Usualmente se puede leer, escuchar, ver, como todas las variantes del reformismo, que atan su vagón como furgón de cola al progresismo en decadencia, cuya locomotora quedó más loca que motora, indicando que la conflictividad social tiene escenario de resolución positiva para oprimidos y explotados, mediante el ejercicio del derecho que la sola existencia como ciudadanos le es otorgada. De esta forma, lo que comienza con el señalamiento de un daño inferido a trabajadores y excluidos de la producción en situación de desempleo termina canalizado en los tribunales o en gestiones ante los tribunales , generalmente indicadores de una vía muerta.

Para no ser obsesivo con la coyuntura y no caer en presiones mediáticas, ejemplificamos lo afirmado precedentemente con la experiencia vivida durante el año 2023 por el “Malón de la Paz”, una marcha de pueblos originarios del noroeste argentino a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su primer versión histórica fue , en demanda de la restitución de sus territorios , en esta tercer versión después de recorrer 1875 kilómetros integrado por comuneros de los pueblos originarios que habitan la provincia, movilizados en contra de la Reforma de la Constitución jujeña y reclaman que sea declarada nula, en defensa del agua y del derecho a sus tierras. El Malón se instaló frente al Palacio de Tribunales a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de esta reforma que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales.

Pese a soportar con estoicismo todas las dificultades inherentes a un acampe y múltiples acciones de contenido represivo, quienes se mantenían frene al palacio de tribunales, no fueron atendidos por los ministros de la Corte Suprema.

No obstante, ese gesto político de los cortesanos, de manera puramente formal Poder Judicial se dignó a comenzar a tratar la reforma constitucional pese a la gravedad institucional y social de lo que ocurrido en Jujuy. Sin embargo, tiempo después, conocidos los resultados electorales que impusieron la actual gestión de gobierno, ya en el mes de diciembre de 2023 afirmó que la causa tramitada «es ajena» a su competencia originaria, y resolvió remitir a la Corte Suprema de la Provincia de Jujuy las actuaciones correspondientes a las acciones legales planteadas en contra de la reforma constitucional.

El dictamen del máximo órgano de justicia de la República Argentina, lleva las firmas de los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.

Finalmente , en mayo de 2024  la actual gestión del gobierno nacional, desistió del recurso que  pedía declarar inconstitucional los cambios en la carta magna provincial  y de esta forma, quedo convalidada la reforma.

Este es un caso que citamos de manera ilustrativa, por fuera de la contingencia cotidiana, los discursos encendidos de los que ocupan espacios de opinión dentro de la izquierda del régimen y muestra como el camino emprendido luce como una táctica incorrecta y define el perfil estratégico de esas organizaciones.

Hacemos notar que los votos de Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, son expresión de quienes llegaron a la Corte Suprema de modo casi compulsivo desde el macrismo y hoy llevan la voz cantante dentro de ese cuerpo. Es decir, cuando se optó por acudir al servicio del poder judicial, se alimentó expectativas sobre las eventuales decisiones de cuadros orgánicos del macrismo, por entonces y hoy pasados subrepticiamente a las filas del gobierno nacional.

Todo esto lo traemos a colasión , porque en Santa Fe , el gobernador, confeso aliado de quienes gestioan desde el ejecutivo nacional, promueve una reforma constitucional para conseguir un segundo mandato y además pretende imponer la designación de nuevos miembros de la Corte Suprema provincial. El proceso transcurre sin mayores alteraciones o conflicto, dado el acuerdo prestado por un sector del peronismo local que habilitaría la viabilidad de esas acciones de gobierno.

Sin embargo a la hora de remitir  los pliegos de los candidatos para cubrir las tres vacantes en la Corte Suprema,  los tres escogidos por el Gobierno en acuerdo con otras fuerzas políticas fueron, la socialista Margarita Zabalza, hija de un reputado dirigente de esa fuerza que esa relación de parentesco atravesó desde temprana edad por todos los cargos dentro del aparato estatal habidos y por haber y hoy se presenta como especialista en derecho tributario ; el ex fiscal de Estado del gobierno de Omar Perotti, Rubén Weder; y  Jorge Baclini, ex titular del Ministerio Público provincial desde la gestión Socialdemócrata de Bonfatti.

Sin embargo al conocerse la nómina se denunció que , Jorge Baclini, autorizó cuando era fiscal General de Santa Fe la contratación directa de la licencia de un software por U$S53.000 con una empresa “fantasma”, según se desprende de la impugnación .

Si después de lo que indicamos, alguien con honestidad intelectual pretende defender la independencia del poder judicial y presentarlo por sobre las clases sociales, se verá en la difícil tarea de justificar lo injustificable desde el punto de vista del interés emancipatorio histórico de los trabajadores.

Hay que recordar que la provincia de Santa Fe sostiene acusación penal contra cuatro delegados gremiales quienes serán llevados a proceso en el curso de este año, y sobre los que los aparatos sindicales han peticionado se les retire dicho proceso. Al parecer las cosas se encaminan en sentido inverso y se da una fuerte tendencia para que el precedente de ninguneo dejado por la corte nacional en el caso Jujuy, vuelva a mostrar su rostro de clase.

La reformulación del estado provincial Santa Fe para conformarse en una organización jurídica legitimante de la acción represiva del gobierno, abiertamente puesta de manifiesto en el primer año de gestión , avanza a pasos agigantados. Los trabajadores necesitan de su propia política, sus propias organizaciones de masas en plano sindical, y la organización por la vanguardia de una forma partidaria que estructurada desde el programa socialista, defina las tácticas necesarias para su estrategia emancipatoria. El camino de las acciones reformistas sujetas a los aparatos burocráticos con perfiles parlamentarios, en sentido inverso, da muestras sobradas de su agotamiento.

NUEVO CURSO.

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