y la libertad.

CAPITULO 4

Régimen político y sujeto de derecho

El individuo, entendido como unidad psicofísica no tiene correspondencia necesaria con lo que la ciencia jurídica denomina sujeto de derecho. Esto es así porque puede ser entendido como tal no solo el sujeto corpóreo sino también los entes colectivos, como por ejemplo lo son las sociedades comerciales o las distintas gamas de asociaciones civiles. Esta idea es más o menos aceptada por todas las corrientes de pensamiento que abordan ese especifico espacio del conocimiento. Sin embargo, lo que se oculta con significación ideológica, es que por la propia lógica de la acumulación capitalista, también es posible pensar un ser humano, sin existencia como sujeto de derecho, en la media en que esa persona es excluida o no incorporada al complejo entramado de la producción mercantil.

Las estructuras kantianas de pensamiento, que inspiran las bases ideológicas del orden jurídico establecido, se ocupan de delimitar la idea de que el hombre es persona, en tanto es pasible de ser considerado como un centro de imputación normativa en función del cual se le adjudican potestades, facultades y se le imponen, a la par, obligaciones.

Sin embargo, en esta premisa es donde el Estado de la, revela su absoluta impotencia para humanizar la vida a través de relaciones sociales justas, toda vez que solo pueden asumir en un 100 % esa condición de sujeto de derecho, aquellos que se encuentran incorporados de alguna manera al proceso productivo y a la cultura dominante. Para los excluidos, solo queda la posibilidad de asignación de una personalidad acotada y limitada a ser pasible de un solo tipo de norma: La ley penal.

En otras palabras, al marginado, al no incluido en el proceso productivo de bienes o servicios, solo se le otorga la condición de

sujeto de derecho para materializar a su respecto el reproche penal e imputarle comportamientos sociales previamente catalogados como delictivos por poner en crisis, ese orden cultural.

Dese lecturas a las pautas programáticas de nuestra Constitución Nacional y las de las profusas enunciaciones contenidas en los tratados internacionales incorporados en ella y se verá que la realización de esas formas jurídicas, proclama, en el terreno concreto de la existencias real de gran parte de los habitantes de este suelo, un enorme “ausente sin aviso”, Las específicas relaciones sociales que estructuran nuestra vida material y cotidiana, generan día a día, exclusión y marginalidad. Muchos de los expulsados construyen así una “nuda vida” y en esa vida sin vida, se extinguen como sujetos de derecho.

No puede pensarse en normas que regulen la existencia, si el Capital es la relación básica constitutiva de los vínculos que se generan entre las clases sociales que ella misma genera, en pugna constante por la apropiación del plusvalor generado por el esfuerzo del trabajador asalariado

La democracia formal, en cuanto régimen político, con base en un Estado Constitucional, no goza de legitimidad, en la medida en que se revela incapaz de garantizar, a todos los individuos por su sola existencia, la condición de sujetos de derecho. Un sistema de vida impregnado por una realidad opresiva de la subjetividad no puede hacer otra cosa que anular la existencia de las personas en tanto individuos sociales capaces de asumir obligaciones y ejercer derechos.

Capítulo 5

El castigo

En el orden social capitalista, desde el espacio de la cultura la pena esta socialmente habilitada y tolerada, en forma tal que se exhibe como un ente con base natural y material. En otros términos, es socialmente admitida la idea de castigo, y su concreción en una estructura simbólica que remite a la exclusión de la convivencia social, del sujeto que recibe la misma y su depósito en ese espacio físico excluidos de la mirada de los otros, que es la cárcel.

Existe en torno a lo que se llama pena, una visión consensuada respecto de su necesidad, para que el orden social funcione, y sea posible en el terreno de la realidad. De esta forma, la sociedad en su conjunto, habilita el castigo, que se presenta como una consecuencia natural e ineludible, de forma tal que cuando así no opera, la demanda social por la imposición de pena adquiere relevancia de reclamo y se confunde en el discurso, con el valor justicia, por lo que así se denomina, no es otra cosa que la imposición de un específico castigo, consistente en la privación de libertad.

Lo que llamamos pena, es así, la resultante de una falsa conciencia, tanto de su necesidad como de su utilidad social. El castigo materializado en la condena privativa de libertad, lejos de restaurar el daño social que pueda haber emergido en la vida relacional desde una conducta, lo único que hace es ocultar su rol de negación de la persona por vía de la segregación social,

Así desde el hacer y los símbolos cotidianos de nuestra convivencia, en tanto construcción cultural, lo ideologico hace que, por diversas vías quede plasmado que la dialéctica delito-castigo se ubica en la sociedad civil y en paralelo, que la estructura institucional Estatal, en tanto instancia superior, exterior, que manifiesta a la totalidad de los ciudadanos y que sabe reducir y organizar los desórdenes que

se operan en el plano social, queda habilitada para convertirse en la reguladora del castigo, tanto en su entidad como en su cantidad.

Esta visión del Estado como estructura institucional fundadora de una racionalidad política común y compartida, de corte hegeliano y ajena a la conformación del conflicto social incito en cada situación a la que se le asigne el nombre de delito, es la que permite ocultar que por vía de la imposición de pena, se deshumaniza a la persona en tanto se le niega su libertad física, su posibilidad de expresarse, de relacionarse, de vivir en sociedad.

Para aprender a tolerar la imposición de ese sufrimiento que impone el Estado, desde lo ideológico, se nos dan diversas explicaciones, que han ido emergiendo en el tiempo, emergiendo unas a la vez que cedían por la prevalencia de la realidad, las anteriores para encontrarse hoy en absoluta crisis, al punto tal que desde una perspectiva puramente utilitarista disfrazada de realismo, se habla de teorías agnósticas de la pena, que no impide ni neutraliza la demanda social en torno al reclamo por mayor castigo, desmereciendo y negando la posibilidad de otras alternativas a esa respuestas punitivas.

En otros términos, el reclamo se concentra y ve con buenos ojos sumar otro mal al mal que ya existe, añadiendo violencia a la violencia.

La pena, aumenta la violencia, porque menoscaba la dignidad del sujeto por vía de la violencia Estatal. En esto la ideología hace base en el sistema filosófico de Hegel para quién el delito, simboliza una negación que el sujeto produce hacia el Estado que, encarna el bien común. La pena vista como su lógica consecuencia, es la negación a esa negación. Por ella la cárcel, en tanto institución específica que la viabiliza:, produce más violencia, más odio, más inseguridad, más segregación, más discriminación, en definitiva, un estado inhumano.

