Rosario es una ciudad donde los muertos generados por violencia callejera se cuentan por más de dos centenas en el año. En los márgenes, en lo que la sociología llama población sobrante habitan enfermedades sociales, mucho más preocupantes que el dengue, aunque este también hace estragos frente a las indolencias del Estado por carencias de herramientas de salud pública. Existe junto a él, lo que en general se designa como analfabetismo cultural, y la violencia, dentro de la cual se incluye la del propio Estado a través de la acción de sus agendas represivas.
Esos estragos, esos males, los padecen en cantidad y calidad, los jóvenes trabajadores y los desplazados del empleo formal y los que nunca pudieron acceder a él.
Todas las puertas parecen cerrarse, a la par que se nos dice que el único camino es pagar la deuda y “honrar” los compromisos internacionales, garantizando la apropiación de valor del capital financiero. Y la pregunta, sobreviene ¿Quién paga esa deuda, cuando a sus víctimas nunca se les dio un crédito, sino que solamente se les tomó lista y se los convoco en la fila de los aportantes, sea con intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo o simplemente con la perdida de vida pura y simple?
Ese escenario tiene el efecto inmediato de dejarnos perplejos, más allá de lo que puede significar en sí, sino por lo que le queda por observar en 360 grados como ahora se usa. Esto es, no solo ver el resultado lesivo, sino la actitud del resto social que lo consciente culturalmente pensándose fuera de la tragedia , sino además por la reacción y operación del aparato institucional, estatal o paraestatal.
En este último extremo del fenómeno, el poder burgués estatal y las agencias represivas han montado una acelerada operación donde dejaron ver por donde va la cosa para los jóvenes. Nuevamente las formas jurídicas vienen a cumplir su rol en una sociedad dominada por explotadores y opresores. Para reproducirla con todos sus crímenes se apela ahora, no solo a mostrar tanquetas sino a una modificación en el modo en cómo se enjuician las conductas sospechosas de constituir delitos, todas ellas propiciatorias de más represión y situaciones de excepción que alejan a Santa Fe del fetiche de la libertad individual y la igualdad ante la ley
Policías, jueces y fiscales de la provincia tendrán desde ahora mayores atribuciones, a partir de que la Legislatura convirtiera en ley, la reforma del Código Procesal Penal,
Se aprobaron cambios en 48 de los 460 artículos, en lo que implica lisa y llanamente un avance del poder burgués estatal sobre las libertades que toda persona tiene por la sola razón de serlo.
La cantidad de personas privadas de la libertad en Santa Fe se duplicó en la última década. De más está decir que la inseguridad, lejos de resolverse, sólo se agravó. El problema no es la “cantidad” de detenidos, sino la “calidad”. No es “cuántos”, sino “quiénes”: la política de detención masiva de los eslabones más bajos de la cadena criminal ya mostró su fracaso. Profundizar esa política es profundizar esa intervención política claramente clasista y opresiva de la población trabajadora . Reducir el control judicial sobre las detenciones, extendiendo ese plazo a más de 30 días para casos “complejos” y 8 días para casos “comunes” (art. 214) promueve el abuso de poder policial, avala el uso arbitrario y eventualmente corrupto de las detenciones, y desincentiva la realización de investigaciones complejas.
Esta reforma, promueve que la policía y las fiscalías “mejoren” sus estadísticas generando detenciones de baja calidad que no inciden sobre las estructuras criminales.
No debe olvidarse en beneficio de lo que hemos señalado que hace más de una década el hoy reformado código procesal penal , vino a la luz con un aparato propagandísticos e inversión de ingentes recursos, de la mano de una ideologización que exponía falsamente que a partir de ese instrumento legal Santa Fe ingresaba a la modernidad y se ajustaba a las pautas de las convenciones y tratados internacionales. El tiempo transcurrido dejó ver el fraude de etiqueta de ese operativo destinado a posicionar a todo el aparato político en la cuestión criminal, haciendo que hoy se muestre su verdadero rostro permitiendo que la Policía asuma atribuciones para desarrollar un control autónomo de los procesos penales .
En lo que se oculta tras la abstracción generalizada de la lucha contra el delito, es que esta se concreta contra la pobreza lisa y llana . Hasta la entrada en vigencia de esta reforma, las personas que fueran acusadas de ocupar inmuebles tenían la posibilidad de explicar en sede judicial la naturaleza no delictiva de esas acciones apelando a convenciones internacionales y observaciones de organismos de control internacional sobre el carácter prevalente que tiene para cualquier ser humano a la vivienda. La situación entonces se dirimía en un proceso judicial rápido donde se terminaba por establecer si esa situación de ocupación de inmueble constituía o no el delito de usurpación al menos en grado de posibilidad. Hoy entre las modificaciones más destacadas aparece la derogación de ese procedimiento y el cese del estado antijurídico se regula por facultades policiales carentes de todo control. Significa esto “que los inmuebles o terrenos presuntamente usurpados deben ser restituidos inmediatamente a sus propietarios”. En definitiva la situación concreta de carencia de vivienda se soslaya y se cambia por la caracterización como delictiva de toda ocupación, siendo manejada con la exclusiva intervención policial.
