El clima de violencia social reconoce ultimas causas en decisiones económicas que nos sumergen a cada vez más en el espacio de la miseria material y cultural y nos ubica con preferencia en el rol del esclavo que sin otra alternativa, por haber sido vencido opta por la servidumbre para mantener la vida biológica esperanzado en que la dialéctica de sometimiento en la que se sumerge le otorgue a futuro la posibilidad de trascenderla de manera superadora.
Sin embargo, la incidencia de las particulares modalidades en las que la relación capital-trabajo se desenvuelve en nuestra sociedad de capitalismo en crisis, hace que cualquier alteración externa que se introduzca sobre la ya insostenible situación del trabajador vuelva a ese vínculo primario y determinante, de difícil desarrollo, sin que se susciten conflictos sociales en plano individual y colectivo.
Dos noticias circulan esta semana. Una, el ministro de economía expone y amplía televisivamente los alcances de su plan de trabajo y el espacio del capital financiero coordina con el banco central- ese que iba a ser incendiado- una relación fluida en post de que la impresionante devaluación del peso no altere más de lo necesario a sus intereses el humor social de los desposeídos y los sectores medios. En concordancia la ministra de seguridad anuncia un reglamento para condicionar la protesta social callejera en vísperas de una marcha a realizarse el próximo 20 de diciembre.
La segunda información que hemos recibido es la absolución de quienes habían sido imputado en la muerte violenta de David Moreira sucedida hace ya tiempo, el sábado 22 de marzo de 2014
En el caso y según lo pusiera de relevancia el abogado que actuó como querellante , el paso del tiempo por las sucesivas prórrogas para el desarrollo del juicio hizo su aporte junto a la determinación consciente de la población vecina al lugar del hecho que aprobó de una u otra forma la cadena causal de agresiones tumultuosas que sufrió físicamente el joven momentos antes de que una de ellas le determinara su fallecimiento, conspiró contra la colecta probatoria y favoreció la vigencia del principio de inocencia, según el cual en la duda a favor del reo.
Por sobre estas consideraciones, pero teniendo presente el señalamiento que hace el jurista por su entidad y por su aproximación directa al caso, lo cierto es que el linchamiento de David Moreira, atacado a golpes por un grupo de vecinos de Rosario enfurecidos porque le había robado la cartera, junto a un cómplice, a una persona en la vía pública, derivó en la absolución de dos de las personas contra las que se dirigió la acción penal por su presunta responsabilidad.
Sobre todo esto último, la realidad nos exige un recuento necesario y una reflexión, no solo para interpretar los hechos, sino también para buscar un cambio cualitativo superador de esa misma objetividad.
habrá que recordar en ese orden de ideas, que las sensibilidades sociales y las pautas culturales adquieren un papel vital en la conformación de la reacción penal, ya que el castigo de esa naturaleza es consecuencia necesaria entre otras cosas, de un procedimiento judicial previamente estatuido con relación al hecho investigado que sanciona y condena a quienes terminan siendo declarados como los transgresores de las normas prohibitivas que contiene derecho penal, de acuerdo con categorías legales específicos.
Dicho de otro modo, en la materialización y puesta en acto de la norma penal punitiva, y la concreción de la sanción de esa naturaleza sobre un sujeto, están involucrados, todos los efectores institucionales y jurídicos, constitutivos del poder burgués por intermediación estatal en el desenvolvimiento de la sociedad civil bajo el orden social capitalista.
La penalidad, el castigo, es un complejo campo de instituciones, prácticas y relaciones más que un singular y esencial tipo de evento social. Significa el más claro y más extremo ejemplo de la rutina del poder coercitivo estatal que permite su legitimación y que representa una ilustración viva de una ideología que enérgicamente sanciona sus propias categorías y que simboliza uno de los más poderosos tipos de ideología en la sociedad moderna, por vía de la criminalización de las conductas.
