Asistimos a la profusa difusión de operativos realizados por fuerzas de seguridad del Estado nacional que han sido desplazadas a la ciudad de Rosario en una suerte de estado de sitio , que requieren conferencias de prensa, y anuncios oficiales, en los que es factor común la exaltación del procedimiento represivo, con adjetivación favorable hacia los miembros de la agencia policial interviniente sumado al complementario discurso de defensa institucional para los miembros de la agencia judicial encargados del consiguiente proceso penal.
Sin embargo, y más allá de que en las intervenciones policiales, existe la poco saludable tendencia a concentrar las investigaciones en el método de la escucha telefónica prolongada, todo lo cual implica intromisión prolongada y no controlada en la esfera privada de las personas, la presión violenta sobre las personas y en particular los familiares de los detenidos, es necesario advertir que lo que en ningún caso se tiene presente es la variable económica de la cuestión y la significación que tiene el procedimiento policial de incautación de drogas en el mercado de estupefacientes.
La incidencia de estas acciones policiales para el tráfico de drogas, entendido como actividad económica ilícita, deviene de notoria insignificancia y nula incidencia en miras de obstaculizar el desarrollo de esa actividad humana. Usando una figura, y desde lo cuantitativo, podría decirse que lo recolectado por la agencia policial equivale a desagotar un estanque con un balde, con el agravante de que al espejo de agua continua ingresando líquido por otro sitio.
Lo que genéricamente se denomina droga es básicamente desde la perspectiva de su significación material una mercancía, es decir, un objeto con valor de uso y cambio ponderado en un precio que se define monetariamente. Esto nos obliga a tener presente el consumo, en tanto acto económico concreto, cuya demostración se produce por la sola existencia del vendedor y comercializador del objeto requerido.
Así, cuando se anuncia que se dio “un golpe al narcotráfico” ¿estamos diciendo a la vez que hemos terminado con el equivalente humano de consumidores? ¿El encarcelamiento de una banda de sujetos que se dedican a vender drogas prohibidas significa en paralelo que se terminó con el consumo de quienes eran sus clientes? Y en todo caso, ¿los guerreros policiales enfrascados en esta lucha de alto costo y escasa eficiencia, terminarán con la dialéctica vendedor-consumidor? ¿Alguien piensa que volteando un “kiosco” se le permite a quien demanda droga salir de ese problema?
La exaltación del operativo policial, como medio y fin en sí mismo, con base en el esquema de guerra contra la droga, oculta que en paralelo fenómenos sociales como individualismo, sálvese quien pueda, plata fácil, mercantilización y objetivación del sujeto, resultan factores constitutivos que se compadecen en un todo con el fenó- meno narcotráfico, en tanto en su objetividad este representa industria (producción y tráfico) y actividad financiera de alta rentabilidad.
Si se pretende desagotar con un balde el estanque, lo lógico será apreciar que el flujo de agua que en paralelo al “desagote” ingresa en mayor proporción, no es otro que el alto contingente de consumidores, ya que la materia prima de esta actividad económica visualizada como venta de drogas no es un preparado sintético o un vegetal, es simplemente la persona que la consume.
En la medida en que no reconozcamos que esa actividad económica primaria (producción, compra y venta de drogas) está en la base del fenómeno criminal y que ambos extremos del vínculo mercantil deben ser analizados, desplazando al consumidor de la faz penal pero asumiéndolo como un problema de salud pública y de anomia social, no se podrá evitar que importantes sectores juveniles ingresen en esa dialéctica vendedor-comprador con alternancia, constituidos en sujetos socialmente estereotipados por el conjunto con sentido negativo.
Un criterio exclusivo de tutela jurídica, encorsetado en el modelo orden y represión revestido con impronta de “combate” y la exaltación del temple y valor de sus “guerreros”, sólo sirve para juguetear con alto costo económico con un “tabú” deliberadamente fabricado, so pretexto de disuasión y seguridad pública.
Estamos necesitados de advertir que el problema no reside en las drogas sino en las adicciones, y más precisamente en las razones y motivos que conducen a ese fenómeno de dependencia. Lo que el traficante logra mediante los mecanismos económicos y comerciales montados en su organización no es venderles drogas a seres humanos, sino venderles seres humanos a la droga.
La pregunta será entonces, ¿pueden los procedimientos policiales acabar con esta demanda creciente?, ¿ puede bloquearse la oferta por vía del aparato represivo? Se nos dice y hemos crecido durante décadas con el latiguillo de la economía liberal en lo concerniente a la inviabilidad de los controles de precios y precios máximos, pues la economía no puede ser contenida en tanto proliferan en el mercado actividades diversas que vulneran esos controles. Sin embargo, parece que esas premisas ricardianas no se trasladan a una oferta y demanda inelástica como la que supone una población creciente de consumidores de drogas.
Manteniendo la lógica publicista de apología de lo insignificante y sobrevaloración de lo diminuto, eludiendo advertir la real incidencia en un problema social y económico, no encontraremos la ruta pertinente para llegar a destino, eso siempre y cuando busquemos llegar a alguna parte y no distraernos en el camino, buscando desagotar estanques con baldes.
NUEVO CURSO