En Argentina sobrevuela un nuevo Código Penal. Esa iniciativa del poder burgués hoy solo toma forma, en un proyecto de ley a la espera en el plano social de condiciones favorables para su sanción.
Esta determinación de política criminal, no constituye un dato menor, si se tiene presente el rol que juega la legalidad codificada en la organización del edificio jurídico que conforma el Estado en manos de la burguesía. Para esto, solo habrá que recordar que las sensibilidades sociales y las pautas culturales adquieren un papel vital en la articulación de la reacción penal.
En ese sentido, la historia de los sucesos internacionales ocurridos en la primera mitad del siglo XX, da referencia de los criterios de política criminal que el teórico alemán Edmund Mezger colaborando con el régimen nazi, al punto de escribir en su libro “Política criminal” que el fin de la pena era «el exterminio de los parásitos y elementos nocivos al pueblo». También sostuvo la idea de «culpa por la conducción de vida», y la idea de defensa social y el esquema ideológico de lucha contra el delito.
La lectura de los borradores del pretendido nuevo código penal, nos da aviso que hacia esos «principios» vamos acercándonos por estas tierras y nos previene de la lucha necesaria por evitarlo.
La penalidad es un complejo campo de instituciones, prácticas y relaciones, y no un singular hecho social que pueda ser descripto en una crónica, por más genuina que esta sea. La política criminal es una acción de Estado, y ésta se ubica coordinada con el resto de las políticas específicas que emergen desde esa estructura jurídica, que concentra el monopolio de la fuerza, cuyo ejercicio se legitima en aras de la salvaguarda de bienes sociales reputados como imprescindibles para la «convivencia social positiva».
No tener en cuenta la necesaria visión en conjunto que requieren cada uno de estos fenómenos y cada una de las instituciones que conforman el castigo, nos llevan a ser sujetos pasivos de estas políticas criminales de extermino, pergeñadas desde el poder estatal.
Dicho en otros términos, con nuestro parasitismo estaríamos legitimando la violencia como modo de resolución de conflictos sociales y edificando los cimientos de un régimen de excepción que se consolida sobre la base de la muerte y el avasallamiento de la condición humana.
Se podría apelar desde esta panorámica del pretendido caos, al empleo de un círculo de garantías que actúe en la prevención de este fenómeno de lucha de todos contra todos. Sin embargo, con holgura se pone de manifiesto que la forma jurídica en ningún caso puede ser un instrumento viable para la solución de un conflicto social y material.
Dicho con otras palabras, y en este específico marco de situación: ¿puede el derecho evitar el llamado «genocidio por goteo? No hay que hacer mucho recorrido para responder en forma negativa, máxime si la iniciativa viene de la mano con la determinación de la baja de edad para determinar la capacidad de responsabilidad penal para una persona.
Esto también significa que no alcanza con la puteada, o con las consignas vacías de contenido. No basta con la añoranza de un tiempo en donde existía la convivencia social pacífica y consensuada , porque esos anhelos se dirigen hacia quienes todos los días legitiman las formas sociales del capitalismo, las relaciones laborales precarias, los incrementos de tarifas, el aumento de los precios, las carencias de políticas urbanas integradoras, el castigo penal, la concentración de la riqueza en pocas manos, sin olvidar la marginalidad en aumento, y que hacen a todo el repertorio de una sociedad culturalmente subsumida en las quejas y reclamos por los desfavores del capitalismo.
Cuál sería la respuesta, ¿otra marcha?, ¿otra radio abierta?, ¿días en la puerta del palacio de injusticia pidiendo castigo a los responsables directos del disparo?, ¿nunca a los responsables que, en última instancia, lo generan desde la gestión de los intereses económicos dominantes, o través del ejercicio legitimado por el voto del poder formal de la democracia?
Ganar las calles, movilizarse en sentido amplio es necesario e ineludible, pero esto resulta vacío y frustrante, sino se tiene una comprensión cercana a la realidad del problema, despejada de toda falsa conciencia que la penetre enturbiando el entendimiento.
Hay que terminar con la confianza depositada en los partidos patronales, y también con los políticos gestores de esos intereses. El punto importante es advertir que existe un solo camino posible; la unidad de los trabajadores con un proyecto político autónomo de clase, que integre al conjunto de los oprimidos y marginados en su propio poder para la gestión de una nueva sociedad diversa de las relaciones capitalistas.
En este sentido, se debe identificar sin rodeos al discurso abstracto y reformista que se presenta como una expresión equilibrada del orden republicano, pero que en realidad apunta a un posicionamiento neutral por encima de las clases sociales y sus intereses específicos, al tiempo que diluye la lucha de clases con intervenciones presuntamente integradoras, y se tiñe día a día con la sangre de los jóvenes que pierden su vida por el goteo premeditado del poder, en los mal llamados «enfrentamientos territoriales».
No hay lugar para todo ese discurso carente de realidad, si lo que se busca es la superación. La tarea es despejar la espesa niebla ideológica esparcida por la burguesía. En vista de la situación actual, no hay otro programa posible que el cambio cualitativo de las relaciones existentes para destruir las bases de un sistema de economía delictiva, por la vía de la autodefensa obrera y la ocupación del poder político
NUEVO CURSO