La policía allanó la sede central del Partido Obrero en el marco de la causa contra dirigentes de esa organización por el supuesto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo
Por vía de estos emprendimientos creados en su momento por las anteriores administraciones del Estado el llamado Polo Obrero,se transformó en un gestor mediador y organizador de la creación de relaciones de trabajo precarias.
La actualidad muestra en sentido inverso, la posibilidad a futuro que se consolide la determinación política del gobierno burgués de turno de transferir ese rol que venía cumpliendo el Polo Obrero y otras organizaciones a otras entidades colectivas de diverso signo es lo que está por debajo de este conflicto sacado de las calles por represión policial sostenido en base al derecho constitucional de libre circulación de los habitantes por el territorio nacional y llevado al aparato judicial del poder burgués estatal. Este último como tal utiliza sus armas a partir del consenso entre las partes en conflictos de dirimir la contienda en ese formato. Se usan como bandera contrapuesta tanto el derecho a la protesta como la garantía de protección del domicilio y en general se acude a la premisa dogmática de que el contexto político actual, que se caracteriza por una campaña liberticida contra los piqueteros y los derechos de los trabajadores – incluido el secuestro de alimentos y el desvío de fondos para cajas personales.
En este sentido corresponde hacer precisiones. Por un lado la referencia al antecedente del anterior allanamiento al inmueble donde funciona el local del PO no guarda relación objetiva alguna con el presente. En aquel momento el Alfonsinismo montó una búsqueda de chivo expiatorio y la encontró en el PO para responsabilizarlo como autor ideológico y material de los episodios de lucha social en Rosario y el resto del país que implicaban saqueos a supermercados. Es decir , por fuera de la hipótesis armada del gobierno lo cierto es que la política burguesa imputaba una acción en un conflicto.
Este segundo allanamiento tiene fundamentación formal en un proceso penal generado por una denuncia donde el poder judicial ha habilitado este tipo de intervención violenta sobre la privacidad de una persona colectiva avanzando sobre la garantía de protección del domicilio. Es decir, es una determinación judicial en un proceso en curso, hay un denunciante, querellante, intervención del ministerio fiscal y presunciones que habilitan la procedencia formal de la medida. Las acciones que se investigan lo son con la eventual incidencia patrimonial de terceros particulares o del propio Estado, es decir, hay perjudicados directos que no son patrones, e inclusos los presuntos damnificados lo son aquellos en favor de quienes se habrían reunido de manera no genuina documentación y trámites con el propósito de lograr el funcionamiento de cooperativa.
Existe entonces una referencia con formato jurídico a actividades desenvueltas por la organización siguiendo los lineamientos que por entonces imponía la gestión de gobierno del momento circunscriptas a la organización de cooperativas y cuadrillas nutridas por personas ubicadas en condición de desempleados en situación de población económica sobrante. Es en la gestión de reunir esos requisitos donde se indica la realización de conductas simuladas, nombres supuestos, documentos que no dan referencia de actos reales, etc. Luego la cuestión se extiende al cobro de ´planes dobles´, rotación de beneficiarios (“altas por bajas”) y la creación extorsiva de listas de espera. Finalmente se liga todo esto a la producción de un permanente proceso de condicionamiento sobre la libre determinación de los beneficiarios de los planes y condicionamientos impuestos a quienes pretendía acceder a la situación de ser titulares de algún. En definitiva es cierto que hay denuncias ratificadas judicialmente, independientemente de si son muchas y pocas, y el desencadenamiento de una serie de actos de autoridad legitimados por la actuación judicial que avanzan sobre la garantía del domicilio.
Si bien se mira, y haciéndolo por fuera de lo actuado por el poder burgués, las organizaciones políticas que actúan en este espacio denominado como organizaciones sociales , terminan con el tiempo y por la calidad de la gestión que los tiene por sujetos ante los organismos de seguridad social del estado , colocando esa gestión en un formato que los transforma en los hechos en una suerte de empleador encubierto y dotado de las potestades que tiene quien ocupa esa posición dominante en cualquier relación de trabajo, simulada con el formato jurídico de cooperativa .
De esta manera, lejos de una represión que se encarama a la ofensiva política del capital sobre la clase obrera y los desplazados de la economía formal , lo que estamos teniendo a la vista , evidenciado de manera confusa por el mismo juego de intereses puntuales en conflicto es el destino directo o indirecto de una importante suma de dinero, situación pactada por la anterior gestión con esta organización dentro del plan de cooptación política de ese colectivo y su neutralización como eventual grupo social en lucha .