Es puramente ideológico, pensar y sostener que la pena construye seguridad y facilita la convivencia social. Al contrario, la pena no dignifica al hombre, ni a las relaciones en las que este se inserta,

Construir una sociedad donde la pena no sea necesaria, requiere de un especio relacional humano, donde no se piense y legitime la acción de castigar, requiere de otro entorno cultural y otras relaciones sociales de producción, solo viables a través de un cambio en lo político y jurídico.

La punición, no es otra cosa que una técnica del poder por eso, donde crece y se extiende la pena, se anulan en igual proporción derechos constitutivos de la individualidad personal y la dignidad. A ese modo de intervención Estatal, con consenso social significativo se oponen aquellas intervenciones que advierten que donde crecen los derechos sociales, se desdibuja el sentido mismo de la selectividad del derecho.

Para ordenar un poco tanto ruido, resulta prudente definir que los hombres y mujeres vivimos en sociedad y que dicha condición o circunstancia exige solidaridad, orden y una serie de reglas o pautas de conducta e instituciones que sostengan y actúen lo anterior. Control Social que le dicen.

El control social en cuanto valores, instituciones y pautas de conducta a las que se somete el individuo –y a las que se pretende someter a los individuo, también debe decirse– tiene por objeto básicamente regular la conducta individual y mantener enhebrada la trama social. Uno de sus subsistemas es el Sistema penal, que no sólo está constituido por las leyes penales, sino además por los sistemas penitenciarios, los operadores jurídicos de dichas leyes, las fuerzas policiales, los sistemas protectorios y reparatorios a las víctimas, entre otros aspectos o elementos a tener en cuenta.

Por ello, pretender que una ley penal por sí misma –o un Código Penal– en su caso, solucionen el completo funcionamiento del Sistema Penal, es cuanto menos un deseo ingenuo y cuanto mucho, una demagogia en materia penal inexcusable.

La actual reforma al Código Penal busca básicamente ordenar y otorgar racionalidad a una legislación penal caóticamente formulada, adecuar penas y sanciones, incorporar delitos no previstos y tal como señala el Decreto Nº 678/12 “… consolidar la instituciónalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos”. Una vez hecho, aún nos quedarán por resolver esas cárceles en las que no hay Dios ni amparo, esa policía que tememos, los malos jueces y los peores abogados. Todavía nos quedará ordenar el cinismo de un sistema de inocencias dudosas y culpabilidades tardías. Todavía nos quedara por ordenar un sistema penal que no funciona.

Frente a este objetivo, la tesis antagónica nos dice que hay que endurecer las penas, darle selectividad al derecho. apelando a la objetividad de la imputación, sancionar duramente a los excluidos de la producción y por qué no, perseguir a los jóvenes, como si fuesen adultos, ocultando su condición de sujeto activo de derechos que le deben ser reconocidos y garantizados.

Se hablan de consensos y diálogo, sólo buscado torpe e irresponsablemente a qué oponerse o cómo hacer prensa. Y, finalmente, algunos concluyen que tal vez no sea tiempo de tratarlo ahora. Todo esto, mientras acumulan millas de sets de televisión.

De este choque de contrarios, se sigue que no es la forma de Estado o un régimen de gobierno lo que consolida la dignidad humana sino la cultura que se gesta desde la base social, con admisión y naturalización de paradigmas compartidos. Ese escenario no da alternativa de superación que no implique un salto dialectico, en cantidad-calidad superador de esta visión de lo social que incorpore como paradigma la exclusión del castigo,

No hay Estado de Derecho sino Derecho del Estado, que no es otra cosa que la continuidad y acumulación de la dominación de una clase social sobre otra por vía de la norma jurídica y el castigo ante el peligro de conductas u omisiones que ponen en crisis o vulneran ese juego de lo permitido y prohibido que llaman orden.

Capítulo 6

Ontología de “la seguridad”

La pregunta por el ser, es decir, el problema por la determinación de lo existente, es constitutiva del hombre mismo, y sin duda desde este ámbito de la filosofía, las respuestas han sido en la historia, múltiples y variadas. Sin embargo, la prevalencia de una u otra alternativa sobre la cuestión adquiere relevancia a poco que nos preguntemos por aquello, que hoy se introduce en todo discurso político, como lo es, el tema de la seguridad, aunque más precisamente el contenido del relato pasa por su aparente negación “la inseguridad.”

Todo aquello que indica la negación de algo, en realidad constituye ese algo, máxime si aquello que referimos es una idea, es decir, algo de lo que no puede predicarse materialidad o corporeidad, ya que cuando hablamos de seguridad-inseguridad, lo palpable o registrable, son acontecimientos sociales objetivos respecto de los cuales se dice, que acrecientan la inseguridad o construyen la posibilidad de seguridad, en este último caso, todos ellos ligados a otro fenómeno, como lo es, el castigo y la punición

Por eso, cuando intentamos encontrar en el espacio ideológico, algo que nos permita aproximarnos a la exterioridad social de lo que se da en llamar seguridad, en la misma medida nos estamos involucrando en aquello que implica su negación, y esto es tan así, que en la actualidad la primera se pronuncia mas como deseable resultado de la exclusión de inseguridad que por afirmación.

Dicho de otra forma, todo parece indicar que, lo que adquiere entidad por percepción, no es la seguridad misma sino su negación, la inseguridad, todo lo cual parece contrariar el principio lógico de identidad, en tanto el ser es, y el no ser no es. Sin embargo, la historia social ha dado suficiente cuenta, que el plano del razonamiento lógico en la complejidad de lo humano y los sistemas sociales de convivencia, naufraga por definición, por lo que, desde la dialéctica, asignar entidad a la negación aparece ontológicamente posible.

Debe decirse en ese contexto, que configura una estrategia de dominación cultural, construir un concepto, esto es, una idea, sin que la misma tenga reflejo real y material en alguna estructura objetiva de la que dé cuenta. Así la noción de seguridad, bosquejada desde el plano de una ética social, compartida por todos y sin definición de clase, entendida como un valor en sí mismo y constituida por la premisa básica del rechazo a la violencia y la posibilidad de orden, en tanto ámbito natural para generar el progreso de todo, es una falsa conciencia y como tal una expresión ideológica.

Como tal, ese discurso oculta decir, que la inseguridad en tanto manifestación negativa de esa ideología, no reconoce otro vínculo causal que los epifenómenos que son propio de la lógica de desarrollo del modelo capitalista de producción y de las relaciones sociales que este engendra, de manera tal que pensar la seguridad como valor abstracto y objetivo alcanzable en ese contexto, manifestándose bajo la premisa orden, paz y progreso social, implica en todos los casos la necesidad de reprimir las manifestaciones negadoras de ese fenó- meno, que en lo cotidiano lo controvierten, por vía de la represión punitiva. Esto no es otra cosa que dar realidad a lo que no lo tiene, ni lo ha tenido en el desarrollo histórico, en tanto la conflictividad es de la esencia del devenir, que es en sí, lo único sobre lo que puede predicarse el ser. Pensar en una sociedad de orden y paz, es imaginar, la imposibilidad del cambio. Repudiar el conflicto, sin avanzar sobre su génesis y desarrollo, apelando a una noción metafísica, vacía de contenido material, como lo es apelar a la seguridad, no es otra cosa que un artificio cultural, destinado a la justificación del castigo y a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, por vía de la necesariedad del Estado y su violencia legitimada.

