La reproducción del capital se encuentra en crisis. Ese fenómeno se expresa en Argentina con una crisis política al interior de la burguesía dominante entre quienes se aferran al modelo de gestión del partido del Estado, básicamente el peronismo, con cualquiera de sus relatos o denominaciones, que puja frente a la ofensiva abierta y descarnada de otro sector con una relación más estrecha con el capital financiero internacional y los de agronegocios derivados de la producción agropecuaria y la renta diferencial de la tierra.
Este desarrollo dialéctico de la estructura capitalista tiene un terreno de combate que es el desarrollo de políticas de intensificación de la explotación sobre la clase trabajadora y los espacios de explotación intensiva sobre los recursos naturales extraíbles de nuestro suelo con tecnología que causa graves alteraciones del medio ambiente.
Ese fenómeno específico de la dialéctica de lucha de clases en sus propias matrices de producción del plusvalor y la comercialización de mercancías en busca de su realización dineraria lleva a que la contienda ocupe una escaramuza en un sector puntual de ese cambio de batalla que es el de la definición de la forma jurídica, que por la herramienta de imposición del programa político en ley consolide el sitio dominante que tiene el sector burgués que acceda a ese prevalente lugar de la batalla.
Todo esto ubica a la clase trabajadora en un problema de dirección que reconoce sus orígenes a partir del lugar histórico que tiene que asumir al inicio de este nuevo momento del conflicto social y de la batalla a la que aludimos en la guerra general de clases, expresado en la derrota cultural que la burguesía le impuso por vía de prácticas genocidas montadas desde el poder burgués Estatal desde 1975.
Dicho en otros términos, no hay desde entonces una determinación específica de la política de clase de la clase trabajadora y no se perfila ni define cual es el camino que se recorre en las acciones políticas para la construcción del poder obrero socialista.
La significación de esa derrota, por fuera de las pérdidas de vida y destrucción de la existencia concreta de quienes lograron sobrevivir a la que se suma la de los soldados caídos en Malvinas se especificó en el contenido claudicante de las prácticas políticas generalizadas en orden a la búsqueda e instalación de ilusiones democráticas.
Si algo muestran hoy las contingencias tragicómicas de la actividad parlamentaria y el cretinismo parlamentario de la izquierda del sistema, es precisamente la defunción institucionalizada de esas ilusiones, que el grupo en ejercicio del gobierno quiere registrar, como si se tratara de una escribanía, con “fuerza de ley”.
Esto explica claramente al Derecho, en una sociedad capitalista, extremo que la izquierda reformista parlamentaria no solo oculta, sino que lo potencia con resultados favorables para el orden burgués, pues sigue sembrando ilusiones democráticas en un suelo que el propio poder burgués ha conformado de modo arenoso y estéril para que aquellas se concreten.
La crisis de reproducción del capital, su expresión en crisis política del régimen republicano buscando una nueva configuración a base de intensificar la explotación y opresión de la clase trabajadora, nos ha dejado ver a la criatura. Nos ha permitido observar lo esencial al derecho que es su falta de identidad en sí, sino su condición ineludible de herramienta de poder necesaria para que opere la propia relación capital-trabajo y la producción generalizada de mercancías dentro del territorio del Estado nacional.
Los sectores que disputan al interior burgués la conducción de la lucha de clases y el rol de dirección en la materialidad concreta de la reproducción del capital en este momento de crisis generalizada de ese orden social con su acción nos ubican en un proceso complejo de desarrollo contradictorio que abarcan a todo un conjunto de fenómenos económicos y sociales de forma tal que estos, aumentan la inestabilidad general del régimen político sumergiéndolo además en la profusión de conflictos particulares puramente confrontativos impermeables a la conciliación y negociación que es el arma por excelencia del grupo de poder que gestiona por vía del Peronismo cualquiera fuera el discurso político de esa agencia.
Por esto nada habilita hoy a pensar en que la globalización capitalista tiene expectativa de paz por consenso, ni posibilita entender la sociedad fuera de un contexto revulsivo, cualquiera fuera en definitiva el contenido específico que asuma, sin perjuicio de que el Peronismo apueste al fracaso del proyecto adversario y constituya al suyo como el agente salvador de “tanto despropósito”. Esto se sigue de la especial preocupación del personal político de ese partido por parecer prolijito, reflexivo e incluso ajeno a la estimulación del conflicto en sí.
En ese marco, también por el juego de diversos factores, la población que habita en Argentina se encuentra políticamente conmovida. En esa conmoción toman cuerpo episodios de violencia en los que el Estado asume perfil abiertamente represivo , apelando a la legitimación que la ley penal le acuerda al otorgarle el monopolio del ejercicio de la fuerza.
