NUEVO CURSO
Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales. Detrás de la Estatua de la Libertad. Detrás de los himnos y de las banderas. Detrás de la hoguera de la Inquisición. Detrás de las cifras y de los rascacielos. Detrás de los anuncios de neón. Detrás, está la gente
Nos suceden muchas cosas en poco tiempo. La vertiginosidad del despliegue del poder ejecutivo frente a la aparente pasividad del resto del aparato político nos pone en el lugar de simples receptores humanos de los designios de otros, con capacidad de afectar de modo concreto, nuestra real existencia. Lo cierto, sin embargo, es que el poder real que ejerce el bloque histórico del capital concentrado y extranjerizado nunca ha sido cuestionado.
Desde la reformulación republicana del Estado en 1983, el alfonsinismo y las ilusiones democráticas no pusieron en cuestión ese dato de la realidad que queremos destacar.
Ocurre hoy con marcado énfasis, que frente a la crisis de reproducción del capital las clases dominantes y sus representaciones buscan revolucionariamente al interior del sistema reorganizar su crisis y reinstalar la gobernabilidad amenazada por un escenario de insatisfacción de las demandas de derechos implicadas en los movimientos sociales.
Con perspectiva histórica es posible ver que desde la emergencia de la salida concertada que la burguesía logró instalar tras los alzamientos sociales del 2001, se instalaron y abundan las lecturas que presentaban con criterio dogmático y paradigmático a las políticas sociales de declaración de derechos sobre las personas o algunos colectivos humanos específicos, como constitutivamente «buenas».
Sin embargo, la capacidad del Estado en manos del poder burgués para desplegar este tipo de políticas no era evaluada o bien era escondida con eufemismos, buscando que no se vea que esa potencialidad puesta en el aparato institucional está limitada por las contradicciones mismas del modelo social capitalista en su faz estructural, y por las reiteraciones cíclicas de sus crisis, cada vez más ligadas a la falta de inversión y a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Cuanto podemos ver hoy desde la ofensiva lanzada por el poder burgués sobre la clase trabajadora en particular a través del impuesto inflacionario sobre los precios de los mercancías que satisfacen necesidades básicas de existencia, es que el poder Estatal, por vía del personal político que lo gestiona en favor de los intereses de la burguesía de conjunto , socavado por la crisis de reproducción del capital en que se ve incurso y que lo torna con tendencia cada vez más profunda a su inviabilidad como forma de orden hegemónico, ha decidido abandonar por la borda del barco que sucumbe, todo ese discurso de corte reformista y las estructuras institucionales que otrora fueran creadas a efectos de pilotear las crecientes demandas sociales que se expresaron en el 2001.
Es esto lo que nos toca en el existir y no un formal avasallamiento del parlamento por otro de los poderes del Estado. Es el ejecutivo que le indica el camino a la partidocracia, sentando “las bases” para una nueva formulación de la relación amo-esclavo sobre la clase trabajadora obligándola a aceptar so perna de su extinción como tal las condiciones de miseria, y barbarie que se le exhiben todas coincidentes en la materialidad de la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo por la burguesía de conjunto.
Visto desde esta perspectiva, hay en curso una inversión de lo que se difundía y auspiciaba genéricamente como política social. El ejecutor desde su espacio de poder que procura expandir, da orden a todo el sistema jurídico institucional de abandonar esa perspectiva y sustituirla por un período de violencia fundacional, de acumulación primitiva de capital que se sustenta en el sometimiento y agudización de la explotación del trabajador y depredación expoliadora de los recursos naturales con los que se pudiera contar en nuestro territorio. El paquete democratizante abstracto sustentado en el fetiche del derecho subjetivo y el estado de bienestar basado en la prevalencia de normas positivas y garantías constitucionales tiene ya lista desde el poder real, su partida de defunción.
El aparato institucional del Estado abandona la noción de justicia social como uno de sus fundamentos existenciales y revela que no esta por sobre la relación capital-trabajo sino por vía de las leyes, en el interior mismo de esa relación, dispuesto preordenadamente para hacerla funcional y mantenerla vital en cuanto último y primer fundamento de lo realmente existente en la propia sociedad civil y en la específica existencia alienada del individuo.
