NUEVO CURSO
El abogado jujeño que asesoró a comunidades indígenas, gremios y organizaciones sociales informando sobre los alcances de la reforma de la Constitución de Jujuy que impulsó el gobierno de Gerardo Morales estuvo detenido en julio último por cerca de 30 días y ayer fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva, aunque esta condición se cumplirá recién en caso de que la sentencia quede firme.
Además, la justicia le impuso a Alberto Nallar un embargo de 7 millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión tras considerado autor material y responsable de los delitos de “Instigación a cometer delitos, Incitación a la violencia colectiva y alzamiento o Motín en concurso real”, por presuntos hechoscometidos entre el 17 de junio y el 10 de julio de 2023 en los cortes de las rutas nacionales 66 y 9, en el marco de la lucha contra la reforma de la Constitución provincial.
El veredicto fue a dictado ayer por un tribunal integrado por los jueces Mario Ramón Puig y Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Pérez Rojas, en el marco de un breve juicio que se desarrolló en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, y del que participaron los fiscales Diego Funes y Walter Rondón, quienes solicitaron que la pena fuera de cinco años de prisión para el abogado. El Estado provincial también participó con una querella, a cargo de los abogados Sebastián Albesa y Juan Manuel Silva, que adhirieron al pedido de la fiscalía.
Mientras tanto, “desde la guarida del Joker”, como decían los episodios del primer Batman que veíamos en televisión blanco y negro por las tardes mientras hacíamos las tareas escolares, y de cara al balotaje del 19 de noviembre, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, dijo que el votante radical «tiene mucho más afinidad cultural e ideológica» con Unión por la Patria que con La Libertad Avanza (LLA). En ese contexto, mencionó al titular de la UCR, Gerardo Morales, como posible integrante de «un futuro gobierno de unidad» si Sergio Massa gana las elecciones.
Dadas, así las cosas, en primer orden habrá que recordar cual fue la intervención del Fitu y su particular silencio posterior con relación a las acciones de calle que protagonizaron trabajadores y una significativa parte del pueblo de Jujuy, con notoria accesoriedad de ese fenómeno con relación a la táctica electoral reformista que siguió prevaleciendo por sobre la suerte de los detenidos y ulteriores acciones defensivas de los trabajadores. La propia objetividad de los hechos da cuenta que fue la presencia en campaña electoral lo que privó en el FITU, sin que incluso, y aún en ese formato lo sucedido en Jujuy permaneciera vigente y prevalente.
Habrá que recordar el tratamiento dado a la presencia del Malón de la Paz en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y su vano intento de ser oídos por los cortesanos de calle Talcahuano.
En segundo orden hay que detenerse una vez más en los efectos reales del reformismo parlamentarista, frente a la objetividad que da cuenta de la insuficiencia que tiene en el actual momento de la lucha de clases los “banderazos” protagonizados por procesiones laicas de los que hoy se han ocupado afanosamente que son el 2.75 por ciento de aquellos a los que convocaron a que se presentaran a votar en una farsa electoral. Es la realidad la que concurre a mostrar el agotamiento histórico de esos desenvolvimientos y las picardías en los “debates”.
Lo real es que, en un poder judicial totalmente orgánico a los intereses de la burguesía jujeña, un abogado es tomado primeramente detenido en forma preventiva y luego, tras su soltura resulta condenado por ser autor de Instigación a cometer delitos, Incitación a la violencia colectiva y alzamiento o Motín en concurso real”. Esto significa no otra cosa que quien ejercita inicialmente la defensa de los intereses de los oprimidos y luego su propia defensa resulta transportada por un acto judicial a la condición de delincuente y por tal recibe una sanción que incluso le inhabilita a seguir desempeñando como abogado.
Es ese el único fin que puede tener confiar en el orden del derecho, sus formas de resolución de conflictos sociales y las políticas de asignación de derechos subjetivos que por tiempo prolongado viene instada, auspiciada, orientada por los aparatos políticos del reformismo. Hoy, el Leviatán jujeño, con su gobernador, pronto a convertirse en ministro del Massismo, muestra su rostro, castiga, condena, priva de derechos en lugar de asignarlos y pone a consideración cual será la suerte de los ya detenidos en estos hechos amenazando con igual tratamiento a todo el que explotado, y oprimido luche por salir de esa situación.
Es inicialmente el derecho penal, como secuencia de la represión material ya descargada sobre los cuerpos, el que culmina una tarea disuasiva, que sin embargo no se detendrá en ese estadio, sino que se incrementará cuanto más acucien las condiciones materiales de pobreza y miseria en la existencia del pueblo trabajador.
Si el FITU, se toma un tiempo para saber que hacer frente al cuello de botella donde lo puso el régimen burgués, en estas particulares circunstancias, dará un nuevo ejemplo de su pudrición agónica en las huestes del parlamentarismo, justo cuando ese espacio de poder parece irremediablemente condenado a ser una escribanía del poder burgués.