La ubicación ontológica de la noción seguridad, en tanto valor social en sí mismo, por sobre las clases sociales, es una falsa construcción de conocimiento, funcional a una visión defensista de la sociedad, desde la que un grupo busca protección o amparo en la estructura del Estado otorgándole y legitimado el uso de la violencia, para que esta se descargue de modo selectivo sobre otro sector social, en el marco de una estrategia de combate, en la que la noción de delito, abandona su estructura puramente jurídica, para transformarse en un elemento funcional justificante de ese proceder represivo.

En ese marco la idea de igualdad ante la ley, emparentada con el principio de legalidad por las que no hay delito, ni pena sin una ley anterior al hecho que así lo defina y un juicio previo que determine su existencia material, deja de jugar un rol contenedor del poder punitivo de las agencias estatales, para pasar a ser funcionales y reproductivos de esta estructura defensiva inscripta en la lógica del combate contra el otro, visualizado como “individuo peligroso”.

Esta ideología en torno al concepto “seguridad” de contenido puramente defensista, concebido como totalidad conglobante y valor en sí mismo, que se impone acríticamente al conjunto de la población, por intervención mediática relevante, reproduce la desigualdad social, mediante la construcción permanente de bandos en pugna, y el señalamiento del enemigo a vencer, en una lógica de combate que toma cuerpo por vía del encierro e impone como resultado el castigo.

En todas las redacciones y medios de comunicación interesados se distribuyen gratuitamente muestras de perfección de este modelo defensista. La base social de esta prédica falsa y ampulosa la constituye la pequeña burguesía, con consenso de los sectores obreros mejor remunerados, que toma como propios intereses y concepciones que son emergentes de la gran burguesía y los sectores concentrados del capital. La base política, encuentra su ámbito en la impotencia y la desesperación, frente a la cual los oportunistas de toda estirpe rinden tributo, perfeccionando el discurso represivo. La base psicológica se halla en el deseo de superar el sentimiento de la propia inconsistencia como sector social y en el recargar todas las expectativas frustradas por la misma lógica reproductiva del sistema, a la responsabilidad de los sectores sociales a los que previamente se los ubicó en los márgenes.

El rasgo fundamental de esta construcción ideológica de clase en torno a la ponderación de la seguridad como valor social, lo constituye ignorar completamente la base material del fenómeno y el ocultamiento de sus manifestaciones, que no son sino, en última

instancia, un reflejo de la estructura de relaciones sociales de producción en la que la vida social se desenvuelve.

Con la exaltación del conflicto en particular, se oculta y oscurece, como gravitan en el discurso, las diversas tendencias de clase que subyacen al mismo y por igual razón su papel histórico objetivo La elaboración rutinaria y persistente, de falso conocimiento colectivo, que parte de reputar la seguridad como un valor en sí y por encima de las clases sociales, se desenvuelve en gran medida, en forma deliberada desde las usinas mediáticas de la formación de opinión.

Invocando la defensa de la sociedad se benefician con la protección y la represión los grupos dominantes representativos de una exigua minoría de intereses exclusivos y concentrados. En ese artificio, la seguridad no es una noción conceptual que adquiera entidad por sí misma, sino una expresión ideológica de los intereses específicos de clase, que le dan contenido según sea la expresión cultural dominante- Es por vía de la exaltación de su contrario (la inseguridad) que se viabiliza la intensificación de la gestión del aparato punitivo y su consecuencia necesaria, el castigo.

Capítulo 7

Titanes en el ring

“Quienes impugnamos la sociedad capitalista y creemos que en esta sociedad es legal el robo consumado en el trabajo no pago del trabajador, que es el fundamento sobre el cual se sustenta el orden social, vemos que todo el Código Penal está construido desde el punto de vista de disciplinar a los sectores populares, a la clase trabajadora con tipos penales que afectan las conductas que se derivan de este mismo orden social.” (Diputado Cristian Castillo, discurso en la legislatura de la provincia de Buenos Aires abril/2014)

Por este tiempo, aprovechando que fue mencionado en el discurso de la presidenta, se mediatizó la discusión en torno a la necesidad de reforma o no del Código Penal Argentino. Como es de esperar inmediatamente se adoptaron diversos posicionamientos, que van, desde los discursos públicos del cerrado grupo de integrantes de la comisión que redactó el borrador que circula públicamente, hasta los acérrimos enemigos, que reencarnan una nueva edición del relato del falso ingeniero Blumberg (¿usurpador de título?) sobre la base de la defensa social y la justificación de la pena como reacción puramente vindicativa del Estado y residual elemento de prevención general del delito.

El desenvolvimiento del debate adquiere múltiples facetas, pero es posible hacer una síntesis, que en cierta forma se ve forzada por el formato mediático que se le ha dado a la cuestión, y que intencionalmente ubica un discurso académico, corporizado por los creadores del borrador del proyecto y otro grupo de anclaje en la realidad, corporizador de los deseos de “la gente”, que no trepida incluso en acudir nuevamente a los familiares de las víctimas de hechos lamentables como interlocutores exclusivamente válidos en la cuestión.

Los “académicos” han quedado así encerrados en su propio discurso, pues la primer reacción fue en términos generales, la de mandar a estudiar a sus oponentes, olvidando que el Código Penal es un instrumento político del Estado, y como tal, una cuestión que trasciende lo jurídico, para ubicar la discusión en el terreno necesario de la relación de mando-obediencia, que es la matriz de ese escenario. En otras palabras, el problema no se discute desde el texto de un artículo, sino desde la definición misma de si es necesario o no un nuevo código penal, y en su caso con qué objetivos, cuestión que sin duda no puede ser resuelta en las universidades, ni en los postítulos académicos financiados por el propio poder, ni tampoco por cinco o seis iluminados reunidos en comisión.

Los ilustres se sienten cómodos en los circuitos cerrados retroalimentados, pero la realidad pasa por fuera de esos ámbitos y genera un discurso que cuestiona ese relato desde análisis con base en el mal llamado sentido común, donde se parapeta la construcción política, de los grupos que aspiran a hacerse del poder Estatal para beneficiar a la concentración económica que nunca aparece en escena. Por eso, la primera reacción de los ilustres, es el fastidio y acciones que suponen la misma conducta que se reprocha en el opositor, esto es, el rechazo del otro intentando descalificarlo por ignorante mandándolo a estudiar. Sin embargo, se verá que ello oculta un factor: lo que se ordena estudiar es el discurso del mandante, aceitado en los ámbitos universitarios, y en la tendencial búsqueda de algún pronunciamiento judicial que los vaya recogiendo.

