NUEVO CURSO
Los resultados electorales, en este proceso político, asumieron con formas abiertas y explícitas el carácter de una simulación de participación popular, condicionada por su carácter legalmente obligatorio y la presencia de una presión político mediática intensa para lograr la asistencia a la comisión. Esos guarismos ampliamente publicitados están marcando una fuerte tendencia desde el personal político de la burguesía que ha sido designado a la afirmación de un nuevo orden jurídico-político donde que se ha roto el lazo simbólico, social y político entre movilización callejera y vigencia de la libertad democrática de expresión que requiere la existencia digna de cualquier persona.
Ese quiebre en gran medida se produce porque la ocupación del espacio público siempre estuvo ligada al fin del estado dictatorial sustituido por formas propias de la democracia representativa y a la lucha contra el desempleo y por condiciones dignas de trabajo desarrollada por piquetes de trabajadores activos y desocupados. En sentido inverso, el sentido estratégico de obstaculizar esas expresiones busca vaciar las calles y restringir al grado mínimo las protestas que se relaciones con objeciones críticas a la política desenvuelta por el gobierno de turno. Las restricciones que se vislumbran por aplicación política de todo el entramado legal represivo vigente, se ligan al objetivo del poder burgués de evitar que el plan de estabilización económica con ajuste en los ingresos reales de trabajadores y sectores medios de la sociedad, se vean obstaculizados o puestos en cuestión en su efectividad social.
Así las cosas, y siendo ese el escenario que deja ver el actual estadio de lucha de clases, conviene avanzar en el fenómeno a partir de lo que en términos generales puede entenderse como protestar.
Protestar y reclamar ante el aparato político encargado de la gestión del poder burgués formal, es un componente esencial y el resultado mismo de la puesta en acto de un aspecto de la libertad humana en tanto el individuo se define en sí por su involucramiento en las relaciones de producción que prevalecen en la sociedad civil funcionalmente regulada por la forma jurídica Estado
Por ser un fenómeno del desenvolvimiento de la sociedad civil, es que todos los sectores sociales despliegan formas de movilización muy diversas e innovan en las modalidades de protesta en el país según las coyunturas específicas.
En ese sentido, puede decirse que, si se tiene en cuenta las magnitudes de cantidad y calidad, las marchas, los cortes y los acampes condicionan la legitimidad social de quienes detentan el poder burgués formal tanto porque la consolidan, por vía de una expresión de consenso, como porque la impugnan sea por una acción específica que el poder haya adoptado o busque adoptar, o porque directamente le restan consenso y representatividad a quienes se ocupan de la gestión estatal o al Estado mismo.
El equipo de operarios que actualmente gestiona los intereses de la burguesía a través del Estado, marca discursivamente y de modo abierto una tendencia ya prevalente en cuanto a la definición de esa estructura frente al desarrollo de la protesta callejera que no es otra que la represión.
Ese posicionamiento específico y unánime del poder burgués viene dado por la gestión de las relaciones sociales de producción abiertamente en favor de los intereses de la burguesía, a sabiendas de que las implicancias sociales de esa actividad político-económica tienen para el cuadro de pobreza y miseria social actual, en particular cuando se actúa conociendo que las acciones de poder perjudican de manera notoria y permanente a la clase trabajadora.
Dicho en otros términos, no es que la gestión en torno a Javier Milei haya decidido desarrollar abiertamente la represión y descargarla de modo específicos sobre quienes luchan, sino que las condiciones de desarrollo concreto de las relaciones económicas de producción solo pueden tener viabilidad desde la perspectiva utilitaria de la burguesía ,si se las complementa estructuralmente con el despliegue represivo del Estado, que por tal cuenta con legalidad de origen para el ejercicio de la fuerza sobre los individuos.
Sin dejar de puntualizar esa esencialidad de la acción de poder, tampoco debe perderse de vista un factor cultural relevante en el plano del desarrollo de la ideología dominante que también es básica para el soporte de opinión que puede dar lugar a una opinión generalizada en favor del uso de esos mecanismos represivos.
