El texto que compartimos, sobre el que no nos parece pertinente hacer ningún comentario en tanto expresión de la relación directa que han llegado a sostener el CELS con lo denunciado , solo amerita nuestra intervención desde el plano de la difusión del hecho colaborando a su conocimiento por los trabajadores que nos siguen a diario .
Las instituciones carcelarias, los muros, los silencios cómplices , no son un hecho nuevo, solo las implicancias extendidas de una sociedad cuyas clases dominantes y el discurso de sentido común se empeñan en una política criminal acorde a la reproducción del orden social capitalista, que básicamente nos enajena de lo real y nos transforma en objeto de un Leviatan.
El rasgo característico de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos “normales” donde la agenda cotidiana y el discurso de sentido común es hegemonizado por la burguesía dominante, el Estado ejerce su violencia legitimada por el juego coordinado de la propaganda ideologízada de la burguesía y la violencia física-simbólica de sus instituciones. Es necesario que las masas de trabajadores por acción de su vanguardia , muten esa cotidianeidad y las formas de ese dominio relevando la condición insoportable del orden establecido y se rompan las barreras que disocian a esta de la acción política directa , se derriben a los representantes operadores políticos intelectuales orgánicos al orden de claes y con su intervención creen un punto de desarrollo para un nuevo poder conducido por esas masas y las instituciones de gobierno que éstas se den a sí mismas. Es imperiosa la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos.
MUJERES DETENIDSAS DENUNCIARON TORTURAS Y VIOLACIONES EN EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE ( C.E.L.S- cárceles y sistema penal)
Integrantes del servicio penitenciario golpearon, tiraron gas y desnudaron a cuatro mujeres, dos de ellas fueron sometidas sexualmente. Ocurrió en el penal de Magdalena.
El miércoles 3 de junio, mientras el país se movilizaba a once años del primer Ni Una Menos, cuatro mujeres detenidas en la Unidad 51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, fueron torturadas por integrantes del servicio penitenciario. Un grupo de agentes, entre los que había hombres, las agredieron con gas pimienta, las desnudaron, las golpearon, y a dos de ellas las sometieron sexualmente.
Esa tarde, dos agentes penitenciarias y la jefa del penal irrumpieron en el pabellón en que estaban alojadas las cuatro mujeres y las sacaron a la rastra. Las separaron entre sí. En ese momento empezó una secuencia de terror.
A una de ellas la desnudaron, la llevaron a una zona en la que no había cámaras y la obligaron a besar las botas de la jefa. Como se resistía, le tiraron gas pimienta en la cara y la metieron en una celda clausurada. En ese momento, se sumaron cuatro guardias hombres, que tienen prohibido el contacto con las detenidas. Estos hombres apoyaron una escopeta en las partes íntimas de una de ellas. Después le hicieron “submarino” -una forma de tortura aprendida en dictaduras- en la pileta de la celda hasta que convulsionó. Luego de que una enfermera la revisara, le dieron un culatazo en el ojo, le golpearon la cabeza contra la cama de metal y la dejaron tirada el resto de la noche sobre un colchón mojado.
Al día siguiente, aunque estaba lastimada y dolorida, las agentes penitenciarias la obligaron a limpiar la celda y la amenazaron con nuevas torturas si no firmaba un acta en la que decía que había tenido una pelea con otras detenidas. Esa noche, la mujer intentó suicidarse.
A otra de las detenidas la golpearon en la cabeza, la ahorcaron, le rompieron la ropa y también abusaron sexualmente de ella. Después, le ataron los pies y las manos y la tiraron en un colchón impregnado de gas pimienta para que sintiera asfixia. A una tercera también la arrastraron de los pelos por el pasillo y la esposaron. La tiraron al piso y la aplastaron con un escudo. La golpearon y la patearon sobre un colchón mojado en donde quedó 15 horas sin asistencia ni comida. Una cuarta detenida fue esposada de pies y manos y le pusieron un tirante entre las dos esposas para inmovilizarla mientras la golpeaban. También la tiraron boca abajo en otro colchón con gas y le taparon la boca para que no pudiera respirar.
Todo eso lo hicieron durante más de seis horas.
Dos días después, otras detenidas hicieron una protesta por lo que había ocurrido con sus compañeras y fueron reprimidas en el pabellón. Una de ellas sufrió una lesión en el ojo, otras dos tuvieron convulsiones y el resto de las que habían participado de la protesta temían nuevas represalias.
Apenas se conocieron las primeras versiones de lo que había pasado, la Comisión Provincial por la Memoria entrevistó a las cuatro mujeres torturadas y pidió que se hicieran pericias. Luego hizo la denuncia como mecanismo provincial contra la tortura, pero el juzgado que lleva la causa la rechazó como querella institucional.
La jefa del penal y las y los penitenciarios que participaron de estos hechos de violencia fueron separados. Ahora se tienen que investigar las responsabilidades de cada uno en lo que sucedió.
Episodios como estos suceden en un contexto de fuerte retroceso en la prevención de la tortura en las cárceles y comisarías de todo el país. La gravedad de este hecho demanda respuestas urgentes del Poder Ejecutivo y del Judicial. La falta de sanción de los hechos de tortura da un mensaje de tolerancia y visto bueno.
Detuvieron a 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por torturas y abuso sexual (actualización al 25 de agosto de 2026)
El juez de garantías Juan Pablo Masi ordenó la detención de siete funcionarios y ocho funcionarias del servicio penitenciario bonaerense como parte de la causa que investiga las torturas y el abuso sexual cometidos en junio contra cuatro mujeres en la Unidad 51 del Penal de Magdalena. Entre las detenidas están quienes ocupaban altos cargos, como la jefa de Vigilancia y Tratamiento, la subjefa de esa misma área y la jefa de Requisa.
El proceso judicial se inició con una denuncia penal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que entrevistó a las víctimas. Aunque en primera instancia la CPM fue rechazada como querella institucional, luego fue considerada como “particular damnificada” a partir de un fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. En esa resolución, los jueces advirtieron sobre “un esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento por parte de las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria”.
Según explican desde la CPM, las detenciones fueron solicitadas por el fiscal platense Álvaro Garganta basándose en la “gran cantidad de evidencia recopilada en las declaraciones de las víctimas y testigos, personal penitenciario, personal de salud, documentos y constataciones médicas”.
Las personas detenidas serán imputadas por los delitos de tortura y abuso sexual, una decisión relevante porque en el Poder Judicial suele haber una resistencia para poner esa calificación a este tipo de prácticas. En su resolución, como remarca la CPM, el juez sostiene que “procedieron a ejecutar -de manera deliberada y coordinada- una serie de actos destinados a castigar a las internas por los hechos ocurridos y por los reclamos formulados, así como a intimidarlas, quebrantar su resistencia y afirmar el dominio ejercido sobre ellas, imponiéndoles graves sufrimientos físicos y psíquicos”.
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