NUEVO CURSO
En lo que concierne a las cosas humanas, ni reír, ni llorar, ni indignarse, sino comprender.
SPINOZA
El ser dotado de razón puede hacer de cualquier obstáculo materia de su trabajo, y sacar partido de ello.
MARCO AURELIO
Vivimos una época privada de futuro. La espera de lo que vendrá ya no es esperanza, sino angustia. El resultado del entramado electoral dispuesto por el poder burgués, tiene un primer efecto inmediato en gran parte de la población en las que todo lo que normalmente parece constituir una razón para vivir se pareciera desvanecerse y hundirse en el desconcierto o en la inconsciencia.
En esa “angustia” tiene mucho que ver el propio discurso elaborado en el curso de la farsa electoral que se valió de la construcción de un fetiche en torno a la presencia amenazante de una instalación de prácticas fascistas en la vida convivencial por parte de uno de los candidatos que paradójicamente se valía a la vez de la idea abstracta de libertad individual para colectar votos. Ahora parece que la amenaza se hace del poder político formal y de los distintos estamentos del Estado, por lo que la angustia, en tanto desazón se apodera de los cuerpos sensibles y su existencia social.
El mundo de las apariencias lleva a pensar a los derrotados de todo pelaje progresista , tan apegados a las políticas estatales de declaración de derechos subjetivos individuales y cultores de “la patria”, que el triunfo de movimientos que exhiben discursivamente signos de arruinan por todas partes la esperanza que las buenas personas habían puesto en la democracia parlamentaria y por representación Frente a ese estado de ánimo tan compungido, sin dejar de ver los perfiles negativos que para todos los trabajadores tiene la prevalencia del “elegido” por ese mismo mecanismo de selección de representantes que impone la república burguesa , lo primero que hay que plantearse para no embellecer por nostalgia lo que nunca fue bello, si en el contexto de desarrollo del proceso electoral farsesco y aún antes de él, . un ámbito de la vida pública o privada estábamos protagonizando un existir social en el que la fuente de actividad y de esperanza no estuviera envenenada por las condiciones materiales de producción en las que sobrevivimos .
En ese sentido hay que tener presente que el trabajo nuestro de cada día, con el que logramos sustento siempre contiene en sí . el no trabajo que nos deposita en la marginalidad. A la vez esa actividad, ese esfuerzo humano, no se concreta traduciendo la orgullosa conciencia de ser útil, sino con el sentimiento humillante y angustioso de poseer lo necesario para acceder a la condición inhumana y alienante de consumidor de mercancías
No debe olvidarse entonces que antes que le pongan la banda presidencial al nuevo monstruo, un puesto de trabajo en la economía formal implicaba, un privilegio concedido por un pasajero favor de la suerte individual de cada persona, una especie de privilegio del que estaban y están excluidos muchos seres humanos, por lo que todo indica que no había ni hay muchos motivos para defender ese orden de cosas, ni mucho menos reposar en la nostalgia por ese existir basado en la nuda vida.
Hay, sin embargo, la negación superadora de lo dado y lo por venir se contiene en palabra revolución, que es diversa de la arbitrariamente difundida “cambio “. Revolución contiene en su significante todos los futuros imaginables y nunca está tan cargada de esperanza como en las situaciones desesperadas que nos pone objetivamente nuestro existir.
En ese contexto, está claro que lo existente y lo por venir disputan su espacio a través de las formas jurídicas, porque la base de la “angustia autoinferida” y de cualquier alegado consenso , está dada por la ley a la que se considera “fuente de toda razón y justicia”.
La Constitución de un Estado, las leyes y los códigos que en su consecuencia se dictan se exhiben ante los trabajadores como los reguladores formales del funcionamiento de la sociedad donde se desenvuelven. Por esta vía la burguesía constituida políticamente a través del Estado, crea la ficción de la imparcialidad, inviolabilidad, e inmutabilidad del orden jurídico que nace y prima desde su reproducción cotidiana en la sociedad civil.
Se oculta de esta manera que el fenómeno jurídico, en última instancia, es la manifestación con forma de ley del poder burgués, que impone mandatos y repartos de posibilidades a los trabajadores, que se siguen de las relaciones de clase y de producción operantes en el modo capitalista.
El derecho es una manifestación positiva de la institucionalidad del orden capitalista , no sólo porque regla su funcionamiento y pena las violaciones a la ley, sino porque arma todo el entretejido de argumentos que moldea la conciencia y la moral de toda la sociedad, constituyendo a la ley en el fundamento último de todo cuanto se hace o deja de hacer en la sociedad civil, introduciendo al Estado como mediador poseedor legitimado de la violencia en todo el orden convivencial históricamente desplegado .