No tener en cuenta una visión en conjunto de cada una de las instituciones que conforman el castigo legal, es lo que nos confunde. Entiéndase bien, no es que no sea legítima la pretensión del esclarecimiento de la verdad y la determinación e identificación de los responsables, lo que no se ajusta a una construcción ideológica que promueve el cambio social y político, es la búsqueda en sí de la aplicación de una sanción penal como recurso restaurativo del daño social e individual infringido por los actores de una conducta de tal naturaleza,
Sin embargo, más temprano que tarde la realidad se filtra en el discurso y lo atomiza en partículas que ubican su sentido ideológico en términos concretos, revelando su sentido ontológico de falsa conciencia. Cabe entonces la pregunta, ¿puede la forma jurídica ser instrumento por el cual se soluciona un conflicto social y material? ¿puede el derecho penal ser restaurativo y evitar el llamado “genocidio por goteo”? No hay que hacer mucho recorrido para responden en forma negativa a todos estos interrogantes.
La respuesta negativa involucra también una consecuencia necesaria. No alcanza con la puteada, o las consignas. No alcanza con el “dejen de matar pibes”, porque esos ladridos, se dirigen hacia quienes todos los días legitimamos un hacer judicial funcional al p poder burgués que se concreta en la imposición de condenas con penas privativas de libertad y por esa vía nos venden su propia mercancía, que no es otra que el castigo penal, remedio inocuo e insuficiente para la violencia de calle, la concentración de la riqueza en pocas manos, la marginalidad que le corresponde como lógica consecuencia, y una sociedad culturalmente subsumida en los desvalores decadentes del capitalismo, que visualiza al joven estereotipado como sujeto peligroso como el enemigo a batir en una guerra declarada.
Años en la puerta del palacio de la injusticia pidiendo castigo a los responsables directos de las acciones que se juzgan delictivas y nunca a quienes en última instancia lo generan desde la gestión de los intereses económicos dominantes a través del ejercicio legitimado por el voto del poder formal de la “democracia representativa. Nunca apuntando a la responsabilidad de quienes generan los espacios socio-territoriales de las acciones dañosas con el primario efecto de colocar a gran parte de la trabajadora y sus núcleos familiares en situación de vulnerabilidad social en grado tal que esta disminuye a pasos agigantados la posibilidad real que un individuo tiene para determinarse siguiendo normas positivas de convivencia con los demás,
Ganar las calles , movilizarse en sentido amplio es necesario e ineludible , pero esto resulta vacío y a la larga frustrante, sino se tiene una comprensión cercana a la realidad del problema, despejada de toda falsa conciencia que la penetre enturbiando el entendimiento.
Que David Moreira se haya visto determinado a cometer un arrebato callejero y que como consecuencia de ello haya sido “linchado” por un grupo de personas que aprovechando esa acción descargaron su odio racial contenido hacia su persona comporta un fenómeno social ya extendido , que no puede ser subsanado por la aplicación restringida de una norma penal sancionatoria y cualquier ejercicio legal del poder punitivo del Estado, máxime cuando el tiempo transcurrido entre el hecho y su juzgamiento en proceso penal, deja ver que la presunta justificación del proceder de los vecinos o transeúntes ocasionales , en sentido de defensa social, parece ser uno de los paradigmas de la consciencia política de los sectores medios de la estructura social, tal como lo refleja el voto favorable otorgado al programa político de la alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich.
Esta dupla además ,avanza hacia la profundización de la política criminal basada exclusivamente en la represión callejera, la expansión de medios bélicos en las agencias policiales, que incluye instrumento de tortura por descarga eléctrica sobre los cuerpos, ausencia de responsabilidad para los miembros de las diversas agencias represivas, y el desenvolvimiento ideológico de la construcción de un derecho penal de autor basado en la caracterizaciones previas de sujetos catalogados como peligrosos y su castigo por revestir en tal condición. La ideología racista y los componentes de clase que están en la base de tal proceder se sostienen en un discurso que habilita la defensa social y la guerra de todos contra todos. No se necesita ir en la historia hacia la dictadura cívico militar para constatar hechos deleznables. Basta con detenerse a ver las reacciones cotidianas de quienes introyectan ese mensaje de odio, para advertir que el fantasma de la muerte al diferente habita en nuestras calles.
