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DONDE NO HAY JUGUETES. Hambre y despidos: el escenario de exterminio para la infancia-adolescencia.

Quienes firmamos este artículo, somos en gran medida, parte de una generación que recibió en sus oídos, como evangelio laico, a Mercedes Sosa, diciéndonos con dulce voz “Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle”.
También me hicieron saber para luego apropiarlo como saber, que el niño es sujeto y no objeto de derecho, y que ese paradigma forma parte del bloque constitucional de derechos humanos, con recepción legislativa en la ley 26061.

Sin embargo, el plano de la realidad se superpone sobre lo normativo y lo ético denunciando su naturaleza abstracta e ideológica, haciendo además , que el arte y la poesía se revelen insuficientes y hasta si se quiere absurdos frente al drama concreto, a punto tal que ese bagaje ideológico integra en sí mismo la propia una foto trágica de la miseria social en la que puede tener imagen distorsiva la realidad de los seres humanos en condición de explotados y oprimidos.

Según el informe de UNICEF Argentina que se centra en hogares donde residen niños y adolescentes y esta basado en datos oficiales del segundo semestre de 2025, el 42,3% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres (unos 5,1 millones de menores) y el 9,4% se encuentran en situación de indigencia y aunque representa una baja respecto a periodos previos, se proyecta un repunte para 2026

El 10 de diciembre de 1983 luego de un proceso eleccionario regulado por los propios genocidas que indicaron como se aceptaba la participación electoral sin antes aclarar y luego de intentar auto-anmistiarse, cual había sido la suerte corrida por miles de personas, cuyos familiares o allegados habían denunciado su desaparición obteniendo en el mejor de los casos una respuesta negativa para sus habeas corpus, rechazados rigurosamente por el Poder Judicial , entre cuyos miembros se contaban los fiscales que luego se ocuparían de enjuiciar a las juntas militares, pero nunca a los jueces que en esos procesos ordenaron los rechazos de esas acciones sin investigación alguna.

El 10 de diciembre de 1983 asumió la gestión del poder ejecutivo nacional, un señor, abogado de profesión , trajeado, sin ninguna de las peculiares características personales que hoy son denunciadas en el actual gestor de negocios de la burguesía que ocupa igual cargo. Ese señor “correcto” que vendió “corrección trabajada y formateada”, por indicio de verdad y honradez, consolidó una estafa que las generaciones jóvenes anteriores, desaparecidas en lucha de clases en enfrentamiento abierto con la burguesía, habían impugnado, rechazado y clausurado de sus existencias, ya que iban por mucho más que eso, por esa construcción diaria y difícil del poder obrero y el socialismo.

Ese señor “correcto”, Raúl Alfonsín, y su organización política , el partido de la clase media y la gente decente , el partido Radical, señaló que todo estaba escrito y que lo que había que hacer era retroceder en el camino y tomar la flecha que indicaba la ruta salvadora, la de la democracia. Por eso en cada “actuación” pública, donde ante la masa pedía un médico para quien se descomponía en el lugar , a sabiendas de que muchos, y más que muchos trabajadores, y desocupados carecían en su medio social de ese mismo médico y sobrellevaban la vida como podían , tanto como se puede en escenarios de pobreza.

Un 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín, los sectores medios, gran parte de los trabajadores a despecho de su partido el partido peronista , apostaron a instancia de ese ciego que guiaba a otros ciegos , afirmando que :
“….con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar, la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina…”, con lo cual también daba por cierto , respetado y consensuado que “Art 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.

El embustero radical y todos los que acompañaron esta escena triunfante , han caído a lo largo de todo el tiempo recorrido desde entonces de manera estrepitosa y en varias ocasiones por el mismo pueblo que no les ahorra en aquel entonces aplausos, e incluso aquellos que se autopercibían como luchadores que también hablaron, de manera reiterada y persistente en la feria de venta de ilusiones democráticas y la necesidad de ajuste de la lucha al parlamento.

El caso más significativo fue la intervención de Nahuel Moreno y su organización internacional (MAS -LIT). Nahuel Moreno propuso que en el siglo XX surgieron revoluciones democráticas específicas contra regímenes dictatoriales o totalitarios capitalistas. Según esta elaboración teórica, estas revueltas de masas no buscaban inicialmente el socialismo, pero al desarrollarse a fondo podían transformarse en revoluciones socialistas de manera permanente.
A diferencia de la lucha anti feudal descrita por León Trotsky a principios de siglo, Moreno identificó un tipo inédito de revolución democrática enfocado en derrocar dictaduras y totalitarismos modernos.
Moreno sostuvo que Trotsky había subestimado o no previsto cabalmente el rol de estas revoluciones democráticas e inconscientes (o «revoluciones de febrero») en el siglo XX.
Planteó que los trotskistas debían intervenir con todas sus fuerzas en estos procesos masivos contra regímenes contrarrevolucionarios, sin importar si la dirección inicial era burguesa o pequeñoburguesa (ej. el sandinismo en Nicaragua)
Estas revueltas democráticas no atacan de entrada la propiedad privada, pero si la clase obrera y sus organizaciones intervienen activamente, dichos procesos pueden profundizarse y trascender los límites capitalistas.

