En el curso de lo que lleva del año, la lucha de clases ha dado espacio para que la burguesía pueda concentrar toda la sensación de bronca acumulada por los trabajadores en el debate de un proyecto de ley , donde lo hecho por su propia naturaleza deja en última instancia a salvo de cualquier otro tipo de ofensiva de explotados y oprimidos al propio orden social capitalista.
La voluntad y determinación programática y política de la clase opresora ,requiere una específica y determinada forma de manifestarse de modo de prever en sí misma la posibilidad de lograr su acatamiento, aún por la fuerza.
Esa forma es la ley, en tanto acto de poder de la burguesía que legitima vía Estado la posibilidad del empleo de la fuerza por los aparatos orgánicos de esa estructura institucional predispuesta. Desde la modernidad capitalista, la revolución burguesa determinó como uno de sus objetivos la igualdad estrictamente ligada a la noción de libertad ambas como expresión ideológica de la abolición de la sociedad feudal y sus privilegios.
Esta declarada igualdad se manifiesta precisamente por una pretendida equiparación de todos frente al mandato legal predispuesto y en esto también toma formulación abstracta la noción de libertad, en razón de que es esa ley, el límite del libre ejercicio de la capacidad de determinación de un individuo que solo cede ante la presencia concreta de la propiedad del otro.
La norma jurídica es la declaración concreta de un reparto de potestades y obligaciones dirigida hacia quienes ella misma considera como sujetos de derechos, que se manifiesta como medida de equiparación social, en tanto se sostiene en el postulado abstracto y declarado de que todos estamos equiparados frente a un parámetro, que es precisamente la norma legal que a la vez exige igual aplicación si se da la situación fáctica prevista en la norma.
Pronto y con más de dos siglos de recorrido, se advierte que esa premisa de sustento ideológico cultural para el orden capitalista y su entramado jurídico, no se verifica en lo concreto de las relaciones que operan en la sociedad civil, todas ellas mediadas por la presencia del poder burgués por vía del Estado.
En ese espacio de análisis, corresponde sacar al fenómeno de lo ideológico y advertir que en nuestra sociedad existen propietarios de medios de producción y aquellos que solo sobreviven por la venta de su fuerza de trabajo. Es eso lo real existente , en donde esta contenida incluso la forma jurídica que le da legalidad a la explotación y opresión que ejerce la clase dominante sobre los que solo poseen su fuerza de trabajo.
Esa objetiva desigualdad en las relaciones determina que el empleo de la igualdad como generalización de lo esperado de un mandato legal oculta esa desigualdad social real y la constituye en el acto mismo, de formalización de la explotación y la opresión.
Siendo esto así, las pretensiones de igualdad de todos los individuos ante la ley, que expone la burguesía de modo programático y constitucional , que hacen suyas quienes cultivan ilusiones democráticas como eje de sus actividades políticas dentro del marco institucional delineado por el poder burgués y su Estado , constituye en los hechos una flagrante violación de la igualdad por vía de relaciones sociales contenidas en el capital que dan contexto a la realidad desigual entre las clases, de donde surge su antagonismo.
No existe objetivamente el espacio relacional para introducir el mundo de los valores y los juicios morales, en particular el que reclama justicia desde las mismas, en tanto son ellas mismas las que contienen el escenario de la explotación social que engendran desde el mismo desarrollo y reproducción del capital. Esto es lo que deja en la simple negación lógica a ese tipo de reclamos y en modo alguno a curso al antagonismo social que se expresa en la negación dialéctica de lo afirmado por las normas y su desenvolvimiento superador por vía de su extinción como tales en el orden capitalista que las sostiene por vía de la ideología de clase que produce su Estado y su institucionalidad.
Solo cuando se da la agudización de la lucha de clases -solamente entonces– aflora la capacidad creadora de los explotados, que significa la respuesta adecuada a los problemas y obstáculos que genera la propia realidad social.Casi siempre esa capacidad creadora es resultado de impulsos instintivos –o actitudes elementales , centradas en situaciones básicas de injusticia distributiva que impone el capital , más que de planes elaborados con anticipación, pero ese escenario no tiene fertilidad revolucionaria si no se asocia de modo permanente con la generación y regeneración del mismo desde la propia realidad de la lucha de clases y la intervención direccional del partido revolucionario de los trabajadores.
La teoría revolucionaria hecha programa político desde la lucha de clases y su materialización organizativa en partido político actúa sobre la natural tendencia del trabajador a la búsqueda de soluciones a sus problemas materiales de sobrevivencia en este orden social capitalista.El programa político hecho organización partidaria potencia esa natural predisposición del trabajador y le permite dar el salto de su transformación cualitativa en conciencia. Solamente así la masa obrera amorfa de nuestra época puede desarrollar una política propia e independiente de la burguesía.