Pero insistimos, eso es un discurso, eso no es lo real. Lo cierto, tangible y palpable es que en los sectores medios de la sociedad, e incluso en el de la clase trabajadora de más alta remuneración, está instalado un relato inverso, de modo tal que el oponente, lejos de estudiar, propone contar cantidades, es decir, hacer una compulsa de opinión, saber que ese es su territorio y no el de la academia autoreferenciada.

En ambos casos, creemos que lo que se pierde de vista, es que el problema social, que adquiere captación ideológica dentro de la construcción jurídica del delito, a través de un Código Penal y su correlato en el terreno sociológico y político de lo que se da en llamar

“seguridad”, presentado con una modalidad que trasciende a la experiencia y se constituye en un valor en sí mismo, en tanto significante de muchos mandatos y confrontaciones, no puede plantearse, sino en función de un proyecto de transformación social profunda, con la base de consenso social adecuada. En otras palabras, no existe otra posibilidad con aspiración superadora del problema, que el trabajo combinado y dialéctico entre universalidad teórica y proyecto político transformador.

Una reforma del código no podría nunca, por sí misma, hacer frente al desarrollo del estado de excepción que subyace en los regí- menes de constitución formal y no material.. Para ello sería necesario el desmantelamiento el aparato estatal que opera a favor de ese estado de excepción: los aparatos represivos, la justicia burocrática e inamovible, el parlamentarismo ficticio y encubridor. La eliminación de la reincidencia como causal de agravamiento de la pena, escamotea que el sistema carcelario es un productor serial de reincidentes y de delitos de mayor pena -más allá de la ‘reincidencia’ que genera la falta de salida social.

El proyecto traduce un diseño que funda raíces filosóficas en las premisas del reformismo, que tienen cuerpo jurídico en lo que se conoce como garantismo, exhibido como instrumento que refuerza los derechos del ciudadano ante las arbitrariedades y ‘armados’ de las fuerzas de represión y, por otro, como formulación que abriga la institución de sustitutos de la pena o el castigo por vía de reeducación y la reinserción social,

El reformismo y su expresión ideológica en la problemática criminal, el garantismo, chocan hoy en nuestra sociedad, con todas las tendencias por la acentuación del castigo que se presentan de las más diversas maneras, pero hegemonizadas por la llamada criminología mediática y con el crecimiento del aparato represivo del Estado, la ley antiterrorista, el gatillo fácil y la desaparición de personas por el fenómeno de la trata.-

Este desarrollo político-ideológico, confronta además con el incremento de la violencia social y política, visiblemente manifiesta en el mundo capitalista globalizado, con el crecimiento el desarrollo del crimen organizado

Desde la objetividad de la experiencia realizada en el tiempo, debe decirse que las tentativas de limitar el poder represivo del Estado, mediante criterios “normativos” localizados “en un plano legal-infraconstitucional” (funcionalismo); o fuera de aquél marco legal pero dentro del plexo constitucional (garantismo e iluminismo) resultan infructuosas en todos los casos. En tanto, provienen de un poder ya constituido e ingenuamente demandan que ese poder ya institucionalizado limite sus propias facultades represivas, mediante su propia voluntad”.

La ofensiva del discurso con anclaje en la idea del combate al delito y el eje conceptual en el valor seguridad, asumida por amplio espectro del sector político, que aparenta poner en retirada la iniciativa pre-legislativa hace de la idea “seguridad” una construcción intelectual situada conceptualmente, en tanto valor, en una experiencia no realizada y por ende deseable. Vista de esa manera la idea de paz social y seguridad ciudadana pertenece a ese mundo, en tanto ideal, esto es, en tanto valor absoluto no materializado en la existencia, de la que solo es posible esperar, en el mejor de los casos y por definición, un reflejo en la sociedad concreta, en la que la existencia de un instrumento penal represivo, con amplia expansión, resulta herramienta necesaria e ineludible en pos de ese objetivo.

Ese discurso ideológico oculta decir que la manifestación negativa del fenómeno, esto es, su contrario, la inseguridad, no reconoce otro vínculo causal que los epifenómenos que son propio de la lógica de desarrollo del modelo capitalista de producción y de las relaciones sociales que este engendra, de manera tal que pensar la seguridad como valor abstracto y objetivo alcanzable en con orden, paz y progreso social, implica en todos los casos la necesidad de reprimir las manifestaciones negadoras de ese fenómeno, que en lo cotidiano lo controvierten, por vía de la represión punitiva. Reprimir sería algo así como actuar en lo concreto para que la idea se refleje en la realidad de ese modo y no como su negación, la inseguridad. Esto no es otra cosa que dar entidad a lo que no lo tiene, ni lo ha tenido en el desarrollo histórico, en tanto la conflictividad es de la esencia del devenir, que es en sí, lo único sobre lo que puede predicarse el ser. Pensar en una sociedad de orden y paz, es imaginar, la imposibilidad del cambio. Repudiar el conflicto, sin avanzar sobre su génesis y desarrollo, apelando a una noción metafísica, vacía de contenido material, como lo es la seguridad en tanto idea absoluta, no es otra cosa que un artificio cultural, destinado a la justificación del castigo y a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, por vía de la consagración indirecta de la necesariedad del Estado, artífice a través de sus agencias específicas, de la violencia legitimada.

En esto, es claro Gunter Jakobs, cuando nos dice que “el derecho tiene la misión de garantizar la identidad de la sociedad. Eso ocurre tomando el hecho punible en su significado, como aporte comunicativo, como expresión de sentido y respondiendo ante él como defraudación de una expectativa normativa – La pena es la declaración de que ello no es así, que, antes bien, la conducta defraudadora no integra, ni antes ni ahora, aquella configuración social que hay que tener en cuenta. Cuando la sociedad pena, se rehúsa a concebir un cambio en su configuración, antesbien, se mantiene firme en su status quo, en contra de la propuesta de cambio. Al igual que una persona rechaza una propuesta que no encaja en su forma de ser, ratificando de ese modo su forma de ser, así también la sociedad rechaza la propuesta de abandonar la expectativa defraudada, ratificando así su identidad…” (Problemas capitales del derecho penal moderno, pág. 34.edit Hammurabi)

Así las cosas, lo importante es que el debate en sí es lo más parecido a lo que de niños vimos como “Titanes en el Ring”, dos luchadores que pretenden luchar, pero en realidad montan un espectáculo, en tanto no presenta una lucha de contrarios, sino dos modalidades de dominación y control social. Por eso quien se embandere con el borrador del proyecto, tendrá necesariamente que advertir, que el cambio está movido, más bien, por una “nueva justificación moral o política del derecho de castigar, que por un acercamiento a la restricción a grado mínimo del poder punitivo y la determinación de la responsabilidad penal, siendo los efectos morigerantes o suavizadores de las penas, una consecuencia de nuevas tácticas de poder y de nuevos mecanismos penales, en los que invariablemente subyace la dialéctica control-castigo.

