La vicepresidenta de la nación y titular del senado dijo que impulsará la reapertura de «todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que se debió hacer más de 20 años. “»Todos los Montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación», sostuvo la vicepresidenta en el Salón Azul del Senado, donde armó la ceremonia por el «Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo»

Cuando se producen este tipo de actos, que deben siempre ser considerados en el marco de una operatoria táctica en búsqueda de un objetivo estratégico, es decir, una acción política dentro de una metodología de corte bélico o militar, lo primero que corresponde advertir es que quien así lo hace, entiende la realidad al revés, es  decir, le asigna a la ideología, la condición primera, necesaria el carácter de condición  determinante de la cuestión real que trae a consideración. Dentro de esa primera advertencia, hay que recordar y recordarles a quienes así actúan y a quienes se le suman al discurso para no hacer otra cosa que amplificarlo, que las cosas son a la inversa, si es que se quiere usar el entendimiento para conocer y no para construir un relato con vocación de verdad, como el que ahora lleva el nombre “memoria completa” y antes, -nunca más mediante- teoría de los dos demonios. Las formas políticas e ideológicas están determinadas por la cuestión material y esa materialidad aquí es trágica, ya que las personas implicadas por sus afirmaciones, como impunes , han sido mucho más que impunes, han sido desaparecidas, luego de ser torturadas, o asesinadas en ejecución sumaria.

La necesidad de buscar impunidad para los que participaron en operaciones genocidas , no puede fundarse en una alteración ideológica de la historia que da cuenta de otros resultados muy diversos de la impunidad.

En ese sentido se ha hecho público desde el sitio el Cohete a la Luna con firma de Horacio Verbitsky  un pormenorizado esquema explicativo de las significaciones objetivas de los hechos a los que alude la titular del senado  , que por su entidad, más allá de consideraciones argumentativas del autor de la nota, deja en claro cual es el cuadro de situación sobre el particular y como desde esa materialidad , cuanto sostiene la titular del senado.

Bajo el título  “Parpadeos”, dice Horacio Verbitsky:

Las cuatro causas

Hay cuatro causas en las que se discute la punibilidad de militantes populares por su participación en acciones armadas, ocurridas entre septiembre de 1973 y julio de 1976:

• El asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci, el 25 de septiembre de 1973.
• El secuestro del teniente coronel Argentino Larrabure, el 12 de agosto de 1974, cuyo cadáver fue hallado un año después.
• El asesinato el 1° de diciembre de 1974 del capitán del Ejército Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina.
• El atentado el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Inteligencia de la Policía Federal.

En los cuatro casos ha habido pronunciamientos judiciales que contradicen la pretensión de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, de promover el enjuiciamiento y la condena de quienes resulten responsables. Villarruel dijo que el país «merece no ser un nido de impunidad». El CELS le respondió:

Esto es exactamente así en las cuatro causas. Lo que sigue es una síntesis de la deriva de cada caso en los tribunales:

El atentado contra Rucci tuvo nombre, pero no firma. Se conoció como Traviata, por la galletita cuya publicidad destacaba que tenía 23 agujeritos. Pero ninguna organización lo asumió. La causa judicial no avanzó en la identificación de los autores ni durante el gobierno peronista ni bajo la dictadura. Entre 1973 y 2008, el expediente rebotó como pelota de pingpong entre distintos juzgados, ordinarios y de excepción que rehusaban su competencia.

Los hijos del sindicalista, Aníbal y Claudia Rucci, señalaron como responsable a la Triple A, del ministro de Bienestar Social José López Rega. En consecuencia, en 1998 el ministro Carlos Corach ordenó pagarles una indemnización de 224.000 dólares por ese crimen de Estado y el Presidente Carlos Menem así lo hizo en 1999.

Pero en 2008, Claudia Rucci denunció a «la cúpula montonera», pidió la reapertura de la causa y que se citara a declarar al periodista Ceferino Reato, según quien los ejecutores fueron Juan Julio Roqué, Marcelo Kurlat y Héctor Arrue. Los tres ya habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas. El entonces secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo, en cuyo tribunal había quedado el polvoriento expediente, dispuso reabrir la causa.