Más allá de que toda alteración del tipo de cambio, y la devaluación del peso, implique por sí mismo un golpe significativo sobre la economía individual de cada trabajador y su familia, lo cierto es que los comportamientos sociales que anteceden, y acompañan un proceso devaluatorio del peso, tienen un significado social que excede el marco puramente económico.
En particular el comportamiento del grueso de los sectores medios de nuestra sociedad. Ese conjunto heterogéneo alguna vez se tendrá que hacer cargo de su aversión por lo colectivo, y su ausencia de proyecto para la comunidad en su conjunto.
Desde el otrora “piquete y cacerola la lucha es una sola”, al dólar paralelo como instrumento en donde reposar la capacidad de ahorro que haya podido generar, pasando por la protesta a los cortes de luz y la oposición a un uso racional de la energía, nuestra clase media no hace otra cosa que traducir una dosis de exacerbado individualismo, que se ve favorecida por la construcción de un individuo medio, formado a partir del rumor, y la presión informativa de todos los aparatos productores de ideología, desde un simple periódico a las redes sociales, pasando por la tv y otras variantes de aplicaciones con soporte internet.
Igual tenor de observación dejó en su momento y se proyectó en el tiempo en cuanto al fallecimiento de Moreira en lo que puede ser leído como un silencio cómplice frente a lo actuado sobre el agredido hasta ocasionarle la muerte sobre la base del tan temido “que se joda por lo que hizo” “lo tiene merecido, quién le manda a robar”, criterio de selectividad social que parece haber prevalecido sobre los magistrados predispuestos para dictar sentencia y decir la ley en el caso en concreto.
Ambas cuestiones se hermanan a la hora de advertir incluso por el tenor del voto emitido en circunstancias de un entramado electoral farsesco que estamos frente a un sujeto colectivo que piensa, actúa y corre tras una operación económica-mediática de carácter sistémico reproductor del orden social capitalista en crisis, gestada desde los centros concentrados de poder económico
. En este orden de ideas, no debe olvidarse que el llamado dólar blue no es otra cosa que dinero ilegal, y que el acceso al mismo, no es otra cosa que encubrimiento y participación en esa operación. Lo propio ocurre con toda la economía informal, que teme a la tributación, como a los rayos de una tormenta de verano. Sin embargo, no se conoce acciones de repudio social ni mucho menos linchamientos, siendo que esas acciones perjudican a la sociedad en igual o mayor incidencia que la acción violenta que precedió a la alevosa agresión física descargada sobre de Moreira.
Tras ese juego hipócrita del que clama por poder acceder a dólares que en gran medida no genero con su actividad cotidiana y especuladora, queda el trabajador asalariado, que ve escaparse de sus manos la posibilidad de acceder a la canasta familiar mínima, que le permita sobrevivir y criar a sus hijos.
El propio gobierno reconoce el desmadre cuando sale a desarrollar medidas que colocan los salarios por debajo del costo de la canasta familiar y apela al “sacrificio” augurando una luz al final de ese tortuoso camino.
Por esta vía los sectores medios, se han convertido en no otra cosa que un útil instrumento de la explotación y la opresión social, que tarde o temprano le alcanzará, aunque no registre ese proceso de manera consciente. De ello incluso da ejemplo, la historia de la primera mitad del siglo XX en Europa, con los regímenes fascistas, que nacieron al amparo de un conglomerado de pequeños burgueses asustados.
La clase media mediática y mediatizada, tendrá que preguntarse de una vez por todas en que le toca la muerte de Moreira y el porqué de su silencio concurrente sobre las circunstancias del hecho en sí.
Más allá del desamparo que emerge del primer momento frente a la violencia descargada sobre el cuerpo de un joven, habrá que reflexionar sobre esa otra violencia que implica que, de buenas a primeras en un lapso de un mes, a un trabajador se le quite el 20 % o más de sus ingresos, y que este siga ganando lo mismo, cuando el producto que elabora aumenta de solo estar parado en un exhibidor, como consecuencia de un juego financiero, y especulativo con la moneda.
