En el curso del montaje discursivo que requiere poner en escena la farsa electoral, existe coincidencia entre los candidatos en lo referente a la necesidad de “dotar a la producción” de una nueva regulación del empleo, en tanto se señala en lo actual un dispositivo que traba la inversión y la valorización del trabajo humano en términos de su productividad.
Los sectores políticos más ligados a la burguesía industrial advirtieron que en el actual escenario económico donde no se verifica la expansión de la demanda de empleo y la tasa de desocupación tiende a incrementarse fuera de los procesos estacionales
Con este tipo de intervenciones, lo que se marca es que, en la gestación de empleo genuino, -léase trabajo formalizado- dado el fenómeno que en derecho se conoce como de “sobreprotección negativa”, es decir, la consagración de normas que le dan al trabajador mayores beneficios, se produce la retracción de la oferta de empleo en las filas patronales. En sentido inverso se dice que para favorecer la contratación hay que alentar la desnormalización de la relación capital-trabajo l. Para esto, señalan como dato de la experiencia, que todo lo que se generó a través del intento de regulación del trabajo doméstico, no ha hecho otra cosa que disminuir la contratación en esos sectores.
En ese contexto, con complicidad de los grupos burocráticos que gestionan las organizaciones sindicales de los trabajadores, se buscan reproducir en términos generalizados, la experiencia de la industria de la construcción que en su régimen legal emplea la libreta de fondo de desempleo. Así , cabría la posibilidad de que en todas las actividades de pequeñas empresas o emprendimientos variables, los patrones financiaran el futuro despido de sus trabajadores depositando todos los meses un porcentaje del salario afectándolo a esa función, de modo que cuando decidan terminar la relación sin justificación, el trabajador ya podría disponer de ese fondo en concepto de indemnización, evitando la conflictividad y el incremento exponencial de demandas laborales individuales que llenan de expedientes los juzgados de trabajo de todo el país, evidenciando los síntomas de la crisis económicas. Con esta forma jurídica, se oculta que el costo del despido suma cero para el burgués y lo financia exclusivamente el trabajador con la venta de su fuerza de trabajo y la productividad de valor que surge del empleo productivo de esta última por la patronal.
Otro intento, es unificar el procedimiento laboral en todo el país, logrando la adhesión de las provincias que son las que tienen la competencia en esta materia, a un modelo de juicio único para todo el territorio, en el que las instancias de mediación cobran un valor significativo , todo lo cual implica para el trabajador , la posibilidad de que apremiado por la ausencia de ingresos, dado el desempleo provocado , ingrese en esa instancia de negociación evidentemente asimétricas y en forma individualizada , con absoluta desigualdad, resignando por razones de satisfacción de sus necesidades básicas la totalidad de sus acreencias que emergen de la propia relación laboral, que no es otra cosa que la forma jurídica de su explotación.
Esta situación y proyección a futuro de acciones sobre la base material de la sociedad en la faz de la producción mercantil generalizada, que la burguesía busca generar e imponer, desde su iniciativa y su encolumnamiento totalizador como clase de todos sus sectores internos, ubica el acto básico de la producción de valor y bienes , es decir, la relación capital-trabajo, en la sociedad civil ,localizando a la estructura institucional Estatal, en el papel de una instancia superior , exterior, que manifiesta a la totalidad de los ciudadanos que sabe, reducir y organizar los “desordenes” que se operan en el plano social productivo entre capitalistas y asalariados , por la tasa de plusvalía absoluta y relativa.
En otras palabras, lo que se busca políticamente es también establecer el lugar del Estado como estructura institucional fundadora de una racionalidad política que crea la ficción de una relación capital-trabajo común y compartida por patrones y obreros.
La comprobación de la naturaleza ideológica de un concepto dado, (en este caso un conjunto de leyes que se pretende imponer al trabajador para regular su vida laboral) de ninguna manera dispensa de la obligación de estudiar la realidad objetiva, a la que hace referencia esa ideología, es decir, la realidad existente en el mundo exterior y no sólo en la conciencia de quienes la construyen.
Por eso es preciso quitarle a la norma jurídica su rol de fetiche social, denunciarla como una mercancía ideológica de funciones legitimadoras del poder burgués específicos, que habilita además la posibilidad del uso violento del poder. Exhibir a toda reforma legal en este plano como una forma más de anclar la vida social de la sociedad de clases que impone el orden social capitalista en el derecho.
