Pronto, muy pronto, casi al terminar los conteos de las PASO Patricia Bullrich supo lo que nunca quiso conocer. Que su desarrollo político zigzagueante llegaba a su fin y entonces, fue entonces que los que comen de su imagen mediática y su producción política, diseñaron este segundo derrotero que le llevó a acepar el ministerio de seguridad de un gobierno cuya cabeza ejecutiva poco tiempo atrás le había espetado televisivamente ser una asesina colocadora de bombas en jardines de infantes.
Pese a ese ataque, la Sra. Bullrich siguió adelante y ahora emerge con un paquete de requisitos para poder manifestarse en la vía pública con sentido de protesta al gobierno por las determinaciones concretas de sus últimas medidas de naturaleza económica.
El designio de violencia que gira en torno de la ex candidata a presidente que por todas las vías busca encontrar amparo en la legalidad del Estado para el empleo justificado de la fuerza, viene marcado desde el discurso en sí, y también por sus haceres. Desde este último plano hay que recordar los spots de campaña exhibiendo la maqueta de una nueva cárcel federal en territorio argentino, como único destino posible para quien no fuera la expresión de la normalidad exigida por el poder burgués y sus estructuras jurídicas e institucionales.
Ese afán por encontrar el soporte jurídico mínimo para habilitar la represión de cualquier reclamo de las personas en forma individual o colectiva, parte de considerar a esa acción como elemento constitutivo de haceres delictivos preconfigurados en el código penal.
Dicho, en otros términos, el que reclama y ocupa espacios públicos callejeros con ese fin es un delincuente y desde ese extremo fundacional, lo demás es esperar a que proteste para desandar el dispositivo represivo específico sobre su cuerpo, con alto componente de encarcelamiento, por lo que como mínimo el encierro es el destino de quien ejercite su libertad.
Bullrich con un protocolo de mantenimiento del orden público, denominación que tampoco es arbitraria en tanto el código penal tiene un listado de figuras delictivas describiendo conductas que se dice afectan ese bien jurídico protegido por la burguesía, dice buscar evitar cortes de calles o rutas y puentes, mediante un reglamento o protocolo del que no da razones para su aplicación.
Con ese esquema táctico en defensa de la estrategia política de la burguesía, avanza en el espacio de la realidad no por la libertad de los trabajadores sino contra ella.
Esto explica que la libertad que reconoce como lema el actual gobierno y busca remitir a la revolución democrática como uno de sus paradigmas, es la libertad para hacer negocios y profundizar la explotación y la opresión, con manos libres dadas por la represión organizada y el despliegue de la violencia estatal, mediante la cual se impide cualquier expresión inversa en sentido a lo actuado, a pesar del escenario de miseria social que provoca.
Los anuncios de ayer por la tarde funcionan, así como un “preaviso “de lo que vendrá. Un amague que si se analiza no puede tener efecto alguno sobre la masividad de una protesta organizada y liderada dentro de un plan de lucha por los métodos que la propia clase trabajadora sea capaz de darse. Es una escenificación que en el tiempo encuentra equivalencia en las múltiples farsas operacionales que ha protagonizado Bullrich.
En la propia lógica penal que es la única que da sentido a sus palabras, lo que la ministro indica es, que pretende imponer reglas de juego que de ser aplicadas arrimarán combustible al fuego de la protesta y el conflicto social, pero a la vez la dotaran de justificación normativa mínima tal como se sigue del listado de conceptualizaciones protocolares o reglamentarias que difundió.
Es esa mínima legalidad contenida en este protocolo de orden público, la que deja abierta la prevención primaria de conductas que realizadas introducen directamente al espacio punitivo como único lector del fenómeno callejero y mentor de la prevención especial aplicada sobre algunos individuos que fueran detenidos o arrestados en el ejercicio de esa acción.
Dicho esto, sorprende que los que se adjudican la defensa de quienes tienen planteado movilizarse y protestar, acudan al mismo instrumento que emplea Bullrich desde el ejercicio del poder burgués estatal.
Quienes convocan a la marcha del día 20 de diciembre cuestionan la legalidad del reglamento con lo cual todo parece reducirse a un problema jurídico y no social con eje en la libertad de expresión.
Bullrich ha puesto a la protesta en marco normativo y los organizadores de la movilización lo han aceptado de modo indirecto en la medida en que cuestionan la ausencia de una ley en sentido estricto, es decir, una norma general emergente de un acto del poder legislativo y nunca del ejecutivo.
Con esto se toma al fenómeno por la forma y no se discuten los fundamentos de la protesta, ubicando al derecho nuevamente como el territorio de la disputa olvidando que este significa en definitiva un instrumento normalizador funcional a los intereses de la clase dominante a través de la estructura jurídica estatal.
En ese sentido debe decirse claramente que , la exigencia de la legalidad significa aceptar que una ley tendría capacidad derogatoria por su jerarquía frente a un acto del ejecutivo y el conflicto en desarrollo se superaría por el dictado de una ley que dispusiera todo cuanto se ordena en el referido decreto u ordenanza siendo su texto de resultado incierto acorde a las configuraciones de las cámaras parlamentarias todas ellas signadas por una composición partidaria que gestiona de conjunto los intereses de la burguesía como clase.
Ocurre así, que, de aprobarse esa ley, no habría inconveniente alguno para regular la protesta social por el propio Estado que produce los hechos y actos que motivan la protesta.
El sobredimensionamiento de la actuación ministerial pone énfasis en la declaración de guerra que la gestión política del poder lanza sobre la clase trabajadora, pero a la vez conoce que esa materialidad solo ha de hacerse presente con acciones de debilitamiento económico y de fuerza, en la medida que esta última resulte pertinente, por la relación de ambos contendientes
Al gobierno le queda resto por la proximidad de la marcha con los resultados electorales, factor que le permite posar ante el conjunto de la población como un factor de restauración y no de liquidación como en realidad lo es. La fortaleza que surge del pretendido consenso social que le otorgan los votos, se diluye con velocidad día a día, pero aún es suficiente como para exhibir a los manifestantes como un nucleamiento de enclaves resistentes al cambio que propician por intereses mafiosos específicos.
Los trabajadores no podemos pretender que con un planteo recurrente de legalidad se pueda debilitar las medidas de gobierno obstativas para los modos de la protesta. Como todo cuanto se relaciona con el derecho el control de legalidad y constitucionalidad de un acto de gobierno es posterior a su concreción , por lo que el intento de materializarlas no cede en su actualidad, y en igual sentido, el sujeto del hipotético control jurídico es otro intelectual orgánico de la burguesía encarnado en quienes se encuentran a cargo de la función judicial del poder.
La esterilidad de la confrontación discursiva con la ministra de seguridad, se vence con la intervención masiva de los trabajadores organizados en la calle con los métodos históricos de la clase obrera y su cumplimiento extensivo.
NUEVO CURSO