En septiembre de 2011 Claudia Rucci acusó a Montoneros ante Lijo y le pidió que citara a declarar a Mario Firmenich y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Aníbal Rucci sostuvo que su hermana estaba politizando la causa por razones electorales ya que era candidata a vicegobernadora de Eduardo Amadeo, en la boleta que llevaba a Eduardo Duhalde para la presidencia. Sólo los eligieron el 5,9% de los bonaerenses.

El 10 de agosto de 2012, Lijo determinó que el crimen fue cometido por Montoneros pero que estaba prescripto, ya que al no ser un delito de lesa humanidad «no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad». El juez destacó las contradicciones entre las investigaciones periodísticas de Eugenio Méndez y Ceferino Reato. Claudia Rucci apeló, alegando que «se contó con ayuda del Estado o de sus organismos». En diciembre de ese año, la sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, revocó el archivo por prematuro y ordenó profundizar la pesquisa en ese sentido.

Después de varios años, Lijo descartó esta línea de investigación calificándola de «no novedosa», «carente de sustento», «apoyada en fuentes que no sólo no pudieron ser corroboradas, sino que fueron descartadas». Cuando el gobierno de los Hermanos Milei propuso a Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, Villarruel se declaró en desacuerdo, porque «dejó en el limbo» la causa Rucci.

También el senador Francisco Paoltroni se opuso a esa designación, por otros motivos: sostiene que Lijo favoreció a su adversario político formoseño, Gildo Insfran. La antipatía es recíproca, y cuando Villarruel propuso a Paoltroni para presidir la bancada libertaria, Insfran consiguió frenarlo. Ahora, el gobierno decidió expulsar al senador díscolo.

El 22 de septiembre de 2022, el fiscal federal Franco Picardi dictaminó que como no se corroboró la participación de agencias estatales o para-estatales, no se trataba de Crímenes de Lesa Humanidad, de modo que operó la prescripción penal. Hasta ahora, Lijo no respondió. Es la causa ideal para las provocaciones de Villarruel, aunque la probabilidad de cualquier cambio en la jurisprudencia vigente es desdeñable. Sin duda, Carlos Rosenkrantz podría incurrir en esa desviación. Pero en ninguna hipótesis podrían acompañarlo Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Maqueda.

El secuestro y muerte de Larrabure. Si la hija de Rucci colabora con Villarruel en el Senado, el hijo de Larrabure, Arturo, ha sido designado en Defensa por Luis Petri. El cuerpo del militar secuestrado por el ERP apareció el 19 de agosto de 1975. El hijo del militar sostuvo que las guerrillas eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que sus delitos tampoco habían prescripto. El expediente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, a cargo de Pedro Alegría Cáceres llevaba la carátula «Larrabure, Argentino del Valle – su muerte». Incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo, y no menciona ni torturas ni asesinato. Esa narración fue uno de los argumentos que justificaron el golpe de 1976. Recién en agosto de 1979 los jueces de la Capital Federal René Daffis Niklison y Ramón Ojeda Febre le ordenaron a su colega rosarino Aguirre Stegmann que lo recalificara como homicidio. En todas las instancias judiciales se rechazó la pretensión de que se trataba de Crímenes de Lesa Humanidad. Así lo dispusieron el juez de primera instancia Marcelo Bailaque, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. Sólo resta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, donde el expediente viaja de vocalía en vocalía. El obispo católico castrense, Santiago Olivera, inició los procedimientos para elevar a Larrabure a los altares. Los acusados, Amorosa Brunet de González, Rut y Estrella González, Dardo José Tosetto y Héctor Antonio Vitantonio, fueron detenidos-desaparecidos sin juicio.

El atentado contra el capitán Viola y su familia. El atentado fue el 1ª de diciembre de 1974. Al día siguiente una patota militar secuestró a Berta Molina, esposa del dirigente gremial de los vitivinícolas tucumanos Oscar Montenegro. Los secuestradores la mataron a golpes contra las alambradas del autódromo en el Parque 9 de Julio. Dos días más tarde también fue secuestrado, torturado y asesinado el hijo de ambos, Luis Montenegro, de 18 años. El ERP asumió la responsabilidad del atentado y lo repudió como un grave error. Al cumplirse un año del atentado, frente a la casa de los padres de Viola, los militares del Operativo Independencia hicieron volar un auto con siete personas secuestradas.