En ese sentido, este posicionamiento represivo, no implica una tesis abstracta del gabinete que gestiona el poder burgués sino de que los sectores dirigentes de la clase han establecido una constatación emergente de la simple observación de lo cotidiano.
De esa simple acción de percibir lo que parece evidente, -porque eso implica constatar en el orden capitalista- se sigue la conclusión de que la tesis según la cual, la idea de que la muerte de un manifestante puede hacer caer un gobierno, ya ha dejado de tener centralidad como factor obstativo al despliegue represivo violento y armado con capacidad de letalidad.
Siguiendo ese postulado, la acción violenta sobre quien manifieste ocupando espacio público o callejero gozaría de consenso social, conclusión que también se postula arbitrariamente sobre el sentido acordado al voto en favor de los que hoy se desempeñan en el poder.
Es testimonio dramático de lo señalado y da crédito de esta tendencia, el caso del fallecimiento del que en vida fuera Facundo Molares ocurrido el jueves 10 de agosto de este año, que siendo televisado en directo y asimilándose por su factura al caso George Floyd en Minnesota, no tuvo repercusión social alguna, más allá de una pequeña marcha al día siguiente del hecho y el resultado final fue la impunidad de los policías intervinientes en la represión.
A ese factor subjetivo que se involucra en el fenómeno en análisis se le añade la presencia de los servicios de inteligencia como dadores de datos y constructores de esquemas fácticos justificantes para el empleo de la violencia con importante presencia expansiva de las versiones articuladas, por parte de los medios de comunicación convencionales y en las redes “antisociales”
Se incorpora además y dentro de la misma complejidad, la actuación de policías de civil, el espionaje contra las organizaciones y la detención de manifestantes en el momento mismo en que expresan su protesta.
La gestión Milei y por ella, toda la burguesía, tiene buscando amparo de sus intereses de clase, una posición de intervención violenta frente a todo fenómeno que implique el ejercicio de la libertad individual de manifestarse.
El gobierno tiene una perspectiva restrictiva y de abierta obstaculización violenta de la movilización social. Desde que comenzó y aún antes en la propia campaña electoral, difunde mensajes muy negativos sobre la protesta que son marco justificante de represiones y acciones de criminalización que diversos actores judiciales y políticos promueven
La centralidad que el gobierno da a las fuerzas represiva; las formas violentas de responder a los reclamos de los manifestantes, las intervenciones de carácter selectivo del Poder Judicial, los modos de criminalización de manifestantes y referentes sociales; garantiza la impunidad a los responsables de las represiones; las tramas de inteligencia y espionaje que atraviesan la actuación de los poderes Ejecutivo y Judicial en su intervención sobre las protestas configuran el menú del poder burgués y su expresión del conflicto social que implica la ocupación de los espacios públicos con afán de visibilizarían por los trabajadores del reclamo
Por todas estas circunstancias ínsitas al fenómeno represivo en sí , corresponde que empleando como herramienta el frente único obrero, emprender la tarea militante de difundir y denunciar como parte de la organización de la resistencia defensiva a la ofensiva capitalista que descarga el Estado sobre la clase trabajadora , los alcances que tiene la estrategia represiva de ese mismo Estado sobre el ejercicio de la libertad por parte de los trabajadores en su posibilidad concreta de expresar en una manifestación su falta de consenso para con ese entramado hambreador y empobrecedor que implican las medidas económicas en curso, por su capacidad de acentuar de manera significativa la explotación de la clase trabajadora
Corresponde fundamentar en el propio ejercicio de la libertad que ha sido expresada como valor de manera fraudulenta y puramente ideológica por la actual gestión de gobierno, la legitimación social que tiene la protesta en sí y el contenido de clase que tiene toda medida que apunte a reprimir o impedir su expresión.
También debe difundirse y dejarse en claro que la protesta, cualquiera fuese su motivo específico, contiene y expresar la defensa de la libertad de expresión y manifestarse que tiene en sí cualquier persona, es decir, toda marcha, todo corte de ruta, todo acampe, toda huelga contiene más allá del motivo específico, la afirmación incuestionable de que la libertad de manifestarse prevalece por sobre cualquier alegación de derechos.