La incertidumbre se ha convertido en un problema social a partir de que hoy la certidumbre es una anomalía toda vez que todas las relaciones laborales constitutivas de la integridad y dignidad de un ser humano exhiben la eventualidad y la fragilidad del vínculo como normalidad, al punto tal que muchos ignoran   por ejemplo quién es el otro extremo de la relación laboral, es decir, quienes son aquellos que transitoriamente le están suministrando empleo.

Asimismo, esa creciente inestabilidad proyecta hacia cualquier otro tipo de relación intersubjetiva en la que nos veamos involucrados, en tanto esa incertidumbre primaria tamiza, dándole forma y contenido a cualquier otro tipo de vinculo humano a partir de que si no estoy seguro en cómo y de qué manera reproduzco mi existencia, luego no puedo incorporar seguridad a ningún hacer condicionado a aquel vínculo primario constituido por la relación capital – trabajo.

 Esto es así incluso en los lazos humanos esenciales en el plano de construcción de afecto basado en el respeto mutuo. En ese sentido hoy el desamor debe ser visto como fruto del sistema en que vivimos, y no como una ineptitud de las personas, ya que esa declinación en el sujeto es consecuencia y no causa. Un sujeto que es víctima de la objetividad que impone la producción de mercancías que le obliga a enajenarse en ellas y someterse a su dominio fetichesco desde el plano inconsciente, no puede nunca tomar a cargo esa situación ni hacerse responsable de ella, aunque sí por la dialéctica del fenómeno es ese ser humano desde su posicionamiento en la producción el encargado en plano consciente de emanciparse de ese yugo opresivo que lo cosifica y le quita dignidad.

En el mismo orden de exposición, las reglas de una convivencia social sostenida en la servidumbre de clase y no en el respeto mutuo, se modifican amparadas por la incrustación ideológica que el poder burgués hace a caballo de la flexibilización y el combate a la presunta “rigidez” de la relación productiva.

La incertidumbre para quien solo puede existir vendiendo su fuerza de trabajo, es tal, que incluso le lleva a desconocerse como trabajador en sí, en plano de imaginario.

Esta afirmación nos lleva a advertir que existe programada como estrategia comunicacional y cultural, una apología del emprendedor y la meritocracia buscando poner sombras sobre lo real, que no es otra cosa que la condición de trabajador asalariado en la que más tarde o más temprano resulta abarcada la mayoría de la población y los vínculos sociales que se generan a partir de ella, sea por serlo efectivamente o sea por pertenecer a lo que se designa como población sobrante.

Esa propuesta de no ser en plano consciente, que se proyecta desde los aparatos de la burguesía, oculta lo que en , nuestra ubicación objetiva en el todo social. La operatoria ideológica lleva a los trabajadores a buscar espejarse en la mayoría de los sectores medios en paradigmas de vida social que les exceden, tras lo cual se montan las mercancías turísticas, culturales que el capital pone fetichistamente a su alcance.

Sin embargo, las situaciones reales de la vida social, marcadas por el fenómeno social de la hiperinflación destruyen por sí los nexos sociales y se transforma en un contradictorio de esa operación ideológica que busca lograr que los trabajadores no se vean como tal, es decir que en plano consciente no se perciban como clase en sí.
Este fenómeno así descripto, desdibuja la posibilidad de construir una vanguardia de trabajadores que avance en post de   la construcción de otra sociedad, toda vez que para  tomar ese objetivo el trabajador debe reconocerse en sí con la realidad objetiva que protagoniza.

El proceso de alienación, objetivación del sujeto y perdida de libertad contra el que se alza Marx al definir los perfiles de la sociedad del capital contrapuesto al sentido de rebeldía ínsito en la llamada “liberación” tantas veces voceada en las movilizaciones no puede ser indiferente a todo aquel que contemple en su existir el espacio activo de la acción política militante.

Debe comprenderse que ningún programa teórico puede penetrar con perfil socialista en la clase trabajadora si no se hace de herramientas efectivas frente a este proceso de objetivación del sujeto con perfiles propios de las sociedades capitalistas en crisis de nuestro siglo, que buscando salir del flagelo inflacionario opte por la salida individual y el esfuerzo propio no comprometido en colaboración solidaria con el otro.