El poder ejecutivo ha tomado la iniciativa de direccionar el aparato institucional del Estado en todos sus poderes formales hacia el desconocimiento de la tarea de emplear los recursos y medios técnicos que les den solución a problemas que derivan de la pobreza , la marginación y las contradicciones sociales del capitalismo como lo son la falta de trabajo, vivienda digna, educación y alimentos y buscan en ese contexto, la forma jurídica que le cuerpo a esa determinación absolutamente centrada en encontrar una superación de la crisis por vía del sometimiento generalizado de los trabajadores.
El tiempo de desarrollo de la actual gestión demuestra a quienes en su momento no quisieron o no supieron advertir que bajo el capitalismo las condiciones materiales de los trabajadores no están aseguradas. Los obreros venden su fuerza de trabajo en el mercado, pero pueden no encontrar comprador y verse empujados al desempleo. Sucede además que con frecuencia venden su fuerza de trabajo por un salario que no resultan suficiente para asegurar su reproducción, es decir, para reponer todas las condiciones necesarias para continuar trabajando, y asegurar el sustento de sus hijos, en forma tal que el capital se garantice también trabajadores a futuro, aun cuando este último factor este hoy absolutamente restringido por la naturaleza de crisis de sobreproducción y desarrollo de medios técnicos.
Asimismo, el Estado esta dando cuenta por vía de la gestión ejecutiva del poder burgués y como representante de los intereses generales de la burguesía, que no se hace cargo de las consecuencias inmediatas en lo social de esa crisis de reproducción del capital y del estancamiento de la productividad y capacidad de generación de valor que tiene el trabajo en nuestro país. Es el Darwinismo social en grado extremo, lo que se visualiza como puerta de salida para la reproducción y garantía de los intereses de la burguesía.
El mensaje político es claro y se enturbia por los accidentes de implementación que presentan las leyes en tanto objeto exclusivo del fenómeno jurídico. Ese mensaje, que es una determinación política, radica en que la búsqueda de una salida a la crisis estructural que tiene el modo de producción capitalista a nivel mundial, y en nuestra geografía en particular implica un costo y un perdedor que debe ser en forma prevalente el trabajador ya que es, con plusvalía arrancada a la clase obrera por distintos mecanismos que el Estado se hace de la posibilidad de afrontar los pagos que le impone su endeudamiento externo e interno.
En ese mismo orden de ideas, también debe aclararse que las principales fracciones de la clase obrera ocupada en la economía regular venía tributando por impuestos directos o indirectos al consumo, al Estado que los ocupaba en los subsidios generados para controlar el sistema de precios y tarifas en el consumo de bienes y servicios públicos. El viraje ocurre en el momento en que se toma la determinación de quitar los subsidios y emplear el dinero resultante en la generación de nuevos “negocios “para el capital financiero.
Insistimos en que estamos frente a determinaciones de naturaleza política y no específicamente jurídicas que imponen a toda la estructura institucional reposar en otros paradigmas diversos del que era subyacente a la venta constante de ilusiones democráticas en la población trabajadora. Existe hoy el llamado imperativo a la política burguesa de abandono en la construcción de sentido común manifiesto, en la idea generalizada de que es a través de la intervención del Estado que se posibilitan la concreción de derechos subjetivos, con el alcance y los significados que esa burocracia de funcionarios le asignaba en el ejercicio del poder. Es en esto en lo que consiste el anunciado ataque a la casta y es sobre esa convicción puramente abstracta y dogmática del democratismo de nutriente alfonsinista donde se utiliza la motosierra.
Dicho, en otros términos, la voluntad política de los operadores gubernamentales, funcionalmente predispuestos por la burguesía para atender y dar satisfacción a sus intereses de clase, debido a su unilateralidad, dice claramente, con puntos y comas, que no pueden asumir y concretar un conjunto de demandas sociales subjetivas atinentes a la existencia misma de un sujeto y su desarrollo personal como individuo.
Con este panorama, se busca que en forma clara el sistema jurídico quede atravesado por lógicas de intercambio mercantil y ley del valor, que actúan sobre el Estado y lo repliegan sobre funciones formales reducidas a la administración de las políticas represivas, bajo el paradigma de “la seguridad “y lucha abierta y potenciada contra el delito.
