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Nuevo Curso

La apelación ideológica al terrorismo urbano. Una nueva herramienta del poder burgués para consolidar el orden represivo sobre la clase trabajadora

Nuevo Curso

Dos nuevas muertes violentas se produjeron en Rosario el 2 de diciembre de 2023, en horas de la tarde. En uno de los casos se trató de un chofer de una unidad de transporte urbano sin que la acción que lo determinó estuviera ligada a un robo.

Este último hecho generó por la condición de la víctima una huelga de los trabajadores de todas las líneas urbanas de transporte.

Desde los medios de comunicación se sumó al abordaje específico del periodismo policial, el ingreso de analistas que acudieron sin mayor fundamento, a categorizar este suceso como una expresión de un nuevo giro criminal con específico contenido de lo que llaman Terrorismo Urbano.

Santa Fe como estructura estatal provincial territorial y Rosario en particular, tiene un desarrollo ya histórico sustentado en la expansión de la economía criminal, al punto que gran parte del desenvolvimiento de la ciudad responde a esa matriz. Es decir, gran parte de las relaciones económicas de superficie y específicamente en el área de servicios y de la construcción se activa y reproduce con inyecciones de dinero surgidas del mercado de compra y venta de sustancias prohibidas.

La modalidad con la que se desarrolló ese fenómeno siempre estuvo ligado a las intervención directa o indirecta de las agencias represivas policiales y de gendarmería, y de los aparatos políticos de las organizaciones partidarias prevalentes.

En ese contexto, la situación funcionó exhibida sea por actos criminales, sea por las “explicaciones políticas “del fenómeno y desde esos desarrollos se dio emergencia a chivos expiatorios del mismo, en particular para llevar una cierta racionalidad a lo dado, ya que este implicaba muertes para sectores poblacionales de residencia territorial en los barrios obreros de la ciudad y sus otras ciudades satélites.

La respuesta represiva y el empleo del castigo carcelario, requirió incluso de la introducción de otro modelo de enjuiciamiento penal más eficiente y funcional a ese propósito de imposición de la violencia estatal, con un manejo fetichista de remitirlo en todos los casos a una banda criminal exacerbada en sus capacidades de generar daño sobre la población.

La remisión constante a la existencia de “los monos” y sus posibilidades materiales llevó incluso a que se vendieran libros sobre ellos, es decir, a que se generara mercancía intelectualizada para bajar una suerte de catecismo sobre ese grupo al que prácticamente se equiparó a un “cartel” colombiano.

Ocurre entonces, que el hoy gobernador electo emergió como efector de esa solución carcelaria y violenta desde el ministerio de seguridad de la última gestión socialdemócrata bajo el extinto Miguel Lifschitz 

Sin embargo, la realidad indica que circulación de estupefacientes siguió reproduciéndose en Rosario incluso con mayores niveles de desarrollo productivo y distributivo, en forma tal que la economía criminal por ese mercado líder y los tradicionales del juego clandestino y la prostitución avanzó como fuente de acumulación de valor y apropiación capitalista, por vía de el emprendimiento en sí o de actividades comerciales y productivas legales.

El giro de este fenómeno no reconoce límites que no sean dados por la objetividad de la reproducción de capital. Esto se da localmente en una ciudad de pobres corazones, marcada por la miseria y los desfasajes de una población construida sobre la disciplina miento industrial que paso de ese modelo a otro de corte comercial y financiero, que habilitó el desplazamiento de mucha población al espacio sociológico de lo que se define como población sobrante, con alto incremento del empleo precario, la economía informal y la desocupación lisa y llana.

Sobre esa objetividad, las estructuras jurídicas normativas, penalizadoras y el empleo exclusivo de la herramienta penal, lleva en paralelo al incremento del aparato bélico del Estado burgués. Esto significa que el poder burgués se concentra sobre el modelo represivo y busca consenso en la población civil, que ha terminado por ceder dando muestra de ese consenso con el sentido del voto en la última farsa electoral, que en todo el caso concentró la oferta sobre el problema de la llamada seguridad y postulo herramientas de incremento del castigo punitivo.