La relación entre la clase obrera y el partido que organiza a los revolucionarios asimilados a los intereses estratégicos de esa clase, por integrarse en sus determinaciones con el programa revolucionario y el compromiso que asumen para desarrollarlo y darle permanente existencia dialéctica tiene una significación siempre relevante en el proceso de cambio social. Esa relevancia está dada, por los alcances y los matices necesariamente contradictorios que se implican en ese vínculo intersubjetivo, que en todo momento es mucho más basto que la simple y mecánica constatación numérica de la presencia de obreros en esa forma “partido” , en la media en que ese solo hecho no dota a la organización de su condición, que elude ese factor y deviene de su programa y su práctica, más aún si se tiene en cuenta el salto cuantitativo que se ha verificado en este siglo con relación a las acciones estatales o no del poder burgués en cuanto a su vigilancia y control de determinaciones por empleo de tecnologías comunicacionales, fragmentación social desde la organización concreta de las maneras en que se pone en acto la fuerza de trabajo en el proceso productivo
En ese contexto también se inscribe la penetración de formatos ideológicos en el formato conceptual de la negación filosófica de la posibilidad de valores culturalmente compartidos o relatos totalizadores de las visiones que los seres humanos tienen sobre la existencia en sí y su posible sentido o no, tomada desde su condición objetiva de vendedores en el mercado laboral de su fuerza de trabajo.
En esa situación nacida de la condición de trabajador y no desde lo que este piensa en concreto, es posible que una parte de ellos tomen comprensión del hecho también material de su comunidad de pertenencia a una clase social en sí, cuya realidad se diseña desde la venta de su capacidad de trabajo y el empleo que otro hace de ella ubicándola en el proceso generalizado de mercancías , desde donde ese colectivo se ubica en el lugar de contestación negadora de los emergentes de todo aquello.
Es en ese espacio donde se sitúan las llamadas actitudes de sentido común basadas en una construcción de apariencias ,abstractas , superficiales que parten de dogmas ideológicos y una concepción instalada de modo transitorio por las derivadas de la lucha de clases en una visión de lo que sucede y se hace , mayormente acomodada y acordada con las formas jurídicas desde las que emergen y se desarrollan en plano normativo y le añaden la capacidad de imperio o uso de fuerza legitimada por el Estado, propia de toda ley.
La política criminal que produce el poder burgués, las actitudes de sentido común que este genera en tanto expresión de la cultura dominante de la clase que lo detenta, dan cuenta de una concepción que se conforma en la cotidiana expresión de una demanda de castigo y protección a cualquier precio.
Esto último se instala incluso en el criterio de selectividad que se comparte para la fijación de aquello que se considera la piedra basal de todo ese proceso, que no es otra que la idea de delito , prefigurada por las normas vigentes y la definición a priori de los sujetos a los que va dirigida la normativa.
Esta última situación es la que explica el disímil uso de la construcción ideológica de lo que la sociedad de clases entiende por corrupción , y la asimila como parte de un modo comisivo de diversas figuras delictivas que pueda habitar en las acciones de sujetos en desempeño de funciones pública o en las acciones privadas del cotidiano intercambio mercantil y la conformación del capital financiero, y la que tiene para los niños y jóvenes, según lo ha dejado ver la reciente media sanción de un proyecto de ley que baja la edad de las personas que pueden ser responsabilizadas penalmente por alguna de sus acciones.
En el marco de la instalación política que el poder burgués hace de esta forma de estar en el mundo, se pretende y en gran parte se logra, que las mayorías asuman como propias la pretensión programática de exigir que aquellos a los que llama delincuentes deban ser perseguidos con toda la fuerza que proporciona el poder de imperio del aparato punitivo del Estado legitimado por el monopolio de esa fuerza y las leyes referidas a la cuestión.
En la misma medida , las masas pretenden en forma mayoritaria que aquel al que consideran culpable o indican como tal a priori de toda verificación en los hechos, debe ser castigado y en ese plano que aquellos a los que consideran personas peligrosas no puedan ser liberados, tal como lo indica la exposición de motivos del traginado proyecto que hoy goza de media sanción sin que se haya advertido mayores resistencias desde el hacer cotidiano de la sociedad y en particular de las masas trabajadoras.
Nótese que el esquema funciona en términos generales y no distingue entre quienes dentro del mismo luchan por la punición de actos humanos que impliquen afectación de la condición de genero o la libertad de determinación sexual y se encuentran en el mismo espacio con los que pretenden castigos punitivos cada vez más graves para los hechos contra la propiedad privada.
Esto explica también que pueda verse a quienes se dicen defensores de libertades democráticas, pidiendo cárcel común y efectiva sin morigeración para sujetos activos del terrorismo de Estado que fueron empleados en prácticas genocidas por el propio poder burgués , con lo que indirectamente aceptan que “las cárceles comunes” son única y exclusivamente un castigo inferido que mide en condiciones de existencia miserables el precio que se paga por los altos daños y costos sociales que acciones de esa naturaleza implicaron en particular para la juventud trabajadora.
