NUEVO CURSO
El último reporte oficial sobre los homicidios cometidos en el Gran Rosario en este año muestra con crudeza que el aumento de la violencia en esa ciudad de la Argentina no cede, pese a las acciones que tomó el Gobierno en los últimos meses tras el ataque al local de la familia de Antonela Roccuzzo, y el crimen de Maximiliano de Jeréz, un niño de 12 años que recibió un balazo dirigido a un búnker de drogas.
Hasta el 4 de mayo se constataron por vía de la compulsa de registros oficiales 108 homicidios en lo que va del 2023, siendo este el número más alto en el mismo periodo de tiempo desde 2014, incluso más que en el 2022, ciclo en el que se registró el récord de víctimas en la ciudad.
A lo señalado debe agregarse un doble crimen descubierto en un camino rural en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, al Sur de Rosario donde Policía encontró dos personas jóvenes fallecidas acribillados a tiros que aún no han podido ser identificado
Debe puntualizarse, además, que durante el mismo lapso hubo 650 balaceras, entre extorsiones, amenazas y abusos de armas factor que hizo que por su trascendencia pública y mediática que el presidente Alberto Fernández decidiera enviar cuatrocientos efectivos de gendarmería nacional que se sumaron a los ya existentes en Rosario para completar un total de 1.400. Además, anunció el envío de ingenieros del Ejército Argentino para participar en la urbanización de barrios populares. También informaba en el mismo contexto, informó que sumarían 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.
Sin embargo, debe decirse que el fenómeno no solo debe ser visto desde el exclusivo espacio de la cantidad, puesto que la relatividad de las mismas, en menos o en más, e inclusive sus alzas y bajas marcan su fragilidad a la hora de intentar dar razones sobre lo que sucede, en particular cuando el tratamiento mediático se concentra en la expansión de la sensación de inseguridad en la población y a la par oculta que en la gestación del fenómeno criminal el Estado de una forma u otra tuvo alguna responsabilidad .
Más allá de ello, la marcada tensión social que estos hechos produce, da una muestra más del agotamiento del orden social capitalista en la media en que este, de conjunto y en términos generales ha dejado de resultar apto para traducir su gestión social la seguridad individual de quienes se encuentran en la sociedad civil.
Dicho de otra forma, hemos dejado de existir en una sociedad disciplinada culturalmente bajo paradigmas propios del desarrollo industrial, para pasar a una sociedad de control y vigilancia Estatal que naufraga en su objetivo primordial de dar seguridad, y a la vez gesta por sus propias contradicciones un espacio que niega la convivencia positiva y la reemplaza por su negación, es decir, la confrontación callejera armada, como una forma cada vez naturalizada de resolver los conflictos.
Este agotamiento de las estructuras sociales propias y necesarias para la reproducción del Capital, supone la caída de los símbolos en los que ese modelo de orden social se hace visible a través de sus aparatos ideológicos Por este motivo es que el espacio de la gestión concreta de la política burguesa busca la “disciplina” sobre la base de un mayor control social , marcado por el mayor rigor punitivo y la expansión de las agencias represivas del Estado sobre todos los ordenes de la vida civil , instalando a la vez, en la población por vía de la creación del “otro peligroso”, la creencia y la convicción relativa respecto a la necesidad del castigo y la aquiescencia hacia la respuesta violenta monopolizada por el poder burgués.
Es la propia agonía del orden social capitalista la que marca la instauración del esquema bélico en la sociedad civil, siendo que ese presupuesto lleva a través del concepto de “guerra contra el delito” a que se materialice esa contienda.
A lo dicho, se le añade la tendencia creciente y vigorosa de ir hacia la naturalización por consenso de un modelo de sociedad fundado en la justificación de una simple devolución del daño, por una pretendida excepcionalidad a superar mediante la guerra al delito, todo lo cual significa un retorno desembozado al atávico “ojo por ojo”.
Dicho, en otros términos, estamos presenciando los resultados de una política criminal desenvuelta por el Estado, que remite a esquemas de justificación social del castigo sobre los individuos integrantes de una sociedad que implica el retorno a experiencias históricas ya superadas, que adquieren sobrevida por las propias urgencias que imponen las tensiones y contradicciones de un orden social capitalista en crisis.
El paradigma, según el cual el Estado justifica su presencia violenta porque debe defender a la sociedad de una multitud de excluidos que optan por ubicarse en el espacio de la economía criminal, muestra sus consecuencias negativas, aunque contradictoriamente, frente a la evidencia de este resultado, apele por más de lo mismo, esto es, a la proyección de más instancias coactivas contra las personas, previamente ubicadas como eventuales agresores y enemigos sociales a combatir.
Es en este escenario político y social, donde es posible ubicar un común denominador existente en esta creciente cantidad de muertes, en tanto todas y cada una de las víctimas, son emergentes de esta estructura productiva y este orden social capitalista sumergido en la barbarie, disfrazada de civilización. Esta tendencia indica además que, de concretarse, se instalará el máximo control social represivo conformando espacio de la violencia cada vez más extendidos, a pesar del incremento de la instalación de cámaras, escuchas telefónicas e intromisión en la esfera de la intimidad.
Dicho en otros términos, si no se vinculan los hechos sociales analizados entre sí, es decir, si no se tiene presente los efectos de la crisis de un modelo que se desatan sobre la clase trabajadora y en especial sobre la juventud , ni se apunta a poner en evidencia sus raíces más profundas que no son otras que las contradicciones específicas del capital , lo único que se logra es que se impongan los criterios ideológicos que emergen del poder burgués , hoy concentrados específicamente en la idea de castigo al enemigo social preconfigurado con la intensificación de la violencia sobre sus cuerpos, y .nos limitemos con fingido asombro a contabilizar las víctimas.
En sentido inverso la lucha por el poder obrero y el programa político socialista implican la presencia permanente de la defensa de la vida humana como factor integrador de las relaciones sociales y los vínculos convivenciales, por vía de la destrucción superadora de los escenarios actuales del delito, prefigurados por las contradicciones que el propio capital produce en su reproducción.
No hay una sola dirección claudicante hacia el capital, por vía de la naturalización de sus efectos nocivos. El socialismo, como situación emergente de la revolución que abole el poder burgués y su fundamento en la propiedad privada de los medios de producción, es una posibilidad real de superación de los escenarios sociales de la criminalidad.