Hoy el llamado sistema penal, se reorganiza en torno al miedo y al terror Hay un proceso en curso para la gestión penal con base en la acentuación de la presencia policial y carcelaria, frente a la pobreza y la miseria.

Este discurso viene de la mano del absoluto abandono ideológico de las premisas de la modernidad en el ámbito de lo jurídico en lo que era conocido o definido como derecho penal liberal.

Esto no es antojadizo, ni arbitrario, por el contrario, es la resultante de una nueva construcción ideológica del rol del Estado, en tanto instrumento institucional de la dominación de clase, facilitador de la reproducción social del modo de producción capitalista. En esta nueva construcción, el Estado no se propone, ni por vía de apariencia reeducar, resocializar, corregir o prevenir como lo tenía asumido el mal llamado Estado de bienestar, reflejo de las políticas económicas Keynesianas. Antes bien, habiendo abandonado esos propósitos, el nuevo rol de la institucionalidad ligada al poder Estatal, se perfila únicamente en torno del discurso punitivo, reformulando y resignificando el castigo y su expresión jurídica,la pena privativa de libertad.

Ese Estado, en tanto superestructura de la existencia material basada en relaciones sociales de explotación capitalista globalizadas, configura así, su sistema basándose en fines estrictamente orientados a la punición; es decir, un aparato monopolizador de la violencia que únicamente debe punir, ejemplarmente cada violación del nuevo orden, buscando hegemonía cultural sobre la base de la alarma social y el enfrentamiento de sectores sociales, recurriendo a la lógica de la guerra, previniendo así, incluso, cualquier eventual disentimiento político

Hay entonces una nueva economía del poder punitivo con pretensión de posibilitar una mejor acumulación y reproducción de ese mismo poder de clase. La finalidad no es castigar menos, sino castigar mejor, esto es, castigar con más universalidad y necesidad, introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social, de modo tal que este aparezca fundado y razonado. Así se pretende fijar nuevos principios con este fin que disminuyan los costos económicos y políticos aumentando la eficacia penal.

La verdadera aspiración de los reformadores es encontrar una nueva fundamentación consensuada a la pena, de la que carece en la actualidad, adoptando el problema aún en la instancia previa del camino legal para su imposición a un sujeto. Así, la sociedad disciplinaria, imaginada por el proyecto de nuevo código penal, como por el modelo de enjuiciamiento sugerido por los gobernantes “normales” de la provincia de Santa fe, persigue el objetivo de la corrección y la disciplina.

La idea subyacente es la fundamentación consensuada del castigo por vía de la exposición pública del caso, y la pretendida paridad de armas en una simbólica contienda en donde el Estado se oculta tras las figuras emblemáticas del juez y el fiscal que resultan en definitiva una única y misma entidad, que se proyecta peligrosamente con la extensión proporcionalmente relevante de la defensa pública, en tanto aparato no autónomo, finalmente integrante de ese mismo Estado.

El país “normal” oculta que considera al hombre inmerso en un comportamiento social conflictivo, como un actor que violenta el pacto social, y que por ello debe ser considerado un enemigo. Violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra. En tal caso la conservación del Estado es incompatible con la suya; fuerza es que perezca en el sistema carcelario. El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del Estado.

El derecho penal entendido en estos términos, se vuelve “una manera reglamentada de hacer la guerra”, y debido a que éste se basa en procedimiento que regula el modelo de enjuiciamiento y un sistema de pruebas, el derecho sería “la forma ritual de la guerra”, que diluyendo el poder represivo en diversos órganos, incluso privatizado, lo difuma diluyendo la responsabilidad y consensuando su aplicación en el medio social.

La sociedad política instrumentaliza el tema de la delincuencia y le asigna valores dependiendo de su conveniencia. Se hace de los sectores intermedios de la sociedad, e incluso de los trabajadores incorporados al sistema productivo formal un “sujeto moral”, que se moraliza para separarlo de la delincuencia y así justificar el desarrollo defensista frente al enemigo interno. De esa forma, puesto en el lugar del otro, el hombre al que se le asigna el rol social del delincuente es controlado, seguido, y castigado.

Capítulo 7

Otra inflación

No ocupa la preocupación de los economistas de modo directo. Tampoco se exhibe con aflicción por los medios de comunicación que contrariamente la alientan y estimulan. La inflación penal o expansionismo penal, exhibe como su homónima monetaria signos de vitalidad, que oscurecen las perspectivas de una mejor convivencia social.

Así vistas las cosas, pareciera que ambos fenómenos, no guardaran relación uno con otro. Sin embargo, ambos reconocen sus causas en la misma base material, que no es otra que las relaciones sociales de producción capitalistas. La inflación monetaria funciona como mecanismo de redistribución de ingresos, con afectación directa sobre los asalariados, por vía de un impuesto encubierto, y sobre bienes que satisfacen básicamente necesidades primarias. La otra, la inflación penal, funciona como mecanismo de control social, para la intervención directa sobre la reacción de esos sectores afectados por la desigual distribución de la riqueza y la concentración monopólica de la propiedad de bienes de producción y de servicio.

La cuestión criminal, implica una dialéctica de las situaciones socialmente negativas y el proceso de definición jurídica de lo que se entiende por delito, con las relaciones sociales de producción y, a la estructura del proceso de valoración del capital.

Esta circunstancia objetiva nos permite operar sobre el problema criminológico denunciando y superando un enfoque idealista del problema, sin tener por ello que utilizar una concepción ontológica o naturalista de la criminalidad o permanecer en el nivel del sentido común.

Esa construcción nos permite señalar que existe relación entre el actual modelo económico globalizado, con el llamado expansionismo penal. Los síntomas de esa relación fundante lo son: una determinada criminalización primaria de conductas, protectora de difusos bienes jurídicos, con consagración creciente de los llamados tipos penales de peligro abstracto y una secundaria que orienta abiertamente la penalización, hacia determinados sectores sociales, donde se congregan los oprimidos y explotados, con base de ubicación geográfica en los conglomerados urbanos, con fundamento en la urgencia, el riesgo, la seguridad ciudadana, el terrorismo, fenómeno que se acompaña, con lesión desembozada de principios básicos del derecho penal liberal por parte de las diversas agencias Estatales, lo que en el día a día conlleva el adelantamiento de las barreras de punición, con avances de desproporcionalidad en las penas aplicadas y un debilitamiento de las garantías procesales penales en orden a la habitualidad y naturalización de la prisión preventiva.