Todo este tipo de planteos dejó expuesto desde aquel acceso al poder de Alfonsin que se trataba de un retroceso hacia posturas poli-clasistas o mencheviques que abandonaban la teoría de la revolución permanente, que tiene fundamentos en los propios escritos de Marx , como así lo fue indicado por el propio Trotsky.

El esquema de esta estafa política compartida por propios y extraños, que hoy vemos tendencialmente emerger en los discursos que tienen mayor difusión pública y por ella buscan penetrar en las masas trabajadoras se sostiene en ocultar que la forma Estado no tuvo mutación alguna en sus estructuras fundantes en ocasión del acceso a la gestión formal del poder institucionalizado por parte de Raúl Alfonsín .

La democracia formal que sirve de expresión política y jurídica en tanto forma de gobierno para el Estado de la Burguesía, es además la forma ideológica en que se sostiene el modo de producción capitalista para su reproducción y en ese sentido no se despega de la condición esencial de Dictadura de clase.

Toda esa defensa y propuestas en contexto de ilusiones democráticas envueltas en formas jurídicas y políticas de Estado, tantas veces enunciadas como camino a seguir a demostrado en el tiempo, y con más fundamento en la actualidad que no es otra cosa que un “salvavidas de plomo” para las masas trabajadoras.

La prevalencia dominante del Capital, hace que la economía del país, con alto nivel de endeudamiento, y transferencia neta de recursos hacia los sectores mas concentrados del capital financiero genere como uno de sus necesarios correlatos la reducción de las posibilidades del Estado para atender las necesidades sociales de los sectores más desprotegidos, esto es , las masas explotadas y oprimidas de trabajadores y desocupados marginados a la condición de población económicamente sobrante , entre los que debe ubicarse a los niños para quienes el deterioro material y espiritual de la calidad de vida es doblemente perjudicial ,ya que les afecta no solo como integrantes de la comunidad hoy y aquí, sino que se les presenta como importante obstáculo para sus expectativas futuras.-

Un niño -vale recordarlo- es un sujeto que se construye como persona en interpenetración con el medio, y en ineludible y obligatoria dependencia hacia los otros. Por eso, una de las más generalizadas inequidades a las que se les expone en sociedades como la nuestra, es la manifiesta imposibilidad de los padres para proveer a sus demandas esenciales en orden a su subsistencia, salud e instrucción.

Es ésa situación de crisis, pobreza y falta de perspectivas de cambio, la que asume en lo inmediato un efecto desbastador en la existencia de aquellos que integran amplios sectores de población sumergidos en el desempleo y la pobreza con su inevitable secuela de marginalidad, que los condiciona a desarrollarse soportando todo tipo de carencias y sufrimientos. –

Es previsible entonces que en alto porcentaje, la reacción a este estado de cosas y en este estadio de lucha de clases en su mínimo desarrollo en el que solo se implican las fuerzas sociales en demandas al poder burgués, ubicado en el plano de los elementos materiales indispensables para la sobrevivencia, asuma un marcado componente de violencia social carente de toda política en una suerte de desarrollo de un genocidio por goteo, donde los que padecen y carecen de todos se matan a sí mismos en el espacio dominante de una cultura narco auspiciada por el propio poder en tanto de ella también se genera la circulación económica de bienes y servicios.

Una situación tan extrema debe conducir necesariamente a valorar la propia condición de vida como una INJUSTICIA ESENCIAL, a sabiendas que no es el valor justicia distributiva el que termina con la situación, sino que la apelación a él solo legitima la acción defensiva frente al poder burgués legitimado por las leyes que su propio Estado ha dictado al efecto.

Dicho de otra manera, si la barbarie capitalista se percibe por las masas y se expresa como denuncia de una situación de injusticia , resulta válido oponer cualquier otra clase de violencia para su reparación en lo inmediato. La marginación, la fuga psíquica por la droga o el alcohol y el conflicto social atrapado por la norma penal, como práctica habitual, se insertan por ésta vía en la raíz misma del comportamiento de quienes están persuadidos del callejón sin salida en los que los ha depositado el sistema .

