Relata la crónica de algunos medios periodísticos y se puede ver en imágenes tomadas en el lugar y momento del hecho que una asamblea de organizaciones fue reprimida por miembros de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que mediara incidente previo ni tampoco ocurriera lo propio en su desarrollo. Los concurrentes, fueron golpeados, arrojados al suelo y aplastados por los efectivos. En esa circunstancia, se produjo la muerte de Facundo Molares que se encontraba participando de dicha asamblea.
La reproducción del capital se encuentra en crisis. Ese fenómeno estructural nos ubica en un proceso complejo de desarrollo contradictorio que abarcan a todo un conjunto de fenómenos económicos y sociales de forma tal. que aumentan la inestabilidad general del régimen político.
Por esto nada habilita hoy a pensar en que la globalización capitalista tiene expectativa de consolidar una situación de paz social por consenso de clases, ni posibilita entender la sociedad fuera de un contexto revulsivo de conflictos y protestas, cualquiera fuera en definitiva el contenido específico que asuma.
. En ese marco, también por el juego de diversos factores, la población que habita en Argentina se encuentra políticamente conmovida. En esa conmoción toman cuerpo en episodios de violencia en los que el Estado asume perfil abiertamente represivo, apelando a la legitimación que la ley penal le acuerda al otorgarle el monopolio del ejercicio de la fuerza.
Dicho, en otros términos, la crisis estructural que el modo de producción capitalista presenta en su proceso de reproducción cotidiana, asume tal nivel de estancamiento que sumerge al Estado que le da forma jurídica y política en la profusión de actos violentos que protagonizan los miembros de las agencias represivas del poder burgués predispuestas por el orden constitucional que diseña a la República burguesa, y su forma de gobierno, la democracia representativa.
Esos comportamientos del poder burgués y sus agencias institucionales no se detienen frente a la posibilidad de quitar la vida a quienes se incorporan a situaciones de lucha o conflicto con ese mismo orden capitalista.
Esta situación no es absolutamente neutral e impone determinaciones específicas a la hora de afrontar los efectos concretos de ese fenómeno específico que se perfila también por la producción de legislación económica desreguladora de la relación capital -trabajo y legislación penal cada vez más represiva por vía de la creación de sujetos sociales peligrosos, como lo es el caso particular de quienes se manifiestan en las calles por carecer de inserción laboral alguna.
En otras palabras, frente a la crisis en la reproducción social del capital, generadora de una intensificación de los conflictos, políticamente se decide por los operadores de los intereses de la burguesía de conjunto, un embate social que se expresa no solo asumiendo posición dominante en las relaciones jurídicas que se imponen a los trabajadores y sectores desplazados de la producción, sino que también toman cuerpo en acciones de violencia física con cobertura mediática y jurisdiccional.
Es un avance que busca desmantelar los resabios del llamado “estado de bienestar” que genera resistencia y ese efecto está siendo combatido con amenaza o concreción de actos violentos combinados con represión jurídica, esto es una doble acción de derogación de regulaciones laborales y beneficios sociales y sanción de legislación a la que se le suman fallos judiciales que avanzan notoriamente contra las garantías y libertades individuales que oportunamente supieron ser consagradas.
Es notable la recurrencia, la reiteración, del espectáculo de la policía pegándole a la gente que protesta en las calles que en algunos casos por su espiral ascendente termina con la vida de manifestantes aún en el momento en que la manifestación haya culminado y los asistentes se desconcentren, como ha sucedido en el día de ayer cuando se produjo el resultado muerte de Facundo Molares Schoenfeld.
Es también notoria la actitud de los fiscales agrupados en infinitos dispositivos que se asumen como brazo ejecutor de la generación de causas penales a quienes son detenidos injustificadamente en la protesta.
Al mismo tiempo los fallos judiciales de los que se pueden tomar conocimiento público, generan perplejidades por sentencias que dan creación a la existencia de sujetos de la ley penal de tipo colectivo, diverso de lo que indica el propio encuadre jurídico que en todos los casos refiere al titular de la acción como un individuo y no como un colectivo. De allí el uso abusivo de la figura penal Asociación Ilícita para justificar estadios procesales en prisión preventiva y provocar el efecto socialmente intimidante que de ello se deriva , haciendo derivar la legítima protesta por problemas económicos y sociales a la lucha por la libertad grotescamente cercenadas.
Los jueces, y particularmente los fiscales se empeñan en encarcelar a los sujetos, pero colectivamente, siendo que ideas, conductas , intenciones, dolo , culpa, sujeto activo, complicidad , autoría llaman a los individuos y no a los sujetos colectivos.