Avanzar sobre la puesta en evidencia de la incertidumbre que nos embarga y apuntar a la sociedad capitalista como su generadora, impone la necesidad de superación dialéctica de esta última. Quedar reducidos a un mecanicismo economicista que solo ubica la teoría revolucionaria en la crítica de las variables económicas emergentes de la estructura social, limita el sentido de lo político y aleja al marco teórico-práctico del socialismo de toda encarnadura en la clase en la que debe tomar cuerpo con riesgo que esa intrascendencia resulte funcional al acelerado proceso de abandono del sentido humano del existir en que nos encontramos. Esa es la importancia que tiene y debe ser dada la construcción de una política obrera y la construcción de poder obrero como premisa estratégica de toda acción militante que luche por reivindicaciones de programa mínimo presionada por la necesidad de garantizar sus condiciones de existencia mínima para sobrevivir de manera digna.

Un nuevo curso en esta tendencia social preponderante solo puede tomar significación a partir de su necesidad, si toma cuerpo la impugnación de modo explícito del régimen jurídico de propiedad privada, el cuestionamiento abierto de la ley del valor y la denuncia del carácter fetichesco de la mercancía en su rol fundante de la alienación social subjetiva en la que nos encontramos.

Si nos quedamos en la denuncia de la flexibilización laboral y la reforma legal del régimen actual del derecho laboral, solo por sus alcances inmediatos en la relación de empleo, solo señalaremos un aspecto de la cuestión, extremo que nos ubica en las recetas reformistas hoy claramente insuficientes e inviables. Es el cuestionamiento social a la relación capital -trabajo el que adquiere dimensión necesaria a riesgo de dar tránsito acelerado a la barbarie. Indudablemente se debe luchar por las condiciones reales del trabajo cotidiano, pero a la vez se debe explicar que es el trabajo humano en condiciones capitalista de existencia la matriz donde se radica la explotación y las relaciones opresivas, que no puede superarse sino por otro orden social impuesto por el poder obrero y su régimen de dictadura de clase.

La patria no se vende; la patria te detiene.

El pasado 2 de febrero de 2024 Siete personas fueron detenidos en Plaza 25 de mayo mientras pintaban la frase «La Patria no se vende» en el marco de una Ronda de las Madres y una asamblea de artistas. Liberados en la madrugada, la detención generó protestas y críticas.

La reproducción del capital se encuentra en crisis. Ese fenómeno estructural nos ubica en un proceso complejo de desarrollo contradictorio que abarcan a todo un conjunto de fenómenos económicos y sociales de forma tal que aumentan la inestabilidad general del régimen político sumergiéndolo además en la profusión de conflictos bélicos. Por esto, nada habilita hoy a pensar en que la globalización capitalista tiene expectativa de paz por consenso, ni posibilita entender la sociedad fuera de un contexto revulsivo, cualquiera fuera en definitiva el contenido específico que asuma.

En ese marco, también por el juego de diversos factores, la población que habita en Argentina se encuentra políticamente conmovida. En esa conmoción toman cuerpo episodios de violencia en los que el Estado asume perfil abiertamente represivo, apelando a la legitimación que la ley penal le acuerda al otorgarle el monopolio del ejercicio de la fuerza, buscando reforzar cualitativamente en su rol represivo el castigo de esa naturaleza.

Esta situación no es absolutamente neutral e impone determinaciones específicas a la hora de afrontar los efectos concretos de ese fenómeno específico que se perfila también por la producción de legislación económica desreguladora de la relación capital -trabajo y legislación penal cada vez más represiva por vía de la construcción ideológica de la creación de sujetos sociales peligrosos caracterizados como delincuentes , como lo es el caso particular de quienes se manifiestan en las calles por carecer de inserción laboral alguna.
Dicho, en otros términos, frente a la crisis en la reproducción social del capital, generadora de una intensificación de los conflictos, políticamente se decide por los operadores de los intereses de la burguesía de conjunto un embate que domina los negocios contra los trabajadores y sectores desplazados de la producción.