Tras determinaciones políticas como estas, emerge la exclusión social futura, la carencia, la frustración, que es madre de quien protagoniza circunstancialmente un apoderamiento ilegítimo de un objeto mueble ajeno.
Esta intensa selectividad ideológica, que incluso subyace en el sentido del voto que legitima el otorgamiento de la gestión del poder burgués a Javier Milei y la libertad avanza traduce en el acto del poder judicial al dejar sin precisión los hechos y por ende sin culpables, la selectividad social del derecho penal y en sentido amplio la matriz clasista del problema. El delito, la muerte, la violencia son fenómenos conocidos por todos, pero vividos por todos desde una perspectiva cultural-ideológica dominante que reproduce las diferencias de clase que coexisten en la sociedad y son reguladas por el orden jurídico capitalista.
Finalmente, un capítulo aparte pero dentro del mismo orden de ideas para las cámaras, tantas veces reclamadas, que parecen haber revelado nuevamente su impotencia, también la presencia policial preventiva , todo lo cual permite ver cuan inocuo es el fetiche de la seguridad, cuando de lo que se trata es de un problema social y el sujeto pasivo no pertenece a los sectores medios sino a aquellos que han visto acrecentar su vulnerabilidad por más de una década de políticas económicas que día a día amplían el espacio humano protagonista de la pobreza .
Estamos frente a un nuevo ciclo significativamente agravado de actos estatales descargados sobre la clase trabajadora y el conjunto de los sectores sociales desplazados de la producción formal de la economía.
En la semana y sin que la espiral ascendente de los precios hubiera dado muestras de su detención o atisbo de superación con los instrumentos políticos empleados por la gestión de Alberto Fernández, hemos sufrido la aplicación de una nueva serie de medidas económicas-financieras que se descargan habilitadas por la legitimación social abstracta que da el sentido del voto y su cantidad , sobre nuestra sobrevivencia como asalariados. Estamos ante una nueva avanzada de las operaciones devaluatorias de la moneda
Esas acciones sobre la moneda que corresponden a la burguesía de conjunto en tanto el gobierno solo adquieren entidad como tal gestionando sus intereses, hace de manera inmediata que ésta se aproxime con velocidad inusitada a dejar de cumplir su rol en la economía capitalista como medio universal del intercambio de mercancía y que el alza correlativa de los precios de los bienes de la canasta familiar ponga en riesgo su propia existencia.
Este direccionamiento en la definición de las víctimas de estas políticas implica de manera significativa la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia esos sectores concentrados del poder económico, estableciendo dentro de la propia burguesía la prevalencia del poder financiero y el posicionamiento de estos núcleos para la imposición de medidas políticas acorde con el programa de clase, que implica el llamado “consenso liberal”, que no duda en direccionar sus acciones hacia la instalación de la inflación creciente como escenario desde donde modificar los términos de la relación de clase , imponiendo a los trabajadores y demás sectores congregados en torno de la llamada población económicamente sobrante.
Todas estas acciones y operaciones, si bien se generan en el contexto convivencial de la sociedad civil, reconocen matriz, efectos y reproducción en el aparato estatal de la burguesía. Los llamados mercados son en este sentido, el escenario de un nuevo uso diferencial de técnicas y operaciones del poder burgués para introducir por esta vía un nuevo giro liquidador en la concreta existencia de amplios sectores de la población trabajadora. Asumen entonces un definido sentido genocida.
Con todo lo señalado queremos precisar que corresponde tomar conocimiento concreto y puntual respecto a que todo cuanto ocurre no es la resultante de situaciones azarosas o de la intervención de un determinado grupo de presión, sino que en definitiva es un nuevo giro de la política burguesa que defiende su condición de clase dominante en períodos de crisis del propio sistema que les da sustento.