Dentro de este fenómeno ideológico con base material en las específicas relaciones de producción capitalistas, las noticias policiales son cada vez más abarcativas, de espacios en la escena social y mediática, en forma tal que se consolida consenso en torno a que se tiene por criminal a aquel sujeto que por acción u omisión damnifica, perturba y se convierte en enemigo social interno.

Toda la penalidad es un control, no tanto sobre si lo que hacen los individuos está de acuerdo o no con la ley, sino más bien sobre lo que pueden hacer, son capaces de hacer, están dispuestos a hacer o están a punto de hacer, lo que significa que el individuo debe ser considerado por la sociedad según sus virtualidades y no por sus actos.

De este modo el derecho penal se transforma en un instrumento al mismo tiempo represivo y simbólico porque por un lado reprime los crecientes trastornos y rupturas causados por la normalización de la inseguridad social en la base de la estructura social y urbana; y en segundo lugar, restaura la autoridad de la elite gobernante, reafirmando la “ley y el orden” justamente cuando esta autoridad está siendo socavada por los rigores que impone lo lógica del modelo de acumulación y reproducción capitalista

La inflación o expansión penal habilita un escenario bélico signado como guerra contra el crimen, con la creación artificial de enemigos internos, que autoriza recurrir a una reorganización hegemónica con manifestaciones jurídicas sustantiva, procesales y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, operando sobre sus cuerpos y sus mentes,

El producto de la práctica social fecundada por el conocimiento encuentra su razón de ser y su verdadera dimensión en los problemas planteados por la cotidianidad social. La política,, requiere de la intervención social consciente en la realidad por parte de los sectores sociales que nos vemos afectados por este tipo de situaciones, haciendo vivo un discurso y una práctica que ponga en cuestión esta tendencia inflacionaria y evite la consolidación aún mayor de un orden autoritario y puramente represivo bajo el ropaje de la democracia formal.

Capítulo 8

El lado oscuro de la penalización

El cuerpo de Susana Leiva, empleada doméstica fue encontrado en el pozo séptico del baño de su casa, y su pareja fue detenida por el crimen.

El encuadre jurídico dado al suceso, (feminicidio) nos ubica ante una muerte que emerge resultante de la violencia de género. El abordaje mediático hace eje en la exacerbación de la casuística y detalles del desgraciado suceso, y lo liga al reclamo de castigo para el acusado recordando que este homicidio calificado conlleva para quien sea encontrado autor, la pena de prisión perpetua.

Sin embargo, si algo deja ver lo sucedido, es que todo ese andamiaje represivo fue inocuo frente a la muerte de Susana Leiva. En otras palabras, lo sucedido demuestra que aun cuando se haya introducido el feminicidio al catálogo de delitos del código penal, y que este contemple la pena más severa, ese factor no fue dique de contención que limitara la decisión criminal de quien le quito la vida, ni evito que el resultado se concretara.

El hecho luctuoso, deja sin embargo la posibilidad de analizar, la interacción de las relaciones sociales de género, su contenido altamente jerárquico y vincularla, con el conjunto del sistema de reproducción social, desde que la jerarquía de género, que signa los vínculos sexuales con prevalencia de lo masculino y una de sus manifestaciones: la violencia de género, constituyen, emergentes necesarios del sistema social, que de diversas maneras las integra en su desarrollo cotidiano.

Frente a esto, pretender desde la arquitectura política del sistema, que se pueden evitar muertes con base causal y motivacional en el conflicto sexual, apelando a la amenaza punitiva, otorgándole a la pena función de prevención social y la concreción ulterior de pena privativa de libertad indeterminada en el tiempo deviene una empresa absolutamente vacía de contenido, solo justificada en el incremento y desplazamiento de poder hacia el aparato punitivo del Estado.

En la sociedad donde vivimos, las relaciones sociales que generamos, se estructuran siguiendo las conformaciones que por vía refleja le determina la manera en como producimos bienes y servicios todas las cuales hacen en última instancia, que se repartan de modo desigual el poder y los recursos. Esto necesariamente genera conflictos y violencia, ya que la aceptación de ese estado de cosas no es socialmente pacífica ni conformista. Por esa razón para poder plasmar lo que se llama orden social, los sectores dominantes imponen por vía del Estado, y otros instrumentos, un doble entramado coactivo y persuasivo, que instala un sistema de valores que consagra relaciones jerárquicas de género, que resulta así, funcional y operativo a la reproducción del sistema

Por esto, la relación entre personas de distintos sexos no puede ser vista solo como, un hecho “natural” en tanto además del hecho biológico, comporta una forma de interacción humana construida desde y para la estructura social.

No pueden simplificarse las relaciones de género reduciéndolas solamente en los aspectos puramente biológicos, ni a la emergencia de una legalidad puramente represiva Desde esa premisa, lo opuesto es partir señalando que la construcción de género es uno de los procesos de diferenciación donde se produce y reproduce la desigualdad social naciendo y conformando estructuras sociales injustas que le sirven de soporte.

En ese contexto de legalidad, exaltado por la criminología mediá- tica, propiciando un orden cada vez más represivo y punitivo, las instituciones, accionan simultáneamente a través de la coacción y del consenso, de la violencia y de la ideología, para asegurar del mejor modo posible el funcionamiento de una sociedad de control, que conserva privilegios y consagra desigualdades.

Vivimos y nos desenvolvemos en esta dialéctica de reproducción del sistema, signada por el tándem: violencia, lucha y consenso, que implica un gran número de personas de ese colectivo social, que adecúan su pensamiento y procederes a esas pautas y convalidan consciente o inconscientemente su injusticia, por vía de aceptar esas condiciones, como “naturales” y ahistóricas.

Una estructura autoritaria y jerárquica dentro de la familia cualquiera sea la forma que esta asuma, es reflejo de la totalidad de la estructura social existente Por eso la presencia de relaciones jerárquicas de género dentro de ese vínculo, funciona al mismo tiempo, como condicionante ideológico para la construcción y la aceptación de todas las desigualdades. Propender a la igualdad sustantiva significa colocarse en las antípodas, y por eso resulta ese objetivo resulta componente ineludible de todo programa de transformación social.

Dicho de otra forma, el cambio de fondo necesario, lejos del maquillaje legislativo-represivo, gira en torno a disolver la jerarquía en las relaciones interhumanas, imponiendo, en tanto modelo la igualdad como condición necesaria y humanizante del vínculo entre personas que se consideren como tales.

