La negación de la violencia revolucionaria ejercida de manera políticamente organizada y en función de un programa político, nuevamente desconsiderada por todos los discursos nacidos al amparo de las movilizaciones producidas y a producirse, implica en sentido inverso y en última instancia el desarrollo de la teoría conservadora de la evolución gradual y para permitirle circunscribir la acción como defensa al “derecho a la protesta”.
Negar de esta manera sesgada la existencia concreta y real de la violencia, es no percibir que lo mismo que impugnan- la represión- es una de sus manifestaciones en manos de quien tiene de ella el monopolio para sostener el propio sistema jurídico al que acuden con habitualidad los apologistas del derecho.
Es mas ,los actores legales de la violencia, los operadores políticos de la gestión gubernamental del poder burgués no pueden generar otra cosa que no sea violencia, porque sus acciones se desenvuelven en una sociedad de clases que impone la explotación y la opresión de las mayorías. Como lo sostiene Christoph Menke, “El derecho es lo opuesto a la violencia: nace para detener el ejercicio de la venganza en un mundo sin ley. Pero a la vez, el derecho es en sí mismo violencia: sus fallos la ejercen necesariamente sobre los condenados “.
Esta premisa exige ser difundida, propagandizada, gestionada en cada acción militante y oponerla a la idea de que el derecho se construye desde el individuo y por su sola existencia. La norma jurídica que es el objeto de el derecho como ciencia no es otra cosa que una herramienta conceptual, ideológica, del poder burgués que ejerce su dominación de clase sobre el resto de la sociedad. La ley se emite para imponer el control social y el castigo , en ningún caso puede ser neutral.
Por eso es absurdo repartir “consejos” para ir a una marcha que se presume puede generar hechos violentos, en la medida en que la acción callejera tropieza con la presencia del poder y sus normas, que implican agencias represivas que forman parte del Estado ente monopolizador de la violencia legal y el aparato judicial con un colectivos de intelectuales orgánicos funcionalmente predispuestos para la reproducción social del capital sin obstáculos.
Asimismo, aconsejando medios de protección se le esta dando habilitación social a quienes reprimen, pues si concurro por ejemplo con adecuación a las medidas que me aconseja Tiempo Argentino , es que naturalizo la represión y desde ahora en adelante ejercer el derecho de peticionar como se reivindica implicara pertrechos defensivos que incluyen por definición la propia agresión del legalmente habilitado a reprimir.
Debe tenerse en claro que el poder reprime y luego en el mejor caso controla tomando como herramienta la normativa vigente. Peor aun cuando ese mismo poder ubica la situación en la afectación de bienes jurídicos tutelados, ya que el sujeto reprimido primero deberá explicar su situación, lo que significa que deberá vencer una imputación delictiva. Como se ve , no alcanza con llevar el pañuelo, la botellita de agua y la mochila de tamaño pequeño.
Tampoco es admisible que se naturalice que haya puestos de guardia jurídica predispuestos. Nuevamente con ello lo que se hace es naturalizar la presencia represiva y por esa vía se la legitima en su existir y actuar. Lo más significativo al respecto es que la “guardia” esta para el después, es decir, para acudir cuando el acto del poder burgués en manos de agencias armadas ya ha logrado su finalidad que es la interrupción del acto colectivo y la protesta callejera. Luego los guardianes de lo jurídico, maletín en mano, discutirán lo hecho con las herramientas que le dan los sujetos activos de esos hechos. Irán a apagar el incendio con los elementos de los incendiarios.
Dicho en otros términos, los represores han naturalizado su presencia en los propios actos defensivos de los eventualmente candidatos a recibir esa agresión.
Hay que advertir que todo esto no hace otra cosa que mostrar cuan inútil es seguir utilizando el descascarado relato de los demonios tan frecuentemente utilizado por Alfonsín y el alfonsinismo tardío disfrazado de progresía. Si se demoniza al represor, lo que se hace es admitir que puede haber un represor no demonio, y de nuevo acudir a reglamentos y leyes que pretenden regular su acción.
La legitimación social para ese pensamiento peregrino entra en crisis por donde se le mire y permite la emergencia de la tendencia a la apelación ideológica de la violencia revolucionaria
En sentido inverso de lo dicho, pero implicado en esa caracterización, es necesario decir frente a todo posible exitismo, que por los efectos implicados en una acción política como puede serlo la convocatoria para manifestar disidencia frente al parlamento, más allá de las acciones represivas que el poder burgués despliegue, no estamos dejando un período preparatorio de agitación y propaganda, ni pasando a uno de abierta confrontación de clase contra clase.
Aún cuando las acciones que se desenvuelven pueden para algunos de los que se congregan tener por propósito final , derribar al gobierno de turno , ese contexto no habilita a pensar que los sucesos puedan tener perfiles insurreccionales.
Es el estigma del oportunismo que pasa de pedir el voto del trabajador repartiendo fotos y videos a este luchismo, que nuevamente abre la puerta al prejuicio de clase que impone la burguesía contra la violencia revolucionaria o la presencia de quienes creen que con piedras y abogados se hace una revolución social. Las escenas exponencialmente más significativas que se produjeron dentro de ese esquema se vieron ya en Chile. Para entender su ineficiencia y la frustración social complementaria a la que llevan, les bastara con leer los diarios de la sociedad chilena actual. También es recomendable recordar a los chalecos amarillos tan promocionados en Francia , y circunstancias similares vividas en lo que llevamos recorrido en este siglo XXI que no ha dejado de ser cambalache, como su precedente.
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