El paso del tiempo y en particular la celeridad con la que se producen los acontecimientos en este inicio del siglo XXI , han dejado en evidencia entre otras cosas, que la relación entre ideología y la construcción social de lo que consensuadamente se considera verdadero, es compleja.
La ideología, como sistema de ideas y creencias, puede distorsionar o incluso construir la realidad percibida por los individuos, llevándolos a aceptar como verdadero algo que no lo es, o en igual medida, hacer ignorar aspectos importantes de la realidad. Esta construcción falsa de lo «verdadero» puede ser consciente o inconsciente, y tiene implicaciones significativas en la forma en que las personas actúan y toman decisiones tanto como sujeto o más ampliamente como clase social.
Es necesario relacionar toda esta estructura conceptual con aquello que en el plano de los fenómenos sociales estamos atravesando, dentro de un proceso objetivamente decadente en la advertencia que el capital en tanto cultura y orden social dominante transita ya en este siglo , con claridad en plano declinante dejando atrás todo lo que se pergeñaba tras la caída del Estalinismo en lo relativo a la posible apertura de un nuevo ciclo de estabilidad social del sistema en sí . Semanas convulsivas en plano interno de la política local e internacional dan cuenta de lo inverso.
Deteniéndonos en el primer extremo, es relevante que al dato objetivo de una presidenta presa condenada por delitos comunes, se le suman una cadena de denuncias contra el expresidente Alberto Fernández, derriban por sí mismas toda la perspectiva que se abrió con la reinstalación en 1983 de la república, cuando la población de manera mayoritaria compro el viejo paquete según el cual, con la democracia representativa, se come, se educa y se recibe asistencia de salud. Es ese un derrumbe que no puede ser cubierto con tácticas discursivas
Hay que señalar además, que todas las agravantes de las penas que inhabilitan el ejercicio de funciones públicas por conductas delictivas en las que el sujeto activo es un empleado o funcionario público, se instalaron como una suerte de ficción -emergencia que llamaba a terminar con las naturales relaciones fe corrupción que impuso el Menemismo y su transitoria continuidad en la decadente progresía radical-macrista. Una vez más se acudió a la ideología de la amenaza de castigo en tanto finalidad preventiva de la pena, para decir que se hacía algo contra la corrupción, cuando ha quedado establecido por la simple experiencia y el decurso e la historia argentina que ese instrumento jurídico naufraga a poco que se lo lance a la cancha y solo contribuye a sostener un aparato represivo de ingente costo social.
En este cuadro de situación que intentamos describir es posible acudir a la filosofía negando, la posibilidad cierta de una respuesta única , ya que si todo lo que se tiene por verdadero, puede ser contrastado con otro relato de también presuntamente verdadero , lo que se concluye es que no hay un solo discurso posible y ese pasa a ser el contenido exacto de esa práctica ideológica.
Sin embargo, cuando el discurso toma forma jurídica de sentencia y lo produce un intelectual del poder burgués desde el espacio del castigo y cumpliendo las formas jurídicas rituales, la verdad del proceso, por adscripción masiva y uniforme a la república de todos los que habitan el suelo argentino, adquiere el lugar de la certeza y por tales condiciones impone su cumplimiento. Situación que no es idéntica a la que nace de un remolino de denuncias lanzadas a días del proceso electoral. porque los presuntos implicados, no han sido llevados aún a la condición de imputados .
Así las cosas, si el espacio político afectado, avanza con el discurso concentrado en la negación de lo sentenciado aduciendo errores en lo dictado y que esos errores son intencionalmente dirigidos a sacar de la escena a Cristina Fernández, ampliando el espectro sosteniendo que eso sienta un precedente que mañana puede ser utilizado contra otros actores políticos proscribiéndolos en el derecho a ser elegido.
Lo crítico es que ese uso ideológico termina rebotando en sentido inverso con referencia al otro espectro de los fenómenos tachados de delictivos, ya que, sin condena, son considerados desde el discurso político como culpables.
En definitiva, aquí no se da ni proscripción política por la condición de la imputada, ni el fallo sienta precedente que pueda implicar afectación de alguna garantía individual. Ambos extremos, esto es , amenaza de restricción de libertades democráticas y proscripción política que queda claro , no se verifican en forma objetiva en el fenómeno que ponemos en consideración.
Los reciclados discursos de honestidad republicana en boca de la izquierda del orden burgués no hacen otra cosa que poner en escena el sentido selectivo ínsito en el derecho penal contribuyendo a su prevalencia en el abordaje de los fenómenos sociales. Los horrores que se pregonan de la gestión política presente sirven en el mismo momento de su denuncia a ocultar los efectos comprobados de lo anterior, tornándose funcionales a la reedición de esas experiencias reinstalando en el poder formal al equipo de operadores políticos que ya dejaron rastros adversos a la clase trabajadora en sus gestiones anteriores.
Sin embargo, hay un riesgo que la burguesía de conjunto trata de superar evitando su presencia ocupe el plano de la realidad. Es el riesgo de la comprensión consciente por la clase trabajadora de lo que significa el orden jurídico burgués y como su legalidad contiene en sí misma, la violencia del régimen sobre los cuerpos , cuando ella resulte necesaria, razón por la cual , cualquier actividad llamada a “defender la democracia” tropieza con esta negación con amparo legal y validez formal que le resta todo sentido a la intervención de clase sobre el fenómeno en particular y si lo llama a denunciarlo para exhibirlo como fundamento del orden social capitalista y sus escenarios de explotación y opresión que llaman de modo imperativo a su superación por vía del poder obrero con programa socialista.
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