A nadie puede entonces extrañar que el panorama visible sea, niños mendigando, rapiñas y hurtos de carácter epidémicos e incremento de violencia. Pero tampoco debe extrañar que aún hoy a más de cuatro décadas del fraude político de vender el preámbulo de la constitución y la esencia de un régimen donde el pueblo no delibera ni gobierna, se siga pretendiendo exhibir que lo necesario es llenar de derechos la democracia.

La violencia democrática y las instituciones de la república burguesa instituidas por el texto constitucional en tanto ley superior ante la cual “se rindió a sus pies” el sacerdote laico Raúl Alfonsin , no son otra cosa que la acción esperable e impugnable de un orden social marcado por la relación social capital, y de ello la presencia de clases sociales nacidas de los conflictos que por sus propias contradicciones genera esa relación primara de capital-fuerza de trabajo .

Esto último hace que de ese sector genérico “niños” o “infancias” , a las que prontamente se les dedicará un día festivo, existan aquellos que son desconsiderados como tales , aquellos a quienes por imperio de la legislación vigente se les vincula con una presunta conducta ilícita y se les da el trato de delincuentes, partir de esa constatación jurídico-penal que impone el discurso del derecho y la política de clases.

Aquel “niño “ de las convenciones, los tratados , abandona la condición de tal para ser estigmatizado en una subespecie bajo la categoría “Menor o delincuente juvenil”.

El punto de partida es entonces la ficción jurídica que se desplaza sobre lo real y nos indica la existencia de un niño inadaptado al que hay que “rehabilitar”, desconociendo que el mismo en la gran mayoría de los casos no es otro que aquel emergente de una clase social carente de la posibilidad de satisfacer las necesidades mínimas elementales como para reproducir su existencia y vincularse con relaciones de producción de la que ha sido expulsado junto a su entorno familiar.

Todo esto implica, además de los padecimientos materiales , corporales y culturales que objetivamente se instalan entre las masas trabajadoras explotadas, el deber afrontar con su propio cuerpo y alma, un formalismo judicial e institucional que le resulta ajeno y en todos los casos perjudicial en tanto pasa a ser el objeto de todo un sistema represivo que la clase dominante institucionaliza para facilitar en ultima instancia la reproducción del capital.

Ese niño, ese infante, ese joven o como se le quiera llamar ,deberá vérselas con un magistrado a quien la clase dominante ,le da la potestad de actuar, otorgándole amplias facultades para” disponer” del ex niño hoy “menor o joven delincuente” en miras a su “corrección y resguardo”.-

Esa potestad opera por la vigencia de una legislación originada en el conjunto de leyes represivas que monto la dictadura genocida que asoló nuestra existencia y se cobro miles de vidas en el período 1976-1983, por lo que su aplicación ni siquiera responde a la existencia de un ficcional mandato popular que expresado por los legisladores representantes de los ciudadanos votantes hubiera ordenado operar en tal sentido como trasmisores de la voluntad expresa de la población, evidenciando el continuismo institucional de ambos modelos políticos (dictadura y democracia parlamentaria)como variantes del sistema de dominación capitalista.

No otra cosa ocurre con el actual régimen penal juvenil recientemente sancionado con forma de ley 27801 el cual reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años , en tanto esa norma rige para personas desde los 14 hasta los 18 años que sean acusadas de cometer delitos, encubriendo el pretendido sistema tutelar por un esquema de responsabilidad penal con enfoque socioeducativo, que no hace más que perfeccionar al castigo punitivo como única respuesta del orden capitalista para con la pobreza.
Este decadente orden de cosas es reflejo de una suerte de convención social institucionalizada según la cual la “ niñez “desviada” debe ser apartada, guardada, separada y segregada de la vida social , trasladándola a un espacio oscuro, no visible para proteger de este modo al resto del cuerpo social.

En definitiva, visto en el terreno objetivo de los hechos es notorio el divorcio entre discurso y practica del ejercicio de tal potestad tutelar, ya que resulta cotidiano advertir la aberrante situación en la que se desarrolla esa pretendida guarda y custodia, con referencias de torturas, apremios ilegales, hacinamiento, falta de actividades terapéuticas, carencia o escasa actividad de aprendizaje de contenidos conceptuales y deficiente o nula labor educativa.

