“La democracia actual es una ilusión. Los representantes no representan a los representados. Las altas tasas de abstención, el monopolio de los medios de comunicación, el clientelismo estatal, la falta de transparencia en los actos públicos, el sistema electoral, la convierten en un medio de contención y administración de la diferencia radical…..La democracia se ha convertido en un medio eficaz para la contención y disgregación del movimiento social. Más eficaz que los gobiernos militares, más eficaz que la totalización de lo social bajo las consignas de algún doctrinarismo ideológico. La combinación de tolerancia represiva y represión focalizada, la constante manipulación de la opinión pública a través de “agendas” comunicacionales artificiosas, el clientelismo objetivo que se produce a través de la precarización del empleo estatal, el doble discurso que combina mensajes “liberales” y “progresistas” con amenazas veladas y advertencias sobre “enemigos” e “imprudencias”, son sus principales herramientas”. (La democracia como dictadura
Carlos Pérez Soto)
La lucha universitaria en el curso de este año , acompaño un proceso político, que no la tuvo como eje, pero que sin embargo derivó hacia mitad del período, en un aumento de recursos universitarios que fueron derivados a cubrir los gastos generales que manejan los rectores de cada una de esas casas de estudios superiores.
Ese proceso sin embargo se reveló incapaz de atender los requerimientos salariales de quienes allí se desempeñan como docentes o no docentes
Se presentó así una puja salarial que no asumió los carriles específicos del conflicto social de clases por la disputa del valor creado por los trabajadores en esta sociedad. Si bien se ensayaron huelgas aisladas, la conducción política del fenómeno prevalentemente en manos de la institucionalidad universitaria hizo que quienes dirigen las organizaciones sindicales del sector y el estudiantado por vía de los centros de estudiantes, se supeditaran a la estrategia discursiva de los derechos y se encerraran de conjunto en torno a la ley de financiamiento aprobada por los Diputados con la anuencia de los rectores, la oposición dialoguista, el FITU y las burocracias sindicales de las federaciones docentes y no docentes, que luego tropezó con el veto del ejecutivo nacional.
El veto presidencial , que termina por imponerse con resultado favorable en diputados, implica en los hechos una “no ley”, es decir, un mandato del poder, pero con forma inversa al reparto normativo. Es el señalamiento político a lo que se pretendía instaurar con forma jurídica, de su no realización.
Sin embargo, en esa antítesis de lo dispuesto “por los representantes” electos vaya uno a saber cuándo, dada la conformación que tiene el parlamento con sus sucesivas renovaciones, goza de los mismos efectos que una ley en el plano de las relaciones intersubjetivas que operan en la existencia social de las clases en las que se integra y divide el orden capitalista.
Dicho de otra forma. El ejecutivo, que tiene más representación que el parlamento, por cuanto fue electo en farsa electoral hace menos de un año, fija una norma sin los mecanismos jurídicos parlamentarios pero con base en una capacidad que le otorga la misma norma superior constitucional, y ayer ha refrendado su criterio, logrando que la cámara de diputados no pueda insistir con su programa ideológico inicial, por no contar con las mayorías necesarias.
Lo que ha ocurrido entonces es el juego pleno de las instituciones del orden burgués, conforme al formato jurídico diseñado en la constitución que dio origen y regula el Estado nacional en el marco de relaciones de producción capitalistas.
La política que diseñan las organizaciones que se autodenominan “la izquierda” propugnan y reproducen ese orden jurídico, tanto por inscribir a sus partidos y alianzas en un régimen electoral diseñado por ese poder burgués institucionalizado, como por proponer la elección de parlamentarios como el camino para la construcción del cambio social. Luego la actual pretensión de torcer esa estructura con una masa amorfa de población sin dirección de clase y política autónoma, deviene contradictoria con ese esquema y además muestra su impotencia cuando las cantidades reunidas no mutan en cambios cualitativos , ni definen otras calidades diversas del seguidismo al partido del orden burgués, a través de su fracción K-
Como ya es costumbre inveterada desde la imposición del orden republicano como salida al callejón sin salida donde se situó la dictadura civico-militar genocida, y el culto de ilusiones democratizantes, gran partes de los que ocupan las calles y los edificios universitarios, tal como lo hicieron respecto de la crítica al sistema jubilatorio y sus programas de ajustes del haber previsional, ocurren a la descalificación moral de la gestión e iniciativa del ejecutivo, sin impugnar al orden social que la sostiene , condimentada con el relato histórico de tiempos en los que las circunstancias sociales eran absolutamente diversas en el orden nacional e internacional. En eso se inscribe la referencia a la Reforma Universitaria nacida en Córdoba en marzo de 1918, cuando un grupo de jóvenes se levantó contra las estructuras conservadoras que consideraban alejadas de su época y del espíritu propio de la Universidad.
