El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el pasado jueves 3 de setiembre, el acto de inauguración de la Unidad Penitenciaria N° 9, en Recreo. El edificio cuenta con 891 plazas y uno de sus pabellones destinado a mujeres, y permitirá descomprimir las comisarías de la región.
Ante autoridades políticas, judiciales, de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil, el mandatario comenzó su alocución señalando que “debo ser el único gobernador al que le gusta inaugurar cárceles y estaciones policiales”.
A días de este acto, en el fin de semana siguiente, familiares de las personas privadas de la libertad trasladadas a la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo realizaron protestas frente al penal denunciando malos tratos, incomunicación y condiciones desesperantes tras los recientes traslados masivos
Quienes efectuaron la presentación dieron cuenta de la objetiva situación de incomunicación absoluta y dieron cuenta que los detenidos fueron llevados en operativos «sorpresa» sin aviso previo y en condiciones indignas, – lo que puede verse en las propias filmaciones que difundió en los medios la propia gobernación -. Asimismo, indicaron que carecían de información relativa a los módulos están o cuándo comenzará el régimen de visitas que se encontraba suspendido- Agregaron que los internos estaban sin comida suficiente, agua potable y ropa de abrigo, Finalmente, Las familias aseguraron que los presos fueron trasladados sin sus objetos personales y que muchos de ellos tenían excelente conducta y realizaban actividades de estudio o trabajo en sus anteriores alojamientos, condiciones que se habrían interrumpido abruptamente. , agregando que en todo el operativo de traslado y nuevo alojamiento fueron víctimas de maltrato físico y vejaciones durante los traslados y el ingreso al penal.
Por entonces los trasladados sumaron cerca de 380 detenidos provenientes de diversas comisarías y centros de la provincia) forman parte del plan gubernamental para vaciar las seccionales policiales y traspasar los presos al servicio penitenciario.
En sintonía con el discurso del jefe del gobierno provincial al que aludimos al inicio, la ex convencional constituyente de Santa Fe y secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en entrevista radial señalo que lo denunciado por los familiares y su protesta frente a la unidad carcelaria inaugurada, sin que en realidad se encontrara en condiciones para funcionar como tal , motivo por el cual no había agua potable ni comunicaciones al exterior , y deficiencias de todo orden en cuanto refiere a las condiciones de alojamiento y la alimentación , puede ser considerado como “una situación un poco normal”, que se suscita con los internos y sus familiares , que se inscribe en la idea de que no hay manera de sostener un plan de seguridad con presos en Comisarías y por eso se buscó trasladarles a esa unidad, ya que la policía debe estar en la calle y los presos con el servicio penitenciario , por lo que considera que la actividad de los familiares se inscribe en acciones que abogan por la actividad delictiva que involucra a los internos que se hacen para amedrentar al gobierno para que no continúe con el plan de seguridad.
Hasta aquí los hechos, que lejos de cuanto afirma la funcionaria no se inscriben en un plan de seguridad, sino en la lógica propia de una cárcel que es establecer una relación amo-esclavo del servicio penitenciario sobre las personas privadas de libertad con el solo objetivo de privarle a los detenidos de su condición de personas y reducirlas a la simple condición de objeto pasible de dominación que agrava la condición de perdida de libertad que se le ha impuesto al interno.
Fuera de la contingencia que sirve de escusa a la funcionaria para dar cuenta de lo inexplicable que objetivamente es que las personas sufrieron maltrato en los traslados y se las “deposito” en un sitio sin agua potable, ni provisión de comida con carencia de todos los accesorios pertinentes a un alojamiento digno, habría que recordar para que esto no sea visibilizado como una maniobra de familiares complotados, que Michel Foucault en el siglo pasado analizó e imputo a la cárcel en su influyente obra Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión como el cambio de un castigo sobre el cuerpo en público a un control invisible y constante sobre la conducta, que es precisamente lo que ha logrado en este caso el gobierno de la provincia de Santa Fe, amparándose en el trazado de un plan de seguridad, que al parecer está por encima de toda consideración de orden humano y se justifica por sí mismo.
Citamos a Foucault con el solo objetivo de mostrar otra perspectiva del problema , no concentrada en los sucesos en sí, a los cuales aludimos para dar cuenta de ellos pero además para propagandizar desde el socialismo el rol que cumple la cárcel en nuestra vida social y despejara de toda excepcionalidad a los acontecimientos denunciados por personas detenidas en la nueva unidad carcelaria , paradogicamente ubicada en un lugar llamado “recreo”
Siempre siguiendo los lineamientos expuestos por el autor francés, es posible decir que , tanto en Recreo como en cualquier cárcel el castigo se vuelve disciplinario; se oculta de la mirada pública y incidir sobre el interno a través del encierro que permite su invisibilización y lo que puede ser abarcado por la idea de una vigilancia interiorizada. El privado de libertad nunca sabe cuándo es observado, por lo que termina vigilándose a sí mismo. El control externo pasa a ser un autocontrol interno.
La banalidad del mal es un concepto acuñado por la filósofa Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén (1963) para describir cómo los actos más atroces no siempre provienen de mentes monstruosas o sádicas, sino de personas comunes y corrientes que actúan de manera burocrática, acrítica y sin cuestionar las órdenes superiores, tal como parece corporizarlo en este caso la funcionaria antes aludida, a poco que nos detengamos en sus explicaciones que son propias de un burócrata que llega al punto de obsesionarse con cumplir con su trabajo de manera eficiente , con todo lo cual deja ver, una incapacidad absoluta de pensar desde la perspectiva del otro y de reflexionar sobre las consecuencias éticas de sus actos, máxime cuando esas acciones públicas del Estado , por vía del aparato armado del Servicio Penitenciario, resultan antagónicas con los propios paradigmas que ese mismo Estado dice haber reafirmado con la reforma constitucional .
Cerca de 300 personas, carecen de agua potable, abrigo, alimento suficiente, es son para los funcionarios provinciales “normalidades” de los traslados y un problema logístico administrativo. La palabra “banalidad”tomada al uso que le diera Hannah Arendt describe únicamente el origen superficial, rutinario y desprovisto de reflexión moral del victimario.
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