Desde esta perspectiva, “el poder judicial del Estado” es el sujeto institucional que galvaniza este orden de cosas y esta específica funcionalidad del derecho en el orden social capitalista. Bajo el capitalismo, la Justicia defiende los intereses de clase de la burguesía. Pero en su fase de descomposición, de guerra y revoluciones (el imperialismo), el capital constituye a lo jurídico como herramienta ideológica de clase al servicio de los sectores más concentrados del gran capital. Por eso se verifica en la legislación, en los fallos y sentencias, la tutela al detalle que ejercen los grupos dominantes sobre las determinaciones con formato y fundamento legal que se producen desde los órganos del poder judicial del Estado.
La Corte Suprema no es independiente del Poder ejecutivo y legislativo y responde esencialmente al proceso económico, social y político digitado y dirigido por el gran capital en primera instancia y la burguesía de conjunto última instancia. Por las propias contradicciones de ese proceso (que implica inclusive la destrucción de sectores enteros de la burguesía), el poder judicial puede incluso chocar con los otros poderes, y usar la figura de la “independencia” como
recurso de potenciar fallos a la medida de sus verdaderos amos. Si los gobiernos y legisladores de turno operan como gerentes ejecutivos del Capital, los jueces, tienen un rol permanente, que exige una fidelidad y un compromiso que se corporiza en la estabilidad del Poder Judicial y los privilegios de los funcionarios e intelectuales orgánicos que se desempeñan en su interior.
En una etapa de cambio social como la que atraviesa Argentina, uno de los indicadores de la crisis de dominación del poder burgués es la quiebra de la confianza en “la Justicia” y el orden jurídico imperante, como resultante de un largo proceso de desencanto transitado desde las leyes de obediencia debida y punto final y la complicidad del aparato judicial con la estrategia de licuar el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar, con un momento destacado en el alzamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 en el que incluso algunos sectores de la propia burguesía chocaron con el ordenamiento jurídico que el conjunto de esa clase social en el poder había diseñado durante la década del 90.
Estamos presenciando, cómo a través del entramado fraudulento contenido en el proceso electoral, por la forma jurídica, se dirime una puja de sectores de la clase dominante en razón de sus intereses específicos dentro del marco general de reproducción de la propiedad privada como eje central del orden social capitalista. Básicamente esa puja acaba de ser resuelta tendencialmente y no de manera definitiva en favor de los grupos financieros que se ocultan detrás de la imagen anteriormente producida de un entramado de políticos que inicialmente solo tenían una “virtud”, carecer de registros significativos de “antecedentes”.
Sin embargo, eso que los diferenció, hoy es elemento a vencer a la hora de operar concretamente dentro de la estructura jurídico-institucional que implica el poder burgués puesto de manifiesto en el Estado, por decisiones de sus tres poderes formales.
En ese aspecto los ingentes esfuerzos por recomponer la imagen decadente de la política burguesa con cambio de figuras, a través de la concreción del proceso electoral pese a una significativa oposición al mismo, plasmada en términos porcentuales en el treinta por ciento del padrón, dan una transitoria sobrevida y continuidad institucional al orden constitucional prefijado por el poder burgués.
Sin embargo, esta suerte de expresión de confianza hacia algo que se muestra como un cambio en lo dado con anterioridad al 19 de noviembre es de carácter transitorio, en la medida en que está supeditado a la modificación de las condiciones de existencia favorables al pueblo y es precisamente el conjunto de contradicciones objetivas que surgen de la reproducción crítica del capital las que impiden que se concrete esa expectativa. Cala honda en el sentimiento general de los explotados integrados como clase trabajadora en sí, dentro de ese pueblo, que no son las leyes vigentes, ni los jueces quienes corporizan la existencia de un orden social justo, y que toda lucha por superar las paupérrimas condiciones de vida deberá enfrentar la política criminal que diseñan ese orden jurídico y concretizan los organismos judiciales para que “el elegido” pueda consolidar su faena de verdugo.
En este marco, la criminalización de la protesta social como medio de intervención del Estado en la lucha de clases pone en el tapete una situación básica que es el problema del Delito y su castigo, es decir, lo que genéricamente se conoce como “la cuestión penal” por ser en ese espacio donde ha de manifestarse con mayor crudeza el conflicto social.
Las raíces estructurales del problema criminal reconocen su origen en el carácter específico del modo de producción capitalista y más precisamente en la relación que se establece entre la fuerza de trabajo, y el capital, como único modo de supervivencia, regido por las leyes del mercado, de donde la desocupación deviene necesariamente en un fenómeno estructural y no coyuntural del sistema y las acciones u omisiones de los desplazados de ese orden y sus paradigmas pasan a constituir la materia sobre la que se descarga la violencia estatal y su poder punitivo.
