En una misma jornada, los defensores del régimen de democracia representativa y sus formatos legales se encontraron con dos señales específicas que dejan a su discurso de asignación de derechos subjetivos y progreso social con formas jurídicas en los espacios de la agonía más intensa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves que pondrá en marcha un nuevo protocolo de seguridad en el que se le permitirá a la Prefectura Naval usar armas de alcance largo. Justificó la medida por los ataques sufridos por los oficiales en sus puestos de trabajo en la frontera. “Vimos la peligrosidad y la desprotección que tienen nuestros prefectos”, aseguró.

“Mañana en el Boletín Oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego. Las armas cortas que hoy tienen permitidas no tienen el alcance que necesitan en la frontera”, explicó la funcionaria en conferencia de prensa. Y agregó: “Todos los días vemos los hechos violentos que enfrenta la Prefectura. Estamos trabajando para bajar los delitos de robos y homicidios”.

Esta claro que, si bien Patricia Bullrich no viajó en la comitiva del presidente Milei, tiene claro su itinerario protocolar porque desde los estados genocidas que éste visita, hace años que queda claro que dentro de sus tareas está dirigir a nuestras fuerzas represivas de modo indirecto por vía de “capacitación” y la acción directa de sus operadores políticos

Esta claro, por ser un dato de la experiencia, por ejemplo, que los disparos con balas de goma, han sido mayoritariamente dirigidos a los ojos de los manifestantes y que sus resultados lesivos no resultan obra de la casualidad o impericia del milico ejecutante. Mas evidente aún es, que las fuerzas de prefectura y gendarmería no solo están en frontera o vías navegables internas sino también son requeridas para tareas de seguridad interior en los barrios populares del gran Rosario y las nutridas poblaciones obreras del conurbano de Buenos Aires.

De esta forma, el gobierno pone un nuevo giro en la rosca ascendente del formato represivo sobre la población trabajadora, en post de la consolidación de una sociedad de vigilancia y castigo estatal.

La lógica criminológica centrada en la llamada guerra al delito y la construcción del enemigo sobre el cual descargar no solo balas sino todo el derecho penal por considerarlo básicamente un delincuente, solo tiene el propósito de habilitar por naturalización la legalidad de las fuerzas represiva para el uso indiscriminado de la violencia sobre la clase trabajadora. Si la portación de armas es legal, luego su uso por las fuerzas represivas, no admite control alguno y se consolida como factor de consolidación de la dominación de la burguesía sobre explotados y oprimidos.

En segundo lugar, al atardecer del miércoles 7, el movimiento de mujeres y todo el país se enteraron de que una diputada santafesina de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, habían presentado un proyecto para derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que éste ya había sido girado a cuatro comisiones.

Durante el tratamiento de la que luego fue la ley 27610, nos ocupamos de insistir en la naturaleza relativa de lo jurídico, en tanto carece de entidad por sí, sino que está vinculado a la relación política y las relaciones de producción del modo de producción capitalista. De allí que la lucha por leyes resulta meramente reformista si no se ligan sus contenidos al programa máximo y funcionan como situaciones transicionales ganadas por la clase trabajadora hacia el poder obrero y el programa socialista. La consolidación de una libertad del individuo de naturaleza democrática solo es plena y adquiere el ser en una nueva sociedad conformadas por nuevas relaciones de p producción y la dirección de la dictadura del proletariado.

Es necesario que esto se tenga presente porque, a través de estos ejemplos a la hora de poner énfasis en lo inverso, es decir pedir leyes sin importar cual es la relación social y el modo de producción dominante y que clase detenta el poder y la violencia legitimada en el Estado se recae en el error y en la formación correlativa de falsa conciencia de corte reformista.

Debe tenerse presente además el carácter de provocación y enrarecimiento del clima para en la neblina ideológica imponer el programa de gobierno de la burguesía. La crisis política de la burguesía apunta a imponer un factor divisorio dentro de la clase trabajadora, haciéndolo desde fuera y por vía de una problemática de naturaleza democrática.

Queda claro, en definitiva, que la lucha por “leyes” y la justificación en función de la producción de esas herramientas de la burguesía del orden capitalista, se ve seriamente dañada por las contradicciones generadas en la propia relación capital-fuerza de trabajo y en definitiva señala un camino erróneo en el objetivo específico de la emancipación de los trabajadores por obra de ellos mismos.

NUEVO CURSO