NUEVO CURSO
La pregunta por el ser, es decir, el interrogante por la determinación de qué es lo existente, es constitutiva del hombre mismo y sus representaciones ideológicas, y sin duda desde este ámbito de la filosofía, las respuestas han sido en la historia, múltiples y variadas.
Sin embargo, la prevalencia de una u otra en el tiempo, se proyecta sobre la cuestión relativa el ser de aquello que usualmente se designa como “seguridad” o su negación “la inseguridad”.
Este interrogante y su necesaria respuesta no académica sino política, adquiere relevancia a poco que nos preguntemos por aquello, que hoy se introduce en todo discurso de esa naturaleza, al amparo de la idea de inseguridad, exhibiendo como herramienta necesaria para su superación el incremento del castigo penal y la exacerbación de los despliegues represivos de las agencias estatales.
Todo aquello que indica la negación de algo, en realidad constituye un elemento esencial de ese algo, máxime si aquello a lo que se refiere es una idea, es decir, algo de lo que no puede predicarse materialidad o corporeidad.
Cuando se apela a la dialéctica seguridad-inseguridad, lo palpable o registrable, es la enunciación de acontecimientos sociales objetivos respecto de los cuales se dice, que acrecientan uno de los extremos, la inseguridad u obstaculizan al restante, la seguridad, y en este último caso, todos ellos ligados a otro fenómeno específico, como lo es, el castigo y la punición.
Por eso, cuando intentamos encontrar en el espacio ideológico, algo que nos permita aproximarnos a la exterioridad social de lo que se da en llamar seguridad, en la misma medida nos estamos involucrando en aquello que implica su negación.
Dicho de otra forma, todo parece indicar que, lo que adquiere entidad por percepción de las apariencias construidas y exhibida por el poder burgués, no es la seguridad en sí misma sino su negación
Debe decirse en ese mismo orden de ideas que esa metodología configura además una estrategia de dominación cultural, basada en construir un concepto, esto es, una idea, sin que la misma emerja de lo real y material, es decir, en alguna estructura objetiva de la que ese concepto de cuenta.
Ocurre entonces que la noción de seguridad, bosquejada sobre apariencias y cimentada en una dialéctica constitutiva con su simple negación, operaría como resultante del éxito represivo en la llamada guerra contra el delito, previa identificación descalificante de un sujeto socialmente peligroso
Como tal, ese discurso oculta decir, que la inseguridad en tanto manifestación negativa de esa ideología, no reconoce otro vínculo
causal que los epifenómenos que son propios de la lógica de desarrollo del modelo capitalista de producción y de las relaciones sociales que este engendra en su reproducción crítica, de manera tal que pensar la seguridad como valor resultante de una acción represiva extendida, resulta una mera abstracción que le quita certidumbre a ese planteo.
La premisa orden, paz y progreso social, que parece emerger como bandera de los aparatos políticos que han conseguido consenso electoral para sus prácticas implica en todos los casos la necesidad de reprimir las manifestaciones negadoras de ese fenómeno concreto y real que es el modo de producción capitalista
Esto que dejamos expuesto y que denunciamos, no es otra cosa que dar realidad a lo que no lo tiene, ni lo ha tenido en el desarrollo histórico, en tanto la conflictividad es de la esencia del devenir, que es en sí, lo único sobre lo que puede predicarse el ser.
Pensar en una sociedad de orden y paz, es imaginar, la imposibilidad del cambio y consolidar las vertientes que llevan materialmente a la explotación y opresión de la clase trabajadora.
Repudiar el conflicto partiendo de su aparente superación por vía represiva, sin avanzar sobre su génesis y desarrollo, apelando a una noción metafísica, vacía de toda sustancia.
La utilización dialéctica de la idea de seguridad social como resultado de la actividad represiva del Estado, no es otra cosa que un artificio cultural, destinado a la justificación del castigo y la reproducción de las relaciones sociales capitalistas,
La ubicación ontológica de la seguridad, en tanto valor social en sí mismo, por sobre las clases sociales, es una falsa construcción de conocimiento, funcional a una visión defensista de la sociedad, desde la que un grupo busca protección o amparo en la estructura del Estado otorgándole y legitimado el uso de la violencia, para que esta se descargue de modo selectivo sobre explotados y oprimidos.
En ese marco la idea de igualdad ante la ley, emparentada con el principio de legalidad por las que se afirma de modo doctrinario que no hay delito, ni pena sin una ley anterior al hecho que así lo defina y un juicio previo que determine su existencia material, deja de jugar un rol contenedor del poder burgués punitivo de las agencias estatales, para pasar a ser funcionales y reproductivos de esta estructura defensiva inscripta en la lógica del combate contra el otro, visualizado como “individuo peligroso”.