El 28 de diciembre de 1979 José María Paz, Rubén Emperador, Alberto Vivanco, Francisco Carrizo y Fermín Ángel Núñez fueron condenados como autores del atentado a cadena perpetua por el juez Manlio Martínez. En 1989, Menem indultó a quienes aún vivían. En 2009, la viuda reclamó la anulación del indulto por tratarse de un crimen de Lesa Humanidad y pidió la detención de Fidel y Raúl Castro Ruz. En 2011 la solicitud fue rechazada por el juez federal Daniel Bejas, por la Cámara Federal de Tucumàn y luego por la Corte Suprema, porque no formó parte de una política de Estado. En 2016 la familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2022 declaró admisible el recurso y corrió vista al estado de Argentina.

El Capitán Humberto Antonio Viola.

El comedor de la inteligencia policial. El estallido del 2 de julio de 1976 causó 23 muertes y heridas a un centenar de personas en la SS Federal. Los servicios de informaciones sindicaron como autor material del atentado, por colocar el explosivo, al oficial de la Policía Federal José Salgado y como responsables a Rodolfo J. Walsh y Marcelo Kurlat, pero la dictadura nunca impulsó la apertura de una causa judicial. Recién ocurrió cuatro décadas después. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda y la jueza María Servini fueron los primeros en cerrar la causa por estar prescripta, al no constituir un crimen de lesa humanidad o de guerra.

María Servini: no una sino dos veces.

Lo confirmaron en 2008 los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah y luego la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Juan Fégoli, Mariano González Palazzo y Raúl Madueño).

Pero en 2021 la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el policía condenado por torturas Emilio Eduardo Kalinec reclamaron su reapertura, alegando contactos entre la conducción guerrillera, la Organización para la Liberación de Palestina y Cuba. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ordenaron reabrir la investigación, por razones técnicas y sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

En agosto de 2022, el fiscal Guillermo Marijuan insistió en la clausura de la causa, cosa que Servini confirmó en septiembre de 2023. La decisión ha sido apelada ante Bruglia, Llorens y Bertuzzi.

En definitiva, un fiscal y una jueza de primera instancia, un fiscal y tres jueces de Cámara de Apelaciones, un fiscal y dos jueces de Casación, el Procurador General de la Nación y cinco jueces de la Corte Suprema, quince magistrados de distinta formación, ideología y antigüedad en la justicia, coincidieron en que no era posible la persecución penal por un hecho realizado tres décadas antes sin intervención de lo que el Procurador General llamó “un ejercicio despótico y depravado del poder gubernamental”.

El único camarista que no consideró prescripto el hecho, Raúl Madueño, dijo que no había prueba alguna de la participación de los acusados: una imputación penal “no puede construirse sin resguardo probatorio mínimo que vincule al sujeto que se acusa con el hecho investigado. Aceptarlo constituiría una grave lesión a principios básicos de debido proceso legal”. Cuando la justicia pidió el desarchivo del expediente original constató con asombro que nunca existió, porque la dictadura mataba sin ley. Por eso Madueño dice que no hay “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha respecto de las personas que sindica la parte querellante”.

En varias de sus últimas entrevistas, el ex dictador Jorge Videla me involucró en aquel hecho para lo cual citó “informes de Inteligencia del Ejército”. Es otra falsedad de Videla. En marzo de 1977 la Marina y la Policía Federal ya habían secuestrado y asesinado a José María Salgado, Rodolfo Walsh y Marcelo Kurlat, sin intervención judicial. Si algún informe de Inteligencia del Ejército me hubiera incluido, lo cual tampoco sería una prueba de verdad, me hubiera ocurrido lo mismo que a ellos. Pero en diciembre de 2004 un policía sobreviviente del atentado, con el patrocinio del ex juez de la dictadura Norberto Giletta, solicitó la reapertura y sin otro sustento que versiones incriminó a una larga lista de personas, que La Nación y Clarín redujeron en su cobertura a dos: Mario Firmenich y el autor de esta nota. Hasta incluyeron en la denuncia a la madre de uno de mis hijos, de quien me había separado cinco años antes del golpe, porque no compartía mi militancia.

La denuncia presentada después de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en la causa Simón, no es otra cosa que una represalia por mis actos como presidente del CELS, que condujeron a esa decisión judicial y al descuelgue de los retratos de Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, que propusimos a Néstor Kirchner. Desde que la Corte Suprema confirmó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y ante el avance de los juicios, los defensores del Estado Terrorista han propiciado “la memoria completa”, una versión soft de la doctrina de los dos demonios. …

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