También este nodo existencial y conceptual ideológico, explica por qué la sociedad de manera mayoritariamente uniforme en la que se incluyen las masas trabajadoras, no se interesan y por ende tampoco cuestionan los costos de ese modelo de sociedad de vigilancia y castigo que tiene por timonel a la norma penal
Todo este fenómeno, se traduce en un espacio institucional reflejado por un aparato despojado de toda referencia en la realidad y munido de su propia lógica, según la cual, solo se admite el discurso obediente a la razón de estado burocrático que por su alcance , en ningún caso pueda poner en crisis ese todo estructural.
Dicho de otra forma, nada de lo que se diga o haga, por jueces, fiscales, defensores , secretarios, empleado, ordenanzas, puede cuestionar lo existente, solo habrá entidad y legitimación para aquel hacer y discurso, cuando guarde funcionalidad por adhesión a esa lógica reproductiva de la cultura dominante.
De esta forma y por estos factores, exhibiendo ideológicamente al Estado, situado por encima de las clases y la generación en el intercambio humano en relaciones sociales de producción, el derecho en tanto forma jurídica del poder burgués, conduce a concretizar en leyes una determinada conciencia social y a su aceptación cotidiana por el discurso de sentido común convertido artificiosamente en un absoluto no pasible de impugnación crítica.
Es todo esto que señalamos, lo que esta por la base de todo el fenómeno contenido dentro de la aparente conflictividad que deja planteado un nuevo proyecto de ley para modificar las formas de las relaciones de producción capitalista en el extremo de ese vínculo que corresponde a los trabajadores.
Es que donde reina la desigualdad económica, no puede existir igualdad social: donde se instala el individualismo y su hermana, la atomización divergente, no puede darse libertad alguna que no sea la específica de los paradigmas burgueses de apropiación del valor creado por la fuerza de trabajo humana.
Desde esta perspectiva, se advierte la ineficacia de toda acción política que busque del Estado algo ajeno a su constitución ontológica, esto es, la posibilidad que su intervención sea favorable a los intereses de la clase trabajadora en su conjunto. Eta idealización reformista del Estado, por vía de fustigar a sus operadores políticos de turno, sean estos ministros, presidentes, parlamentarios, no hace otra cosa que mantener el revisionismo reaccionario que el peronismo introdujo desde sus más variados relatos en las masas trabajadoras.
En igual sentido, la acción reducida a la promoción de manifestaciones callejeras adaptadas a la forma lógica de la negación de las premisas contenidas en la agenda política que fija el gobierno de turno, solo permite a quienes las generan conformar un micro mundo autorreferencial que les da una dinámica de permanencia hacia dentro, pero oculta la falta de asistencia a esas mismas marchas de aquella otra parte mayoritaria de las masas trabajadoras que continúan con su vida cotidiana desde la que luego emergen en la farsa electoral de turno, con un voto diverso al de los manifestantes.
La condensación material del actual nivel de la lucha de clases, no puede ser llevada desde el extremo señalado por los intereses materiales de los trabajadores hacia una idealización del rol del Estado como árbitro facilitador.
Al contrario, la ruta de desarrollo ha de ser orientada desde la organización del partido de los trabajadores revolucionarios y su programa teórico-práctico a la comprensión consciente de la necesidad de destrucción de toda esa institucionalidad , por vía del poder obrero y su dictadura de clase.
Esto último no significa descartar esas marchas, porque de hecho existen y forman parte de la realidad , es decir, son el contenido concreto de la lucha de clases en su actual estadio , ni tampoco dejar de advertir que pueden tener un efecto multiplicador de acuerdo a sus perfiles específicos, pero si la demanda social tiene por referente a un actor político ya constituido y cooptado en términos generales por los diversos aparatos del poder burgués , la protesta se vuelve necesariamente acotada al programa mínimo e inevitablemente domesticada por la forma jurídica concentrada en las leyes del orden social capitalista.
La localización en el programa revolucionario de todos estos aspectos que son dados de manera subyacente al interior de la existencia misma de las masas trabajadoras, ha sido escamoteada por las organizaciones políticas que dicen corporizar la lucha social, como parte de su labor de lograr vaciar de toda referencia programática a sus acciones en concreto, para que ese vacío fuese y sea, la situación mas apta y preferible para sus maniobras oportunistas en el espacio político en general y dentro del parlamento en particular.
La historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de la lucha de clases”. En esa directriz hay que decir constatando que a veces parece perderse de vista, que estamos en un tiempo histórico específico de esa lucha, es la época de agonía crítica del capitalismo , pero a la vez en la advertencia cierta que su superación histórica solo será posible si se resuelve la crisis de dirección de las acciones y determinaciones de la clase trabajadora, por parte de los revolucionarios de esa clase organizados en la forma partido-programa.
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