Con este panorama, los trabajadores tenemos que tener presente una premisa básica: no buscar la verdad de la situación laboral que nos involucra cotidianamente, por la falsedad que se oculta tras el discurso jurídico y políticos de quienes ya han tomado la iniciativa, con la complicidad de quienes se encuentran en los organismos ejecutivos de las estructuras sindicales. Hay que tener presente que todo esto que nos convoca y se hace pasar a través de la farsa electoral de modo ideológico discursivo buscando su naturalización por repetición, ha surgido desde la esfera del Estado, por su iniciativa y por presión específica de la burguesía industrial en alianza con sector bancario.
Lo cierto es que el fenómeno descripto, aparece en una situación en la que el conjunto de los trabajadores y sus destacamentos con mayor conciencia de clase en sí y para sí, asumen una actitud defensiva centrada básicamente en la preservación del empleo y evitar una caída significativa del salario real, bajo amenaza de pasar a revestir inicialmente en el destacamento del ejercito laboral de reserva y luego definitivamente en la población económicamente sobrante, excluida del proceso productivo.
Ese punto de partida es el que nos lleva a sostener que estamos ante el intento de generación desde el poder burgués, de una herramienta más en la vía de preparar las armas para una ofensiva más ordenada desde las filas del capital, con sustento en la legalidad formal.
Desde las bases de los organismos sindicales y todos aquellos que expresen el mínimo agrupamiento colectivo de los trabajadores, debemos exponer lo dado desde las prácticas sociales efectivas y reales que se ven abarcadas en la relación laboral, capital-trabajo. El
En ese sentido el capital, en ningún caso debe dejar de ser entendido como una relación social específica consistente en la corporeización material de «la relación de los propietarios de mercancías entre sí”. En esa relación el trabajador vende su única mercancía que es su fuerza de trabajo. Un código de trabajo, es en ese contexto, el modo de regulación formal de esa operación de venta entre quienes son propietarios de los medios de producción, su Estado y el trabajador, de forma tal de garantizar en el plano de la conciencia, otorgándole legitimidad, al hecho objetivo de la apropiación del plusvalor generado por el trabajador en el proceso productivo.
Ya hemos presenciado en el desarrollo del Estado bajo un régimen de gobierno bonapartista como el del modelo K, la concreción de hitos orientados a la reformulación del Estado de la burguesía, con hegemonía de esa clase sobre el conjunto social, legitimando por consenso o naturalización sus valores y modos de concebir la vida, como lo han sido las leyes de educación y el nuevo código civil y en otro plano, la ampliación al rango de conductas delictivas que antes no eran consideradas tales. Tanto en el plano de los contenidos de la instrucción que se propone para nuestros hijos, como en la regulación de todas nuestras relaciones cotidianas en la vida civil, la burguesía ha logrado imponer sus modelos, buscando ahora, por su repetición e instauración mediática hacer lo propio en el espacio primario de la relación laboral, buscando se naturalice socialmente la idea de las “vacas flacas” que justifican las desregulaciones y la extinción de libertades democráticas del obrero en la faz del trabajo concreto y cotidiano de todos los días , de forma tal que cualquier trabajador explotado o el conjunto de los sectores sociales oprimidos pueda en el plano consiente creer que esa es la vida y que no hay otra alternativa posible de organización social.
En otras palabras, lo viejo o lo actual, ya no sirve en la lógica de acumulación capitalista para la burguesía de conjunto. El objetivo es un nuevo sistema legal que regule la relación capital-trabajo, con leyes sistematizadas y coordinadas en un código, que no presente fisuras, e inclusive decididamente el beneficio formal también en favor de la burguesía, facilitando la tarea de sus jueces, abogados, y dando letra a los burócratas a la hora de justificar en una norma sus traiciones a los intereses de la clase trabajadora.
Los trabajadores conformando herramientas de lucha dentro de nuestros específicos métodos, debemos denunciar y propagandizar, que el Estado, su gobierno, legisladores y jueces, no es neutral sino el producto de la violencia histórica que ejercen los propietarios de medios de producción sobre los grupos sociales que sobreviven a través de la venta de su fuerza de trabajo. Si esa estructura institucional, adopta la iniciativa de modificar las formas jurídicas de regulación de la relación material capital-trabajo, lo hace dentro de esa lógica de dominación,
El capitalismo asume en nuestro país, una matriz dependiente que le impide desarrollarse sin tener que apelar a la intensificación de los ritmos de trabajo, el empleo sin regulación, el abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo y la represión de los trabajadores. Ningún Código de Trabajo, puede romper con ese dato objetivo de reproducción capitalista en el terreno de los hechos. Lo cierto es que la apropiación de la riqueza generada por el trabajo en la Argentina, no puede sostenerse sino en base a la economía no regulada, informal, donde el trabajador no tiene otra opción que la creciente precarización, siendo ese y no otro el escenario a futuro.