La afirmación puramente ideológica de la viabilidad de las políticas sociales del Estado como instrumento de adquisición de derechos subjetivos previamente declarados y formalizados por vía de normas jurídicas– ya sean de orden interno o internacional, transita sus últimos días de vida. El fracaso del orden capitalista en tal sentido , desnuda centralmente no la inoperancia del personal político de turno, sino que tropieza con circunstancias objetivas subyacentes en la sociedad civil y en la reproducción social del capital por imperio de la ley de valor del que hacíamos referencia, y que se manifiesta en la desigualdad congénita entre las personas, según la posición que ocupen en el proceso productivo, las relaciones sociales de propiedad existentes y la injusticia inherente en el propio intercambio mercantil de esos contextos.
El discurso que valoriza un supuesto «programa» que contiene estas políticas sociales, queda desarticulado inevitablemente con su propia negación y a sus contradicciones internas, que es la desigualdad contenida en el intercambio mercantil de la fuerza de trabajo, donde el más poderoso socialmente hablando recibe más que el menos favorecido. En palabras de Adorno «la verdad del acrecentamiento se nutre de la mentira de la igualdad» (Adorno, 1993,45-46)
El valor de la fuerza de trabajo depende de la cantidad socialmente necesaria de trabajo para su producción. Por consiguiente, ese valor está en función del desarrollo de las fuerzas productivas, y ello se determina en específicas condiciones históricas y sociales que son las que permiten producir los bienes necesarios para satisfacer la demanda de reproducción social de esa fuerza de trabajo
La generación de plusvalía y su apropiación por los burgueses es el fenómeno social que marca y da contenido a la idea de justicia que hoy muta de la pretendida justicia social a la justicia utilitarista basada en la auto propiedad que el sujeto individual pregona de sí mismo y el Estado alienta como nutriente de los vínculos interpersonales en la sociedad civil
Así vista la cuestión, si recordamos que es en la base estructural donde se genera la desigualdad social plasmada en el intercambio, en ningún caso la forma jurídica en el plano de la superestructura precediendo a la política, puede modificar esta realidad de miseria y pobreza, inherente al propio sistema.
Por este motivo lo central no es denunciar un presunto avasallamiento del poder legislativo, ni poner el eje del conflicto en ese chisporroteo, sino que lo que resulta pertinente es pensar y actuar sobre la premisa de que la satisfacción de necesidades vitales para el desarrollo como sujeto no han de emerger de la corrección, modificación o morigeración de los abusos del capitalismo.
Los males del capital, sólo pueden ser eliminados mediante la demolición del sistema que los genera, nunca a través de una pretendida corrección por acciones institucionales desde las formas jurídicas. El poder burgués y su Estado en sus diversas modalidades a lo largo de su desarrollo histórico, desgarró lazos complejos que incluían al hombre en formas morales superiores a su existencia particular, visualizados como imperativos categóricos, para dejarlo en una nada existencial, procesado por la pura lógica del intercambio desigual de mercancías a través del dinero en tanto equivalente general: «dejando solo el entrelazado social que surge del frío interés, el cruel pago al contado y el cálculo egoísta».
Marx sostiene que la historia es de la lucha de clases. Su desarrollo violento como partera de la historia implica una contienda que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de toda la sociedad, o al hundimiento de las clases en pugna. La burguesía como clase en sí, ostenta el dominio exclusivo del poder político en el Estado, siendo éste el orden jurídico por el que se normativiza el intercambio y se administran los negocios comunes de esa clase.
En ese contexto, el poder burgués hizo de la dignidad personal un simple valor de cambio, y sustituyó las libertades por una sola la libertad de comercio, estableciendo una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Desgarró el velo de sentimentalismo que recubría las relaciones familiares y las redujo a simples relaciones monetarias. Al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los convirtió en sus servidores asalariados. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profano, y los hombres se ven por fin, forzados a contemplar con una mirada fría sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. (Marx, 2014, 13-15.)
