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Las situaciones desarrolladas en el curso de la semana que termina, llevan a constatar una suerte de meseta o impasse en la confrontación social, que se podría graficar para su comprensión general, con la espera tensionada de la previa de un clásico futbolero, llevando consigo la idea, poco provechosa para la clase trabajadora, de que se trata de una contienda a todo o nada.
Si al cabo de la copiosa historia de confrontaciones abiertas de clase que tiene nuestra sociedad, se cayera hoy en el error de considerar al día 24 de enero de 2024, como el día D en la batalla encubierta que se desenvuelve entre la ofensiva de clase que ha trazado la burguesía por vía de sus operadores políticos y la resistencia “con aguante” que exhibe la clase trabajadora, estaríamos olvidando toda aquella enseñanza.
Hay que ver en este sentido que la convocatoria de las CGT/CTAs, por tal no tiene nada de espontáneo, precisamente por ser una convocatoria anunciada con símbolos atávicos y “velando las armas”. Eso le quita factor sorpresa respecto del gobierno, quien lejos de aceptar que la distancia en el tiempo entre el anuncio y su presunta concreción como un mensaje “vandoriano” para una eventual negociación, redoblo la audiencia anunciando a su vez que se posiciona para castigar a los huelguistas, sea civilizada y paradójicamente con formas jurídicas ajenas a lo jurídico, como una eventual declaración de “ilegalidad” o la aplicación de conciliación obligatoria a sabiendas de su amparo en esas formas, sea por la amenaza de aplicación del benemérito protocolo Bullrich con su logística de violencia represiva, que incluye la aplicación del propio código penal, en la aseveración directa de que para el Estado un trabajador movilizado es un potencial delincuente en tanto probablemente sus conductas reciban adecuación típica en algún delito contra la autoridad pública, es decir, que lejos de ser el Estado, el receptor de la protesta por sus acciones de gobierno se transforma en represor de quienes pretenden ser oídos a los que les adjudica la condición de sujeto activo de una norma prohibitiva del Código Penal.
Entiéndase bien, en la guerra de posiciones que se desenvuelve, el Estado desarrolla actos preparatorios que por vía indirecta amenaza con sanción penal al individuo en situación de trabajador que ejercita su libertad-voluntad de no acordar con las medidas que el poder burgués pretende descargar sobre sus espaldas, aún cuando las mismas le sean absolutamente perjudiciales, con lo que el marco ideológico de ubicar a la libertad como valor supremo de la gestión gubernamental navega hacia su deceso por la propia negación de quien lo pregona.
Lo contrario a lo señalado, vale decir, la admisión o el consenso social para la configuración de la trinchera Estatal con armamento pretendidamente legal y la amenaza del empleo de la violencia que la propaganda estatal busca por todos los medios comunicacionales habidos y por haber, sería pedirle al trabajador que caiga en la “teoría de los actos propios”, es decir, aquella premisa, también jurídica, de que nadie puede alegar su propia torpeza. Es decir, nadie que hoy acepte los postulados gubernamentales contenidos en proyectos de leyes (ómnibus o remises) o decretos, podría a futuro protestar contra las consecuencias de esas acciones alegando que le son lesivas. En definitiva, el gobierno pretende consenso para que el trabajador sea participe en sus propios daños, para luego vedar toda protesta a futuro con el remanido argumento del que calla otorga.
Por lo pronto los trabajadores no callan, ni otorgan, bien que conducidos por estructuras de gobierno de sus organizaciones que no ahorran esfuerzo para que se tenga presente su voluntad de negociar, para luego si caer en el mencionado consenso inhibidor de futuras protestas.
Sin embargo, la lucha de clases si bien implica una ley del desarrollo histórico, en ningún caso implica una forma jurídica sino por el contrario expresa el escenario de una puja de intereses que no tiene fin sino a partir de la supresión de uno de los contendientes, posición que se referencia de modo objetivo y directo con los objetivos emancipatorios de los trabajadores mismos.
Es así, que siendo las cosas de ese modo, habrá que advertir que la apología sin basamento de la lucha por la lucha en sí, conduce necesariamente a otro tipo de olvido ideológico, que es evitar ver la necesidad del procesamiento de la experiencia en la lucha y la necesidad de gestión de organismos que sean los instrumentos tácticos de esa confrontación definiendo de modo obrero la continuidad de la misma y las formas que esta deba o pueda asumir conforme los efectos balanceados de las acciones anteriores en este caso el paro parcial de 12 hs y la movilización callejera.
Por ello, el 24 de enero, lejos de ser un día D con el que se cierre un proceso de conflicto social abierto, no es otra cosa y así corresponde que cada uno de nosotros lo lea y pueda trasmitir al compañero en cada lugar de trabajo y en cada territorio barrial, que el comienzo de una larga disputa que tendrá necesariamente diversos estadios.
Solo en la experiencia de lucha, se consolida la posibilidad de superación de la dirección burocrática de las organizaciones de masas que conforman los trabajadores y los sectores sociales que han pasado a ocupar desde el desempleo estructural la condición sociológico-económica de “población sobrante”. Ese excedente del circuito productivo capitalista, no nace de la decisión libre de quienes se encuentran en esa situación sino de las propias contradicciones de la reproducción del capital. Por eso la superación no está en ese orden social sino en una nueva sociedad con poder obrero socialista.
El objetivo inmediato de demolición de las maniobras gubernamentales y las acciones específicas del poder burgués estatal, traducidas en medidas devaluatorias y de liberación de precios, en combinación con DNU y ley marco con extensión de poderes extraordinarios al ejecutivo, buscando legitimación para la intensificación de la explotación y la opresión y con ello la posibilidad abierta para el uso de la violencia para quienes no compartan ni estén dispuestos aceptar esos actos de autoridad del opresor político, debe ligarse a un programa mínimo con consignas transicionales a imponer a la burguesía para trasponer los límites de las demandas economicistas y avanzar hacia la consolidación del poder obrero con programa socialista .
Nuevo Curso