Los sucesos que se pueden generar en el curso de una protesta social callejera, no pueden darse materialmente sino por el concurso de muchas personas voluntaria e intencionalmente agrupada para ese objetivo y no para las consecuencias eventuales que se siguen del mismo. Ocurre sin embargo que los fiscales en general y en todo el territorio del país, por el solo hecho de estar en la calle les inician proceso y criminaliza al tanteo incluyendo a todos en imputación de daño calificado, resistencia a la autoridad, afectación del normal funcionamiento de los transportes, comunicaciones y otros servicios.
En definitiva, la protesta en las calles ha sido criminalizada dentro de una estrategia de crisis. La protesta de modo preventivo y represivo ha sido convertida por sí en delito por el simple trámite de una interpretación judicial de los operadores políticos del Estado de la burguesía. La represión, enmascarada con legalidad recibe sin perjuicio el nombre de Estado de Derecho, ideología que corre por el costado de las actividades represivas.
Las actividades pro- derechos que ponen en práctica las organizaciones políticas reformistas incluso en su discurso de participación en la farsa electoral que repudiaba con su presencia en el obelisco Molares, acuden a requerir la vigencia de ese presunto Estado fundado en la norma y con ello en la Constitución Nacional como norma principal legitimante de la validez de las restantes. Lo lamentable, y lo que ocultan esos declamatorios aparatos políticos apóstoles de la denuncia estéril, es que cumplir con el derecho significa hacer cumplir toda la legislación de conjunto lo que implica la económica y la penal que le resulta funcional al orden burgués y su poder y en ningún caso al trabajador entendido en forma individual o como clase en sí.
Cumplir con las leyes económicas significa aceptar el desenvolvimiento libre de la acumulación y reproducción burguesa con perjuicio directo de la clase trabajadora y es en este aspecto del problema donde el famoso estado de derecho muestra su rostro claramente operativo del interés objetivo de la clase dominante, rostro que se combina funcionalmente con la represión social abierta y descarada a manos de las agencias armadas del Estado. Es así como esta construcción de falsa conciencia, se erige en factor represivo de primera magnitud ya que si lo impuesto por la burguesía en su parlamento no se obedece habilita el avance ilimitado del aparato represivo en todas sus facetas.
Finalmente desde el espacio superestructural los medios comunicacionales en todas sus variantes ,se ocupan en correspondencia con el sentido de defensa de la norma y con la generación de la categoría “buen ciudadano” en poner de relevancia el “derecho al tránsito, al trabajo , a la circulación de mercancías” o en su defecto, las características personales de la víctima ubicando en este caso a Molares en la categoría de sujeto peligroso sobre el que es lícito sospechar y descargar toda la furia implícita en el odio de clase que exhibe el acto represivo que se constituye en causa eficiente de su deceso. con lo cual buscan y consiguen introducir una división entre los trabajadores, los socialmente oprimidos menguando su posible solidaridad y colaboración en forma tal que la concreta violencia física del Estado no resulte censurada.
Aparece aquí la idea definitoria del derecho que es su lógica contenida en la propiedad. De esta forma, con faceta de libertad negativa se dice que el derecho a la protesta cede ante el límite que impone el derecho del otro. Se establece así una suerte de equivalencia de mercancías que deben equilibrarse en el mercado de la validez social para no ser afectadas por el accionar represivo.
Es central comprender que por vía funcional del derecho y su lógica de libertad negativa que lo exhibe como límite contenedor de las facultades de uno sobre los otros se produce la dispersión, el conflicto y la controversia dentro del entramado de relaciones sociales y ese conflicto que unos se armen por vía de las agencias represivas del Estado, contra los otros que carecen de esa posibilidad y por ende acuden a la protesta callejera.
A la burguesía no le afecta la dispersión, por el contrario, se beneficia de ella ya que el derecho, el código civil y el derecho penal, le garantizan por la fuerza, la portación exclusiva individual de las mercancías y la reproducción del capital. Por esto y por sus intereses históricamente objetivos, el pueblo trabajador debe expresar su repudio por el uso legalizado de la violencia estatal y sus implicancias de castigo
Se requiere del repudio a lo dado y que el mismo se ligue necesariamente con la impugnación por inviabilidad del orden social capitalista de su Estado y uso monopólico de la fuerza sobre los particulares. El Estado burgués, aún el más democrático es un instrumento en manos de esa clase dominante. No es neutral en contexto de lucha de clases y en una sociedad de producción de mercancías. Es una estructura institucional de opresión sobre los explotados y los desplazados del mercado de trabajo. El ejército, la policía, toda la agencia represiva, los jueces, las leyes expresan de diversa manera y funcionalmente, esa fuerza opresora.
El contenido de las acciones militantes no puede ser la reforma de ese fenómeno sino la determinación final de su abolición por la construcción de poder obrero consolidado en, la dictadura del proletariado.
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