El modo de producción capitalista no garantiza el pleno empleo, sino que por el contrario supone un mecanismo de exclusión de los trabajadores, que desempleados pasan a engrosar las filas del subproletariado (el llamado “ejército de desocupados”).
Sobre esta base los haceres cotidianos de ese colectivo humano en su lucha por ser visibilizados pasan a ser considerados desde la perspectiva de los fenómenos criminales que no constituyen formaciones culturales auténticas, sino fenómenos conexos a los procesos de marginación y disgregación social inducidos por el modo de producción capitalista. Por eso, la criminalidad tal como se nos presenta en la vida cotidiana no es una categoría genérica y fuera de la historia, sino por el contrario resulta históricamente generada por el modo de producción capitalista, en tanto causa estructural de la marginalidad y de la coyuntura política que atravesamos.
El presupuesto ideológico fundamental de la sociedad burguesa y del modo de producción capitalista es una concepción de la libertad como libertad de elección y no como libertad –participación. A este tipo de libertad negativa corresponde “la dominación de las formas materiales sobre los individuos, la opresión de la individualidad, la adecuación de sus relaciones personales bajo las relaciones generales de clase, por eso debe denunciarse como un dogma carente de toda base en la realidad y de todo rigor científico, la noción de “culpabilidad” entendida como conciencia y voluntad individual del sujeto para optar por el delito.
“…si el interés bien entendido es el principio de toda moral, lo que importa es que el interés privado del hombre coincida con el interés humano genérico. Si el hombre no goza de libertad en sentido materialista, es decir, si es libre, no por la fuerza negativa del poder evitar esto y aquello, sino por el poder positivo de hacer valer su verdadera individualidad, no deberán castigarse los crímenes del individuo, sino destruir las raíces antisociales del crimen y dar a cada cual el margen social necesario para exteriorizar de modo esencial su vida. Si el hombre es formado por las circunstancias, será necesario formar las circunstancias humanamente” (Carlos Marx. La Sagrada Familia)
El derecho entendido como herramienta ideológica necesaria para la explotación y opresión de la clase trabajadora en sí , emerge del funcionamiento institucional del Estado, procura conciliar, mediante un regulación rigurosa, la contradicción entre la igualdad formal que proclama el sistema constitucional y la desigualdad real del régimen capitalista sustentado en la explotación de mano de obra asalariada, Por eso, la lucha de los trabajadores por la ampliación de sus derechos bajo el sistema capitalista debe ir acompañada, siempre, de la organización propia que garantice la efectividad de esos derechos en otro modelo de organización social superador del capitalismo conformado en función del programa socialista . La lucha por más derechos se convierte, de este modo, en la lucha por un nuevo derecho transicional, que se apoya o respalda en una nueva organización social.
La conversión de la fuerza de trabajo en mercancía y su subordinación a la objetividad de las relaciones de producción capitalista, con atomización individualista de la sociedad y descomposición de los ciudadanos en la doble figura de titulares de la propia fuerza de trabajo y sujetos de un simple poder de delegación política por vía de la forma representativa , se configuran como factores de descomposición subjetiva del trabajador en sí y del desarrollo a la vez, de los “antisociales lugares de nacimiento del delito” por eso, las raíces de la criminalidad deben ubicarse no en el carácter antisocial de la conciencia individual sino en el carácter antisocial e inhumano de la sociedad capitalista dispuesta a reprimir todo atisbo de lucha contra lo dado que encarnen los explotados y oprimidos.
Resulta prioritario entonces, una intervención social sobre las circunstancias, es decir, sobre el ambiente social y sobre las estructuras económicas que condicionan materialmente la libertad de los sujetos, entendidos como la síntesis de relaciones sociales, en un específico momento histórico en búsqueda de su superación a través de un nuevo orden social con base en el poder obrero y el programa socialista.
En este marco, la raíz primaria de la represión estatal, debe buscarse en la carencia de un “espacio social “que garantice a cada uno el ejercicio de una libertad real y efectiva y no formal como la descripta en las leyes y formas jurídicas de una clase explotadora y su Estado. La socialización de los medios de producción, la superación del trabajo asalariado y la recomposición social del trabajo dividido en manual e intelectual, son los ejes de todo proyecto de transformación revolucionario. Desde esa perspectiva deben ser vistos también como elementos de una acción estratégica contra el binomio opresivo delito-castigo penal.
