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GOBERNADORES PROVINCIALES QUE FACILITAN LA LEY BASES PROPICIAN MECANISMOS DE  LAVADOS DE ACTIVOS EN EL MISMO TIEMPO, LAS AGENCIAS REPRESIVAS DEL ESTADO FACILITAN EL GENOCIDIO POR GOTEO.

Todos los días en la provincia Santa Fe , toda la gestión política, parlamentaria y judicial se aúna a la política criminal del Estado Nacional, y en consonancia también lo hace con las intervenciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires . Eso es visible al amparo del carácter interprovincial e internacional de las acciones que generan, deriva o reproducen la economía que deriva del narcotráfico, que le ha permitido a la administración de este Estado, gestionar pertrechos, logística y recursos dinerarios para lo que encara con perfiles bélicos como “batalla contra la droga” a la que considera razón , causa fuente de todos los males sociales que se registran en la sociedad civil a la que ha convencido al punto de lograr su consenso, respecto a que los comportamientos que lesionas sus bienes simbólicos y materiales deben traducirse por su efecto, es decir, que lo que es una resultante ánimica sea vista en realidad como causa objetiva de todo lo perjudicial que le sucede a un individuo en Santa Fe.

Todo esto hace que en la vida cotidiana , todo aquel que pueda ser visto por su apariencia como un eslabón de la criminalidad con ligazón esteriotipada a la ventra, producción y circulación material de material considerado como estupefaciente , sea considerado única y exclusivamente como un enemigo social a vencer y el triunfo se proyecta en dos resultantes: Por un lado, la detención carcelaria previo despliegue del proceso penal bajo un régimen legal violatorio de garantías constitucionales que permite que un sujeto pase varios días privado de libertad sin ser llevado delante de un juez, o que se le vincule con delitos construidos con tipos penales abiertos que facilitan su privación de libertad y dificultan su excarcelación mientras dura esa actividad judicial .

Por el otro, sea por defecto del anterior, sea por razones puramente represivas o culturales inherentes al escenario de vulnerabilidad social donde se desenvuelven esas personas , la simple conflictividad armada que deriva en la perdida de vidas, tal como se ha podido apreciar en el curso del corriente año bajo el amparo de la nueva gestión gubernamental, que no es nueva en realidad sino la continuidad de lo que pudo y supo hacer en tal sentido el actual gobernador cuando se desempeñaba como ministro de seguridad de la provincia.

Frente a este escenario bélico, lo cierto y concreto es que, siendo Santa Fe uno de los Estados provinciales más económicamente desarrollodados , cuya institucionalidad jurídica y política gira en torno a la gestión de la burguesía mayoritariamente ligada al agronegocio , con sus derivaciones inmobiliarias y de comercio exterior , sus acciones que en apariencia se colocan por fuera de la política criminal de guerra al delito , se orientan a dar sustento a una institucionalidad que permite el blanqueo de los valores realizados en moneda corriente que emergen de la economía delictiva. Este dato que guarda absoluta objetividad es el que por sí mismo desmerece toda la actividad política de este sector de la burguesía y con él a sus operadores de turno, que no son tan de turno como parece en tanto ese elenco político desde Reutemán hasta el presente se consolidó en este formato de gestión, que puede resumirse en “mato o dejo que se maten en las calles, y a la vez recaudo de las actividades económicas que realizan los que mueren o matan en esas actividades “. En otros términos la gestión de los capitales emergentes de la economía delictiva encuentran su curso en la economía formal y esa deriva de los valores producidos, el gobierno se exhibe como su facilitador, amparado en leyes nacionales de basto temario , en donde se incluyen los instrumentos de esa acción de encubrimiento político de un sector de la burguesía dominante.

Días atrás falleció acribillado en la vía pública por otros jóvenes que se conducían en una motocicleta,  un niño (tomo el concepto de la propia declaración de los derechos del niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas). Al conocerse su identidad, prontamente todos los medios de comunicación que día a día riegan la venenosa planta social que implica la criminología medíatica y su funcionalidad con la tesis de guerra al delito, se apresuraron a decir que el fallecido era una persona que había estado ligada como participe necesario en la muerte de un policía ocurrida en un intento de fuga de una persona privada de libertad que estaba siendo asistida en un hospital. Con eso se buscó devaluar la muerte,  como si eso fuera éticamente posible o admisible dentro de un orden burgués donde se presume que todos somos iguales ante los mandatos legales generalizados que dicta el Estado . Dicho en otros términos: Hay un muerto, pero ojo, no es cualquier muerto. De paso y como segunda lectura dentro de la misma política se indicó que el fallecido tenia 15 años en su recorrido de vida y que estaba en la calle, porque la ley penal juvenil le impedía a los jueces de menores intervinientes llevarlo a juicio e imponerle una condena pese a los datos probatorios que lo ligaban a su colaboración en aquella dramática situación de intento de fuga.

De esta manera, la muerte de un niño de 15 años se lee como la necesidad de modificar la edad de imputabilidad, que está proyectada por esa política criminal en lo inmediato , en cuanto se cuente con el espacio político necesario para la colecta de mayorías parlamentarias para su sanción. En definitiva , ni aún muerto el fallecido tiene subjetividad, solo fue y sigue siendo un objeto de intereses de clase totalmente adversos a su existir como persona en formación .