Sin embargo, esa estructura del fenómeno no exhibe un elemento esencial que es el de las contradicciones que se generan al interior del fenómeno mismo en tanto este en su materialidad se incrementa en la tendencia a la producción de acciones violentas y criminales entre las empresas delictivas, que en todos los casos cuentan con logística bélica garantizada desde las propias agencias represivas. Dicho, en otros términos, no hay hecho socialmente relevante por su resultado socialmente lesivo, que no derive en la intervención directa o indirecta de empresas delictivas armadas, desde el interior de la fuerza policial o al menos de acciones individuales de miembros de las mismas.

Por otro lado la crisis de reproducción del capital en forma generalizada a la que se le añade la crisis al interior de los sectores de la burguesía por la conducción del poder político estatal deja abierto incluso el uso del fenómeno criminal para estos propósitos específicos, espacio que va desde el aporte de dinero a las campaña hasta la construcción de discursos periodísticos que concurren a dotar de una fundamentación ideológica hegemónica para el fenómeno en sí, de manera tal que la clase trabajadora acuda a la demanda de seguridad y habilite un nuevo ciclo represivo más intensivo y mayores presupuestos para su sobrevivencia.

A pesar del triunfo electoral de quien en pocos días ha de asumir como gobernador, lo cierto es que ese espacio de poder requiere dialécticamente del escenario de la inseguridad callejera con perfil criminal, para justificar su existencia y posibilitar que se visibilice ese fenómeno para ocultar direcciones de profundización en la producción y la economía formal con perfiles de mayor explotación y opresión. Dicho de otra manera, Se exacerba lo existente en materia de acciones delictiva para que sea el delito el factor central de la política y la política criminal el espacio prevalente del Estado.

Para ese desarrollo, el periodismo que conoce como funciona el aparato institucional del Servicio Penitenciario provincial, y que a la vez se dota de cierta opinión calificada por saberes específicos alentados por el carácter siempre oscuro de las relaciones delictivas saca  al mercado la versión en formato policial de la teoría del miedo y la amenaza fascista, para ingresar la categoría del “terrorismo urbano”, con el simple basamento de que los hechos delictivos resultan indiscriminados desde el punto de vista de las víctimas o porque las acciones no tienen una finalidad de robo , o apropiación de dinero o de ajustes de cuenta.

Con eso se oculta que nada de lo que sucede tiene posibilidad de desarrollo sin aporte logístico y protección de las agencias represivas del Estado. El solo hecho de que las acciones sean hechas en espacio público remite a la necesaria explicación, que no se da, respecto de cuál fue el dispositivo prevencional que no funcionó dejando que el hecho sucediera, y mucho menos de las medidas que se tomaron en la investigación inmediata.

Resulta paradójico incluso que se difunda que el sujeto activo se retiró del lugar en bicicleta. Cuesta asimilar terroristas en bicicletas. Cuesta ver una coordinación delictiva que acuda a una bicicleta como única logística del crimen.

Más allá de ello, el apelativo a la categoría terrorista extiende la población pasible de ser atrapada por las estructuras represiva, ya no por una acción u omisión, sino simplemente por la posibilidad de ser considerado “un terrorista”. De ahí a la vigencia del derecho penal del enemigo resta solo un paso. De ahí a la violación legalizada del sistema mínimo de garantías individuales basta con solo avanzar en tal sentido.

En definitiva, estamos frente a una agudización de la cultura represiva con contenido de clase, montada sobre un presupuesto ideológico construido sobre una interpretación de la realidad y no sobre la realidad misma. La magnitud de la crisis capitalista impone estos esfuerzos ideológicos y publicista para ganar consenso en el sentido del control social por vía de la acción punitiva y la resignificación de las estructuras carcelarias que hoy se ve amenazada como institución al exhibir la esterilidad del simple aislamiento y no visibilización de los empresarios delictivos.

El capitalismo ha llegado en Rosario a que en vía pública se dispare sobre las personas en disputas de mercados entre empresas delictivas, generadores de situaciones violentas de pobres contra pobres y fomento institucional del llamado genocidio por goteo. Con esto el capitalismo exhibe la magnitud de su crisis, en tanto la burguesía de conjunto no tiene herramientas eficientes para superar ese fenómeno, sino que por el contrario y exhibiendo su barbarie se vale del mismo para posibilitar a como sea su continuidad como clase.