Se puede combatir las formas “evidentes” de violencia, pero debe entenderse que el objetivo es la desarticulación y erradicación del propio orden jerárquico, que no puede ser pensado como una simple corrección de los “excesos” de violencia, que permite a este orden jerárquico seguir reproduciéndose a sí mismo.

Las reformas legales constituyen básicamente mecanismos de actualización que, en circunstancias históricas concretas, realizan cambios inevitables y les dan la apariencia de transformaciones fundamentales, pero no llegan a cruzar nunca el umbral crítico de un vuelco sustantivo. No producen una verdadera ruptura del orden establecido, en tanto ese estado de cosas, reconoce su emergencia en situaciones objetivas y estructurales que siendo del plano de la realidad no resultan en ningún caso modificadas.

Pretender afrontar los aspectos propios de la violencia de genero desde el espacio específico del derecho penal, es al menos, un error conceptual, que nos obliga a replantear la cuestión en forma tal que, pretendiendo solucionar una conflictividad social relevante y rescatando la vida y la libertad como factores fundantes de la humanidad, no terminemos alimentando solamente el espíritu represivo, el afán de venganza y una nueva vuelta en la espiral de violencia social.

La superación del “feminicidio” en tanto manifestación cruel de la violencia de género, remite necesariamente a la construcción de alternativas de naturaleza política, con instrumentos jurídicos que no centren su entidad en lo punitivo. El fenómeno político es necesario para dar cuenta de la necesidad de esa construcción, como también, para una comprensión global del sistema social en el que estamos incursos.

Violencia de género y violencia social son nociones que expresan procesos sociales de naturaleza dialéctica, en tanto significan dos modalidades de una misma práctica social que reconocen raíces y fuentes, en desigualdades sociales que se evidencian en tanto reflejos de estructuras económicas que consagran la explotación y afectan significativamente la dignidad humana.

Capítulo 8

Encierro sin salida. La Actualidad del pasado.

……” haciendo caso omiso del rito que manda que para no regresar no debes voltear hacia atrás, desafiante dirigís tu última mirada para volver a encontrarte con la bestia. Siempre viva…” (fragmento de “Egreso” Walter Melián)

Llegó con tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida.(Miguel Hernandez)

Ocurrió hace ya un tiempo en Rosario. En verdad, no sé si ha transcurrido un tiempo corto o largo desde aquel momento. No sé si existe alguien que pueda resolver ese interrogante. Un niño de 17 años de edad, encontró la muerte en una celda del Instituto de Rehabilitación de Adolescentes, en donde se encontraba alojado por considerárselo vinculado a la producción de un comportamiento considerado delictivo.

Según informe forense, su cuerpo ardió en un 80 %. Desde aquel entonces y por lo transcurrido hasta aquel entonces Néstor S para las estadísticas y los registros “civiles” paso a ser un niño muerto aunque en realidad en su vida no fue un niño. Fue, otra existencia, la de un menor, que nada tiene que ver con la de niño, de esos que juegan, van a la escuela, se visten, tienen un techo y por supuesto en su existir merodea el amor afectivo.

 Dirán los entendidos que la categoría infancia a la que apelan recurrentemente la Sociología positivista y el derecho vigente, no pudo comprenderlo. Dirán los “especialistas” que era un menor en conflicto con la ley penal.

        Como a su madre y su entorno, no les dio para vivir en el sistema social, el Estado tomo cartas en el asunto, y lo deposito en ese estigma que significa ser considerado «Un Menor», lejos de tratarlo como sujeto y cerca de manejarlo como cosa, su existencia tomó desde el inicio consciente el derrotero de la servidumbre callejera, siempre carente del dichoso respeto mutuo de los demás. Esos demás que luego solo bregaron porque fuera sacado de su vista y “que lo encierren para que no joda más”.

       Solo siendo una cosa y no un sujeto, es que puede decirse sin duda, que Néstor se incendió y no que se prendió fuego. Si su vida hubiera sido la de un niño, estaríamos hablando de tragedia. Pero como Néstor no pudo para nuestra cultura dominante ser otra cosa que un «menor», fue posible que terminaran las instituciones, por boca de sus funcionarios, tratando de explicar un «accidente».

Como «menor» nunca tuvo acceso a otra cosa que a carencias. Faltantes que le vinieron desde el nacer. Ausencias que su madre no pudo llenar, y que alcanzaron únicamente para cubrir, las miserias compartidas de un barrio, con barro, con inundaciones, aguas servidas, pegamento, marihuana o lo que fuera.

 Tal vez porque su paso por estas tierras, no fue otra cosa que un infierno, el fuego pasó a ser su único elemento esencial. Es lógico, como podía él saber que los griegos, en lo antiguo de esta humanidad, también hablaban del agua y el aire. Como iba a pensar en el aire, si tenía bien claro que nunca podría volar, y que el fuego, como lo dice el forense, en ese sitio paradójicamente frio en el que se encuentra ahora su cuerpo: “le afectó sensiblemente las vías respiratorias.

          Acaso también, porque nunca supo, ni tuvo, aspiraciones que pasaran del deseo de moverse, de transportarse, de ser en algo ya que no se le habilitaba ser en sí mismo, busco tener una moto como la que tanto tiempo vio pasar por aquella avenida tantas veces presente, signo de la cultura incluida del sistema, lugar donde viven los otros, cercana y lejana de su único y posible hogar: la calle.

             Es evidente, como iba a saber Néstor S , que irse de un Instituto de Recuperación de Adolescentes, iba a ser considerado una fuga. Si él, como dice Troilo, nunca se fue de su barrio, siempre estaba volviendo, y en su barrio, «casualmente» estaba el IRAR. Allí dieron con él los enviados del orden establecido, que buscando protegerlo » de la situación de riesgo en que se encuentra» (Sic), ordenaron, que volviera tras sus muros, a rasguñar esas piedras frías y desoladas de la habitación 9, pabellón A, donde fueron a dar sus huesos en esa noche de martes.

          Frio y desolación para un «menor”, nunca niño, institucionalizado para su resguardo», en razón de su abandono y por considerárselo en situación de riesgo. Fuego, incendio y humo, para salir a sangre y muerte de esa tremenda hipocresía.

En igual forma, en otras latitudes de esta misma sociedad, también hubo humo, fuego, muerte, tristeza e impotencia, por esas mismas L, distantes y cercanas. Esos factores son los que permiten la triste analogía. Esos mismos elementos, rodearon las circunstancias que se llevaron la vida de un maestro, en una ruta del país, donde se encontraba luchando por unos mangos más de salario. Humo, fuego, muerte, tristeza e impotencia, por un niño, que tampoco alcanzó a saber de la escolarización, un hogar, una mesa tendida, y el olor a tomillo y cocina del que nos habla Serrat, en el camino de regreso a mamá.