El dinero recibido deja huellas a la vez de como y por qué se lo recibió y cual fue finalmente su destina todos interrogantes que la relación de cooptación anterior encubría bajo ese destino final de todo cuanto se hizo o hubo de hacer.
La significativa suma de pesos que se habría entregado por uno u otro mecanismo formal, por parte del gobierno nacional en el pasado , que las organizaciones sociales y las políticas ligadas a ellas buscan renovar es aquello que en realidad está en tela de discusión oscurecido por escenas de los intervención policial que por su relevancia e implicancias colaterales como lo es la afectación de la garantía del domicilio es la base material sobre la que se sustenta la determinación jurisdiccional justificante del reciente allanamiento en el local del Partido Obrero.
Mientras la caja lo permitía nunca estuvo en crisis la estructura que ideó el kirchnerismo y en la que se alineó el PO , buscando hacer base social y por sobre todo mantener su aparato político y la economía de recursos variados que le permite financiarse para promover su política de adaptación ideológica al ala izquierda del kirchnerismo hoy en crisis que salpica incluso a sus exógenos furgones de cola
No obstante, la estructura para-estatal que PO tiene en su poder resulta un obstáculo para alcanzar una dominación plena sobre el fenómeno de la población económica sobrante y la política burguesa que se pretende imponer para reformular el formato de dominación de clase sobre ese sector, de manera que , de lo que antes se hacía la vista gorda ahora se pretende abordarlo desde los esquemas de la teoría del delito y la política criminal.
La gestión ejecutiva del poder burgués en el Estado deja en claro que pretende modificar el destino y los sujetos que se hacen de esa masa de dinero, buscando que la misma no solo frene el combate social callejero, sino que lo dote de manera directa de la herramienta dineraria para su control y dominación política en forma que sirva de colchón eventualmente protector de la burguesía en la lucha de clases.
En ese orden de ideas, por fuera de las tácticas y estrategias de los aparatos de los partidos de las organizaciones de la izquierda ,están los trabajadores precarizados de las cooperativas, quienes de no alcanzar una independencia política, por la propias conducciones de esas nuevas burocracias , seguirán a merced de estas estructuras políticas de aparato o de las que incorpore gobierno de turno.
Lo único que le pudo ofrecer la política de “distribución” en la que se enrola PO y sus movimientos sociales a los desocupados son en términos reales jornadas de trabajo sin regulación alguno, ingresos económicos para coexistir con la miseria y vulnerabilidad social ascendente frente a la criminalización social.
La conformación de entidades cooperativas no debe ser el camino a seguir por parte del movimiento piquetero, ya que son un fraude laboral que tiene la función de contener a los desocupados y abaratar los costos estatales. La gestión de gobierno del poder burgués de turno no ofrece nada mejor, sino la simple determinación de hacerse de una masa de dinero significativo y el control ideológico de un colectivo poblacional altamente vulnerable .
El partido obrero y todas las organizaciones hacen culto del formato jurídico de la dominación burguesa impuesta por la república democrática existente . En ningún caso llaman a tener al poder judicial en juicio superadoramente crítico de sus acciones. Es hoy cuando el camino de la apología de la norma, el culto al constitucionalismo como factor de resolución de conflictos sociales muestra su verdadero rostro exclusivamente represivo y lo hace ante uno de sus auspiciantes .
No es el sistema penal el camino por el cual se pone limite y fin a la intervención de este grupo para-estatal con forma de organización social que opera como fuente de financiación de uno de los partidos del sistema.
Ni el PO , ni ningúna organización política que llame a sus filas a la clase trabajadora y la convoque para la construcción de una organización estratégicamente revolucionaria debe padecer allanamientos e injerencias del poder represivo estatal . La política criminal de la burguesía no debe terminar por constituirse en dominante y sus actos consensuados en términos hegemónicos con la clase trabajadora en sí por organizar un acampe, ni por cortar rutas . Hasta aquí lo necesario. Lo impertinente es sentarse junto a esa organización sin antes indicarle a su militancia el agotamiento objetivo de sus métodos, y la putrefacción de los lineamientos reformistas que lo llevan a relacionarse con cooperativas de producción, comedores, y todo un andamiaje de placevos sociales que permiten sobrevivir al orden social capitalistas e impedir la unión tan necesaria de explotados y oprimidos.