Es un avance que busca desmantelar los resabios del llamado “estado de bienestar” que genera resistencia y ese efecto está siendo combatido con amenaza o concreción de represión jurídica, esto es una doble acción de derogación de regulaciones laborales y beneficios sociales y sanción de legislación represiva a la que se le suman fallos judiciales que avanzan notoriamente contra las garantías y libertades individuales que oportunamente supieron ser consagradas.
Es notable la recurrencia, la reiteración, del espectáculo de la policía pegándole a la gente que protesta en las calles. Es también notoria la actitud de los fiscales agrupados en infinitos dispositivos que se asumen como brazo ejecutor de la generación de causas penales a quienes son detenidos injustificadamente en la protesta.

Al mismo tiempo los fallos judiciales generan perplejidades por sentencias que dan creación a la existencia de sujetos de la ley penal de tipo colectivo, diverso de lo que indica el propio encuadre jurídico que en todos los casos refiere al titular de la acción como un individuo y no como un colectivo. De allí el uso abusivo de la figura penal Asociación Ilícita para justificar estadios procesales en prisión preventiva y provocar el efecto socialmente intimidante que de ello se deriva , haciendo derivar la legítima protesta por problemas económicos y sociales a la lucha por la libertad grotescamente cercenadas.
Los jueces, y particularmente los fiscales se empeñan en encarcelar a los trabajadores ocupados o desocupados, despojándolos de tal condición y proyectándolos como ciudadanos que no han acatado las leyes positivas y han ajustado su hacer a las leyes penales que definen delito.

Los sucesos que se pueden generar en el curso de una protesta social callejera, no pueden darse materialmente sino por el concurso de muchas personas voluntaria e intencionalmente agrupada para ese objetivo y no para las consecuencias eventuales que se siguen del mismo. Ocurre sin embargo que los fiscales en general y en todo el territorio del país, por el solo hecho de estar en la calle les inician proceso y criminaliza al tanteo incluyendo a todos en imputación de daño calificado, resistencia a la autoridad, afectación del normal funcionamiento de los transportes, comunicaciones y otros servicios.

En definitiva, la burguesía tiene consenso, más allá de la caída o mutación de la llamada ley “Bases” para el uso del derecho penal y la política criminal basada en esa modalidad de resolución de conflictos, por eso avanza para que se visualice y se le reste espacio a la protesta

Dicho, en otros términos, la protesta de modo preventivo y represivo ha sido convertida por sí en delito por el simple trámite de una interpretación judicial de los operadores políticos del Estado de la burguesía establecida como jurisprudencia y no requiere de ley alguna de modo necesario. Los fallos judiciales reiterados son otra fuente del derecho en tanto sumatoria de leyes individualmente dictadas en cada caso.

Esto lo puso en evidencia las detenciones que se hicieron en Rosario y la imputación de contravenciones hecha contra los privados transitoriamente de libertad por fuerzas policiales, en ocasión de una pintada contra la ley Bases y su ataque a los sectores ligados a la producción de bienes culturales.

Quienes sufrieron ese castigo físico y luego jurídico-punitivo, pagaron duramente este fenómeno. Luchando “por la patria para que no se venda”, fueron reprimidos por un elemento significativo de esa patria que es el Estado. Luchando contra lo nuevo, es decir, contra un proyecto de ley, fueron golpeado por lo viejo, ya existente en el orden jurídico real, por las agencias represivas del Estado y por el derecho penal que les sirve de fundamento ideológico para el despliegue violento sobre los cuerpos, aunque simplemente se trate de una contravención, como en este caso.

Es importante sacar esa enseñanza del caso, pues se repite el folclore de la militancia en puertas de comisarías, abogadas dando conferencias, pedidos de libertad, y se olvida que eso es el orden jurídico burgués y que no ha de ceder sin que los propósitos de las luchas se modifiquen en post de la construcción de otra sociedad basada en el principio de una justicia comunitaria.  