Es igualmente criticable esta representación del trabajador y el desempleado, como delincuente en tanto individuo libre y autodeterminado hacia la producción de un daño socia que concretiza al dar cuenta de su protesta por las condiciones existenciales de explotación y opresión que padece si a la vez. se la vincula como lo hace la cultura burguesa dominante, con la concepción teleológica de la Pena estimada como necesaria consecuencia de la “culpabilidad” y como instrumento de enmienda, recuperación social y terapia anticriminal, elementos todos estos que constituyen el fundamento del derecho penal moderno, entendido como instrumento privilegiado de control y defensa social, al que se refiere el gobierno electo cuando amenaza a quien se dispone conductualmente por fuera de sus leyes.
Denunciar y destacar este proceso de criminalización de tipo ético e individualizante basado en la noción de culpabilidad individual (que es propio del derecho penal burgués), otorga la posibilidad de advertir que esa normativa solo juega para una parte de los infractores sociológicamente cualificados por su pertenencia a las clases explotadas y marginadas y no juega en modo alguno para la criminalidad del poder y en general para los personeros de los sectores económicos hegemónicos
Se explica de esta forma el carácter prevalentemente proletario y subproletariado de la criminalidad puesta de manifiesto por las practicas políticas concretas del poder burgués y los pronunciamientos judiciales de ese mismo Estado y al mismo tiempo permite comprender la ideología pequeño burguesa que sustenta la sospecha dirigida a los componentes de esos sectores sociales, a quienes le asignan inclinaciones naturales a delinquir (repárese en este sentido en los frecuentes arrestos para individualizar a personas “en actitud sospechosa”, fundada solo en su color de piel, el barrio o villa donde vive, su vestimenta, etc. ) y la alarma social disfrazada como “falta de seguridad”
La denuncia del carácter histórico y socialmente determinado de la criminalidad moderna diseñada desde el Estado y sus normas, el carácter social de la responsabilidad penal y la consiguiente exigencia de una socialización integral del tratamiento penal son los ejes para avanzar en la construcción de hipótesis estratégicas de política criminal trazada desde la perspectiva de la clase trabajadora. El primero y más decisivo instrumento de una política criminal del movimiento obrero está constituido por la transformación de la estructura productiva, de forma tal que la misma sea capaz de evitar a los trabajadores su exposición a las variaciones del mercado en cuanto se refiere al trabajo entendido como mercancía, garantizándole condiciones sociales de existencia” capaces de impedir la marginación social de la fuerza de trabajo y los fenómenos de socialización y disgregación cultural inducidos por ella.
La cuestión está en preservar al proletariado del deterioro, la desmoralización y la ruina”, para ello resulta vital en lo inmediato la construcción de una política autónoma de clase que en lo inmediato implique la agitación y organización en torno a la consigna de la escala móvil de salarios y escala móvil de horas de trabajo. Política y lucha por el empleo remunerado con salarios mínimos equivalentes al costo de la canasta familiar. Sólo una acción de este tipo puede superar la atomización y la dispersión de las capas marginales, y transformar la rebelión inmotivada, individualista, en antagonismo social y lucha política por una nueva sociedad.
En igual sentido, la política obrera en materia criminal debe orientarse agitando consignas de transición que pongan el eje en una drástica reducción de la esfera de intervención penal del Estado burgués en la esfera privada de las personas apuntando a convertir a esta en un instrumento secundario y de excepción. Esto supone:
1. Despenalización masiva de todas las hipótesis de delito no graves (supresión de los delitos de opinión, de asociación y reunión, los pretendidos delitos sindicales y la eliminación lisa y llana de los códigos de faltas y contravenciones
2. Asignar el carácter de delitos únicamente perseguibles por las partes a los delitos contra la propiedad, desde los hurtos, hasta las pequeñas estafas
3. Revisión de los bienes que son tutelados por el orden penal vigente, sobre la base de una exacta identificación de las necesidades y los intereses de los trabajadores y demás sectores explotados que mire hacia la tutela del ambiente, la salud, el trabajo,
4. Necesidad de una progresiva superación de la cárcel a través de la reducción de las penas privativas de libertad o su sustitución por tratamientos institucionales alternativos y la eliminación de la prisión preventiva en tanto pena anticipada impuesta en los hechos sin garantía del debido proceso.
Finalmente, no es la reformulación del Estado el camino hacia mayores espacios de convivencia y desarrollo en libertad en tanto estrategia de superación del fenómeno criminal porque la raíz primera del conflicto social, debe buscarse en la carencia de un espacio social que garantice a cada persona el ejercicio de una libertad no formal sino participativa. La socialización de los medios de producción, la superación del trabajo asalariado y la recomposición social del trabajo dividido, que son los ejes de todo proyecto de transformación revolucionaria de lo dado.