Según se puede leer en la prensa y diversos medios informativos, en pleno desarrollo de la campaña electoral el precandidato a concejal por el frente “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Federico Lifschitz se refirió de manera contundente sobre la actividad realizada por trapitos o cuidacoches en la ciudad de Rosario.
“Los trapitos que utilizan la extorsión como presión para obtener dinero de quienes dejan su auto en la vía pública deben estar presos”, sostuvo Lifschitz, al tiempo que agregó “a aquellas organizaciones delictivas que crearon una forma de negocio y están detrás de los cuidacoches o de aquellas personas que amenazan, extorsionan e intimidan a los ciudadanos les debe caer todo el peso de la ley”.
No es un fenómeno nuevo. Los “hijos de”, casi por derecho hereditario, pretenden ocupar los sitios que la política burguesa les otorgó a sus padres o familiares directos en la gestión de sus intereses acudiendo a presuntas capacidades equivalentes por la sola portación de apellido. En sí mismo, ese fenómeno no involucra a la clase trabajadora en sí, pero sirve por otro lado, para poner en evidencia como la propia burguesía se muerde la cola a la hora de sostener el sistema de representación política en la democracia indirecta, aquella en la que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus “representantes”
La pregunta básica sería entonces, quién definió el criterio de representación para que este “hijo de “aparezca como candidato y se adjudique la facultad subjetiva de decir cuanto se le antoje sin condiciones intelectuales que habiliten su discurso. En otros términos, desde donde propone “soluciones para todos” este tipo de individuos que existe al amparo de privilegios sociales. Cuales son las razones sociológicas y las explicaciones racionales que este tipo de personaje trae a cuento para dar sustento a sus dichos, que solo traducen un discurso de segmentación social que solo traducen el criterio de selectividad social que prevalece en el derecho penal y sirve de base para la represión social continua y permanente que protagonizan las agencias represivas del Estado.
La presencia de los “hijos de “, léase también en el orden provincial por los Estévez, y nacional por los máximos, los Cafiero, los Abal Medina y muchos etcéteras más, solo pone en evidencia la crisis del orden social capitalista puesta en formato político. El acceso del pueblo a la política y su presunta soberanía, tantas veces mentado por el populismo en clave progresista, resigna sus argumentaciones frente a esta realidad del dedo y el linaje, tan extraña a la revolución democrática burguesa que dio curso a la modernidad capitalista.
Más allá de esto, la clase trabajadora debe necesariamente repudiar estos discursos enunciados por estos sujetos del privilegio, en tanto subjetivaban el fenómeno criminal, y lo simplifican a niveles del absurdo, individualizando al “enemigo “ sobre el cual descargar una pretendida guerra al delito que no es otra cosa que una práctica genocida desenvuelta de manera encubierta sobre un grupo social abarcado por la categoría general de “población económicamente sobrante”, que no es otro que el grupo humano expulsado de la producción formal capitalista . Se ataca, se individualiza y se procura por vía del encierro carcelario su exterminio en mediano plazo buscando que la pequeña burguesía descargue su odio racista hacia ese sector responsabilizándolo por todos sus males existenciales.
Este “hijo de “y la organización política que viene en búsqueda de su apellido para confundir las decisiones electorales de quienes decidan acudir a esa farsa, necesitan ser denunciados en su obrar político y esa acción implica además su denuncia como personero del poder, gerenciadora ideológica de los intereses de la burguesía en la reproducción de su régimen de explotación y opresión