Hay entonces que corregir la visión sesgada del genocidio como táctica represiva con formas violentas de intervención del poder de una clase sobre otra, y ampliarla a este tipo de operaciones directamente orientadas en la faz económica a destruir el salario por vía de la devaluación monetaria y el aceleramiento inflacionario de los precios de las mercancías.
Dicho en otros términos no se necesita “sacar del taller los falcones verdes”, ni un milico uniformado leyendo comunicados, para constatar que civiles de saco y corbata o vestidos caros determinan acciones y técnicas políticas que surten el efecto de eliminación lenta pero permanente de un grupo social y sus relaciones específicas.
En reemplazo del “falcón verde”, basta con constar en, que se acude a la generación de gestiones económicas que intencionalmente liberan las variables de la economía de mercado cuando este está atravesado por los monopolios, para terminar con las formas de sobrevivencia de amplios sectores de la clase trabajadora, siendo este el costo criminal que asume la “salida” de la crisis de acumulación y reproducción del capital en el país.
Piénsese solamente en la cantidad de población ubicada dentro de los sectores explotados y oprimidos que por estas gestiones económicas son transferidos desde la pobreza al renglón de la miseria existencial y se habrá de ponderar como consecuencia cuantas personas dejan de existir en tales condiciones de carencia de toda posibilidad de ser titular de derechos subjetivos que dignifiquen su vida por vía de la privación permanente de medios suficientes de subsistencia material.
Frente a las prácticas políticas genocidas, no queda otra alternativa que la resistencia obrera y popular, es decir, la comprensión de que estamos ante un nuevo estadio de la lucha de clases, que obliga a gestionar la política obrera desde la lucha de calles y en su desenvolvimiento la agitación y propaganda del programa socialista como objetivo estratégico del poder obrero.
La lucha de calles, las asambleas, las acciones directas de la clase trabajadora son el escenario que se debe contraponer a estas acciones políticas del poder burgués
Hay que decir basta en la confianza a los partidos patronales, y a los políticos gestores de esos aparatos ideológicos represivos, que a la vez dan cuerpo a planes de gobierno que son una ofensiva generalizada contra la clase trabajadora en post de obtener condiciones materiales económicas que faciliten y posibiliten la reproducción capitalista y la pervivencia del orden social para beneficio de su condición de propietarios.
Un solo camino parece posible. Unidad de los trabajadores y proyecto político de esa clase social acaudillando al conjunto de los oprimidos y marginados por el sistema, que, entre sus muy variadas expresiones, no trepida en el ejercicio de la violencia y su resultante necesaria, la pérdida de vidas.
El discurso abstracto y reformista centrado exclusivamente en la legalidad y las demandas dirigidas hacia el Estado , que apunta a su visibilizarían como institucionalidad por encima de las clases sociales y sus intereses específicos, diluye la lucha de clases con intervenciones presuntamente integradoras , cede a diario ante la realidad y se tiñe macabramente , día a día, con la sangre de los jóvenes que pierden su vida en prácticas genocidas por goteo premeditado del poder , en mal llamados “enfrentamientos territoriales” o actos de defensa social.
No hay lugar para todo ese discurso reformista centrado en la defensa de la democracia y el Estado de derecho, carente de toda realidad, si lo que se busca es la superación de esta situación que lleva a la muerte principalmente a los jóvenes de nuestra clase. La tarea es despejar la espesa niebla del divisionismo ideológico esparcido por la burguesía y la pequeñoburguesa. Llamar a las cosas por su nombre: Asistimos, vivimos, en la emergente creciente de crímenes sociales gestados por el sistema capitalista y amparados por el poder formal en todas sus variantes; violencia gestada desde el poder estatal que termina con la vida de los jóvenes a los que previamente ubica en el estereotipo del peligroso social. Con esa realidad en nuestro existir, no hay otra instancia que el cambio cualitativo desde abajo, la conformación de nuevos nexos y nuevas relaciones con valores culturales diversos a los que impone el poder burgués, y revolucionariamente terminar con éste.
NUEVO CURSO
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