Vista así la situación, entendemos que en el abordaje de la cuestión se impone descartar la estrategia lingüística-ideológica centrada en las declaraciones de derechos subjetivos con sus estatutos internacionales y sus políticas sociales anexas. Todas ellas están dirigidas desde el poder burgués, y en ningún caso resultan superadoras del conflicto social, en las demandas insatisfechas de necesidades tendientes al desarrollo adecuado como sujeto de cualquier trabajador.
La fe supersticiosa en el Estado, puesta en acto por esta estrategia de dominación que hace centro en la forma jurídica, y en particular en la declaración de derechos segmentada por identidades específicas, como puede ser acudir a un colectivo artificial de infancias, para subjetivar al niño como sujeto de la norma, del cual surge el derecho de acción a partir de la facultad primaria a ser oído, se ha trasplantado del campo filosófico a la conciencia general de muchos obreros. La burguesía ya indicó que es la dueña de la pelota y que las circunstancias objetivas de la producción de valor, le obligan a retirarse con ella del escenario trazado por décadas, para darle al Estado otro formato, no preocupado por las formas y si por el despliegue de violencia en todas sus variantes sobre el cuerpo de la clase trabajadora.
Desde esa perspectiva y en este marco conceptual, el Estado es la realización de la idea en donde se hacen realidad la verdad y la justicia eternas. Es desde aquí que nace una veneración supersticiosa del Estado y de todo lo que con él se relaciona, sobre todo cuando está arraigando a las conciencias con tanta facilidad de la gente que se acostumbra, ya desde su infancia, a pensar que los asuntos e intereses comunes a toda la sociedad no pueden gestionarse ni salvaguardarse de otro modo que no sea por medio del Estado y de sus funcionarios retribuidos con buenos puestos.
o hay más espacio para salidas individuales. Y contrariamente a lo que cree el joven emprendedor, el modelo tiene un certificado de defunción en este contexto social. Es hora de entender que no hay lugar para el capitalismo bueno. No hay espacio para pensar que el sistema crea valor explotando y luego permite una distribución con políticas sociales. Las contradicciones se han agudizado, los parloteos populistas emanan mal olor, y por su parte los liberales, como hienas, se babean por la carroña que les queda. La barbarie, cada vez más expuesta, busca conservarse dentro del marco de una ley y un orden funcional a las lógicas del mercado, contra el resto del conjunto social, en su necesidad imperiosa de abrir los caminos hacia un nuevo modelo de organización.
En su desesperada retirada ordenada y buscando su propio salvataje como tal, la burguesía ha dado un paso enormemente audaz reinstalando la necesidad de ejecutivos fuertes, es decir, de gobiernos autoritarios, bonapartistas, o con fe en la monarquía, dejando a la otrora bendecida República democrática como una simple mascarada.
La realidad corre el velo de la ideología y pone en escena al Estado como una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en una república democrática formal, o bajo cualquiera de sus formas.
Por esta afirmación que tiene evidencia objetiva es que la destrucción de la institucionalidad estatal del poder burgués, es el objetivo estratégico y primordial de la labor militante.
El objetivo del poder ejecutivo es lograr que tome cuerpo concreto en el orden institucional del Estado de conjunto, una organización llamada a ejercer la violencia sistemática de una clase contra otra, de la burguesía contra los trabajadores, dejando de lado todo pacto social que pudo haber mediado hasta hoy entre esos sectores en conflicto.
No hay otra opción frente al avance desesperado de la burguesía sobre nuestra propia existencia concreta que proponerse como clase en sí la destrucción del Estado y no un simple cambio de gobierno. La tarea gigantesca, es el cese de toda violencia organizada y sistemática de la burguesía, fundada en la relación social de propiedad y la apropiación de valor generado por el trabajo humano en relación de dependencia.
Con palabras de Lenin:
«aspirando al socialismo, estamos persuadidos de que este se convertirá gradualmente en comunismo, y en relación con esto desaparecerá toda necesidad de violencia sobre los hombres en general, toda necesidad de subordinación de unos hombres a otros, de una parte, de la población a otra, porque los hombres se habituarán a observar las reglas elementales de la convivencia social sin violencia y sin subordinación».
(LENIN, VLADIMIR. El Estado y la revolución