La remisión al hecho histórico, olvida tener presente que por entonces el mundo advertía el ascenso revolucionario de los trabajadores con la revolución de los Soviet y su posible expansión a toda Europa sumida en una guerra inter-imperialista, donde las construcciones categoriales del Marxismo y Anarquismo se abrían paso. Por mucho que se estire la reflexión habrá que advertir que no son esas las condiciones actuales, situación que resiente la referencia, en particular cuando quienes la utilizan solo buscan que se apruebe una ley que financia una universidad que se autopercibe de espaldas a las masas subocupadas y población económicamente sobrante, sometidas a una ofensiva- defensiva de la burguesía para permanecer en el dominio cultural pese a la crisis de su reproducción como relaciones dominantes.
La universidad en nuestra sociedad en crisis, no puede estar ajena a esa crisis y presentarse solo como una cobija para quienes no tienen lugar social posible que ocupar. El estudio superior en nuestro país, solo se cubre por el Estado, para aquellos que no pueden pagar el mismo estudio en forma privada.
La defensa de la universidad pública, solo se centra por el alumnado en la demanda de que no cierre el servicio en tanto cada uno de los estudiantes constata con pavor que no puede afrontar el pago de una facultad privada, y quienes dan ese servicio tampoco desean que sus negocios se expandan, advertidos que no pueden cubrir esa demanda que le quita a esas empresas de su necesario perfil elitista.
Eso explica entonces, que la demanda pública se reduzca al financiamiento del desenvolvimiento de la universidad pública tal como está y ha sido cooptada por los partidos de la burguesía con incidencia de masas. Es decir, es un planteo conservador, más que transformador.
El problema se agrava, cuando la vía utilizada fue en el espacio de las formas jurídicas, donde ayer se vivió una sensible frustración, a la manera de García Marquez y su crónica de una muerte anunciada.
En este orden de ideas hay que advertir que una norma jurídica posible o existente, no integra el derecho vigente porque sea moral o racional. Una ley puede ser inconstitucional y sin embargo eficiente en cuanto cuente con respaldo coercitivo y determinada cuota de consenso , obtenido mediante la imposición de un particular pensamiento ideológico que exprese intereses de una clase hegemónica presentados como parte del sentido común, y eso es lo que ocurre con esta “no a la norma por una norma” que es el veto del ejecutivo.
Llevar a una masa informe de personas al espacio público, sin un programa de clase, ni una estrategia de poder obrero, hace que la demanda se reduzca por primacía de un sector desplazado de la burguesía y los aparatos que gestionan los sindicatos docentes al apoyo a una ley que responde a un programa consensuado de radicales y peronistas que sin lugar a duda medran en el espacio universitario que ahora se pone en juego por vía del vaciamiento de recursos . En ellos se involucran un importante conjunto de alumnos, solo pensantes en su destino desde la individualidad, que meses atrás le dieron su voto a ese gobierno y abren su pecho por la “democracia”, que ahora les exhibe su rostro genuino de dictadura de clase.
La lucha por una ley de “otros”, o contra “la no ley” expresada en el veto del ejecutivo, es el límite manifiesto de ese esfuerzo destinado a vivir lo que se vivió ayer ante el templo fetichesco de “la ley” y las formas jurídicas, por más que se corra presuroso a ocupar el edificio educativo donde se estudia o se decrete un paro de lo parado por quienes dirigen las organizaciones sindicales de trabajadores del sector.
Una ley integra el derecho vigente porque ha sido sancionada por la institucionalidad estatal, previamente conformado por una forma jurídica superior a todas las demás leyes que es la Constitución, siguiendo determinadas reglas y en correspondencia con esa constitución garantista según su texto reformado en 1994, y además porque expresa la relación de fuerzas existente y el pensamiento que impera de manera hegemónica en ese mismo orden social en este contexto temporal. Lo que ha logrado el ejecutivo, a través del uso de ese armado jurídico, es decir cual es la ley que impera por vía del veto a la ley que se propone, resolviendo de esa forma una contienda al interior del orden burgués, buscando restar apoyo económico a todo un sector adverso que se nutre de poder desde la institucionalidad universitaria.
El desafío pasa por comprender el significado del derecho en esta sociedad y en este tiempo.
Dicho de otra forma, el derecho es una herramienta de clase que la burguesía impone por vía de la institucionalidad de su Estado. El garantismo constitucional que se vendió y adquirió de manera generalizada en la sociedad donde existimos, lleva a una ficción de lo jurídico que solo puede servir a los grupos de poder que aseguran así la supuesta legitimidad de sus actos, y preparan un nuevo asadito en Olivos.
Las leyes y todo el conjunto de normas vigentes no son expresión de una abstracta convicción moral o voluntad de justicia de los hombres libres reunidos en parlamento , sino de concretos intereses en juego en la cotidiana lucha de clases . El derecho dice lo que la clase dominante impone por su vía como pensamiento dominante . Las normas jurídicas traducen los elementos propios de las relaciones de producción al interior de la sociedad donde estas se desenvuelven y que a su vez las imponen por reproducción del capital. No hay deber ser que no sea impuesto por un ser ya existente.
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