En su momento, y por prolongado período PO logró contener un sector de la población sobrante y disimular su agonía política exhibiendo callejeramente ese aporte subjetivo . Esa funcionalidad es la que hoy desprecia la burguesía en la gestión política de sus intereses por la institucionalidad estatal. De ese desprecio nacen las acciones violentas del poder sobre las garantías democráticas al domicilio con complicidad del poder judicial. Es esto el preaviso de la ruptura de todo acuerdo y el fin de todo un mecanismo de financiación política ajeno a la tradición histórica de la clase trabajadora que es la que resulta principal perjudicada en todo esto.
Pero hoy estas relaciones de cooptación y conciliación de clases que le dieron el perfil definitivo en el reformismo y el oportunismo a estas organizaciones dificultan en plano de la propia institucionalización del actual formato de poder, la plena hegemonía burguesa. Hace falta que esa estructura sea absorbida por el Estado,. Esa es toda la discusión y el factor medular del fenómeno que se exhibe tras un allanamiento . La libertad avanza muestra sus cartas y las exhibe en la mesa de operaciones de la lucha de clases . Busca un armado que dirigía un grupo paraestatal que cuente con los fondos nacionales blanqueando con presunta transparencia las mismas cooperativas, pero esta vez en sus manos . Es decir, darles una estabilidad que no tenían al estar sujeta a un grupo obligadamente opositor y ganarlos a su activo político.
El allanamiento de la sede de una organización política pese a estar ubicada al interior del régimen burgués necesita ser impugnada y observa en cuanto método de poder burgues en tanto es un antecedente peligroso para la vanguardia y la organización de la clase obrera. Ese rechazo no avala, los manejos de PO y mucho menos su pretendido posicionamiento como víctima.
El repudio a la medida procesal que implica agresión del poder burgues a una garantía democrática ,no puede en ningún caso consentir y significar de manera positiva las practicas de la organización política cuya sede fue registrada.
El reiterado menosprecio al problema subjetivo que exhibe PO y todos los partidos del FITU y sus colaterales El desdén por la condición política individual que debe asumir cada uno de quienes se dicen sus militantes tienen siempre ocasión de exhibir sus efectos tan negativos como los hechos que llevan asu propia materialización . Tal vez sea el tiempo de avanzar en esa cuestión del problema de dirección y la premisa explicita de que la moral es de clase , por lo que hay una moral la de ellos, los explotadores,, los opresores, los obsecuentes, los centristas, los oportunistas y otra, la de la clase trabajadora consciente, con militancia organizada en razón de un fin específico que es la construcción de la nueva sociedad y nunca la negociación con la expresión agónica del capitalismo en crisis
Estas cuestiones no se resuelven con conferencias de prensa . PO actúa a cielo abierto sobre explotados y oprimidos sin penetracion política e ideológica en esa masa poblacional del programa socialista que exige la construcción revolucionaria.
El apego a la multitud y no a la clase trabajadora en sí, es el factor que luego les impide determinar quienes habitan en su interior , como se gestionan todas y cada unas de las organizaciones de la economía social adherentes que simplemente se amontonan para endiosar al aparato dirigente, en una amplitud que permite que en su seno pululen personajes que ubican a toda la militancia en posición de vulnerabilidad frente a la norma penal que ha dictado el poder burgués .
La actual intervención del poder Estatal sobre una dependencia de la organización puso en acto y legitimo la norma represiva que se justifica por la presunción aparente que les ha sido posible construir a partir de datos que se sacan del propio interior de las organizaciones y las delaciones premiadas de quienes habitan como uno más en su interior.
En su oportunidad el caso del servicio de inteligencia Balbuena infiltrado en una agencia de noticias por años da luz sobre la cuestión . No se trata de abrazarse a la bomba sino entender de una vez por toda que se trata de un problema político de construcción de las organizaciones que lava la militancia consciente por el número de adherentes y la posibilidad de financiación a través del propio Estado donde se institucionaliza el poder de la clase a la que se dice combatir.
En definitiva, estamos ante el imperativo de evitar la habilitación por consenso de la violación de domicilios, la privacidad y la criminalización de las organizaciones que puedan darse de manera genuina y no mediada por los aparatos políticos del reformismo , los que padecen en sus cuerpos y existencia social los ribetes de miseria que ocupan la integralidad de la población económicamente sobrante
Hay que tomar las circunstancias del suceso para fundar la demanda de eliminación de toda la legislación represiva sustantiva o procesal que impida el libre desempeño de la actividad política en Argentina.
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