 Las políticas de derechos que ponen en práctica las organizaciones políticas reformistas o mal llamadas progresistas acuden a requerir la vigencia de ese presunto Estado de Derecho y no a su abolición por su superación a través del poder obrero. Se proponen un orden burgués fundado en la norma y con ello en la norma principal legitimante de la validez de las restantes.

 Siendo ello así, si la burguesía como clase alcanza sus propósitos con una nueva legalidad, el objetivo de la lucha callejera recibe un duro revés ya que luego de tener legalidad, el programa de gobierno burgués adquiere legitimidad formal y permite apreciar a todo aquel que se alce contra él, en mínima rebelión como un delincuente que infringe la norma y resiste a su aplicación por vía no admitida.

Debe decirse claramente que lo que ocultan esos declamatorios aparatos políticos apóstoles de la denuncia , es que cumplir con el derecho significa hacer cumplir toda la legislación de conjunto lo que implica la económica y la penal que le resulta funcional a los intereses de la burguesía de conjunto .Cumplir con las leyes económicas significa aceptar el desenvolvimiento libre de la acumulación burguesa con perjuicio directo de la clase trabajadora y es en este aspecto del problema donde el famoso estado de derecho muestra su rostro claramente operativo del interés objetivo de la clase dominante. Es así como esta construcción de falsa  conciencia, se erige en factor represivo de primera magnitud ya que si lo impuesto por la burguesía en su parlamento si no se obedece habilita el avance ilimitado del aparato represivo en todas sus facetas .
Finalmente desde el espacio superestructural los medios comunicacionales en todas sus variantes ,se ocupan en correspondencia con el sentido de defensa de la norma y con la generación de la categoría “buen ciudadano” en poner de relevancia el “derecho al tránsito, al trabajo , a la circulación de mercancías” con lo cual buscan y consiguen introducir una división entre los trabajadores, los socialmente oprimidos menguando su posible solidaridad y colaboración en forma tal que la concreta violencia física del Estado no resulte censurada. Aparece aquí la idea definitoria del derecho que es su lógica contenida en la propiedad.

De esta forma, con faceta de libertad negativa se dice que el derecho a la protesta cede ante el límite que impone el derecho del otro. Se establece así una suerte de equivalencia de mercancías que deben equilibrarse en el mercado de la validez social para no ser afectadas por el accionar represivo.
Es central comprender que la cuestión está marcada no por el derecho a la propiedad en sí, sino por la mercancía. El primero se instituye para garantizar funcionalmente por la fuerza del derecho la exclusión de todos los demás diversos del propietario, a los que se caracteriza como terceros. De esta formal la mercancía llama a la dispersión en vez de llamar a lo común.

De esta manera, por vía funcional del derecho y su lógica de libertad negativa que lo exhibe como límite contenedor de las facultades de uno sobre otro se produce la dispersión, el conflicto y la controversia. A la burguesía no les afecta la dispersión, por el contrario, se beneficia de ella ya que el derecho, el código civil y el derecho penal, le garantizan por la fuerza, la portación exclusiva individual de las mercancías y la reproducción del capital.

Por esto y por sus intereses históricamente objetivos los trabajadores tenemos que expresarnos de una manera diversa a la actual nuestra inquietud por la violencia estatal y su uso del castigo, abandonando el énfasis en la demanda Estatal por el desarrollo de políticas de derechos.

 Esto impone destacar la necesaria intervención por la militancia estratégicamente socialista, en tanto brega por un cambio social que requiere dentro de ese objetivo principal la específica tarea de comprender las particulares transiciones que la estructura social, y, por ende, la estructura estatal, están atravesando en este momento en el plano particular del castigo punitivo.
El Estado burgués, aún el más democrático es un instrumento en manos de esa clase dominante. No es neutral en contexto de lucha de clases y en una sociedad de producción de mercancías. Es una estructura institucional de opresión sobre los explotados y los desplazados del mercado de trabajo. El ejército, la policía, toda la agencia represiva, los jueces, las leyes expresan de diversa manera y funcionalmente, esa fuerza opresora.
El contenido de las acciones militantes no puede ser la reforma de ese fenómeno sino la determinación final de su abolición por la construcción de poder obrero consolidado en, la dictadura del proletariado.

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