También en la reforma votada por los representantes del pueblo de Santa Fe y su estado democrático, se dispone la eliminación de las audiencias imputativas ante un juez, para determinados casos, las que se celebraran ante el órgano fiscal y la extensión de plazos para detenciones previas a las audiencias imputativas de sospechosos de la comisión de delitos que se extiende a 96 horas y en casos de delitos complejos a 15 días, prorrogables a otros 15. Esto significa que una persona detenida por empleados de agencias represivas del estado puede permanecer privada de su libertad a voluntad de la fiscalía hasta 96 horas antes de ser llevadas a una audiencia para verificar su situación ante un juez. Nótese el riesgo de este dispositivo frente a la protesta social y las detenciones que se generen en ese contexto.
Además, se habilita cualquier espacio de avasallamiento de la libertad y privacidad de una persona por su sola condición de tal dando validez a pruebas recolectadas por figuras como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada, entre otras técnicas especiales de investigación, todas cuestionables incluso desde el propio derecho constitucional que impone la burguesía en el poder del estado.
Se amplían las variantes de allanamiento sin orden judicial con la meta propuesta de que el fiscal y policía actúen con rapidez, por ejemplo para poder extender una medida a un domicilio a casas contiguas. Se modifica el cese de estado antijurídico par que se actúe en derribo de puntos de venta de drogas y en otros tipos de actividades ilícitas.
Es que la iniciativa oficial modificó el artículo 10 bis de la ley orgánica del personal policial que, salvo casos de flagrancia, no permitía al servidor detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente.
Otro cambio relevante es el rol que se le otorga al querellante en las audiencias imputativas, quien podrá participar de la misma, ser escuchado, realizar preguntas al imputado y dirigirse o peticionar al Tribunal. Esto no es otra cosa que retrotraer la sociedad a instancias históricas anteriores a la modernidad capitalista, ampliando la posibilidad de la venganza personal, en un reverdecer del ojo por ojo, habilitando así la técnica de la guerra de unos contra otros supervisada por el Estado y sus agencias.
Así observado el asunto, y buscando quedar ajeno de toda interpretación jurídica de textos legales que se imponen por pura acción de los operadores del Estado que gestiona los intereses de la burguesía dominante, lo que se puede ver de conjunto es , apatía, embuste, falsas políticas, y simple represión ocupando el escenario de manera prevalente, con tendencias a formas jurídicas equivalentes a las del derecho que montó el Fascismo en Europa.
Queremos escapar del error de discutir leyes sin entender que implican las leyes en nuestra sociedad de clases, y en sentido inverso aportar otro dato al que le damos significación simbólica.
En esta misma semana en que la represión avanzó con forma de ley sobre la clase trabajadora y en particular sobre nuestros jóvenes, por la tarde y en un club de barrio se enfrentaron n por la Rosarina de Futbol, dos equipos, uno con nombre de papa, y el otro con una sigla de cuatro letras. Los planteles de ambos, se nutren con jóvenes, pero en los alambres que limitan la cancha del público, dos banderas te estrangulan el estómago. Dos banderas que dan cuenta de la muerte de pibes como ellos, y un compromiso de los jugadores, de hacerlos “estar eternamente en esa cancha y con quien juegue por ese equipo” según lo dejan por escrito con un minuto de silencio que se cumple a rajatablas.
También se realizó una marcha haciendo recordatorio de los caídos en el genocidio argentino descargado sobre la vanguardia obrera de nuestro país. Muchos de los congregados por la marcha discutían si fueron o no 30000, lo cierto es que en el mismo tiempo en que se produce la marcha, los elegidos por la democracia que se reivindica en esa movilización votaron este tipo de instrumento legal que dejaría aplaudiendo a los Videla, Massera y Agosti. Es necesario que quienes se abrazan a las lógicas jurídicas de derechos subjetivos individuales, adviertan el sentido estricto de la funcionalidad del derecho en una sociedad de clases, y los límites que esas políticas tienen en un orden burgués constitucional marcado por la crisis de reproducción del capital.
En definitiva una misma ciudad, con escenas contrapuestas sintetizadas en la vida misma, con las que parece que Rosario estuviera condenada a eso por la sola insistencia en las recetas fallidas de la socialdemocracia reformista y la ideología de guerra contra el delito que se baja desde el poder burgués y sus aparatos institucionales , es necesario un viraje militante que imponga advertir las consecuencias inmediatas de estas legislaciones y estas operaciones de poder de alto riesgo para la libertad de los trabajadores y dentro de ellos a los jóvenes que luchan y sobreviven en las barriadas de nuestra ciudad y propagandizar la vía estratégica de superación de lo dado por la construcción de política obrera , con organización y programa socialista. .
Vivimos un tiempo nuevo, de una vieja lucha, aquella que define el comienzo del factor humano y una existencia conformada por una nueva cultura o aquella que por contradictorio sentido inverso, nos busca sumergir en la barbarie En la juventud trabajadora en lucha s está el futuro, ellos marcan un camino, el resto tenemos que acompañarlos, y apoyar, para poder construir una nueva sociedad sin dos caras, y el único anhelo de un orden social justo sobre la base del principio de colaboración.
NUEVO CURSO