Esta ideología en torno al concepto “seguridad” de contenido puramente defensista, concebido como totalidad conglobante y valor en sí mismo, que se impone acríticamente al conjunto de la población, por intervención mediática relevante, reproduce la desigualdad social, mediante la construcción permanente de bandos en pugna, y
el señalamiento del enemigo a vencer, en una lógica de combate que toma cuerpo por vía del encierro e impone como resultado el castigo.
En todas las redacciones y medios de comunicación interesados se distribuyen gratuitamente muestras de perfección de este modelo defensista de clase.
La base social de esta prédica falsa y ampulosa la constituye la pequeña burguesía, con consenso de los sectores obreros mejor remunerados, que toma como propios intereses y concepciones que son emergentes de la gran burguesía y los sectores concentrados del capital.
La base política, encuentra su ámbito en la impotencia y la desesperación, frente a la cual los oportunistas de toda estirpe rinden tributo, perfeccionando el discurso represivo.
La base psicológica se halla en el deseo de superar el sentimiento de la propia inconsistencia como sector social y en el recargar todas las expectativas frustradas por la misma lógica reproductiva del sistema, a la responsabilidad de los sectores sociales a los que previamente se los ubicó en los márgenes.
El rasgo fundamental de esta construcción ideológica de clase en torno a la ponderación de la seguridad como valor social resultante de una guerra al delito y al delincuente prefigurado por su condición ideológicamente establecida como sujeto peligroso, lo constituye ignorar completamente la base material del fenómeno implícito en el conflicto social y el ocultamiento de sus manifestaciones, que no son sino, en última instancia, un componente de los elementos relacionales de la estructura de producción en la que la vida social se desenvuelve.
También es necesario destacar que con la exaltación del conflicto en particular al que se le da el nombre de delito por vía de la forma jurídica, se oculta la gravitación de las objetivas tendencias de clase que subyacen al mismo y por igual razón el papel histórico objetivo de esa confrontación.
La elaboración rutinaria y persistente, de falso conocimiento colectivo, que parte de reputar la seguridad como un valor en sí y por encima de las clases sociales, se desenvuelve en gran medida, en forma deliberada desde las usinas mediáticas de la formación de opinión.
Invocando la defensa de la sociedad se benefician con la protección y la represión los grupos dominantes representativos de una exigua minoría de intereses exclusivos y concentrados.
Se oculta de esta manera que el fenómeno jurídico, en última instancia, es un emergente funcional de las relaciones de clase y de producción de una sociedad determinada. Es pilar formal del poder burgués y de su Estado, no sólo porque regla su funcionamiento y pena las violaciones a la ley, sino porque también configura todo el entretejido de argumentos que moldea la conciencia y la moral de toda la sociedad.
Es “el poder judicial del Estado” en tanto expresión institucional del poder burgués, quien galvaniza este orden de cosas. Bajo el capitalismo, el aparato orgánico del poder judicial funciona y actúa en razón de los intereses de clase de la burguesía. Pero en su fase de descomposición, de guerra y revoluciones (el imperialismo), lo jurídico está al servicio de los sectores más concentrados del gran capital. Por eso se verifica en la legislación, en los fallos y sentencias, la tutela al detalle que ejercen los grupos dominantes del Capital sobre las decisiones de los órganos del poder judicial.
La Corte Suprema no es independiente del Poder ejecutivo y legislativo y responde esencialmente al proceso económico, social y político digitado y dirigido por el gran capital. Por las propias contradicciones de ese proceso (que implica inclusive la destrucción de sectores enteros de la burguesía), el poder judicial puede incluso chocar con los otros poderes, y usar la figura de la «independencia» como recurso de potenciar fallos a la medida de sus verdaderos amos. Si los gobiernos y legisladores de turno operan como gerentes ejecutivos del Capital, los jueces, tienen un rol permanente, que exige una fidelidad y un compromiso que se corporiza en la estabilidad de ese entramado institucional del poder.
En una etapa de crisis social en la reproducción del capital como la que atraviesa Argentina, uno de los indicadores de esa crisis de dominación del poder burgués es la quiebra de la confianza en “la Justicia” y el orden jurídico imperante. como resultante de un largo proceso de desencanto.
Cala honda en el sentimiento general de los explotados que no son las leyes vigentes, ni los jueces quienes corporizan la existencia de un orden social justo, y que toda lucha por superar las paupérrimas condiciones de vida deberá enfrentar la política criminal que la burguesía diseña dentro de ese orden jurídico y concretizan los organismos judiciales.