 Que la impotencia no nos gane. Que el dolor nos ilumine. Que la mentira se muera y la justicia le de color a nuestros vínculos. Que nadie merezca ser «rehabilitado en un instituto». Que no haya rehabilitadores ni desviados. Que el fuego, encienda nuestro espíritu y no dañe nuestros cuerpos, para que podamos terminar de una vez por todas con este orden perverso de cosas y realmente vivir.

CAPITULO 9

Todos son lo que yo

En Argentina, los medios de comunicación, gravitan desde hace bastante tiempo en la formación de la llamada opinión pública. Es por eso, que la primera plana del “gran diario argentino” o el título en letras blancas con fondo rojo en un canal de televisión o el insistente despacho de “ultimo momento”, en una radio de muchos puntos, suelen trascender de manera tal que definen en un modo u otro la agenda política y le dan contenido concreto al inveterado “sentido común.

Sin embargo, en el mismo momento en que esto ocurre, los índices de pobreza constatan matemáticamente que millones de argentinos, convertidos solo en números, viven en indigencia o bajo la llamada “línea de pobreza” y que otro sector tan basto como el anterior, pelea diariamente para no caer en tal condición, que lo sumerge en la exclusión social.

Se lee en el mismo “gran diario”, perdido en un artículo en páginas interiores, firmado por un catedrático norteamericano, su alarma ante el dato pragmáticamente comprobado, según el cual, en nuestra región los niños entre 13 y 14 años de edad, empiezan a “trabajar” en las bandas de la droga y muchos de ellos, llegados a su mayoría, son encarcelados o muertos en tiroteos o pseudos enfrentamientos con policías.

Argentina, hace tres décadas que se mueve bajo el sistema republicano de gobierno. En ese prolongado lapso de tiempo, se verificó el traspaso especifico del poder político de manos de distintas alianzas de la burguesía, a otras nuevas, gerenciadas por distintos caudillos y diversos partidos. Sin embargo, esa democracia liberal parlamentaria, generó y extendió esa realidad objetiva de marginaciòn social a la que aludíamos anteriormente, con su paisaje de

exclusión, altos grados de desocupación, desigualdad de oportunidades, pobreza, crimen, narcotráfico y corrupción.

La pregunta que se impone es ¿cuánto tiempo más es posible sostener este injusto orden de cosas?

En este sentido cabria pesar que la fortaleza económica aparentemente impenetrable del capitalismo fundado sobre las grandes sociedades por acciones que se impone en el mundo, está mostrando objetivos signos de esfuerzo para continuar con su lógica de acumulación, y que algunos de esos signos se manifiesta en estos días con la llamada “crisis de las hipotecas” en el mercado inmobiliario de EEUU, con sus señales anticipatorios de un ciclo mundial recesivo.

No obstante, y en sentido contrario, también es constatable que el dominio del capitalismo en el plano social y político no ha entrado en crisis, toda vez que mantiene inquebrantable su aparato militar y preserva inalterada su capacidad para someter a la mayoría de la población, sujetándola a la fuerza aplastante de su productividad. En otras palabras, este poder global permanece manteniendo al mundo en valores e inspiraciones que son propios a su existencia misma.

Debe decirse, sin embargo, que esta hegemonía cultural fundante reconoce su propia conflictividad, pues es un dato de la realidad, que en todas partes del mundo, hombres y mujeres resisten esa dominación de las más variadas formas. No obstante, ninguna de estas fuerzas – a las que por convención pueden agrupárselas en el llamado progresismo- no establecen, frente a tal situación hegemònica, una construcciòn que implique su alternancia pues, todas y cada una de las modalidades de lucha asumidas en esas acciones de disputa, se ubican dentro de los márgenes de la sociedad establecida. Se direccionan como variantes y dimensiones muy diferentes dentro de los límites de la estructura social capitalista y del poder de contención que es propio de esta a la que se busca reformular pero no superar.

En esta perspectiva histórica y volviendo a la pregunta inicial, parece justificado en términos ideológicos y de acción política, desarrollar actividades intelectuales y prácticas que señalen posibilidad y necesidad de ruptura con todo lo que es y significa el pasado y presente social.

Es en esa coyuntura de crisis objetiva en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la que se evidencian fisuras en los marcos normativos e institucionales del sistema global capitalista, donde se habilita la posibilidad del surgimiento de expresiones organizativas en el terreno político que tengan la virtualidad de impugnar ese orden de explotación y dominación social, enlazando su accionar con los reclamos mas elementales de los sectores castigados.

Es un acto de libertad y necesidad devolver a la consideración general de los trabajadores la idea imperiosa de un cambio revolucionario que rompa con los parámetros culturales liquidadores de toda dignidad humana propios de la sociedad capitalista y su correlato político la “democracia formal”, consolidando un cambio que subordine el desarrollo de las fuerzas productivas y la elevación del nivel de vida, a la creación contemporánea de una nueva solidaridad entre los hombres, fundada en la abolición de la explotación.

Hay un solo deber en ese proceso histórico: encontrar y estar en esa totalidad orgánica que es la revolución, modificando la realidad, de manera tal que esta sea fundante de una nueva humanidad, aceptando el paradigma del “todos son lo que yo”.

Lo que está en juego es nuestra propia vida y las posibilidades de sobrevivencia de las condiciones ecológicas del planeta, dos factores que hoy no son otra cosa que juguetes en manos de los políticos gerenciadores de la burguesía dominante.

Hay que arrancar nuestra existencia de esas manos. Esa meta es hoy todavía posible. Para llegar a ese fin, la lucha es ineludible y no admite contención en las normas y reglas de la “democracia formal parlamentaria y la república”, en la que por mandato constitucional el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de representantes.

No podemos constituirnos en seres libres en el marco de la sociedad establecida, aun cuando esta refine y racionalice sus métodos. Su estructura clasista y los perfeccionados controles que se necesitan para mantenerla, generan necesidades, satisfacciones y valores que perpetúan la servidumbre de la actual existencia humana.

La vida social actual produce y expone sin reparo alguno una sofocante cantidad de mercancías, mientras priva a sus víctimas de lo necesario para vivir. Exhibe la hipocresía en la palabra, los actos y las sonrisas de sus hombres políticos, sus divas televisivas y la “sabiduría” de sus intelectuales que contribuyen a sostener la extensión y vigencia del fetiche y con ello la perpetuación y prolongación de los controles sociales sobre el comportamiento de quienes somos explotados. La destrucción de este arbitrario orden de cosas no puede ser sino el resultado de la labor consciente de los trabajadores organizados, con los métodos que impongan las peculiares secuencias de esa lucha de clases.