La burguesía apunta al objetivo de hacer legal lo precario, con lo cual trazará una línea, que nuevamente volverá a ser vulnerada en los hechos, porque una vez conocido lo legal, el trabajo a ofrecer se colocará en gran parte, por debajo de ese límite legal. La precarización es un fenómeno que solo puede ser vencido en el marco de una lucha política por otra sociedad, que rebase la relación capitalista, superando la venta de fuerza de trabajo, como una mercancía más.
Los más diversos actores políticos del reformismo ideologizan en sentido coincidente con los intelectuales orgánicos del interés burgués, apuntando a cambios mínimos y superar la precariedad omitiendo poner a la vista que la realidad es la precariedad. Nos exhiben una imagen distorsionada presentando como posible y concreta, la idea según la cual, es factible mejorar el espacio social y la existencia del hombre a través de tecnología y formas legales legitimadoras. Con ello, además, dan por sobreentendidos y naturalizados, los nudos troncales de la actual relación de empleo, que fueron impuestos en la lucha de clases por los sectores dominantes al conjunto de los explotados y oprimidos de nuestra población, al reformularse el Estado de la burguesía en la década del noventa, desnudando con ello, la continuidad ideológico-jurídica y política del actual gobierno
A lo largo de la campaña discursiva que se monta en la farsa electoral, la gran política de la burguesía y su forma jurídica Estatal desarrollada a lo largo de la década del noventa, no está en tela de juicio. Lo que se busca es consolidar un período duradero de consenso impuesto por la prepotencia de poder del dominador burgués, a favor del “orden “social capitalista, transformando la concepción burguesa del trabajo en el orden natural y “lógico” de las cosas. En otras palabras, se busca interiorizar los valores de la cultura dominante, construyendo un sujeto colectivo (trabajador y oprimido) domesticado en tales pautas.
Por eso, la opción a este estado de cosas no puede acotarse a la simple intervención en un debate tabicado y direccionado por los funcionarios técnicos del Estado dentro del paraguas electoral. Hay que denunciar que las normas que dan cuerpo legal y existencia justificada a técnicas o sistemas de producción no son neutrales, sino instrumentales a las necesidades de clase de la burguesía dominante y al modelo productivo en la que esta se constituye como sujeto social enfrentando al trabajador.
Lo central desde el campo de lucha del proletariado, es destacar que, en el actual momento del desarrollo histórico de las relaciones de producción capitalistas, las mismas devienen reaccionarias y atentan contra la existencia misma del hombre. Es preciso decir, que se necesita una relación productiva nueva para forjar una nueva sociedad.
Los trabajadores y demás sectores oprimidos de la Argentina, estamos atrapados por ilusiones democráticas que se alimentan desde las estructuras ideológicas del capitalismo, a las que concurren los sectores sociales políticamente reformistas que estiman posible el cambio social “democratizando” la relación capital-trabajo. De esta forma nos llevan al error de pensar la propiedad, el empleo, la familia, el contrato, la educación, en tanto componentes de la sociedad civil, como el contenido con el cual la Democracia, como forma de Estado, se vincula en calidad de fuerza organizadora.
Por eso los distintos instrumentos legales montados en torno del problema de la relación laboral , que se suceden en la historia nacional desde la estructuración del Estado hasta la fecha, no resultan errores cometidos en el abordaje de esa problemática por los gobiernos de turno, que pueden ser corregidos con otros actos de gobierno o legislativos, sino , la expresión en el campo de la estricta relación capital-trabajo, de las características diferenciales del orden social capitalista en el tiempo.
En nuestro país, la burguesía, necesita de un marco legal sistemático y funcional a sus intereses determinados por la particular manera en que opera la lógica reproductiva del capital en la reproducción social de la existencia dentro de un mercado globalizado. Es esa y no otra la necesidad que impone el código laboral. Es clara la necesidad que tiene el Capital de avanzar hacia la consolidación social de su esquema de dominación, buscando un nuevo modelo legal que resulte funcional a la extracción y realización de la plusvalía obtenida del esfuerzo del trabajador en tanto objetivo estratégico
El Estado, no es el resultado de una acción de la sociedad que lo eleva a un grado superior. Es un producto de la historia para la satisfacción de los intereses de la clase social dominante, en donde se ubican los patrones. Si desde esa estructura, se nos pretende imponer, para legitimar las formas concretas de la relación laboral, un código de trabajo y seguridad social, la respuesta no puede ser otra que el rechazo y la lucha por la construcción de poder obrero con programa socialista.
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