Capitulo aparte en cuanto se refiere a la omisión de todo comentario relativo a la actual estructura de los juzgados de menores de Santa Fe, y mucho menos de la Dirección provincial de Niñez, ambos estériles en propósitos integradores de personalidad y protección de al menos la integridad física de un sujeto que se conoce socialmente vulnerables y mudos testigos de las muertes que se suceden respecto de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. Queda claro a cada paso del desenvolvimiento del conflicto social, que es solo el abordaje penal el que sobrevive a los efectos de tales conflictos, siempre con su receta de represión , vigilancia, punición y cárcel, que facilita que ese colectivo humano no sea visibilizado y emerja  solo cuando se tiene noticia de la muerte de alguno de sus componentes.

Sin embargo lo esencial, ahora que el gobernador y el intendente de Rosario se han avenido a compartir lecturas conmemorativas de fechas patrias que nada tienen que ver con revertir esta política concreta sobre los jóvenes sino por el contrario a profundizarla, es tener presente que los legisladores de nuestra provincia y los diputados “representantes “ de nuestra sociedad abstractamente igualada por la capacidad de votar , única y exclusivamente, han favorecido con su voto la sanción de la ley bases, como si esta no tuviera relación alguna con estas muertes sobre las que cotidianamente se desgranan lágrimas de cocodrilo con reiteración que naturaliza la escena.

Debe decirse, para que la comprensión del fenómeno social represivo en nuestra provincia tenga posibilidad de acercamiento a su comprensión y a partir de ella , a su superación , que

El  diseño propuesto por el Gobierno de Milei en la Ley Bases para  los regímenes de regularización de activos o “blanqueos de capitales , tiene en sí mismo y facilita el riesgo concreto de lavado de dinero y financiamiento de activos provenientes de la economía delictiva, en la que como “operarios” los jóvenes generan valores que huelen a sangre y luego se fisonomisan como riqueza legítima en bienes inmuebles, depósitos financieros o mercancías suntuarias.

Dicho de otra forma, el gobernador de Santa Fe, los legisladores que se manifestaron funcionalmente a favor del proyecto ley bases, incluso la propia Vice-presidenta en su desempate, todos ellos que se reputan gente honesta y de bien, en los hechos propician un estatuto normativo permisivo del lavado de dinero , estación terminal del proceso económico ligado a la producción, venta y circulación de capitales generados a partir de esa mercancía específica que lleva el nombre genérico droga.

El Régimen de Regularización de Activos incluído en la Ley Bases exceptúa de impuestos y sanciones a todos los activos por debajo de 100.000 dólares y aquéllos que superen esa cifra pero sean invertidos en el país por lo menos hasta diciembre de 2025. Si los fondos no fueran reinvertidos, la alícuota que se aplicaría sería del 5 por ciento, 10 o 15 de acuerdo al momento de su ingreso. A su vez, las divisas obtenidas no tienen un destino especificado.

El blanqueo, tal como está presentado  en el proyecto aprobado , contradice todas las recomendaciones del GAFI en materia de programas de cumplimiento tributario voluntario”, y muestra las sucesivas violaciones a las “mejores prácticas” sugeridas por el GAFI en materia de “amnistías fiscales”. El blanqueo del oficialismo facilita operaciones dentro de ese contexto que tienen la entidad para profundizar de modo estructural el narcotráfico.

El término narcoestado remite a una sociedad cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.   Nada de esto está en el discurso friolento del poder político formal bajo el monumento a la bandera . Solo está el embuste de presentar éxitos en la batalla contra el crimen que como queda expuesto en los hechos no es batalla sino, en sentido inverso, el favorecimiento de prácticas genocidas por acción u omisión , que significa un goteo propiciado de muertes y penados todos aportados por un mismo sector socialmente vulnerable.

El fin del Estado que hoy proclaman como tarea de topo el presidente electo  y quienes le aplauden en sus viajes desde  la derecha radical  es en realidad la reformulación del Estado, impuesta desde la propia burguesía que lo constituyó para adaptarlo desde las contradicciones que deja ver el carácter de capitalismo tardío y dependiente de nuestra sociedad  en el siglo XX para que despojada de anteriores determinaciones legales facilite la acumulación de capital desde la economía informal ligada a la producción de valor desde la creación , circulación y blanqueo de sustancias previamente declaradas ilegales.

La embestida de los proyectos neoliberales contra el Estado benefactor, por las llamadas  derechas han diseñado una  bandera diversa de la que ondeaba en el Monumento de Rosario, lo que han elaborado es la bander del Estado como una maquinaria burocrática y opresora,  aprovechando que  las izquierdas renegando del leninismo han  devenido paradógica y progresivamente «estatistas».

La militancia enarbola que lucha y ocupa las calles y plazas se ocupa  del internacionalismo proletario en los actos del 1 de mayo y se  atrinchera en el Estado-nación, bajo la consigna “la patria no se vende

Dicho en otros términos, malversando la categoría imperialismo y extendiendo de manera fetichesca los efectos de esas acciones del capital financiero internacional, se han atrincherado en la defensa del soberanismo nacional , buscando un sector  pequeñoburgues a donde engancharse como furgón de cola por vía de los frentes populares anti-Milei. son las derechas las que enarbolan el optimismo tecnológico.

Lenin meses antes de la revolución de octubre escribió “El Estado y la revolución”  dejó clara la superación del capitalismo por la formación de una sociedad sin Estado, precedida por la destrucción del poder de la burguesía como clase social dominante . Está en ese objetivo estratégico la clave para la tarea cotidiana de la vanguardia obrera en torno a la construcción del poder obrero, sus organizaciones y el desarrollo del programa socialista para una nueva sociedad y un nuevo hombre.

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