Los crecientes reclamos por condiciones dignas de alojamiento puesta de manifiesto por los propios niños institucionalizados en las mazmorras del Estado y por los organismos de derechos humanos, no hacen otra cosa que mostrar otra faceta de la inviabilidad de los establecimientos de corrección y su degeneración en los actuales depósitos policiales de niños. Refleja además, que este modelo de control social involuciona hacia su total decadencia : léase falta de efectividad en las tareas que le son asignadas desde el esquema de poder dominante – (evidenciada en la queja respecto a que los menores entran por una puerta y salen por la otra), de forma tal que degenera en el sustento para una fuerte tendencia hasta la represión física, lisa y llana; sea esta institucionalizada a través de los simulacros de enfrentamiento con fuerzas policiales o bien, de facto, a través de los “escuadrones de la muerte”.-

Estamos en presencia de un modo de intervención superestructural e ideológico desenvuelto desde el aparato del Estado y organizaciones intermedias conexas que materialmente logra consolidar y reproducir la marginalidad .Un discurso y una práctica por el que se logra hacer de cada chico- adolescente institucionalizado el engranaje perfecto que garantizará la operatoria del propio sistema coercitivo –y cuyo monopolio detenta- en las diversas etapas de la vida de cada uno de ellos.
Hoy un instituto de menores, mañana por obra y gracia de dicha intervención, pasaran a engrosar ese no fortuito ni azaroso 85% de la población carcelaria adulta que tuvo oportunidad de pasar por institutos en los cuales el Estado brinda su tan contradictoria tutela.

Es de la naturaleza de toda crisis el agotamiento de lo viejo y la falta de cristalización de lo nuevo. Plantear su superación por la vía de un salto cualitativo, no parece una tarea simple, ya que ella impone el imperativo categórico de la transformación revolucionaria de este estado de cosas y se liga a la necesaria extinción del tipo de dominación política que padecemos. Sin embargo, de algo estamos seguros, no será a través de Jueces concebidos como Grandes Padres –capaces de disponer de las personas- ni institutos correccionales en manos de agentes del Servicio Penitenciario, fuerzas policiales o celadores regimentados , ni siguiendo los sermones de la criminología mediática , ni bajando la edad de punibilidad, ni con una tasa de desempleo dramáticamente creciente como accederemos a la posibilidad de dar a nuestra niñez el marco de desarrollo adecuado que demanda su construcción como sujetos libres de toda relación social que implique en si misma explotación.

Así planteado el problema, la vía para la superación del mismo, no es otra que la lucha orientada por el sentido estratégico de derribar la estructura del poder estatal y la construcción de lo nuevo, en manos de los trabajadores y demás sectores explotados y oprimidos. –

En este camino resulta ineludible ligar este reclamo contra la institucionalización y penalización de menores a las reivindicaciones de toda la clase trabajadora en torno de la incorporación al aparato productivo, con salarios equivalentes al de la reproducción de la canasta familiar ajustables a su deterioro por el aumento del costo de vida, permitiendo el acceso a condiciones de vida a ampliar masas de trabajadores que han sido desplazados de sus ocupaciones.

Mientras nuestro enemigo de clase , la burguesía no ve cuestionada su hegemonía y solo advierte acciones por las que toma cuerpo la formulación de reclamos por la negativa a una ley o demandas sectoriales , las masas trabajadoras solo son ubicadas como víctima de la ola incesante de despidos y la presencia naturalizada de una suerte de catástrofe social que provoca claros signos de desesperación, con un alza imparable del costo de vida y niveles de explotación de la fuerza de trabajo acuciantes.

Sin embargo, el desprecio manifiesto por la vida de las mayorías expresado en cada medida de gobierno no puede dejar lugar a dudas de la naturaleza del combate clase contra clase, pero hay que marcar la diferencia entre una clase dirigente organizada en una cadena de operadores de sus intereses en el objetivo central de su reproducción y una clase trabajadora que deja ver su perfil de debilidad por la imposibilidad de transformarse en fuerza política a través de la lucha de clases, a partir de la crisis significativa que exhiben quienes se perciben en la condición de dirección.

El camino de la feroz explotación que Alfonsín inauguro con el discurso según el cual con la democracia se come, se educa y se cura, continua con su dañina labor en alevoso provecho del capital concentrado a manos de la actual gestión de gobierno (junto a los gobernadores del PJ, el Poder Judicial y la coincidencia esencial que muestran las direcciones sindicales y su organización máxima, la CGT)

La feroz dictadura del capital y su deshilachada farsa “democrática” se expresan descarnadamente en el funcionamiento institucional de la república burguesa y su gobierno. Solo la clase trabajadora, con sus métodos de lucha históricamente procesados en la materialidad de la lucha de clases, y su política autónoma constructora del programa socialista y el poder obrero, puede darle fin al orden social capitalista, único responsable de la inhumanidad de la existencia de los trabajadores y la denominada población económicamente sobrante.

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