Lo particular del caso es que es la ley Penal la que señala el avance de la burguesía esta vez de conjunto, sobre la clase trabajadora, sean los laburantes, ocupados formales o informales o lisa y llanamente desocupados estructurales. La ley penal, siguiendo cuanto hemos dicho anteriormente sobre el derecho en sí, deviene como artillería que descarga sus acciones para preparar el terreno de la infantería política ya predispuesta para señalar de aquí en adelante como se regula la relación capital-trabajo, cual es el precio de la fuerza de trabajo y desde ahí , perfile el conjunto de las relaciones intersubjetivas de la sociedad civil para que cedan en lo viejo y conformen un nuevo estadio de la explotación capitalista.
En definitiva, una legislación como proyecto abstracto que toma cuerpo modificando las costumbres sociales existentes con nuevo perfil que implica intensificación de la explotación y la opresión.
Esta situación no es absolutamente neutral e impone determinaciones específicas a la hora de afrontar los efectos concretos de ese desarrollo específico que se perfila concretando la puesta en acto de la legislación penal ya existente y nuevos articulados con perfil cada vez más represivo por vía de la creación de sujetos sociales peligrosos, como lo es el caso particular de quienes se manifiestan en las calles por carecer de inserción laboral alguna.
Es un avance que busca desmantelar los resabios del llamado “estado de bienestar” que genera resistencia y ese efecto está siendo combatido con amenaza o concreción de represión jurídica, esto es una doble acción de derogación de regulaciones laborales y beneficios sociales y sanción de legislación represiva a la que se le suman fallos judiciales que avanzan notoriamente contra las garantías y libertades individuales.
La premisa ideológica que determina el carácter puramente instrumental del derecho es la centralidad material y no ideal que tiene el acto humano de la apropiación. En el orden capitalista cuanto se apropia no es otra cosa que el valor generado por el empleo de la fuerza de trabajo puesta en un proceso de producción por otro ser humana. Esa apropiación sustancial deviene en “propiedad privada” y su desenvolvimiento implica la ley que la consagre, incorporándola como estamento sustantivo del texto del contrato social redactado al tiempo de la constitución del Estado Nacional y su definición políticamente ideológica como ley superior que ilumina como imperativo categórico kantiano, todo el resto del orden jurídico .
De esta forma, con faceta de libertad negativa se dice que el derecho a la protesta cede ante el límite que impone el derecho del otro, es decir, la protección de la propiedad del otro . Se establece así una suerte de equivalencia de mercancías que deben equilibrarse en el mercado de la validez social para no ser afectadas por el accionar represivo. Es decir, somos libres en tanto nuestras determinaciones no afecten el derecho de propiedad de otro.
Sin embargo, es central comprender que la cuestión está marcada no por el derecho a la propiedad en sí en tanto forma jurídica abstracta, sino por la mercancía. El primero se instituye para garantizar funcionalmente por la fuerza del derecho la exclusión de todos los demás diversos propietarios, a los que se caracteriza como terceros. De esta formal la mercancía llama a la dispersión en vez de llamar a lo común.
De esta manera, por vía funcional del derecho y su lógica de libertad negativa que lo exhibe como límite contenedor de las facultades de uno sobre otro se produce la dispersión, el conflicto y la controversia que habilita la intervención del poder burgués represivo para su “solución” con base en la protección general del interés de esa clase dominante.
A la burguesía no les afecta la dispersión, por el contrario se beneficia de ella ya que el derecho , el código civil y el derecho penal , le garantizan por la fuerza , la seguridad en la posesión , portación exclusiva individual de las mercancías y la reproducción del capital .
Por esto y por sus intereses históricamente objetivos , los trabajadores como clase objetivamente llamada a emanciparse necesitan reconocer el agotamiento histórico en nuestra sociedad de todo discurso que convoque a ilusiones democráticas como herramienta de solución de sus penurias existenciales. Los trabajadores estamos constreñidos a riesgo de un nuevo ciclo de derrotas políticas a expresar de una manera diversa a la actual, su lucha contra la violencia estatal y su uso del castigo, por parte de la burguesía de conjunto, señalando la necesidad del abandonando el énfasis en la demanda Estatal por el desarrollo de políticas de derechos
El objetivo estratégico de lograr un cambio social requiere emplear parte del esfuerzo en difundir de modo propagandístico en la clase trabajadora , la tarea de comprender las particulares transiciones que la estructura social genera en la lucha de clases resaltando que siendo la batalla presente una confrontación esencial , hay en este momento una mayor y significativa gravitación del castigo punitivo.
El Estado burgués, aún el más democrático es un instrumento en manos de esa clase dominante. No es neutral en contexto de lucha de clases y en una sociedad de producción de mercancías. Es una estructura institucional de opresión sobre los explotados y los desplazados del mercado de trabajo. El ejército, la policía, toda la agencia represiva, los jueces, las leyes expresan de diversa manera y funcionalmente, esa fuerza opresora.
El contenido de las acciones militantes no puede ser la reforma de ese fenómeno sino la determinación final de su abolición por la construcción de poder obrero consolidado en, la dictadura del proletariado.
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